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El archivo provisional o definitivo es un recurso del Ministerio Público para justificar crímenes y delitos.
Por Elba García
Desde hace algunos días o semanas en la República Dominicana ha estado sobre el tapete la figura jurídica conocida como el archivo provisional o definitivo, la cual ha sido un instrumento ideal para aquellos que tienen la responsabilidad de perseguir el delito y el crimen en nombre del Estado.
Este instrumento legal consignado en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio Público ha servido para matar, para decirlo de alguna manera, el interés de las víctimas de ser resarcidas por los que cometen delitos comunes, feminicidios o intento de la comisión del mismo y los actos y acciones de corrupción de cuello blanco.
El proceso seguido a un grupo de exfuncionarios, electos y administrativos, ha servido, no para destapar una caja de pandora, sino para que el tema se ponga de moda en la sociedad dominicana, ya que el pasado procurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, recurrió a esa figura jurídica para favorecer ilegalmente a algunos encartados en el caso Odebrebrecht vinculados al Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otros de la oposición en ese momento como una forma de despejar dudas o de no generar sospechas.
Con la llegada de Luis Abinader y su partido, el Revolucionario Moderno al poder, se ha querido cambiar la imagen, sino la conducta del Ministerio Público con la designación de una persona con la reputación de imparcial y cuya responsabilidad consiste en perseguir y cuando causa para ello encarcelar a los que han incurrido en la comisión de corrupción administrativa.
Este proceso ha permitido descubrir lo que ya se sabía hace tiempo y es que de forma ilegal el procurador Rodríguez archivó, primero provisionalmente y luego definitivamente, los expedientes que involucraban a varios de los encartados, lo cual ha revertido el manejo dado al caso Odebrecht, cuya última palabra queda en poder de una jueza de instrucción.
Aún no se sabe cuál podría ser la decisión al respecto, pero lo que sí queda claro es que lo manipulado por el exprocurador peledeísta ocurre en el país desde hace muchos años, no sólo en lo que concierne a casos tan escandalosos como el de Odebrecht, sino incluso en lo que respecta a procesos de simple raterismo, cuyos victimarios quedan en libertad por el manejo afectado de negligencia, ineptitud o complicidad de muchos de los fiscales que desarrollan su labor en diferentes lugares del territorio nacional.
Este comportamiento del Ministerio Público ha promovido un nivel de impunidad en la sociedad dominicana que prácticamente se ha llevado de paro el estado de derecho, porque, entre otras cosas, la irresponsabilidad del órgano persecutor ha matado la voluntad de las victimas de continuar con un proceso atropellante y denegador de justicia.
Hay víctimas que se pasan años entrevistándose con los fiscales que manejan sus casos y cuando molestan mucho el Ministerio Público usa sus manos mortíferas de enviar a un archivo provisional o definitivo la querella o denuncia en contra de sus victimarios y con su recurrencia a esa figura jurídica, generalmente en violación de la normativa procesal establecida en los artículos 182 y 183 del Código Procesal Penal, matan la esperanza de hacer justicia.
Lo peor de la situación es que el juez de instrucción emite una sentencia complaciente con el Ministerio Público sin examinar si el fiscal que envió el expediente al archivo definitivo violentó o no el derecho procesal e incluso yéndose muchas veces el juzgador al fondo del asunto que no es algo de su competencia.
De manera, que se trata de algo que ocurre hace décadas en el país y se profundizó durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos fiscales obedecían a un plan estratégico que consistía en hacer prevalecer un régimen de impunidad para proteger a sus funcionarios, cuya mayoría tenía un criterio patrimonial de la política.
Ahora falta ver como maneja la jueza de instrucción el apoderamiento por parte de la Procuraduría General de la República del conocimiento de la objeción al archivo definitivo hecho con trampa y engaño por parte de Jean Alan Rodríguez.
Este un asunto que toma un giro que podría ser muy positivo o negativo para el legado que arrastra la sociedad dominicana desde los tiempos de la colonia, el cual forma parte del diario vivir inclusive de la actual gestión gubernamental, porque en vez de investigar y procesar a todos los responsables de los robos cometidos en contra del Estado, algunos son apoyados pública y privadamente por la cima del poder, dígase el presidente Luis Abinader, como por ejemplo la contra- parte de Odebrecht en República Dominicana, Acero Estrella, cuyo principal inversionista y beneficiario de grandes robos en el Estado ya se ha encargado hasta de compartir en su entorno familiar con el actual mandatario, lo cual hace prácticamente imposible una investigación sin miramientos.
Por el momento sólo queda esperar por el próximo capítulo de una novela de la vida real que llena de miedo y de vergüenza a todo dominicano que se respete.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.