Santo Domingo, RD.-Mucha tolerancia reciben los delatores en casos de corrupción administrativa, cuya extinción de la acción, suspensión de penas, procedimiento abreviado y un régimen especial de cumplimiento de la condena, han sido los beneficios obtenidos por delatores en casos de corrupción administrativa sometidos por la Procuraduría.Más Noticias
Los delatores se benefician de benignidad de la justicia.
Santo Domingo, RD.-Mucha tolerancia reciben los delatores en casos de corrupción administrativa, cuya extinción de la acción, suspensión de penas, procedimiento abreviado y un régimen especial de cumplimiento de la condena, han sido los beneficios obtenidos por delatores en casos de corrupción administrativa sometidos por la Procuraduría.El Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público a llegar a acuerdos con imputados, lo que se ha estado haciendo en los casos sometidos desde 2020, a través de la Dirección Nacional de Persecución y la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca).
El órgano acusador ha promovido la aplicación del criterio de oportunidad que dispone el artículo 34 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, que le otorga potestad “mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, respecto de uno o de algunos de los imputados, o limitarse a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles”. Esto sujeto a una serie de elementos.
La suspensión condicional del procedimiento está prevista en el artículo 40 de la Ley 76-02, el cual dispone que puede ser solicitada al juez por el Ministerio Público, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento, pero previo a que se ordene la apertura de juicio. Mientras, el artículo 341 establece la suspensión condicional de la pena, disponiendo que el tribunal puede suspender su ejecución de forma parcial o total, de modo condicional, cuando concurren dos elementos: “Que la condena conlleva una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años”; y “Que el imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad”.
El régimen especial de cumplimiento de la pena está contenido en el artículo 342, que establece que al momento de fijar la pena, el tribunal debe tomar en consideración las condiciones particulares del imputado que lo hagan recomendable. Según la norma legal, procede cuando el imputado sobrepasa los 60 años de edad, padezca una enfermedad terminal o un estado de demencia sobreviniente con posterioridad a la comisión de la infracción; embarazo o lactancia, y adicción a las drogas o al alcohol.
“En estos casos, el tribunal puede decidir que el cumplimiento de la pena se verifique parcial o totalmente en el domicilio del imputado, en un centro de salud mental, geriátrico, clínico o de desintoxicación”, establece el artículo 342 de la Ley 76-02.
Penas suspendidas
En el proceso judicial seguido a los implicados en un fraude con un sorteo de la Lotería Nacional, entramado desmantelado en la Operación 13, los acuerdos tuvieron un resultado favorable para seis, quienes fueron condenados a penas suspendidas total y parcial.
El 6 de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenó a cinco años de prisión suspendida totalmente, a Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y Rafael Mesa, quedando sometidos a reglas.
Estos deben residir en el domicilio aportado al tribunal, y en caso de cambiar deben notificarlo al juez de ejecución de pena, en un plazo de 5 días; abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas y de viajar al extranjero, sin previa autorización judicial, y aprender una profesión u oficio que le permita vivir dignamente en la sociedad.
El lunes le advirtió que, de no acatar las reglas deberán cumplir la totalidad de la pena. A cinco años de prisión, tres en el Centro Najayo hombres y mujeres, y dos suspendida.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.