Editorial
Un enfermo que camina con un medicamento o muleta que no evitará su muerte.
Las elecciones celebradas este domingo dejan un mensaje agridulce a los dominicanos, porque los comicios no son un instrumento de fortalecimiento de la democracia, sino de una reconfirmación de una serie de antivalores cívicos y democráticos.
La peligrosidad de la crisis social, económica, de seguridad pública y ciudadana, así como de fenómenos como la exclusión social y la corrupción generalizada, toma cuerpo en la sociedad dominicana, ya que el que no ve la vida desde esa perspectiva es un loco o desquiciado.
Por esa razón aparece gente en el proceso electoral que se concentra en un centro de votación y sólo acude a depositar su voto cuando aparece el mejor postor para comprarle ese derecho cívico tan sagrado.
Es decir, que se trata de un problema de fondo, muy delicado y como ha dicho este periódico en otras ocasiones, de que se trata de un mal con raíces profundamente culturales.
Y no importan las advertencias de la Procuraduría de Asuntos Electorales, porque esta instancia adolece del mismo problema, dado que se trata de una cuestión integral y transversal a todas las instancias públicas y privadas de la sociedad dominicana.
Sin embargo, el ciudadano dominicano se ha encargado de enviar el mensaje de que no está conforme con la conducta de los gobiernos que se suceden en el país, lo cual no es asimilado por los partidos políticos que cuando tienen el control del Estado se creen que el patrimonio público es de su propiedad.
La abstención y más que ésta el propio voto en blanco, que aparece por primera vez en unas votaciones nacionales, es una herramienta para buscar mejorar la democracia nacional y decirles no a los politiqueros que no creen en otra cosa que no sea en sus propios intereses personales o individuales.
Este nuevo triunfo del PRM a nivel municipal y nacional no sirve más que para que estos funcionarios en un segundo periodo gubernamental se crean que el patrimonio público les pertenece por ser parte de una herencia que les dejaron sus abuelos.
Lo preocupante de todo esto que aun aquellos que tenían una actitud crítica con los que se dedican a la politiquería hoy se sumen a los que no tienen otro propósito que causar la ruina de las riquezas nacionales.
Sólo falta esperar para tener todos los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales, en las que parece que la nueva figura que hace presencia en la política partidarista nacional es la falta de legitimidad de sus autoridades, lo cual podría representar un serio problema de gobernanza y gobernabilidad.
Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.
Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.
En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.
En realidad, no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.
Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.
El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.
Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.
Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad
La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.
La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.
Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.
Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.
Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.
Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.
De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.
Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.
En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.
E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.
En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.
Pero no cualquier explicación.