Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.Más Noticias
Computadora analizada en caso Antipulpo revela pagos irregulares a investigado en Calamar
Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del caso Calamar, el 27 de marzo de 2021 la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) allanó la vivienda de Efraín Santiago Báez Fajardo, asistente del exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña, como parte de Antipulpo, donde encontraron la computadora que contenía un archivo de Excel denominado “Operación Bienes Nacionales: Listado Cesiones_19462”, datos que fueron posteriormente extraídos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Dentro del documento se indica a un “Claudio AV”, que el MP asume se trata del exdirector de Catastro, Claudio Silver Peña Peña, y a quien le habrían dado dos pagado en dos ocasiones: uno de 20 millones y otro por 5,380,000.
El documento de Excel “Relación de inversión en desarrollo de operación” sumaba la repartición de 296,795,531, según las autoridades.
Estas informaciones son corroboradas por los testimonios de los señores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo Herrera y Efraín Santiago Báez Fajardo, detalla el MP.
En el caso de Crisóstomo Herrara, él mismo entregó voluntariamente al Ministerio Público una serie de documentaciones, entre los que se encontró un cuadro en el cual se señala la cantidad de dinero recibido como soborno por parte de los funcionarios públicos involucrados en el desfalco cometido a través del pago por las expropiaciones.
En total el imputado Claudio Silver Peña Peña habría recibido 60,280,000 de pesos.
Acusaciones
El 15 de septiembre de 2014 Claudio Silver Peña Peña fue designado como director general de Catastro Nacional, mediante decreto del expresidente Danilo Medina.
Estuvo en el cargo hasta el 16 de septiembre de 2020. Lo cierto es que antes de asumir como director, era el subdirector de Catastro, por lo que conocía cómo se manejaba la institución, dice el documento.
De acuerdo con las acusaciones, Claudio Silver Peña Peña realizaba avalúos irregulares que servían como base para fijar los precios en los acuerdos transaccionales de compra de terrenos expropiados, permitiendo con esto la distracción de fondos públicos en beneficio del entramado investigado con el caso Calamar.
“Asimismo, el imputado Claudio Silver Peña, con una intención dolosa, realizaba cálculos desiguales e infundados en algunos avalúos, estableciendo que todas las porciones dentro del perímetro de una inmensa parcela poseen el mismo valor, sin importar que haya terrenos que se encontraban en el borde del mar, otros en la carretera y otros en condiciones inhóspitas”, esto con la finalidad de sacar la mayor cantidad de dinero del Estado para él y los demás miembros de la estructura criminal.
El expediente indica que la participación del imputado Claudio Silver Peña Peña fue una pieza clave fundamental para la ejecución de las actividades delictivas de la organización criminal, bajo las directrices del imputado Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, quien era su jefe inmediato, según el organigrama de la institución.
“Es por esto por lo que, actuando en calidad de funcionario público de primer nivel, en coalición de funcionarios de igual y mayor jerarquía, tenían, como miembro de esta estructura criminal, la misión de utilizar sus funciones para realizar actos de corrupción consistentes en prevaricación, concusión, soborno, estafa y el desfalco en contra del Estado”, señala.
Bienes inmuebles y propiedades
Durante el periodo como director general de Catastro, entre 2014 y 2020, Claudio Silver Peña Peña incrementó su patrimonio y posee un vehículo marca Toyota, modelo Prado VXL 4WD de 2018; vehículo Hyundai Tucson 2014 y un apartamento en el Condominio Residencial Larissa VIII, en Santo Domingo Este.
Además otro apartamento esta vez en la Torre Larissa IX, Santo Domingo Este, donde reside actualmente; y una casa de dos niveles, en el sector Miramar, en el Distrito Nacional.
“Lo que pone en evidencia que el imputado Claudio Silver Peña Peña, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del tipo, actuó de manera dolosa en sus maniobras de lavado, al poseer, adquirir, ocultar y encubrir bienes de procedencia ilícita, producto del desfalco y estafa al Estado dominicano. Con el agravante de que estas acciones fueron realizadas durante el ejercicio de sus funciones públicas”, describe el expediente.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.