La querella presentada en contra del presidente de la Cámara de Cuentas es una razón más que suficiente para que Janel Ramírez tome una licencia en sus funciones en opinión de algunos senadores hasta tanto el Ministerio Público haga las indagatorias correspondientes.

La senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal (PRM), invitó al titular del órgano de control externo de los recursos públicos del Estado “que en aras de estas situaciones tan feas, tan tristes, tiene que tomar una licencia”.

Dijo sentirse triste y lamentó el que una persona «con una preparación excelente, inteligente… presidiendo una entidad tan importante como la Cámara de Cuentas» tenga tales señalamientos.

“Es una pena que usted pertenezca a un consejo pleno y usted no sepa tener la armonía de ese pleno, entendiendo que usted como persona preparada y joven tiene una responsabilidad doble o triple, de mandar un mensaje, de coherencia, tranquilidad, armonía y sobre todo en este momento donde la gente espera tanto de esta institución”, manifestó.

La congresista consideró que hubo un fallo en el manejo de Ramírez, quien debió sopesar esa situación, sin embargo ya se le ha ido de las manos. Ante esto, reiteró que la figura máxima de la CC debió tomar una licencia, puesto que «no le queda otra salida».

“Además, esa carta a última hora, de solidaridad no se ve bien, porque es algo que se ve de mal gusto. Entonces, debieron sus compañeras, todas, reflexionar y entender que eran un espejo, que eran un cristal en este momento que no se podía romper”, precisó.

La representante de “La novia del Atlántico» en el Senado comentó que sintió pena el ver jueces de la CC visitando a los presidentes del Congreso, cuando, a su entender, eso no se maneja de esa manera.

Aseguró que el país no debe seguir así, politizando todas las cosas. “Usted falló, usted tiene una obligación de cargar con su peso, con su carga. Ahora, tome licencia con responsabilidad, porque usted no pudo manejar ese tema con dignidad, no supo hacerlo”, exhortó la congresista.

José del Castillo Saviñón secunda a Participación Ciudadana

José del Castillo Saviñón (PLD), senador de Barahona, dijo que la acusación por acoso es un tema que el Ministerio Público tiene que manejar, ya que está dentro de sus atribuciones.

Aseguró que espera que el proceso siga su curso y se respete el debido proceso, además, que el titular de la entidad considere su accionar entorno al cuestionamiento que se está haciendo en término de la violación a un precepto penal, si continuar o no al frente de la Cámara de Cuentas.

“Yo pienso que por lo menos, como dijo Participación Ciudadana, esto amerita una licencia hasta tanto se aclaren los hechos y las circunstancias bajo las cuales se ha generado esta querella”, expuso.

Por otro lado, el legislador entiende que la acusación contra Ramírez no ensombrece las auditorías que ha realizado la entidad. “Una cosa es la labor institucional de la Cámara de Cuentas y, en esto hay que estar claro, y otra cosa es la responsabilidad penal del individuo”, puntualizó.

En esa línea, explicó que la acusación contra Ramírez es una responsabilidad penal personal que no involucra la institución.

Del Castillo Saviñón reflexionó que el hecho de que se investiguen las denuncias en torno al pleno de la Cámara no es una acción negativa sino “sana”, para el esclarecimiento de toda la situación que se ha vertido en torno a dicha entidad.

Máximo Castro difiere de los senadores; Lía Díaz fija posición neutral

El diputado reformista Máximo Castro Silverio manifestó que la denuncia contra Janel Ramírez no debió haber llegado a lo jurídico, en el entendido de que ahora toma un matiz distinto al de antes. Sin embargo, resaltó el acuerdo que firmó el pleno de la institución.

El congresista detalló que en la historia de la Cámara de Cuentas nunca se ha visto que los miembros del bufete directivo se tomen una licencia, por lo que consideró que quien tiene la responsabilidad de agilizar las investigaciones sobre la denuncia es el Ministerio Público. Dijo que otorgarle licencia no es lo prudente en este momento, ya que eso no resuelve nada.

“Hay que felicitarlos, que se entendieron, que se pusieron de acuerdo, pero ya lo otro, es algo muy personal: el trayecto. Que llegue a la justicia y luego que la parte jurídica se pronuncie, entonces el Congreso entrará en función”, argumentó.

De su lado, Lía Ynocencia Díaz (PRM), senadora de Azua, explicó que en el caso de la denuncia, el Ministerio Público tiene el deber de hacer su trabajo mediante las investigaciones.

Para la congresista, con el documento que firmaron los cinco miembros del Pleno, se han limado las diferencias.

Consultor jurídico del Senado

Félix Damián Olivares, consultor jurídico del Senado, aplaudió el acuerdo al que se comprometieron los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que, según destacó, no todas las personas tienen la capacidad de trabajar en equipo.

Le pareció incorrecto que los miembros de la CC sean invitados al Congreso para explicar los señalamientos que se ventilan.

El experto en derecho está convencido que el Congreso tiene facultad de fiscalizar el ejercicio de los demás poderes públicos, pero argumentó que esas son decisiones que deben guardarse para “situaciones extremas” o de último recurso.

“Usted no utiliza un martillo para matar moscas; usted usa un insecticida…pero usted no agarra una mandarria para matar moscas. O sea que los recursos que se puedan emplear, del juicio político, la interpelación…esos son recursos extremos en una democracia”, explicó.

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, apoderaron la denuncia formal que hicieron Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino. Las empleadas del Departamento de Auditoría acompañaron el documento con copias de las conversaciones con Ramírez Sánchez.