Análisis Noticiosos
Sudán: radiografía de la peor crisis humanitaria del mundo
Cientos de miles de víctimas, entre muertos y heridos, malnutrición extrema y hambruna en algunas regiones han dejado el país al borde del cataclismo tras más de un año y medio de guerra. Mientras, algunas organizaciones se afanan en incrementar la ayuda
El Cairo.-La devastadora guerra en la que llevan inmersos desde hace más de un año y medio el ejército regular de Sudán, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido y grupos armados aliados de uno y otro bando ha provocado la mayor crisis humanitaria del mundo. Y la tragedia todavía sigue agravándose, hundida en un abismo que no parece tener final a pesar de los desesperados intentos de la sociedad civil local y de contadas organizaciones internacionales para tratar de poner freno al cataclismo.
Desde septiembre, con el fin de la época de lluvias en el país, la guerra se ha vuelto a acelerar, alimentada por injerencias extranjeras cada vez más evidentes, y el ejército ha comenzado a recuperar territorios perdidos previamente en medio de una bacanal de abusos, destrucción y muerte. Actualmente, la guerra se concentra en tres frentes: la zona de la capital, Jartum; el Estado de Gezira, en el centro; y la capital del Estado de Darfur Norte, El Fasher, en el oeste.
Si hay un aumento de la ayuda en Sudán, por supuesto que es bienvenido, pero debe ser mucho más que una simple gota adicional en el océanoChristopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras
La situación humanitaria en Sudán es catastrófica por la magnitud y por la complejidad de la crisis. La guerra está causando cientos de miles de bajas, entre muertos y heridos. Pero a estas se suman víctimas de abusos generalizados, como la violencia sexual y las torturas. Y unas condiciones incompatibles con la vida, como la malnutrición extrema, la ruina del sistema de salud y el bloqueo de la ayuda, que están disparando la mortalidad por causas que se pueden prevenir.
Pese a las dificultades, en los últimos meses algunas organizaciones humanitarias han tratado de aprovechar el mismo final de las lluvias que ha agilizado los combates para expandir sus operaciones en Sudán, según fuentes y datos consultados por este diario. Pero esta mejora es todavía exigua frente a las necesidades. “Si hay un aumento de la ayuda en Sudán es bienvenido, pero debe ser mucho más que una simple gota adicional en el océano”, apunta Christopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Mar de crisis
Sudán es hoy la mayor crisis de desplazados del mundo. Desde el inicio de la guerra, más de 8,7 millones de personas han huido de sus hogares en busca de lugares más seguros, y más de 3 millones han cruzado a países vecinos como Egipto, Chad, Sudán del Sur y Libia. Antes de la contienda actual, además, ya había más de 3,8 millones de desplazados en Sudán, sobre todo por conflictos anteriores en regiones periféricas del país como Darfur y Kordofán.
En los últimos meses, uno de los principales motivos del aumento del número de desplazados ha sido el incremento de la violencia en los Estados de Gezira y de Darfur Norte, donde la guerra ha ido acompañada de una siembra del terror por parte de los paramilitares y de bombardeos indiscriminados de ambos bandos en zonas civiles.
En este contexto, más de 24 millones de personas —la mitad de la población— se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria. Y el último informe al respecto del principal comité internacional de expertos en esta materia, del 24 de diciembre, detectó hambruna en al menos cinco zonas del oeste y el sur, y avanzó que otras cinco la sufrirán en los próximos meses. Una hambruna no es solo fruto de la falta de alimentos, sino del colapso de sistemas de salud, medios de subsistencia, economías locales y estructuras sociales de comunidades enteras.
Desde el mayor campo de desplazados de Sudán, en Darfur Norte, Zamzam, donde se declaró una hambruna ya en agosto, Saddam Abkar Safi, miembro de un grupo de voluntarios local, explica por teléfono que la situación no ha dejado de deteriorarse en los últimos meses: “Se está volviendo muy difícil, sobre todo en Zamzam y en [la vecina capital de región] de El Fasher, debido al asedio que se nos ha impuesto. En Zamzam muchas personas desplazadas no tienen la capacidad para comprar lo necesario para subsistir en un día”, señala.
En Zamzam muchas personas desplazadas no tienen la capacidad para comprar lo necesario para subsistir en un díaSaddam Abkar Safi, miembro de un grupo de voluntarios local
A esta multiplicidad de crisis le está teniendo que hacer frente un sistema nacional de salud superado. En las zonas del país más afectadas por los combates, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que entre el 70% y 80% de centros sanitarios están cerrados o funcionan parcialmente, mientras que en otras partes del país son alrededor de la mitad. Desde el inicio de la guerra, la OMS ha podido documentar más de 120 ataques contra instalaciones, servicios y personal médico, aunque la cifra real se considera que es mucho mayor.
Esta descomposición del sistema de salud nacional, sumado a graves afectaciones en otros servicios básicos como el agua potable y la electricidad, abre la puerta a la proliferación de crisis sanitarias que en condiciones normales serían fácilmente prevenibles. Desde el verano, Sudán enfrenta un alarmante brote de casos de cólera desatado por una intensa temporada de lluvias y grandes inundaciones, que en gran medida golpearon regiones poco afectadas por los combates, como el este del país, pero con una alta densidad de población y desplazados.
Respuesta limitada
A pesar de la magnitud de la crisis, las organizaciones humanitarias han tenido que afrontar multitud de reveses y de obstáculos desde el estallido de la guerra, incluidos una inseguridad generalizada e intentos de las partes en conflicto de instrumentalizar la ayuda. También lidian con constantes trabas burocráticas y logísticas, sobre todo de las autoridades militares, que han demostrado ser especialmente rígidas cuando se han hallado a la defensiva en el frente.
Ahora, la llegada de la época seca ha vuelto a facilitar el transporte por carretera, la principal vía para mover suministros, lo que ha permitido que agencias humanitarias aumenten desde octubre el envío de ayuda a distintas zonas del país a través de rutas transfronterizas y, en menor medida, a través de las que cruzan territorios controlados por diferentes partes del conflicto, según muestran datos de la oficina de la ONU para asuntos humanitarios (OCHA).
En los cuatro meses entre agosto y noviembre, el número de camiones que entregaron ayuda transfronteriza y a través de líneas de frente en Sudán no llegó ni a 1.000
Buena parte de este aumento ha ido a cargo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que a finales de noviembre anunció que había recibido autorización del Gobierno castrense para enviar más de 700 camiones a zonas que padecen o están en riesgo de sufrir hambruna. Leni Kinzli, responsable de comunicación del PMA, señala que se trata de “un plan más amplio” para acceder a zonas aisladas del país y seguir aumentando el flujo regular de ayuda mensual.
Kinzli afirma que el fin de la época de lluvias ha facilitado un mayor movimiento de suministros por carretera, pero asegura que también han empezado a recibir más autorizaciones por parte de las autoridades sudanesas para desplazar y entregar ayuda, coincidiendo con el cambio en la dinámica del conflicto desde septiembre y los primeros avances significativos del ejército. “Este aumento [permitirá] que lleguemos a más gente, especialmente a personas en riesgo de hambruna a las que ha sido tan difícil llegar, [incluido] en Darfur, Jartum y Gezira”, explica.
En los cuatro meses entre agosto y noviembre, el número de camiones que entregaron ayuda transfronteriza y a través de líneas de frente en Sudán no llegó ni a 1.000. En comparación, solo en octubre, el mes en el que menos ayuda entró en Gaza, llegaron 1.166 camiones humanitarios, según datos de la ONU.
Los convoyes transfronterizos a Sudán se realizan a través de dos cruces entre Chad y Darfur: Adré, que es el principal, y Tine. Su futuro, sin embargo, pende constantemente de un hilo, dado que, hasta la fecha, y en una decisión muy cuestionada, la ONU solo ha realizado envíos desde Chad con la aprobación del Gobierno castrense para respetar la soberanía del país. Pero las autoridades militares son reacias a enviar ayuda a zonas que escapan a su control, como la mayoría de Darfur, y niegan la existencia y el riesgo de hambruna pese a toda la evidencia.
“En Sudán nos hemos encontrado con una situación en la que la supervivencia de la población se ha visto sacrificada bajo pretextos de soberanía”, considera Lockyear, de MSF, una de las organizaciones más activas en Sudán y de las únicas que sigue operando en zonas asediadas. “Para desafiar estas restricciones práctica y políticamente, se podría haber hecho mucho más, y se puede hacer mucho más, y se debería hacer mucho más a partir de ahora”, desliza.
En un reconocimiento implícito de la magnitud de la crisis, y probablemente influido por el temor a medidas más drásticas de la comunidad internacional, la agencia del Gobierno militar que controla todo lo relativo a operaciones humanitarias, la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC, por las siglas en inglés) anunció el 24 de diciembre la distribución de cientos toneladas de ayuda humanitaria por el país. Estos suministros, sin embargo, se dirigirán a priori a localidades que controla el ejército. La HAC no ha respondido a preguntas de EL PAÍS.
Incluso con el repunte actual de entregas, lo que llega a muchas de las zonas más necesitadas siguen siendo solo suministros suficientes para lograr objetivos como no morirse de hambre, y no siempre se consigue. En este sentido, el PMA estima que con los más de 700 camiones anunciados en noviembre podrían alimentar en torno a 1,5 millones de personas por un mes. Pero solo en Zamzam, MSF ya calcula que, para suplir un mes de raciones alimentarias de emergencia, de apenas unas 500 calorías al día, se necesitarían unos 100 camiones cada mes.
La respuesta humanitaria es algo más que contar camiones y aviones. Necesitamos personal humanitario en el terrenoChristopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras
Las dificultades para operar de actores humanitarios han elevado la importancia de iniciativas locales de ayuda mutua, que dependen sobre todo de la diáspora sudanesa y han demostrado ser muy efectivos en zonas aisladas por la guerra. “Mientras hablo contigo, tengo una entrega del PMA que espero que salga mañana del almacén. Intentamos distribuir ayuda, aunque se interrumpa, no sea continuada y no abunde”, expresa Abdallah, de la unidad de respuesta de emergencia del cinturón sur de Jartum, que también asisten en un centro médico gratuito.
Estos grupos, sin embargo, también son los más expuestos a la violencia, han sido objetivo de ataques y el futuro de sus actividades nunca está garantizado. “Nos enfrentamos a grandes retos y dificultades por los bombardeos indiscriminados que se producen ahora y la dificultad para prestar asistencia”, apunta Safi, de la unidad de respuesta de emergencia de Zamzam. “Pedimos que se preste ayuda humanitaria en todas las circunstancias posibles”, agrega.
Para muchos, lo que falta es un compromiso político mucho mayor. “Estamos asistiendo a un fracaso humanitario global en términos de respuesta colectiva”, considera Lockyear, de MSF. “La presencia de la ONU y de ONG internacionales es muy escasa, incluso en zonas de acceso relativamente fácil”, lamenta.
En esta línea, Lockyear señala que se debe “aumentar el suministro de ayuda humanitaria por todos los medios posibles”, pero recuerda que “la respuesta humanitaria es algo más que contar camiones y aviones”. “Necesitamos personal humanitario en el terreno; me sorprendió la falta de presencia de agentes humanitarios en los lugares por los que viajé en Darfur”, indica.
Kinzli, del PMA, coincide con ello. “Seguimos buscando diferentes maneras de hacer llegar ayuda o asistencia a la gente, incluso si no podemos hacer llegar camiones [en determinadas zonas del país]”, señala. “[Porque] las necesidades en Sudán son tan inmensas, que una de cada dos personas se enfrenta a niveles de hambre aguda”, enfatiza, “y esto significa que, básicamente, todo el mundo necesita algún tipo de ayuda”.
elpais.com
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.