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Práctica política dominicana deja claro que legado de grandes líderes de últimas décadas ha servido poco para enderezar el país.
Por Elba García
El pensamiento profundo de los tres grandes líderes nacionales de las últimas décadas parece que no ha surtido el efecto esperado y que su legado político prácticamente ha desaparecido al correr el tiempo, cuya memoria, a pesar de ser un recuerdo obligado, es como si no hubieran existido, ya que su conducta, visión y propuestas de cambios reposan en el saco del olvido.
La República Dominicana era controlada y manejada políticamente en las décadas de los 70,80 y 90 por tres grandes líderes, uno casi siempre desde el poder y dos desde la oposición, hasta que los tres fallecieron y sus partidos, uno prácticamente ha desaparecido o se ha disminuido ostensiblemente y los otros dos han corrido la misma suerte a partir de que han combatido desde la oposición lo que después han practicado desde el control del Estado.
Joaquín Balaguer, José Francisco Pena Gómez y Juan Bosch, el primero fundador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el segundo continuador de una fuerza con gran arrastre popular como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el tercero en el momento de su desaparición física fundador y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Analistas políticos del país en más de una ocasión han dicho que la República Dominicana durará varios siglos para que surjan otros líderes de la categoría y la formación de estos tres referentes de la vida política nacional, los cuales tenían sus debilidades y también sus virtudes, cuyas últimas pesaban más que la primera.
Es tanto así que hay quienes piensan que la política ideológica desaparece en el país con la muerte de Balaguer, Peña y Bosch, lo que más que una expresión fría se trata de una verdad indiscutible, ya que después de la inexistencia de ellos la política partidaria se ha convertido en un verdadero mercado clientelar que ha creado un deterioro de la actividad que luce irrecuperable frente a la problemática nacional.
La crisis en este aspecto es tan notable que ya cualquiera se atreve a decir que quiere dirigir el país sin tener la más mínima formación como estadista, cuya tendencia toma mayor impulso a propósito de la desnaturalización de la vida político-partidista y por la llegado al control del Estado de personas que sólo han sido favorecidas por circunstancias muy especiales que se han presentado.
De los tres líderes que sirven de base a este trabajo interpretativo, el primero citado, Joaquín Balaguer, se echó la vida en el poder, siempre fiel a su pensamiento político conservador, aunque en términos del peor lastre nacional como lo es la corrupción administrativa, supo manejar el tema con una notable dualidad, ya que mientras decía que la misma se detenía en la puerta de su despacho, pero auspiciaba que algunos personajes de sus gobiernos se enriquecieran, aunque él de manera personal no lo hizo.
Los gobiernos de Balaguer, por lo menos durante sus primeros doce años en el poder, tuvieron un perfil de neo-dictadura, lo que se entendió como una expresión fiel con un régimen del que fue una ficha estelar durante una buena parte de su vida como lo fue la sanguinaria dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina e influyó en su visión sus vínculos familiares con Ulises Heureaux (LILIS), pero además hubo un asunto que tiene que ver con la época en que desempeñó su liderazgo.
Lo cierto es que el liderazgo de Balaguer para bien o para mal tuvo mucho peso en la historia nacional e incluso trilló el camino para un cambio que no hubo forma de que fuera excluido del mismo y mucho menos perseguido por crímenes que siempre se consideraron de Estado y que era muy difícil no pensar en su participación mediante alguna incitación, cuyo mejor ejemplo fue el asesinato del periodista Orlando Martínez, sin entrar en la gran cantidad de jóvenes que desaparecieron misteriosamente por sus ideas y militancia política
Sin embargo, Balaguer sale del control del Estado prácticamente sin un centavo, aunque con una fuerte mancha en el orden democrático porque mostró una tendencia a no tolerar el libre juego de las ideas y el desarrollo de las diferentes corrientes del pensamiento político nacional.
Por su parte, Peña Gómez, el más grande líder de masas, pero que no pudo llegar al control del Estado porque fue muy emocional y repentista, cuya conducta fue fundamentalmente ética, aunque fue cuestionado en algunas ocasiones por su tolerancia con personajes de la vida nacional que no eran muy amantes de la transparencia.
Sin lugar a dudas, que Peña Gómez dejó un legado ético que pesa más que cualquier error cometido en el curso de su vida público-partidista, lo cual representa un legado muy positivo para el pueblo dominicano.
Profesor Juan Bosch fotos históricas de cuando era presidente.
El tercero de ellos, Bosch, cuyo lugar no implica que ese sea su puesto en términos de importancia, fue un ejemplo, principalmente ético e ideológico, fundador de un partido como el PLD que en algún momento fue considerado un patrimonio nacional, porque el mismo se fundó inspirado en dos instituciones con una gran mística y disciplina como las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica.
Tanto fue así que amplios sectores de la vida nacional tenían la esperanza de que el PLD produjera los cambios que demandaba la sociedad dominicana para enrumbarse por el camino del progreso, el crecimiento y el desarrollo nacional.
Bosch en el momento en que crea el PLD concibe unas ideas que buscaban atraer a una pequeña burguesía difícil de manejar y que había marcado la historia nacional a propósito de la independencia nacional del yugo haitiano y cuyos principales protagonistas provenían de ese sector de clase y que son despiadados cuando de la búsqueda de bienes materiales se trata.
Por esa razón en el naciente PLD no valían mucho los títulos académicos que generalmente son exhibidos como una exigencia social para poder escalar a la adquisición de poder político y económico y aun así fueran muchas las decepciones que se llevó Bosch con algunos personajes de esa pequeña burguesía que le acompañaron cuando él decidió dejar el PRD para fundar la nueva organización.
Bosch años después de la fundación del PLD presentó renuncia de esta organización porque en su opinión sus dirigentes y miembros tenían un comportamiento muy parecido al del PRD, pero posteriormente reconsideró su salida y permaneció en su máxima dirección.
En el PLD al momento de la renuncia de Bosch había diferentes grupos que buscaban el control de la organización, entre ellos, Antonio Abreu (TONITO), Rafael Alburquerque y Norge Botello, cuyos grupos daban la razón al líder político de que su partido tomaba el mismo camino del PRD.
No bien Bosch entra en una situación delicada de salud y tras la firma de un Pacto Patriótico, en el que Balaguer era una ficha clave y ya luego de la llegada al poder de Leonel Fernández, el PLD sigue el camino del PRSC y el PRD para al final los tres terminar con su credibilidad totalmente erosionada por lo que en los actuales momentos el país está estacionario en la misma situación de precariedad de cuando se crea el Partido de la Liberación Dominicana, el cual buscaba mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano a través del poder a partir de la anhelada dignidad humana a que aspiran todos los países del mundo.
La cuestión es que la República Dominicana llega a décadas de lucha democrática, sin prácticamente ningún avance, cuya propia constitución si se mide por el sistema de justicia fácilmente se llega a la conclusión de que la misma no supera una de fachada, es decir, que existe en el papel, pero no en la realidad, con el agravante de que ya en el país no existen este tipo de líderes que procuraban cambios profundos en la sociedad.
De manera, que en la actualidad es muy poco lo que se puede pedir, porque en una gran mayoría, por no decir prácticamente todos los que van a la política partidista, prevalece más la búsqueda de intereses individuales y materiales que el bienestar general de la nación, es decir, que en su mente está más el espíritu del depredador histórico que el legado dejado por líderes de la talla de Bosch, Pena Gómez y de alguna manera de Balaguer.
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Junta Central Electoral se suma a desacato de jurisprudencia del T.C. sobre candidaturas independientes.
Por José Cabral
La República Dominicana entra en el campo de la incertidumbre o el limbo legal con el desconocimiento del mandato de la carta magna que otorga la facultad al Tribunal Constitucional para interpretar las normas a los fines de someterlas al control de constitucionalidad.
Una comunicación del Pleno de la JCE pone en cuestionamiento la seguridad jurídica nacional con su respuesta a la intimación vía alguacil del Frente Cívico y Social, en la que dice que se suma a la violación mediante de la ley promulgada por el Poder Ejecutivo, la 13-26, que busca la nulidad de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
La Junta Central Electoral (JCE) ante la intimación hecha por el FCS para que el órgano del Estado que tiene la facultad de dirigir y fiscalizar el proceso electoral, mediante el cual se eligen las autoridades nacionales, anunció que se acoge al desacato de la jurisprudencia establecida por el TC a través de la cual dispone que las aspiraciones para ocupar una posición electiva en el sector público tiene las vías directa e indirecta, tal y como lo consignan los articulos 216 y 22 de la Constitución de la República.
La sentencia del TC sobre las candidaturas independientes se fundamenta en los articulos 184 y 185 de la Constitución de la República, así como en el 47 de la Ley 137-11, Orgánica del órgano extra poder, los cuales le otorgan poder para interpretar las normas que se contraponen con la carta magna, como los articulos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral, cuyo desconocimiento del rol de la alta corte deja en un limbo el regimen legal del país.
El desacato de la jurisprudencia sobre la jurisprudencia sentada por la alta corte en torno a las candidaturas independientes ha dejado claro que la democracia dominicana sólo existe en el papel, pero no en la realidad, ya que la Ley 13-26, la cual provino del Congreso Nacional y que ahora recibe el apoyo de la Junta Central Electoral, constituye un desconocimiento de la funcion que juega en materia de interpretacion el Tribunal Constitucional.
Es la segunda que vez que el el Pleno de la JCE se pone al margen del derecho constituicional, ya que la primera ocasion fue con el sometimiento al Congreso Nacional de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que violaba todos los derechos, valores y principios fundamentales que ha hecha valer el Tribunal Constitucional, incluido el de elegir y ser elegido.
La controversia generada en el país tras la emisión de la sentencia TC/0788/24, que se deriva de la interpretación del TC, facultad consignada en el artículo 47 de su ley orgánica, la 137-11, así como del 184 y 185 de la Constitución de la República, cuyo resultado fue la modificación de los textos de los artículos 156 y 157 de la carta magna, que ha dejado muy mal parada la justicia constitucional en el país.
La cuestión confirma que la Constitución dominicana no es más que un pedazo de papel que no respeta nadie y que sólo se invoca para la conveniencia de aquel que entiende que ha sido utilizada para violarle sus derechos fundamentales, cuya confrontación envuelve una serie de valores y principios, como el de elegir y ser elegido, el de legalidad, proporcionalidad, dignidad humana y pro-participación.
La decisión de la Junta Central Electoral crea un problema legal de fondo en el país en razón de que el Tribunal Constitucional en la práctica ha sido sustituido por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, lo que en consecuencia invalida todas las decisiones que provienen de este alto tribunal, porque si uno de sus fallos no tiene legalidad ni fuerza de aplicación, igualmente ocurre con los demás, lo cual equivale a su extirpación del sistema jurídico nacional.
En los actuales momentos el TC ha quedado sin legitimidad para operar en el país y en esas condiciones debe ser eliminado de la vida nacional, a los fines de que la nación sea dirigida y controlada por un régimen de fuerza como en los tiempos de la dictadura trujillista, ya que no es la primera sentencia desacatada de las emitidas en virtud de su facultad interpretativa otorgada por el artículo 47 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional.
La aprobación en el Congreso Nacional de la Ley 13-26, la cual implica una interpretación para la que no tienen la facultad los diputados y senadores, y su posterior promulgación por parte del presidente Abinader, indica que estos órganos han dictado la muerte de la democracia nacional y han promovido la imposición de un régimen de fuerza.
Las decisiones del Senado y la Cámara de Diputados, así como del Poder Ejecutivo, conllevan que no puedan hablar de golpe de Estado si algún sector se revela y depone por la fuerza a las autoridades nacionales, ya que la Constitución en la práctica no existe, porque ha sido eliminada por los que deben velar por su cumplimiento
La irregular situación impone que el TC sea disuelto y que las sentencias emitidas sobre el principio de igualdad y de otros valores y principios fundamentales deben ser anuladas para que el país regrese a las violaciones que contenían las mismas y que se creen las vías que se entiendan más atinadas para la defensa de sus intereses y para que se elimine en el país el llamado Estado Social Democrático y de Derecho, establecido en el artículo 7 de la carta magna y que se establezca por ley que en el país se impone el más fuerte en desconocimiento de los avances logrados tanto en el derecho interno como en el externo.
No es la primera vez que la Junta Central Electoral incurre en una acción inconstitucional e ilegal en lo que respecta a la violación de derechos, valores y principios fundamentales, ya que en una ocasión anterior sometió un proyecto de ley al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados que no respetó su propia legalidad y que también vulneró la facultad del TC de emitir sentencias interpretativas.
El órgano comicial ha dejado demostrado que no responde a los intereses del ciudadano dominicano y mucho menos de la democracia, sino de los partidos políticos, por lo que nunca ha hecho el menor esfuerzo para establecer un control para que prevalezca la transparencia de estas organizaciones en el manejo de fondos públicos como lo manda el artículo 216 de la carta magna y la Ley 33-18.
Si el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la Republica, y la Junta Central Electoral se han puesto de acuerdo para quitarle la facultad que tiene el TC de interpretar las normas que violan la Constitución como la que se refiere a las candidaturas independientes, entonces se puede decir que todas las decisiones del órgano extra poder tampoco tienen validez y que debían ser eliminadas del ordenamiento jurídico nacional.
Pero además con las acciones ilegales de los órganos anteriormente citados, que le quitan validez a una parte de la ley sustantiva de la nación, igual se supone que debe ocurrir con los artículos, como el 124, que se refiere a la elección presidencial, porque si una cosa es ilegal la otra también.
Se asume que, si una parte de la Constitución no tiene validez por la actitud de fuerza de algunos actores del sistema, incluido el presidente de la República, lo mismo debe ocurrir con el texto íntegro de la carta magna, ya que no puede haber una lectura parcial de lo que dispone la misma, lo que acerca mucho más a los Estados dominicano y haitiano en lo que respecta a su existencia de derecho, pero no de hecho, es decir, que sólo existen en el papel, pero no en la práctica, lo que los convierte en no viables o fallidos.
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Desdemocratización del mundo impacta a R.D. en era Trump que cuestiona orden multilateral y derecho jurídico interno y externo .
Por José Cabral
La democracia global ha tenido un impacto muy severo de movimientos populistas de derecha que cuestionan el orden multilateral con postura de poder directo en el hemisferio occidental, cuya caracterización es por la polarización y por un fuerte desafío a la separación de poderes.
Los temores por el deterioro democrático en América Latina y en la protección de derechos aumentan permanentemente, ya que se busca reconfigurar en la región una imagen de derecha sobre la base de la política del garrote, lo cual crea preocupación sobre la estabilidad democrática de la zona.
El fenómeno ya ha hecho su impacto en la República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader ha exhibido una fuerte tendencia a apoyarse en violaciones a la Constitución para incluso descartar que en el país pueda surgir una sorpresa en el terreno electoral, es decir, que usa su poder público para favorecer la ilegalidad de los partidos políticos, incluido el suyo, el Revolucionario Moderno.
Las medidas a imagen y semejanza de la filosofía trumpista ya comienza a dejar la sensación de que el Gobierno de turno en la República Dominicana no tiene ningún temor a tomar el camino de la ilegalidad en razón de lo que ocurre en la comunidad internacional con la forma de hacer política del mandatario estadounidense.
En realidad, se trata de una lucha cultural por parte de Trump para cambiar la regla del juego a nivel internacional, cuyo principal propósito es el debilitamiento de la democracia y el orden mundial con el resquebrajamiento de los contrapesos internos y con el ataque bestial a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde la instauración de la ley mordaza a través de la colocación de publicidad a los medios de publicidad oficial hasta el desacato de las sentencias que sientan jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre las que se pueden mencionar las que tienen que ver con las candidaturas independientes, así como las referentes al servicio de agua potable y muchas otras que son violadas consuetudinariamente por los funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), las cuales sirven de ejemplos para valorar la tendencia por la ilegalidad.
El comportamiento ilegal de las autoridades nacionales tiene como motivación la filosofía trumpista, ya que las órdenes ejecutivas del jefe de Estado de la potencia del norte casi siempre implican una violación constitucional y parece no haber un mecanismo para detener el deterioro institucional que afecta a los Estados Unidos de América.
Evidentemente que Luis Abinader se ha sumado a la filosofía de gobernar de Trump, cuyo deterioro de la democracia dominicana se profundiza porque las debilidades institucionales del país siempre han representado una amenaza para el avance y el fortalecimiento del modelo de representación, pero ahora toma ribetes de alta preocupación para el dominicano consciente.
La tendencia por violar el régimen legal ahora constituye una causa para no detener un fenómeno que podría retrotraer a la sociedad dominicana a tiempos que por lo menos de percepción parecían superados.
El problema dominicano es que en el país no hay forma de someter a un juicio político a Abinader a través del mandato del artículo 83 de la Constitución, porque la iniciativa al respecto tiene que venir de la Cámara de Diputados hacia el Senado de la República, pero es que ambas son una especie de sello gomígrafo del Poder Ejecutivo.
Pero además el Congreso Nacional tiene las mismas andanzas del presidente Abinader en lo que parece ser un plan estratégico del partido oficial como una forma de obstaculizar cualquier posible cambio en el escenario electoral nacional por el descredito de la partidocracia.
En consecuencia, la era trumpista dejará huellas muy profundas en la democracia del hemisferio y el mundo, ya que las posibilidades de que esa realidad cambie lucen muy remotas por lo menos en el resto de tiempo que le queda a la administración estadounidense.
En el país todo el mundo sabe que no se respeta el precario orden institucional, cuya suma del presidente de la República, es decir, del jefe del Estado, crea un deterioro que podría hacer colapsar los pocos logros que en materia de seguridad jurídica y en lo que se refiere al Estado Social y Democrático de Derecho, que coloque la nación en un retroceso de los tiempos de las peores dictaduras que han existido históricamente.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.