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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Una intensa lucha por convertirse en títere de una potencia que desprecia el respeto que impone la dignidad humana.
El chantaje de visas por dignidad y un control político, económico y social a ultranza define hoy día la fuerza y el poder de una nación, donde prevalece el criterio «conmigo o con nadie».
La administración del presidente Donald Trump sólo entiende de la fuerza, de las armas y de todo mecanismo de romper con relaciones armoniosas con los demás Estados.
En ese trance está sometida Venezuela y todos los demás países del llamado primer, segundo y tercer mundo, cuyas reglas del juego es el sometimiento a la voluntad de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, donde la prenda preciosa de la dignidad humana parece esfumarse es en Venezuela, ya que gobierno y oposición rinden pleitesías a Trump para en la competencia de ver quién resulta más gracioso o más títere a favor de los planes de dominación de la potencia del norte.
Es impresionante ver como gobierno y oposición están dispuestos a dar alma y corazón a Trump para entregarse sin límites y servir sin condicionamiento a los intereses que mancillar su dignidad como si se tratara de cualquier mercancía
El escenario escogido es la Casa Blanca, donde acuden o por lo menos comunican su disposición de entregarse a cambio de lo que sea para rendirse ante los pies de quien se expresa con aires de emperador.
Ahora quien acudió al Reynaldo de Trump fue María Corina Machado, quien es Premio Nobel de La Paz, sin haber pacificado nada, pero que busca complacer al jefe de Estado norteamericano en su afán de ser favorecida con el referido reconocimiento
Es la lucha y el vencimiento de la irracionalidad sobre los principios que se suponen deben prevalecer en un mundo que hace siglos que pasó de la barbarie a la civilización.
Machado llegó a la Casa Blanca con el premio muy bien adornado para hacerlo extensivo a Trump en su lucha sin límites por ser títere.
El asunto no tiene fronteras y lo mismo ocurre en cualquiera de los continentes que conforman el mundo, cuyo sometimiento deja muy claro lo vulnerable del planeta.
La era Trump ha impuesto la regla del más fuerte dejando atrás el supuesto respeto del derecho internacional y constitucional.
La era Trump no sólo ha relegado a un segundo plano el derecho, sino también la razón y en consecuencia las reglas de una buena democracia.
Todo ser define la fuerza y el poder con que cuenta, mientras que el que no tiene los mismos sólo tiene la opción de plegarse y convertirse en un títere gracioso ante el imperio.
El Instituto Oslo advirtió a Machado que el premio es intransferible como forma de evitar que la política venezolana hiciera lo que hizo con Trump.
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Pretensiones imperiales toman tanto impulso en era trumpista que borra del mapa derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, implica tocar un tema que se pensaba superado sin que existan argumentos válidos para justificar esa conducta al margen de la ley y de la civilización.
En pleno siglo 21 que un Estado ocupe el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU, pero lo que ha importado muy poco para la administración Trump.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarla o tolerarla mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde luce que se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca y de igual manera amenaza a Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde a la intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual lleva a la normalidad decir que ahora funcionarios estadounidenses tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea, esta recluido en una cárcel de Nueva York tras un secuestro de una Estado que no es el suyo, el cual se supone que, es en todo caso, es el que debe enjuiciarle.
De manera, que una o varias acciones ilegales no pueden generar otras de igual naturaleza las cuales no se apoyan en derechos, porque entonces se entra en una violación y contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se amuela cuchillo para su propia garganta, la cual es aplicable en el presente caso, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y oriental, cuyas soberanías están hoy muy mancilladas.
Son tantos los controles imperiales de la era trumpista, que la sola amenaza de violar la soberanía de los territorios de paises que se suponen libres, surten unos efectos que no disminuyen con la presión mediática o a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico ilegal se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloques como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.