De portada
Presidente con decreto que crea comisión incurre en violación del orden jerárquico en la normativa jurídica nacional.
El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, acaba de emitir un decreto mediante el cual designa una comisión para investigar los limites del Parque Nacional del Este en el que se construye el hotel Globalia de capital español.
Esta no es la primera que el mandatario designa comisiones para determinar lo que ya está delimitado por la ley o por normas que rigen el tema a ser investigado, pero que además se estila en el jefe de Estado incluir los responsables de la irregularidad o que sencillamente por alguna razón son parte del problema.
Con la creación de la comisión oficial para investigar lo que ocurre en el antiguo Parque Nacional del Este, el presidente ha colocado al ministro de Agricultura, Ángel Estévez, como juez y parte en un problema que implica una grave violación a la ley que consigna las áreas protegidas de la República Dominicana.
Los demás miembros de la comisión son el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quienes no tienen fecha preestablecida para dar a conocer sus resultados, ya que se trata de una suspensión de la obra por tiempo no especificado.
Anteriormente el presidente Danilo Medina designó una comisión para investigar la sobrevaluación de Punta Catalina y en la misma incluyó mediante decreto a monseñor Agripino Núnez Collado, quien al propio tiempo es inversionista del Consorcio Estrella, empresa que ha jugado el papel de socia y contraparte en el país de la multinacional Odebrecht acusada de corrupción.
La decisión de esa comisión fue que en Punta Catalina no hubo ningún tipo de irregularidad, pese a que amplios sectores nacionales la consideran como un cuerpo del delito de corrupción o de sobrevaluación a la que tenia acostumbrada la Odebrechet a la gente en diferentes países latinoamericanos y de otros lugares del mundo.
El empresario español Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y del proyecto Leaf Bahyahibe, inició el desmonte en la parcela 24-A hace algunos días, la cual está localizada dentro del área protegida Guaraguo-Punta Catuano, catalogada como área de recreo, según la Ley Sectorial de áreas protegidas del 2004.
Esta zona protegida que colinda con el Parque Nacional Cotubanamá y ambas formaban parte del antiguo Parque del Este.
El español Pepe Hidalgo ha arremetido en contra de los ambientalistas dominicanos que se oponen al proyecto que este desarrolla en una zona considerada patrimonio de la humanidad y que el Gobierno de Danilo Medina exhíbe una ambivalencia que no augura una salida en el marco de lo que establece la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Hidalgo apoya su proyecto hotelero en un parque nacional en un permiso que le ha otorgado el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo incumbente ahora pasa a ser juez y parte, porque ha sido el más ferviente defensor del levantamiento del hotel en una zona protegida, cuya autorización data del gobierno de Hipólito Mejía que emitió un decreto que autorizaba lo que a todas luces se trata de una ilegalidad.
El 14 de enero del año 2004 el entonces presidente Media otorgó el permiso para la construcción de Gran Palace Bayahibe Beach Resort y pocos días después, exactamente el 23 de enero, mediante oficio número 61, dirigido al general de brigada Luís Rodríguez Florimón , se ordenó la protección del empresario español para que tomara posesión de la parcela 24-A.
En los actuales momentos la suspensión de la construcción por parte del presidente Danilo Medina no implica que el gobierno parta de los límites establecidos por la ley para el levantamiento de cualquier proyecto turístico, lo que lesiona un parque nacional de un gran valor para el medio ambiente y la biodiversidad.
Ahora sólo falta esperar los resultados de una investigación de una comisión oficial, que incluye al propio responsable de la irregularidad, y que muchos consideran que sencillamente se busca sobrepasar una época electoral para luego de que estas concluyan autorizar la continuación de la obra ilegal.
Los mismos observadores entienden que la comisión es parte de la politiquería y la doble moral de los funcionarios públicos, incluido el propio presidente de la República, ya que su decisión debió ser para revocar la autorización de la construcción en el parque nacional, pero no mediante un decreto disponer investigar lo que ya está decidido por una ley sobre la materia, lo cual también constituye una violación a la jerarquización de la normativa jurídica nacional.
De portada
Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
De portada
La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.