Más Noticias
Llaman a presidente Cámara de Cuentas tomar licencia ante denuncia de acoso
La querella presentada en contra del presidente de la Cámara de Cuentas es una razón más que suficiente para que Janel Ramírez tome una licencia en sus funciones en opinión de algunos senadores hasta tanto el Ministerio Público haga las indagatorias correspondientes.
La senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal (PRM), invitó al titular del órgano de control externo de los recursos públicos del Estado “que en aras de estas situaciones tan feas, tan tristes, tiene que tomar una licencia”.
Dijo sentirse triste y lamentó el que una persona «con una preparación excelente, inteligente… presidiendo una entidad tan importante como la Cámara de Cuentas» tenga tales señalamientos.
“Es una pena que usted pertenezca a un consejo pleno y usted no sepa tener la armonía de ese pleno, entendiendo que usted como persona preparada y joven tiene una responsabilidad doble o triple, de mandar un mensaje, de coherencia, tranquilidad, armonía y sobre todo en este momento donde la gente espera tanto de esta institución”, manifestó.
La congresista consideró que hubo un fallo en el manejo de Ramírez, quien debió sopesar esa situación, sin embargo ya se le ha ido de las manos. Ante esto, reiteró que la figura máxima de la CC debió tomar una licencia, puesto que «no le queda otra salida».
“Además, esa carta a última hora, de solidaridad no se ve bien, porque es algo que se ve de mal gusto. Entonces, debieron sus compañeras, todas, reflexionar y entender que eran un espejo, que eran un cristal en este momento que no se podía romper”, precisó.
La representante de “La novia del Atlántico» en el Senado comentó que sintió pena el ver jueces de la CC visitando a los presidentes del Congreso, cuando, a su entender, eso no se maneja de esa manera.
Aseguró que el país no debe seguir así, politizando todas las cosas. “Usted falló, usted tiene una obligación de cargar con su peso, con su carga. Ahora, tome licencia con responsabilidad, porque usted no pudo manejar ese tema con dignidad, no supo hacerlo”, exhortó la congresista.
José del Castillo Saviñón secunda a Participación Ciudadana
José del Castillo Saviñón (PLD), senador de Barahona, dijo que la acusación por acoso es un tema que el Ministerio Público tiene que manejar, ya que está dentro de sus atribuciones.
Aseguró que espera que el proceso siga su curso y se respete el debido proceso, además, que el titular de la entidad considere su accionar entorno al cuestionamiento que se está haciendo en término de la violación a un precepto penal, si continuar o no al frente de la Cámara de Cuentas.
“Yo pienso que por lo menos, como dijo Participación Ciudadana, esto amerita una licencia hasta tanto se aclaren los hechos y las circunstancias bajo las cuales se ha generado esta querella”, expuso.
Por otro lado, el legislador entiende que la acusación contra Ramírez no ensombrece las auditorías que ha realizado la entidad. “Una cosa es la labor institucional de la Cámara de Cuentas y, en esto hay que estar claro, y otra cosa es la responsabilidad penal del individuo”, puntualizó.
En esa línea, explicó que la acusación contra Ramírez es una responsabilidad penal personal que no involucra la institución.
Del Castillo Saviñón reflexionó que el hecho de que se investiguen las denuncias en torno al pleno de la Cámara no es una acción negativa sino “sana”, para el esclarecimiento de toda la situación que se ha vertido en torno a dicha entidad.
Máximo Castro difiere de los senadores; Lía Díaz fija posición neutral
El diputado reformista Máximo Castro Silverio manifestó que la denuncia contra Janel Ramírez no debió haber llegado a lo jurídico, en el entendido de que ahora toma un matiz distinto al de antes. Sin embargo, resaltó el acuerdo que firmó el pleno de la institución.
El congresista detalló que en la historia de la Cámara de Cuentas nunca se ha visto que los miembros del bufete directivo se tomen una licencia, por lo que consideró que quien tiene la responsabilidad de agilizar las investigaciones sobre la denuncia es el Ministerio Público. Dijo que otorgarle licencia no es lo prudente en este momento, ya que eso no resuelve nada.
“Hay que felicitarlos, que se entendieron, que se pusieron de acuerdo, pero ya lo otro, es algo muy personal: el trayecto. Que llegue a la justicia y luego que la parte jurídica se pronuncie, entonces el Congreso entrará en función”, argumentó.
De su lado, Lía Ynocencia Díaz (PRM), senadora de Azua, explicó que en el caso de la denuncia, el Ministerio Público tiene el deber de hacer su trabajo mediante las investigaciones.
Para la congresista, con el documento que firmaron los cinco miembros del Pleno, se han limado las diferencias.
Consultor jurídico del Senado
Félix Damián Olivares, consultor jurídico del Senado, aplaudió el acuerdo al que se comprometieron los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que, según destacó, no todas las personas tienen la capacidad de trabajar en equipo.
Le pareció incorrecto que los miembros de la CC sean invitados al Congreso para explicar los señalamientos que se ventilan.
El experto en derecho está convencido que el Congreso tiene facultad de fiscalizar el ejercicio de los demás poderes públicos, pero argumentó que esas son decisiones que deben guardarse para “situaciones extremas” o de último recurso.
“Usted no utiliza un martillo para matar moscas; usted usa un insecticida…pero usted no agarra una mandarria para matar moscas. O sea que los recursos que se puedan emplear, del juicio político, la interpelación…esos son recursos extremos en una democracia”, explicó.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, apoderaron la denuncia formal que hicieron Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino. Las empleadas del Departamento de Auditoría acompañaron el documento con copias de las conversaciones con Ramírez Sánchez.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
Más Noticias
Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.