Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.Más Noticias
Computadora analizada en caso Antipulpo revela pagos irregulares a investigado en Calamar
Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del caso Calamar, el 27 de marzo de 2021 la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) allanó la vivienda de Efraín Santiago Báez Fajardo, asistente del exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña, como parte de Antipulpo, donde encontraron la computadora que contenía un archivo de Excel denominado “Operación Bienes Nacionales: Listado Cesiones_19462”, datos que fueron posteriormente extraídos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Dentro del documento se indica a un “Claudio AV”, que el MP asume se trata del exdirector de Catastro, Claudio Silver Peña Peña, y a quien le habrían dado dos pagado en dos ocasiones: uno de 20 millones y otro por 5,380,000.
El documento de Excel “Relación de inversión en desarrollo de operación” sumaba la repartición de 296,795,531, según las autoridades.
Estas informaciones son corroboradas por los testimonios de los señores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo Herrera y Efraín Santiago Báez Fajardo, detalla el MP.
En el caso de Crisóstomo Herrara, él mismo entregó voluntariamente al Ministerio Público una serie de documentaciones, entre los que se encontró un cuadro en el cual se señala la cantidad de dinero recibido como soborno por parte de los funcionarios públicos involucrados en el desfalco cometido a través del pago por las expropiaciones.
En total el imputado Claudio Silver Peña Peña habría recibido 60,280,000 de pesos.
Acusaciones
El 15 de septiembre de 2014 Claudio Silver Peña Peña fue designado como director general de Catastro Nacional, mediante decreto del expresidente Danilo Medina.
Estuvo en el cargo hasta el 16 de septiembre de 2020. Lo cierto es que antes de asumir como director, era el subdirector de Catastro, por lo que conocía cómo se manejaba la institución, dice el documento.
De acuerdo con las acusaciones, Claudio Silver Peña Peña realizaba avalúos irregulares que servían como base para fijar los precios en los acuerdos transaccionales de compra de terrenos expropiados, permitiendo con esto la distracción de fondos públicos en beneficio del entramado investigado con el caso Calamar.
“Asimismo, el imputado Claudio Silver Peña, con una intención dolosa, realizaba cálculos desiguales e infundados en algunos avalúos, estableciendo que todas las porciones dentro del perímetro de una inmensa parcela poseen el mismo valor, sin importar que haya terrenos que se encontraban en el borde del mar, otros en la carretera y otros en condiciones inhóspitas”, esto con la finalidad de sacar la mayor cantidad de dinero del Estado para él y los demás miembros de la estructura criminal.
El expediente indica que la participación del imputado Claudio Silver Peña Peña fue una pieza clave fundamental para la ejecución de las actividades delictivas de la organización criminal, bajo las directrices del imputado Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, quien era su jefe inmediato, según el organigrama de la institución.
“Es por esto por lo que, actuando en calidad de funcionario público de primer nivel, en coalición de funcionarios de igual y mayor jerarquía, tenían, como miembro de esta estructura criminal, la misión de utilizar sus funciones para realizar actos de corrupción consistentes en prevaricación, concusión, soborno, estafa y el desfalco en contra del Estado”, señala.
Bienes inmuebles y propiedades
Durante el periodo como director general de Catastro, entre 2014 y 2020, Claudio Silver Peña Peña incrementó su patrimonio y posee un vehículo marca Toyota, modelo Prado VXL 4WD de 2018; vehículo Hyundai Tucson 2014 y un apartamento en el Condominio Residencial Larissa VIII, en Santo Domingo Este.
Además otro apartamento esta vez en la Torre Larissa IX, Santo Domingo Este, donde reside actualmente; y una casa de dos niveles, en el sector Miramar, en el Distrito Nacional.
“Lo que pone en evidencia que el imputado Claudio Silver Peña Peña, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del tipo, actuó de manera dolosa en sus maniobras de lavado, al poseer, adquirir, ocultar y encubrir bienes de procedencia ilícita, producto del desfalco y estafa al Estado dominicano. Con el agravante de que estas acciones fueron realizadas durante el ejercicio de sus funciones públicas”, describe el expediente.
SANTO DOMINGO. – El ingeniero Edgar Hernández, acusado de estafar a decenas de personas a través del proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, caso que fue revelado en el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, recibió este jueves tres meses de prisión preventiva.
La información fue ofrecida por el abogado de las víctimas, Miguel Surún Hernández, quien explicó que en la medida de coerción presentada inicialmente se incluyeron cuatro víctimas, aunque el relato de los hechos describe un esquema de estafa inmobiliaria masiva.
“En esta medida de coerción existieron cuatro víctimas, pero el relato fáctico consagra que se trata de un esquema de estafa inmobiliaria masiva y, por vía de consecuencia, ameritaba la declaratoria de caso complejo”, sostuvo.
- El jurista indicó que el caso involucra alrededor de 210 víctimas en total, muchas de ellas en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Según afirmó, el proceso judicial en la provincia de Santo Domingo es el que presenta mayores avances.
Surún Hernández criticó que en el Distrito Nacional el expediente no ha tenido progreso y aseguró que han solicitado que el caso sea remitido a la provincia de Santo Domingo, donde, según dijo, las autoridades han mostrado mayor disposición para investigarlo.
De acuerdo con el abogado, el imputado habría estafado en múltiples ocasiones a las víctimas, incluso entregando certificados de títulos pertenecientes a otras personas y firmando acuerdos sustentados en esos documentos, además de estar involucrado en procesos relacionados con falsedad.
“Hace cuatro meses nos reunimos con la fiscal del Distrito solicitándole que por favor enviara ese expediente a la provincia, que es donde quieren trabajar, porque aquí el magistrado encargado ahora mismo no está haciendo absolutamente nada en ese proceso”, afirmó.
El Informe con Alicia Ortega, expuso cómo lo que comenzó como el sueño de muchos dominicanos residentes en el exterior de adquirir una propiedad frente al mar terminó convirtiéndose en una pesadilla legal y financiera.
El proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, promovido como un moderno condominio turístico en Boca Chica, prometía apartamentos con amenidades de lujo y entrega en un plazo de dos años. Según los contratos firmados, el edificio tendría 12 niveles, más de 200 unidades habitacionales, parqueos techados, piscina, gimnasio, salón multiuso, restaurante, cigar club, ascensores y planta eléctrica, entre otras facilidades.
Los precios de los apartamentos oscilaban entre US$54,000 y US$105,000, y los compradores debían pagar inicialmente cerca del 20 % del valor total, completando el resto en cuotas mientras avanzaba la construcción.
Sin embargo, los testimonios recogidos en la investigación señalan que la obra nunca inició formalmente. Aunque en un momento se colocó maquinaria y se realizaron excavaciones superficiales, no se levantó ninguna estructura ni se inició la cimentación del edificio.
Además, una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos indica que el terreno identificado en los contratos no pertenece a la empresa Boca Chica Garden SRL ni a Edgar Hernández, sino que figura registrado a nombre de un tercero.
Ante la magnitud del caso, el abogado Miguel Surún Hernández, en representación de más de 40 afectados, presentó una querella penal contra Edgar Hernández, Mabel Luciano, gerente general del proyecto, y la empresa Boca Chica Garden SRL.
Los cargos incluyen estafa agravada, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.
Las víctimas, muchas de ellas dominicanos residentes en el exterior, aseguran haber entregado entre US$2,000 y más de US$40,000 para adquirir apartamentos que nunca se construyeron.
El caso continúa en proceso mientras las autoridades investigan el presunto esquema de estafa que habría afectado a cientos de compradores.
Santo Domingo, R.D.-Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, anunció este jueves la reapertura de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo a un mes de que un escándalo de corrupción obligara a la suspensión temporal de sus operaciones, así como la destitución y arresto del dominicano Melitón Cordero, que fungía como su supervisor.
«Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción«, señala Campos en un comunicado oficial colgado en las redes sociales de la misión diplomática.
En el mensaje, la diplomática reitera el compromiso de su país con la relación de lucha contra el narcotráfico establecida con la República Dominicana, así como su decisión personal de «erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos».
En un comunicado adicional, Campos indicó que el cierre de la DEA, anunciado el pasado 12 de febrero, envió un «mensaje claro» de que la corrupción, incluso la percepción de este delito, «no tiene cabida en el Gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro gobierno».
«Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia«, reiteró.
Campos informó que durante el proceso de investigación, que inició cuando un exempleado denunció el abuso de un proceso de visa en beneficio de «informantes confidenciales», se ha auxiliado del administrador de la DEA, Terry Cole, con el fin de «asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad».
En ese sentido, la embajadora indicó que estará reabriendo la oficina «bajo un nuevo liderazgo«, que marcará un nuevo capitulo en la lucha contra el narcoterrorismo y la corrupción.
- Campos no especificó desde cuando estará abierta la oficina de la DEA ni quienes serán sus nuevos líderes, pero advirtió que tanto los programas de visas, como los procesos internos de la embajada estarán auditados, lo que permitirá que salgan «más fuertes y resilientes».
«Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA«, expresó.
Comunicado íntegro de la embajadora
- La Embajadora de los Estados Unidos
Leah F. Campos reabre la Oficina de la DEA en Santo DomingoEl cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo envió un mensaje claro: la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro gobierno. Los Estados Unidos siempre ha estado comprometido con mantener los más altos estándares de rendición de cuentas, y mi decisión de cerrar temporalmente la oficina de la DEA se tomó en ese espíritu de integridad y transparencia.Mientras la investigación continúa y la justicia sigue su curso, los programas de visas y otros procesos internos están siendo auditados para asegurar que salgamos de este proceso más fuertes y resilientes.A lo largo de este proceso, he trabajado estrechamente con el administrador de la DEA, Terry Cole, para asegurar que la oficina de la DEA en Santo Domingo cumpla con los más altos estándares de honestidad e integridad que espero de cada persona que sirve en la embajada que lidero. Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos. No permitiré que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA.Hoy me complace anunciar que reabriré oficialmente la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción. Los Estados Unidos está plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la continua e importante lucha contra los narcotraficantes, y sigo tan decidida como siempre a erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos.Este compromiso fue resaltado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante la histórica Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada la semana pasada en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos en Doral, Florida. Acompañado por líderes de toda la región, incluida la República Dominicana, el secretario Hegseth reafirmó la importancia de la soberanía, las fronteras fuertes y el compromiso regional contra el flagelo del narcoterrorismo.La participación activa de la República Dominicana demuestra la solidez de nuestra alianza y nuestro compromiso mutuo con un hemisferio más seguro, próspero y estable. Juntos seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas.Leah F. Campos
Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana
El pasado 12 de febrero, Campos informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado oficial en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública», posición que la misión diplomática mantenía la semana pasada, según un respuesta a una solicitud de información de este medio.
La destitución de Cordero se conoció horas más tarde ese mismo día. Medios estadounidenses confirmaron, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, que Cordero había sido arrestado como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidense para informantes confidenciales.
La acusación sostiene que el dominicano Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley patrocinan el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían ser considerados inadmisibles debido a su asociación con actividades delictivas y quienes, con el tiempo, pueden convertirse en elegibles para obtener la residencia permanente.
La primera comparecencia de Cordero estaba programa para el 6 de marzo, pero la misma fue aplazada para el 6 de abril después de que la defensa solicitara una prórroga debido a la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
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Solicitan prisión preventiva contra hombres atropellados por hombre para evitar atraco en Santiago
Santiago, R.D.-Dos hombres implicados en un asalto en perjuicio de una mujer a la que interceptaron en una via pública el pasado 8 de marzo fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, en cuyo caso el Ministerio Público solicitó que se les imponga medidas de coerción consistente en prisión preventiva.
De acuerdo a una nota de prensa de la institución, los imputados fueron identificados como David Jiménez Feliz y Christopher Torres Ortiz (el Mosquito). Se trata de los dos hombres que el conductor de un vehículo atropelló la motocicleta en que se desplazaban para impedir el atraco. El hecho quedó captado en un video que circuló en las redes sociales.
El órgano persecutor les acusa de arrebataron la cartera a la víctima, una mujer de nacionalidad haitiana, que se trasladaba a pie por un tramo de la calle Salvador Cucurullo, en el centro de la ciudad, mientras iban a bordo de la motocicleta Z3000 CG200 color negro, conducida por Jiménez Feliz.
Conforme la nota, la solicitud de medidas de coerción relata que luego de que Torres Ortiz le arrebata la cartera a la mujer, en la cual llevaba valores en efectivo, el conductor de un vehículo se abalanza contra ellos, para evitar que huyan con las pertenencias de la mujer.