De portada
Letalidad del coronavirus en el país supera naciones del hemisferio por inexistencia del Estado.
Nadie puede negar que el Covid-19 ha impactado de forma muy severa a todo el mundo, principalmente a los países europeos y asiáticos, como Italia y España, donde la cantidad de muertes ya supera a nivel general las 36 mil personas.
En la República Dominicana siempre se ha advertido de la inexistencia del aparato institucional, dentro cual se encuentra la justicia, el poder Legislativo y naturalmente el sanitario, entre otros, lo cual se constituye en un peligro para la permanencia de la democracia y de la propia vida de la gente, lo cual implica un problema muy serio para la existencia de la nación.
La carencia de un régimen de consecuencia para sancionar en el país los casos de corrupción administrativa ha revelado el total desplome del aparato institucional y la inexistencia de un estado de derecho y de un régimen de consecuencia, cuya máxima expresión se ha producido con los escándalos de sustracción de recursos públicos por parte de una multinacional que en la República Dominicana es como si nada hubiera ocurrido, mientras en países como Perú, Panamá, entre otras naciones latinoamericanas, han sido enjuiciados presidentes y otros miembros de la clase política por su complicidad con Odebrecht.
La suspensión de las pasadas elecciones municipales del pasado 16 de febrero sacó a la superficie una deficiencia institucional que ha sido parte de las preocupaciones de amplios sectores nacionales, pero que en realidad es un tema que ha sido encubierto con una política mediática que consiste en vender una percepción falsa de las ejecutorias y la eficiencia del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El segundo caso que nos revela hasta dónde el aparato institucional dominicano está colapsado ha sido la llegada al país de la pandemia, cuyos datos dejan claro que el sistema sanitario nacional no resiste un combate eficiente del patógeno que hasta hoy ha generado 859 contagiados y 39 muertes.
Estos datos mandan contundentemente la confirmación de que la República Dominicana carece de un sistema sanitario eficiente para contrarrestar las consecuencias que se derivan del coronavirus.
De cada 100 personas que han dado positivo del COVID 19 en el país, más de cuatro han fallecido a causa de la enfermedad respiratoria, para una tasa del casi 5%, con cuyos resultados la República Dominicana se coloca al tope de los parámetros estimados inicialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estableció la letalidad del coronavirus en un rango entre el 2 y el 4%.
La mayor tasa de letalidad del país la registra San Francisco de Macorís, que alcanza más del 20 por ciento, equivalente a 21 fallecidos del total de 83 casos confirmados, mientras que el Distrito Nacional, a pesar de tener la mayor cantidad de contagiados, que son 379, tiene una tasa de letalidad de un 1%.
Con esta tasa de letalidad, que llega casi al 5 por ciento en República Dominicana sin todavía haber llegado el momento crítico, el país se coloca por encima de panamá, con un 2%; Nicaragua con 0,76%; Honduras con 1,05%; Bolivia con 0% casos; Guatemala con 3,13%; Colombia con 1,11%; Ecuador con 2,63%; Venezuela con 1,67%, Perú con 1,73%; Argentina con 2,46%; Uruguay 0,00% ; Brasil con 2,67% y Cuba tiene tres muertes para un 2.52%, de acuerdo a los datos actualizados en la aplicación coronavirus.app que registra las informaciones de cada país.
Según el boletín informativo número 10 dado a conocer por el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, en el país se han registrado hasta el momento 39 fallecimientos, 11 más que el día anterior, de los cuales 21 corresponden a la provincia Duarte, primera de territorio nacional en presentar una alta trasmisión comunitaria.
Asimismo el número de casos confirmados se elevó a 859 para unos 140 más que el boletín anterior, cuando se habían notificados 781. De los confirmados 131 están en confinamiento hospitalario, 686 en aislamiento domiciliario en el Distrito Nacional, con 321 casos, Santo Domingo, con 79, Duarte con 83 y Santiago con 97, estas últimas las provincias con mayor cantidad de confirmados.
La edad promedio de los fallecidos es de 61 años y 79% y han sido hombres.
El sistema captó, de acuerdo a los datos ofrecidos por el doctor Sánchez Cárdenas, un total de 2,153 casos sospechosos, de los cuales 1,434 fueron descartados por pruebas de laboratorio.
El 56% de los casos confirmados se encuentran en el Gran Santo Domingo, lo que puede estar asociado a que es donde hay mayor facilidad para acceder a las pruebas diagnosticas.
Asimismo, el ministro de Salud Pública informó que se evalúan casos de denuncias de rebotes de pacientes con síntomas de coronavirus en clínicas del país, y advirtió que se tomarán medidas al respecto de comprobarse esa situación.
“Ninguna clínica puede rebotar pacientes cuando van a reclamar servicios”, señaló el funcionario y llamó a los prestadores de servicios de salud a aplicar las medidas de bioseguridad establecidas para la atención de pacientes sospechosos de la enfermedad, como es habilitar área de triaje donde se coloque a pacientes con síntomas del COVID 19, separados de los demás.
Recordó a clínicas, hospitales y laboratorios que es obligatoria la notificación inmediata de casos sospechosos y confirmados de COVID 19, ya que se trata de una enfermedad de notificación obligatoria.
El ministro de Salud Pública además criticó a los supuestos especuladores de información, que según él, lo que buscan es sembrar el temor en la sociedad dominicana con cifras inciertas sobre el comportamiento del COVID 19.
Dijo que no todos los fallecimientos que han ocurrido en las clínicas y hospitales han sido por Covid-19.
Calificó como un abuso que se desacredite el Sistema Nacional de Estadísticas del país con especulaciones.
En estos últimos puntos el ministro de Salud Pública tiene mucha razón, porque en el país siempre ha predominado la cultural de la exageración, pero lo que sí queda claro también es que el desplome del aparato institucional crea muchos riesgos ante circunstancia como la se vive en la actualidad.
La carencia de un mediano o alto nivel de institucionalidad del Estado provoca que se imponga el caos, la exageración y los fenómenos de la especulación, el acaparamiento y el agiotismo con los medicamentos que demanda la población, pero peor aun con el rebote de pacientes posiblemente afectados de coronavirus por una diversidad de razones, como evitar que personas infectadas alejen a los que no lo tienen y en consecuencia dañar la rentabilidad de algunos centros de salud privado, lo cual ya ocurre en diferentes lugares del territorio nacional.
La pregunta que se impone es quién está en capacidad de evitar o contrarrestar todas estas distorsiones de un Estado afectado de bajos niveles de regulación, fiscalización y sanción en contra de los que sacrifican cualquier cosa en aras de ganar dinero, cuya situación es propia de países donde el aparato institucional no está preparado para estas eventualidades.
De portada
Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
De portada
El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
De portada
Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.