Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.Más Noticias
Computadora analizada en caso Antipulpo revela pagos irregulares a investigado en Calamar
Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del caso Calamar, el 27 de marzo de 2021 la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) allanó la vivienda de Efraín Santiago Báez Fajardo, asistente del exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña, como parte de Antipulpo, donde encontraron la computadora que contenía un archivo de Excel denominado “Operación Bienes Nacionales: Listado Cesiones_19462”, datos que fueron posteriormente extraídos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Dentro del documento se indica a un “Claudio AV”, que el MP asume se trata del exdirector de Catastro, Claudio Silver Peña Peña, y a quien le habrían dado dos pagado en dos ocasiones: uno de 20 millones y otro por 5,380,000.
El documento de Excel “Relación de inversión en desarrollo de operación” sumaba la repartición de 296,795,531, según las autoridades.
Estas informaciones son corroboradas por los testimonios de los señores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo Herrera y Efraín Santiago Báez Fajardo, detalla el MP.
En el caso de Crisóstomo Herrara, él mismo entregó voluntariamente al Ministerio Público una serie de documentaciones, entre los que se encontró un cuadro en el cual se señala la cantidad de dinero recibido como soborno por parte de los funcionarios públicos involucrados en el desfalco cometido a través del pago por las expropiaciones.
En total el imputado Claudio Silver Peña Peña habría recibido 60,280,000 de pesos.
Acusaciones
El 15 de septiembre de 2014 Claudio Silver Peña Peña fue designado como director general de Catastro Nacional, mediante decreto del expresidente Danilo Medina.
Estuvo en el cargo hasta el 16 de septiembre de 2020. Lo cierto es que antes de asumir como director, era el subdirector de Catastro, por lo que conocía cómo se manejaba la institución, dice el documento.
De acuerdo con las acusaciones, Claudio Silver Peña Peña realizaba avalúos irregulares que servían como base para fijar los precios en los acuerdos transaccionales de compra de terrenos expropiados, permitiendo con esto la distracción de fondos públicos en beneficio del entramado investigado con el caso Calamar.
“Asimismo, el imputado Claudio Silver Peña, con una intención dolosa, realizaba cálculos desiguales e infundados en algunos avalúos, estableciendo que todas las porciones dentro del perímetro de una inmensa parcela poseen el mismo valor, sin importar que haya terrenos que se encontraban en el borde del mar, otros en la carretera y otros en condiciones inhóspitas”, esto con la finalidad de sacar la mayor cantidad de dinero del Estado para él y los demás miembros de la estructura criminal.
El expediente indica que la participación del imputado Claudio Silver Peña Peña fue una pieza clave fundamental para la ejecución de las actividades delictivas de la organización criminal, bajo las directrices del imputado Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, quien era su jefe inmediato, según el organigrama de la institución.
“Es por esto por lo que, actuando en calidad de funcionario público de primer nivel, en coalición de funcionarios de igual y mayor jerarquía, tenían, como miembro de esta estructura criminal, la misión de utilizar sus funciones para realizar actos de corrupción consistentes en prevaricación, concusión, soborno, estafa y el desfalco en contra del Estado”, señala.
Bienes inmuebles y propiedades
Durante el periodo como director general de Catastro, entre 2014 y 2020, Claudio Silver Peña Peña incrementó su patrimonio y posee un vehículo marca Toyota, modelo Prado VXL 4WD de 2018; vehículo Hyundai Tucson 2014 y un apartamento en el Condominio Residencial Larissa VIII, en Santo Domingo Este.
Además otro apartamento esta vez en la Torre Larissa IX, Santo Domingo Este, donde reside actualmente; y una casa de dos niveles, en el sector Miramar, en el Distrito Nacional.
“Lo que pone en evidencia que el imputado Claudio Silver Peña Peña, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del tipo, actuó de manera dolosa en sus maniobras de lavado, al poseer, adquirir, ocultar y encubrir bienes de procedencia ilícita, producto del desfalco y estafa al Estado dominicano. Con el agravante de que estas acciones fueron realizadas durante el ejercicio de sus funciones públicas”, describe el expediente.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
«La defensa resaltó que Read Estrella se ha presentado de manera voluntaria, ha puesto a disposición toda la documentación requerida y continuará colaborando con la investigación, reiterando que no existe peligro de fuga ni intención alguna de sustraerse del proceso judicial», reseñan.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
La audiencia continuará este viernes a las 2:00 p. m.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
El expolicía realizó un acuerdo con la fiscalía del Estado de la Florida, a través del cual se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses, facilitando informaciones sobre el caso de envío de drogas que comparte con Herrera Silvestre.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Los narcos operaban desde un resort en Puerto Plata, cuya identidad no fue revelada en los documentos.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
La red reunió a varios inversionistas que unían sus narcóticos para hacer envíos sustanciales. La droga movilizada ascendería a al menos 376 kilogramos en tan solo dos años, con un valor estimado de más de siete millones de dólares al precio de mercado estadounidense para 2022.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.
Ahora, se está a la espera del juicio de Herrera Silvestre, que será el próximo 8 de enero.