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Letalidad del coronavirus en el país supera naciones del hemisferio por inexistencia del Estado.
Nadie puede negar que el Covid-19 ha impactado de forma muy severa a todo el mundo, principalmente a los países europeos y asiáticos, como Italia y España, donde la cantidad de muertes ya supera a nivel general las 36 mil personas.
En la República Dominicana siempre se ha advertido de la inexistencia del aparato institucional, dentro cual se encuentra la justicia, el poder Legislativo y naturalmente el sanitario, entre otros, lo cual se constituye en un peligro para la permanencia de la democracia y de la propia vida de la gente, lo cual implica un problema muy serio para la existencia de la nación.
La carencia de un régimen de consecuencia para sancionar en el país los casos de corrupción administrativa ha revelado el total desplome del aparato institucional y la inexistencia de un estado de derecho y de un régimen de consecuencia, cuya máxima expresión se ha producido con los escándalos de sustracción de recursos públicos por parte de una multinacional que en la República Dominicana es como si nada hubiera ocurrido, mientras en países como Perú, Panamá, entre otras naciones latinoamericanas, han sido enjuiciados presidentes y otros miembros de la clase política por su complicidad con Odebrecht.
La suspensión de las pasadas elecciones municipales del pasado 16 de febrero sacó a la superficie una deficiencia institucional que ha sido parte de las preocupaciones de amplios sectores nacionales, pero que en realidad es un tema que ha sido encubierto con una política mediática que consiste en vender una percepción falsa de las ejecutorias y la eficiencia del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El segundo caso que nos revela hasta dónde el aparato institucional dominicano está colapsado ha sido la llegada al país de la pandemia, cuyos datos dejan claro que el sistema sanitario nacional no resiste un combate eficiente del patógeno que hasta hoy ha generado 859 contagiados y 39 muertes.
Estos datos mandan contundentemente la confirmación de que la República Dominicana carece de un sistema sanitario eficiente para contrarrestar las consecuencias que se derivan del coronavirus.
De cada 100 personas que han dado positivo del COVID 19 en el país, más de cuatro han fallecido a causa de la enfermedad respiratoria, para una tasa del casi 5%, con cuyos resultados la República Dominicana se coloca al tope de los parámetros estimados inicialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estableció la letalidad del coronavirus en un rango entre el 2 y el 4%.
La mayor tasa de letalidad del país la registra San Francisco de Macorís, que alcanza más del 20 por ciento, equivalente a 21 fallecidos del total de 83 casos confirmados, mientras que el Distrito Nacional, a pesar de tener la mayor cantidad de contagiados, que son 379, tiene una tasa de letalidad de un 1%.
Con esta tasa de letalidad, que llega casi al 5 por ciento en República Dominicana sin todavía haber llegado el momento crítico, el país se coloca por encima de panamá, con un 2%; Nicaragua con 0,76%; Honduras con 1,05%; Bolivia con 0% casos; Guatemala con 3,13%; Colombia con 1,11%; Ecuador con 2,63%; Venezuela con 1,67%, Perú con 1,73%; Argentina con 2,46%; Uruguay 0,00% ; Brasil con 2,67% y Cuba tiene tres muertes para un 2.52%, de acuerdo a los datos actualizados en la aplicación coronavirus.app que registra las informaciones de cada país.
Según el boletín informativo número 10 dado a conocer por el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, en el país se han registrado hasta el momento 39 fallecimientos, 11 más que el día anterior, de los cuales 21 corresponden a la provincia Duarte, primera de territorio nacional en presentar una alta trasmisión comunitaria.
Asimismo el número de casos confirmados se elevó a 859 para unos 140 más que el boletín anterior, cuando se habían notificados 781. De los confirmados 131 están en confinamiento hospitalario, 686 en aislamiento domiciliario en el Distrito Nacional, con 321 casos, Santo Domingo, con 79, Duarte con 83 y Santiago con 97, estas últimas las provincias con mayor cantidad de confirmados.
La edad promedio de los fallecidos es de 61 años y 79% y han sido hombres.
El sistema captó, de acuerdo a los datos ofrecidos por el doctor Sánchez Cárdenas, un total de 2,153 casos sospechosos, de los cuales 1,434 fueron descartados por pruebas de laboratorio.
El 56% de los casos confirmados se encuentran en el Gran Santo Domingo, lo que puede estar asociado a que es donde hay mayor facilidad para acceder a las pruebas diagnosticas.
Asimismo, el ministro de Salud Pública informó que se evalúan casos de denuncias de rebotes de pacientes con síntomas de coronavirus en clínicas del país, y advirtió que se tomarán medidas al respecto de comprobarse esa situación.
“Ninguna clínica puede rebotar pacientes cuando van a reclamar servicios”, señaló el funcionario y llamó a los prestadores de servicios de salud a aplicar las medidas de bioseguridad establecidas para la atención de pacientes sospechosos de la enfermedad, como es habilitar área de triaje donde se coloque a pacientes con síntomas del COVID 19, separados de los demás.
Recordó a clínicas, hospitales y laboratorios que es obligatoria la notificación inmediata de casos sospechosos y confirmados de COVID 19, ya que se trata de una enfermedad de notificación obligatoria.
El ministro de Salud Pública además criticó a los supuestos especuladores de información, que según él, lo que buscan es sembrar el temor en la sociedad dominicana con cifras inciertas sobre el comportamiento del COVID 19.
Dijo que no todos los fallecimientos que han ocurrido en las clínicas y hospitales han sido por Covid-19.
Calificó como un abuso que se desacredite el Sistema Nacional de Estadísticas del país con especulaciones.
En estos últimos puntos el ministro de Salud Pública tiene mucha razón, porque en el país siempre ha predominado la cultural de la exageración, pero lo que sí queda claro también es que el desplome del aparato institucional crea muchos riesgos ante circunstancia como la se vive en la actualidad.
La carencia de un mediano o alto nivel de institucionalidad del Estado provoca que se imponga el caos, la exageración y los fenómenos de la especulación, el acaparamiento y el agiotismo con los medicamentos que demanda la población, pero peor aun con el rebote de pacientes posiblemente afectados de coronavirus por una diversidad de razones, como evitar que personas infectadas alejen a los que no lo tienen y en consecuencia dañar la rentabilidad de algunos centros de salud privado, lo cual ya ocurre en diferentes lugares del territorio nacional.
La pregunta que se impone es quién está en capacidad de evitar o contrarrestar todas estas distorsiones de un Estado afectado de bajos niveles de regulación, fiscalización y sanción en contra de los que sacrifican cualquier cosa en aras de ganar dinero, cuya situación es propia de países donde el aparato institucional no está preparado para estas eventualidades.
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Abinader cuestiona su propia legalidad como presidente de la República con promulgación de ley que elimina candidaturas independientes que viola la Constitución de la República y rompe con la institucionalidad democrática que coloca al país en la incertidumbre y la confusión.
Por José Cabral
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió en el año 2024 la sentencia TC/0788/24, mediante la cual interpretó a partir de la facultad que le otorgan los artículos 184 y 185 de la Constitución y el 47 de su ley orgánica, la 137-11, los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral, a los fines de no extirpar la norma del ordenamiento jurídico nacional, sino de ajustarla al espíritu de la carta magna, la cual ha sido gravemente violada por el presidente Luis Abinader con la promulgación de la Ley 13-26 que persigue la anulación de las candidaturas independientes.
La jurisprudencia sentada por el TC es parte del proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país partir del año 2010 cuando hace su entrada el neo-constitucionalismo que surge como parte del derecho constitucional moderno luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el constitucionalismo clásico crear dictaduras tan férreas como la de Adolfo Hitler, la cual ha sido vulnerada por el presidente Luis Abinader con la inobservancia de los artículos 2,6,7,22, 127, 148, 184 y 185 de la ley sustantiva de la nación.
El desconocimiento de lo que dispone la Constitución expone al presidente de la República a un juicio político que puede derivar en su destitución, lo cual no es posible en la República Dominicana porque no existe en la realidad la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y porque el Congreso Nacional es una especie de sello gomígrafo del primer mandatario de la nación, lo cual imposibilita que se pueda seguir el procedimiento constitucional de presentar una acusación en su contra a través de la Cámara de Diputados para que la conozca el Senado, sobre todo porque la decisión del jefe de Estado obedece a un plan político concebido por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) al que pertenecen todos los actores responsables de la inconstitucionalidad.
El neo-constitucionalismo es una corriente que persigue que el derecho se fundamente más en principios y valores que en las reglas y las normas, cuya visión es encontrada en todo el derecho comparado internacional, máxime en los países del continente europeo y de Latinoamérica, cuyo promotor fue Hans Kelsen, el gran filósofo del derecho australiano.
La sentencia del TC hizo una interpretación de una serie de artículos de la Constitución, así como del 156 y 157 de la Ley 20-23, orgánica del régimen electoral, para entonces concluir que en el sistema electoral pueden coexistir las vías directa e indirecta, es decir, que las aspiraciones de ir a un cargo público pueden ser presentadas a través del ciudadano o de los partidos políticos.
Ambas opciones están claramente plasmadas en la carta magna en sus artículos 22 y 216, en los que deja lo suficientemente claro que son derechos de los ciudadanos elegir y ser elegido para los cargos que establece la propia ley sustantiva de la nación, al cual se debe agregar el mandato de la ley de leyes en su artículo 2 cuando dispone que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo de quien emanan todos los poderes que ejerce de forma directa.
Sin embargo, los senadores y diputados, representantes de los partidos políticos en el Congreso Nacional, sostienen que en ninguna parte de la Constitución se habla de candidaturas independientes y que la presentación de aspiraciones de ir a la administración pública deben ser canalizadas exclusivamente a través de los partidos políticos, lo que distorsiona el espíritu de la carta magna, cuya equivocada interpretación ha sido avalada con la promulgación por parte del presidente Abinader de una ley que viola la ley de leyes del pais.
El artículo 216 de la Constitución dice textualmente lo siguiente: La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre con sujeción a los principios establecidos en la Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sujetarse a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley.
En el numeral 1 del referido artículo de la Constitución dispone que se garantice la participación ciudadana en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, mientras que en el 2 dice que deben contribuir en igualdad de condiciones a la formación y voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y el 3 plantea que se debe servir al interés nacional y al desarrollo integral de la sociedad dominicana, cuyos mandatos no cumplen los partidos políticos.
Como se ve, el decreto del presidente Luis Abinader para la promulgación de la ley que pretende eliminar las candidaturas independientes parte de una premisa falsa, ya que ahí el jefe de Estado establece que la Constitución consigna que los partidos son los únicos que tienen la exclusividad de presentar candidaturas a los cargos de elección popular.
En esa virtud, Abinader se ha apoyado en un planteamiento inexistente en la Constitución dominicana y en consecuencia ha violado la ley sustantiva de la nación y ha lesionado todo el régimen legal e institucional y pone en peligro la seguridad jurídica, ya que incluso ha vulnerado una serie de principios constitucionales como el de legalidad, proporcionalidad, pro-participación y de dignidad humana, lo que lo ha dejado sin base legal para atacar a todo aquel que pretenda violar la carta magna para fines que no tengan nada que ver con la institucionalidad que debe prevalecer en la nación.
El problema planteado por quien se supone que debe defender la Constitución y que no ha cumplido con su juramento en función de lo establecido en el artículo 127, consiste en que se inclina por una opción violatoria de la carta magna, lo que deja claro que el presidente Abinader también está lleno de miedo de que en el país surja una propuesta que acabe de una vez y para siempre con la corrompida partidocracia.
En los actuales momentos y tras la promulgación de la ley que choca directamente con la Constitución de la República y que si en el país hubiera una verdadera independencia de los poderes el presidente estaría expuesto un juicio político para su destitución a través de lo consignado en el artículo 83 de la ley sustantiva de la nación, pero que ante la imposibilidad de acogerse a esa figura no queda otra cosa que la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad para anular la decisión ilegal de Abinader y de esa manera darle el lugar que debe tener la jurisprudencia sentada al respecto.
Otra vía que puede ser utilizada para retornar a la legalidad el debate de las candidaturas independientes es someter una acción de amparo constitucional para que la promulgación de una ley que ha entrado ya en vigencia sea revocada por violar una serie de derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido, así como el de la dignidad humana, entre otros.
Naturalmente, es una batalla que habría que ganarles a los partidos porque en realidad se trata de una confrontación entre la política y el derecho y estas organizaciones son las dueñas del sistema, las cuales sólo hablan del mandato imperativo de la Constitución siempre y cuando no impacten sus intereses económicos que están de por medio.
De lo que sí está periódico está plenamente consciente es de que el presidente Abinader ha promulgado una ley que violenta la Constitución de la República y que da pie a que no se respete hasta su propiedad legalidad como jefe de Estado, cuya medida es el resultado de que en el país cualquiera llega a la jefatura del Estado sin tener la más mínima idea de lo que ello implica.
La decisión de Abinader también pone en cuestionamiento el derecho internacional del que el Estado dominicano es signatario, como el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, que consigna el derecho ciudadano de elegir y ser elegido de lo que reniega el mandatario dominicano mediante la promulgación de la Ley 13-26.
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¿Está R.D. en la puerta de entrada al escenario político de un “outsider”? ¿Sería esa una solución posible y viable?
Por José Cabral
La República Dominicana es una de las naciones del planeta, donde la promoción social y económica generalmente está asociada al poder público, lo que parece ofrecer la explicación de lo difícil que ha resultado que en el panorama político nacional haya surgido lo que se conoce como un “outsider”, ya que la gente busca vincularse por intereses muy personales con el que muestra tener más recursos económicos y que siempre aparece en la palestra pública, además que acumula un cierto nivel de aceptación popular.
Peor aún, para que la figura del “outsider” aparezca en el escenario electoral del país tiene como contrapeso el hecho de que la política en la República Dominicana descansa en un clientelismo que sólo se valora al que ofrece algo, así sea la promesa de otorgar un cargo público al que se enrola en un proyecto con alguna vocación de poder, cuya condición generalmente la tienen los partidos del sistema.
Sin embargo, el hecho de que los partidos que tradicionalmente han tenido el control del Estado se encuentren en su peor momento, dada su pérdida prácticamente total de su credibilidad, ha creado la expectativa de que en el país puede surgir la figura del “outsider”, el cual generalmente se trata de un personaje que sale solo al mercado electoral y con una visión muy personal de los problemas que aquejan a una nación.
Por la razón que sea, el “outsider” no ha hecho asomo en la sociedad dominicana, tal vez porque el ciudadano está muy inmerso en la solucion de problemas personales o en una lucha por sobrevivir y cuando no por empeñarse en buscar fortunas a través de aquel partido que luce mejor posicionado en el mercado electoral, sin mirar hacia la posibilidad de una opción nueva, aunque no represente un cambio real.
Lucio Gutierrez, expresidente de Ecuador
En los actuales momentos se produce un amplio debate sobre si a través de las candidaturas independientes podría surgir una respuesta a la falta de credibilidad de los partidos políticos, lo cual independientemente de la oposición que proviene de estas organizaciones está por verse si el dominicano está en capacidad de articular una propuesta que saque al país del derrotero en que se encuentra.
Desde esta perspectiva hay que necesariamente ponderar algunas cuestiones que parecen representar un escollo para que surja el “outsider” de que tanto se habla, lo cual está concretado en que por las razones que sean los problemas en la sociedad dominicana no tienen que ver sólo con el gobernante, es decir, el que ostenta el poder público, sino también con el gobernado o lo que es lo mismo el ciudadano en general.
Ello así en razón de que aun aquel que sólo tiene ideas muy superficiales de la política, recibir un llamado para construir una propuesta nueva está precedido por la pregunta de que “hay para mí”, es decir, que ante todo prevalece más lo individual que lo colectivo, lo cual parece ser un resultado de la cultura impuesta por los partidos políticos y de los cambios de valores por antivalores llegados al país tras el ascenso al poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a través de Leonel Fernández.
Javier Milei, presidente de Argentina
Pero el criterio de primero “lo mío” antes cualquier otra cosa, luce representar el principal escollo para que pueda surgir esa nueva propuesta que necesita la sociedad dominicana, que, si bien puede estar simbolizada en un “outsider”, pero la figura debe estar sustentada en un proyecto país, avalado por un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo.
Además, el “outsider” debe ser un individuo que esté formado para dirigir un Estado prácticamente fallido como el dominicano y que si bien tenga muy buenos asesores, que entiendan la transitoriedad de la vida y la importancia de dejar un legado para la presente y futuras generaciones, pero también que en pocas palabras digiera el fenómeno de continuar la construcción de un nuevo liderazgo sobre la base de los valores indicados.
Manuel López Obrador, expresidente de México
Debe ser un ejemplo más asociado a lo ocurrido en México con Manuel López Obrador y no una réplica como pregonan muchos de Nayib Bukele de El Salvador, cuya diferencia entre ambos descansa en que el primero no bien cumplió sus seis años en la dirección del Estado como lo dispone la Constitución de ese país salió del poder para que entrara otra persona con la misma visión ética con que se debe manejar la administración pública, mientras que en el segundo caso éste ha buscado reformar la carta magna de allí para perpetuarse en la Presidencia de la República, lo cual es lo que regularmente ocurre en las naciones donde hay una herencia caudillista de la actividad política.
Nayib Armando Bukele Ortez, presidente de El Salvador
Estos son partes de los grandes problemas que afronta la política partidista en los países latinoamericanos, en cuyo contexto se encuentra la República Dominicana, por lo que para hablar en el país de “outsider” habría que ver si se trata de un proyecto muy personal o de tipo más colegiado en el que el instrumento u organización usada para llegar al poder no sea propiedad del líder del momento, a los fines de garantizar alternabilidad y de que el criterio de “lo mío” no predomine en cualquier cambio surgido, igual como ha ocurrido hasta ahora con los partidos políticos.
Alberto Fujimori,
Ex presidente del Perú
De manera, que el surgimiento de un “outsider” parece ser una posibilidad, que, aunque puede surgir en el país, pero en realidad la sociedad se ha vuelto tan compleja y afectada de grandes intereses individuales que no luce que sea muy fácil, amén de que el ciudadano sólo se fija en aquellos proyectos políticos que les puedan generar algún beneficio muy personal.
Sin embargo, en la actualidad nadie puede negar que sea por la vía que sea e incluso mediante las candidaturas independientes, en el país podría venir un cambio para bien o para mal, pero que ante el alto nivel de corrompimiento de la sociedad dominicana el riesgo tiene sentido y es una ficha que deben jugar los ciudadanos que piensan en el futuro de una nación que ofrezca más garantía a sus descendientes como hijos y nietos.
Puede advertirse que el proceso de agotamiento de la sociedad dominicana con unos partidos que no creen en la democracia, aunque prevalezcan en el mercado, se dirige a arruinar totalmente el sistema representativo en virtud de los altos niveles de abstención electoral, lo cual despoja de la legitimidad suficiente a los que van a la dirección del Estado sin tener el respaldo necesario del votante.
De modo, que trabajar para crear el “outsider” de la política dominicana tiene que estar soportado por un proceso que persiga legitimar un candidato con un alto nivel de disciplina, espiritualidad y lo suficientemente formado, a los fines de que no se repita lo que ha ocurrido en los paises donde ha surgido la figura y que, sin lugar a dudas, han sido un gran fracaso, igual o peor que la gestion de los partidos politicos tradicionales, lo cual es la única garantía para convertir a la República Dominicana en un país próspero y con altos niveles de institucionalidad, ademas de una nación que signifique un ejemplo de crecimiento y desarrollo nacionales de Latinoamericana y el mundo, pese a que no se puede negar que un “outsider” podría constituirse en una amenaza si quien ostenta el mismo es una persona sin escrúpulo ni respeto a la ética y la moral que deben restablecerse urgentemente en la sociedad dominicana.
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Abinader atrapado entre travesura del Congreso y el fortalecimiento institucional y democrático.
Por José Cabral
Cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) buscaba desplazar del poder al de la Liberación Dominicana, el cual era acusado de ser un partido-Estado con altos niveles de corrupción y adueñado de mala manera del poder público, mostraba unas preocupaciones democráticas que concitó el apoyo de amplios sectores de la vida nacional, pero desde la dirección del Estado ha sacado sus garras y se ha convertido en el más conservador y antidemocrático de todos los que conforman la partidocracia en la República Dominicana.
Esta organización politica que hoy ostenta el poder en el país se ha convertido en la más conservadora y antidemocrática, peor que cualquier otra, ya que desde que ascendió a la dirección del Estado se ha visto envuelta no sólo en escenarios del bajo mundo y del maltrato y deslealtad con sus propios miembros y militantes, sino que se ha convertido además en una retranca para la mejoría de la democracia nacional.
El PRM, salido del propio seno del PRD, un partido que ha significado, puede decirse, sin ningún temor a equivocación, una representación del tigueraje político en la República Dominicana, capaz de hacer cualquier cosa para llegar al control del Estado, pero que luego no puede mantenerse en el mismo por su baja formación, su falta de planificación y altos niveles de improvisación, lo cual ha sido replicado por el primero.
Este partido, que ha mostrado desde que accedió al poder, que es peor que todos los demás que conforman llamada partidocracia, no sólo ha llevado al bajo mundo a ser parte de su forma de administrar el Estado, sino que también es una retranca para que la sociedad dominicana alcance estadios de progresos y desarrollo nacionales.
En los actuales momentos el PRM ha metido al presidente del país, Luis Abinader, quien proviene de las propias entrañas de esta organización, en la disyuntiva de caer en la violación de la Constitución de la República o defenderla frente a sus propios representantes ante el Congreso Nacional que se han empeñado en eliminar las llamadas candidaturas independientes en violación del poco nivel de institucionalidad que exhibe la sociedad dominicana.
La figura de las candidaturas independientes data en la República Dominicana de hace 100 años, es decir, desde el 1926, la cual no era prácticamente utilizada por maniobras en el texto colocado en los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral, los cuales eran tan confusivos que era difícil hasta entender el propósito de los mismos.
Sin embargo, a través de una accion directa de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional (TC) interpreta la norma y entiende que la misma violaba la Constitución de la República y ambos son sustituidos mediante la TC/0788/24, que dispone, entre otras cosas, que pueden coexistir las vías directas e indirectas para el disfrute del derecho de elegir y ser elegido en el proceso electoral dominicano.
El principio de legalidad es el que ha servido de soporte a la interpretación del TC, cuyos artículos 47 de la Ley 137-11 y 184 y 185 de la Constitución le atribuyen la facultad al respecto, ya que se trata de un órgano extra poder que es el único que puede sentar jurisprudencia con un carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por todos los órganos del Estado y de los ciudadanos en general.
No obstante, el Congreso Nacional, conformado por diputados y senadores, en vez de contribuir con la superación de la crisis de legitimidad que afecta a la democracia nacional, cuyo nivel de abstención aumenta de forma preocupante, lo cual implica falta de legitimidad de los funcionarios electos en el país, se han dedicado a buscar adueñarse del sistema y apoyarse en el artículo 216 de la carta magna, el cual no es verdad que les otorga a los partidos políticos la exclusividad de presentar candidaturas en el proceso electoral, se ha inclinado por no acoger la referida jurisprudencia y en su defecto aprobar un proyecto de ley que elimina la referida figura, lo que no es jurídicamente posible.
Ahora la cuestión queda en manos del presidente Luis Abinader, quien ha pretendido ser un defensor de la misma Constitución que sus propios legisladores buscan que él viole, ya que el proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional le pone la disyuntiva al mandatario de promulgarlo o observarlo.
Si Abinader se inclinara por promulgarlo estaría cuestionando la ley sustantiva de la nación, que es la que otorga al TC la facultad de interpretar aquellas normas que chocan con la carta magna como las del régimen electoral.
Pero si en su defecto el presidente la observa estaría protegiendo la democracia y la institucionalidad dominicana de proyectar una imagen de que la misma es de fechada, de apariencia, y que la participación del ciudadano en la conducción de la administración pública no es otra cosa que un engaño.
Las candidaturas independientes son encontradas en todo el derecho comparado internacional, desde el derecho inglés hasta el continental, pero en la República Dominicana el miedo de los partidos políticos tiene que ver con que han perdido totalmente el apoyo popular por los altos niveles de corrupción en que se han visto envueltos y en esas condiciones no quieren que haya opciones diferentes para buscar el control del Estado.
Los próximos días son decisivos para que el presidente Luis Abinader y el Gobierno del Partido Revolucionario (PRM) incurran en una acción en favor de la democracia en un Estado carente de niveles aceptables de fiscalizacion, regulación e institucionalidad o en otro tollo de los tantos que han cometido desde su llegada al poder en el 2020, cuyos resultados han sido dolorosos y preocupantes para la sociedad dominicana, pero el de las candidaturas independientes podría llenar la copa de un país que no sale de una crisis legal y ético-moral que impacta de una forma especial a la sociedad dominicana.