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El Ministerio Público debe cuidarse de no incurrir en la violación del derecho de igualdad en el caso Medusa.
En los últimas días se ha desatado una polémica pública en cuanto a la implicación del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, en la construcción de la nueva cárcel que sustituirá a la penitenciaría nacional de La Victoria, quien, de acuerdo a lo divulgado, ha tenido una relación histórica con el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y que en tal virtud una de sus compañías aparece como beneficiaria de la adjudicación de uno de los pabellones del centro carcelario Las Parras.
El asunto comenzó con un pedido del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, quien ha mostrado su disgusto por no habérsele nombrado en el cargo que se le prometió en el Gobierno de Luis Abinader, para que Milagros Ortiz Bosch, encargada de Transparencia, Ética y Prevención de la Corrupción del Poder Ejecutivo, investigara a Macarrulla sobre la adjudicación de la obra.
Esa cárcel, cuyo costo se ha estimado en 450 millones de pesos, tiene una serie de vicios de construcción y los contratos para su edificación fueron adjudicados de forma ilegal, por lo que el asunto forma parte del proceso de investigación de la Operación Medusa.
La denuncia de Alburquerque, que incluía un pedido a Ortiz Bosch para que participara de las indagatorias sobre el contrato otorgado a una empresa del señor Macarrulla, no ha recibido la atención debida, pero ella ripostó con que había visto al funcionario palaciego y que habló sobre el particular con él hace cuatro meses atrás.
Luego el tema siguió con una denuncia de que alguien había falsificado el sello de la institución que dirige la ex-vicepresidenta de la República para enviar una nota de prensa que no había salido de la dependencia que ella dirige, pero de inmediato se agregó una denuncia de Macarrulla de que en el país se desarrolla una campaña de difamación en su contra.
La cuestión es que esta polémica trae a la palestra pública un tema del principio de igualdad que establece la Constitución de la República, porque no se entiende que, si Ortiz Bosch se reunió con este funcionario sobre el escándalo, por qué no se le ha dado seguimiento a la denuncia y cómo se explica que el Gobierno de Luis Abinader no haya tomado cartas en el asunto, pese a que ya hay otros imputados de las irregularidades
Porque el problema en lo que respecta a la adjudicación de esa obra pública a Macarrulla durante la gestión de Jean Alain en la Procuraduría General de la República parece obedecer a los vínculos que se han dicho que existen entre la empresa beneficiaria y el hoy imputado., pero que además todo el mundo se pregunta por qué no ha habido interés en interrogar a Macarrulla sobre las irregularidades denunciadas y que forman parte ya de un expediente elaborado por el órgano persecutor o será por su papel en el Gobierno y por los intereses que representa?
La adjudicación en si misma no significa nada, sino el hecho de que el órgano persecutor hable de que hay graves vicios de construcción y abultamiento del presupuesto para la construcción de los pabellones de la referida cárcel, entre otros asuntos que constituyen una estafa en contra del Estado.
La pregunta que todo el mundo se hace por qué un funcionario tan importante del Gobierno de Luis Abinader no ha sido investigado sobre el particular, aunque se podría alegar que lo mismo no ha ocurrido con otras empresas que también fueron beneficiadas con la adjudicación de los demás pabellones de la nueva cárcel.
Sin embargo, el asunto toma mayor relevancia en virtud de que el ministro de la Presidencia no ha hablado claro sobre el particular y ni ha sido tocado sobre una cuestión que preocupa a muchos sectores de la vida nacional, ya que si este detalle no se maneja con cuidado podría darle legitimidad a lo dicho por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que las persecuciones tienen un perfil político, lo cual dañaría lo bueno que se ha hecho hasta ahora.
Lo de Macarrulla constituye una papa caliente para el Gobierno de Luis Abinader, porque es un funcionario con vínculos muy estrechos con un grupo económico que tiene una fuerte incidencia en la actual administración.
Por ahora se impone que Macarrulla dé más detalles de la adjudicación de la referida obra, cuyo presupuesto alcanza los mil 298 millones de pesos, para tranquilidad de la población dominicana, porque hay muchas cosas que no están lo suficientemente claras.
Por su parte, el Ministerio Público también está en la obligación de explicar por qué no ha investigado la empresa de este alto funcionario y todas las demás beneficiadas con la construcción de los pabellones de la nueva cárcel, aunque se podría alegar que todavía es una investigación en desarrollo.
Hay que decir que este caso ya está en la fase de solicitud de medidas de coerción, lo cual quiere decir que va muy avanzado y en el expediente del Ministerio Público la parte de la cárcel ocupa un lugar preponderante por el presupuesto invertido en ella.
Sólo falta que se hable claro sobre este tema que preocupa a la sociedad dominicana, ya que en el caso está envuelto el dinero del erario nacional y sobre todo el hecho de que los escándalos de corrupción no deben tener fronteras para ser investigados y las garras de la justicia tienen que alcanzar a cualquier sector involucrado en ellos..
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.