Por Rosario Espinal
Todas las disposiciones político-electorales afectan los partidos, aunque no hay acuerdo sobre qué conviene más. Hay legislaciones y tradiciones que favorecen un sistema político con pocos partidos fuertes que compitan electoralmente; otras favorecen la proliferación de partidos. El financiamiento público es solo un aspecto del debate, pero es importante.
En la República Dominicana, la legislación electoral favorece la proliferación de partidos. Los requisitos para mantener el registro legal son de relativo fácil cumplimiento y las alianzas constantes de partidos pequeños con los grandes les asegura cumplir con por lo menos uno de los prerrequisitos: tener algún funcionario electo.
El financiamiento público se estableció en la reforma electoral de 1997 con el objetivo de que los partidos se autonomizaran de las contribuciones privadas. Eso no se ha logrado porque tanto la Ley Electoral de 1997 como la Ley de Partidos de 2018 y la Ley Electoral de 2019 son laxas en el financiamiento privado.
Por su parte, el financiamiento público tiene sus acomodos. Cuando el PRSC comenzó a perder muchos votantes, el PLD, apoyado también por el PRD, concedió a los reformistas la posibilidad de seguir siendo parte del gran reparto del financiamiento público al establecerse en el 2005 que, para clasificar como partido mayoritario, el requisito era obtener más del 5% de los votos. Entre los mayoritarios se reparte el 80% de los fondos públicos.
Un 5% como criterio para el gran financiamiento es bajo, sobre todo, porque en la República Dominicana se concentra el voto en pocos partidos. Los demás reciben una votación exigua.
Ahora la nueva Junta Central Electoral (JCE) debía establecer cómo se repartirá el dinero público a los partidos en los próximos años. Cualquier criterio utilizado generaría malestar y controversia de un lado u otro. Podía utilizarse un nivel electivo o el cómputo conjunto de los distintos niveles de elección: presidencial, senatorial y diputaciones. La JCE, amparada en varios considerandos, escogió el cómputo conjunto de las elecciones del 5 de julio de 2020.
De los partidos que participaron, 19 sacaron menos de 1% de los votos válidos en el cómputo conjunto de los distintos niveles de elección, y no son partidos nuevos. Entre ellos se repartirá el 8% del dinero público destinado a los partidos.
Cinco partidos sacaron más de 1% y menos de 5%: la nueva Fuerza del Pueblo, el PRD y el PRSC (dos partidos en declive electoral), Alianza País y Dominicanos por el Cambio. Entre ellos se repartirá el 12% del dinero público.
De esos cinco partidos, dos obtuvieron ligeramente más del 5% en una de las instancias electivas: la Fuerza del Pueblo a nivel presidencial (5.6%) y el PRD en las diputaciones (5.5%)
La FP reclama que para clasificar como partido mayoritario se utilice el 5.6% del nivel presidencial. Si se complace, el PRD reclamará su 5.5%. Y otros más minoritarios solicitarán lo mismo para subir de nivel.
El reciente Reglamento 01-2021 de la JCE sobre financiamiento público de los partidos coincide con el criterio finalmente utilizado por la JCE anterior para establecer el orden de los partidos en la boleta de las elecciones del 5 de julio 2020: el cómputo conjunto de los distintos niveles electivos en las elecciones previas.
En algún momento habrá que revisar la legislación sobre el financiamiento público de partidos para hacerla más adecuada y precisa. Cuando se haga, ojalá se evalúe si tiene sentido o no seguir financiando tantos partidos que no alcanzan 1% de los votos, y que se eleve el porcentaje mínimo requerido para recibir financiamiento como partido mayoritario.
Artículo publicado en el periódico HOY