Santo Domingo, RD.-20 días fueron los que le tomó al país establecer el estado de emergencia y el toque de queda, medidas para hacer frente a la expansión del COVID-19 en el territorio nacional, desde la aparición del primer caso.Nacionales
Fecha por fecha: Los plazos del estado de emergencia y del toque de queda en la nación por la pandemia
Santo Domingo, RD.-20 días fueron los que le tomó al país establecer el estado de emergencia y el toque de queda, medidas para hacer frente a la expansión del COVID-19 en el territorio nacional, desde la aparición del primer caso.No obstante, las fechas de terminación de ambas situaciones han variado ante el aumento de casos y muertos en el país y, a pesar de haber una finalización, pueden seguir cambiando.
Fecha por fecha, así se fueron dando los plazos y extensiones del estado de emergencia y del toque de queda.
18 de marzo
El picazo inicial que permitió la declaración del estado de emergencia ocurrió el 18 de marzo, cuando el Senado de la República Dominicana conoció la petición del presidente Danilo Medina y aprobó a unanimidad la declaratoria por un período de 25 días.
19 de marzo
Un día después, la Cámara de Diputados aprobó igualmente la declaratoria de estado de emergencia por 25 días en todo el territorio nacional, solicitada por el Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis creada por el coronavirus.
Ese mismo día, pero en horario nocturno, el presidente Medina declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional, en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la Resolución número 62-20.
Dicho decreto, en primera instancia, fue declarado por 25 días, dígase desde el 19 de marzo hasta el 13 de abril.
20 de marzo
Ya con el estado de emergencia aprobado, el cual le concede poderes especiales al presidente de la nación, este decretó como medida el toque de queda, que en principio estuvo delimitado desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.
Además, el decreto 135-20 que establece esta medida, dispuso el toque de queda por un plazo de 15 días que finalizó el 3 de abril.
23 de marzo
Tres días después, se hicieron modificaciones al decreto 135-20, en las cuales se permitía la circulación de personas y vehículos de la industria y comercio de alimentos, energía, agua, telecomunicaciones, aeropuertos, entre otros.
26 de marzo
Nuevamente, tres días después, presidente Medina extendió el horario del toque de queda en todo el territorio nacional a partir del viernes 27 de marzo, hasta el viernes 3 de abril.
Mediante el decreto 138-20, el Poder Ejecutivo estableció que el nuevo horario del toque de queda es desde las 5:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana.
2 de abril
Un día antes de concluir el plazo del toque de queda, se adicionaron otros 15 días de esta medida, con los mismos horarios y condiciones previamente establecidos.
Mediante el decreto 142-20 la fecha nueva fecha de finalización del toque de queda se estableció para este sábado 18 de abril, para luego de esta fecha, el Gobierno deberá definir si contiúa la prohición de circulación después de las cinco de la tarde.
6 de abril
Próximo a concluir los 25 días de estado de emergencia, el presidente Medina volvió a solicitar al Congreso Nacional la misma cantidad de días, siendo aprobado por el Senado el lunes 6 abril.
Esto se debe a que la Constitución indica que si cinco días antes del vencimiento de este plazo no han cesado las causas que dieron lugar a esta declaratoria de emergencia, el Poder Ejecutivo podrá solicitar al Congreso Nacional la prórroga correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 21-18.
9 de abril
Tres días después, al conocerse en la Cámara de diputados la petición de extensión por parte del Poder Ejecutivo y con el visto bueno del Senado, desde la cámara baja lo aprobaron, pero con una disminución a 17 días en vez de 25.
Con esta disminución, la Cámara de Diputados buscó que una vez concluidos los 25 días e iniciado la nueva adición (13 de abril) el estado de emergencia se mantendría hasta el 30 de abril.
11 de abril
Al realizarse una modificación de la cámara baja, el Senado tuvo nuevamente que conocer la petición con la disminución de días a 17. Luego de una sesión extraordinaria realizada este sábado 11 de abril, los legisladores aprobaron dicha reforma.
Aprobado ya por el Congreso Nacional la adición de otros 17 días del estado de emergencia, resta conocer la decisión del presidente Danilo Medina sobre si acepta y decreta este nuevo plazo.
Estado de emergencia y toque de queda
El estado de emergencia, según la Constitución, es una medida que podrá declararse cuando ocurran hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública.
No obstante, para su aprobación debe pedir autorización al Congreso Nacional, quienes deberán aprobar por separado cada cámara la petición del presidente.
El estado de emergencia provee al presidente poderes especiales que le permiten limitar la libertad de tránsito, de expresión, de asociación y reunión, entre otras.
A partir de estos poderes, el presidente Medina decretó el toque de queda, el cual es una medida que prohíbe o restringe por un período determinado de tiempo la libre circulación de las personas por las calles de todo el país y la permanencia en lugares públicos, lo que limita a las personas a permanecer únicamente en sus hogares.
Santo Domingo, R.D.-Patricia Padilla, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó al imputado José Gómez Canaán “Jochy” a salir del país hacia Panamá desde el 23 y hasta el 30 de junio de este año.
Se trata de la quinta ocasión que esta magistrada autoriza salir del territorio nacional al imputado en el caso de supuesta corrupción en el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Padilla también ordenó que la disposición judicial sea notificada al Ministerio Público (MP), al solicitante y a la Dirección General de Migración (DGM), con el objetivo de garantizar el cumplimiento del levantamiento provisional del impedimento de salida que pesaba contra el acusado.
Asimismo, la jueza impuso una sanción económica a la Procuraduría General de la República (PGR), que consistirá en una multa de 5,000 pesos diarios por cada día que se retrase en la ejecución de esta orden judicial.
Jochy Gómez es uno de los acusados junto al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras y otros encartados, de intentar estafar al Estado con más de 1,300 millones de pesos.
El supuesto fraude se habría intentado consumar a través del contrato para la instalación de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo.
Santo Domingo.– Las autoridades pusieron en marcha desde este sábado la Operación Begonias con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, producto de una amplia investigación iniciada hace varios meses para desarticular redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.
La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).
Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.
Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.
De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.
“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.
Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.
Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían
Santo Domingo, R.D.- Ciudadanos consultados consideran que los empresarios Antonio y Maribel Espaillat deben ser acusados de homicidio culposo o voluntario por la tragedia del Jet Set debido a que fueron advertidos del peligro y no tomaron medidas a tiempo.
Así afirmaron ciudadanos que consideran que el Ministerio Público está a tiempo de cambiar la calificación jurídica de la acusación antes del juicio de fondo.
Como crónica de una tragedia anunciada definen ciudadanos la madrugada del ocho de abril, en donde perdieron la vida 235 personas y 180 resultaron afectadas y más de 170 huérfanos.
Algunos ciudadanos afirmaron que esas personas estuvieran vivas si los hermanos Espaillat hubiesen atendido las advertencias que les hicieron de suspender la fiesta el pasado ocho de abril.
Las críticas ciudadanas incluyen al gobierno y al Ministerio Público por ser permisivos y genuflexos a favor de los hermanos Espaillat, quienes son acusados de homicidio involuntario, pese a que la misma instancia los señala como negligencias.
También juristas denunciaron que el Ministerio Público, al dar la calificación de homicidio involuntario, coincidió con las defensas de los imputados, lo que se convierte en una falta de protección para las víctimas.
Tras la solicitud de la magistrada Reinoso, el Congreso Nacional ha reactivado las discusiones de la propuesta legislativa que presente dotar al país de un Código Penal más actualizado.
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