Análisis Noticiosos
Sudán: radiografía de la peor crisis humanitaria del mundo
Cientos de miles de víctimas, entre muertos y heridos, malnutrición extrema y hambruna en algunas regiones han dejado el país al borde del cataclismo tras más de un año y medio de guerra. Mientras, algunas organizaciones se afanan en incrementar la ayuda
El Cairo.-La devastadora guerra en la que llevan inmersos desde hace más de un año y medio el ejército regular de Sudán, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido y grupos armados aliados de uno y otro bando ha provocado la mayor crisis humanitaria del mundo. Y la tragedia todavía sigue agravándose, hundida en un abismo que no parece tener final a pesar de los desesperados intentos de la sociedad civil local y de contadas organizaciones internacionales para tratar de poner freno al cataclismo.
Desde septiembre, con el fin de la época de lluvias en el país, la guerra se ha vuelto a acelerar, alimentada por injerencias extranjeras cada vez más evidentes, y el ejército ha comenzado a recuperar territorios perdidos previamente en medio de una bacanal de abusos, destrucción y muerte. Actualmente, la guerra se concentra en tres frentes: la zona de la capital, Jartum; el Estado de Gezira, en el centro; y la capital del Estado de Darfur Norte, El Fasher, en el oeste.
Si hay un aumento de la ayuda en Sudán, por supuesto que es bienvenido, pero debe ser mucho más que una simple gota adicional en el océanoChristopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras
La situación humanitaria en Sudán es catastrófica por la magnitud y por la complejidad de la crisis. La guerra está causando cientos de miles de bajas, entre muertos y heridos. Pero a estas se suman víctimas de abusos generalizados, como la violencia sexual y las torturas. Y unas condiciones incompatibles con la vida, como la malnutrición extrema, la ruina del sistema de salud y el bloqueo de la ayuda, que están disparando la mortalidad por causas que se pueden prevenir.
Pese a las dificultades, en los últimos meses algunas organizaciones humanitarias han tratado de aprovechar el mismo final de las lluvias que ha agilizado los combates para expandir sus operaciones en Sudán, según fuentes y datos consultados por este diario. Pero esta mejora es todavía exigua frente a las necesidades. “Si hay un aumento de la ayuda en Sudán es bienvenido, pero debe ser mucho más que una simple gota adicional en el océano”, apunta Christopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Mar de crisis
Sudán es hoy la mayor crisis de desplazados del mundo. Desde el inicio de la guerra, más de 8,7 millones de personas han huido de sus hogares en busca de lugares más seguros, y más de 3 millones han cruzado a países vecinos como Egipto, Chad, Sudán del Sur y Libia. Antes de la contienda actual, además, ya había más de 3,8 millones de desplazados en Sudán, sobre todo por conflictos anteriores en regiones periféricas del país como Darfur y Kordofán.
En los últimos meses, uno de los principales motivos del aumento del número de desplazados ha sido el incremento de la violencia en los Estados de Gezira y de Darfur Norte, donde la guerra ha ido acompañada de una siembra del terror por parte de los paramilitares y de bombardeos indiscriminados de ambos bandos en zonas civiles.
En este contexto, más de 24 millones de personas —la mitad de la población— se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria. Y el último informe al respecto del principal comité internacional de expertos en esta materia, del 24 de diciembre, detectó hambruna en al menos cinco zonas del oeste y el sur, y avanzó que otras cinco la sufrirán en los próximos meses. Una hambruna no es solo fruto de la falta de alimentos, sino del colapso de sistemas de salud, medios de subsistencia, economías locales y estructuras sociales de comunidades enteras.
Desde el mayor campo de desplazados de Sudán, en Darfur Norte, Zamzam, donde se declaró una hambruna ya en agosto, Saddam Abkar Safi, miembro de un grupo de voluntarios local, explica por teléfono que la situación no ha dejado de deteriorarse en los últimos meses: “Se está volviendo muy difícil, sobre todo en Zamzam y en [la vecina capital de región] de El Fasher, debido al asedio que se nos ha impuesto. En Zamzam muchas personas desplazadas no tienen la capacidad para comprar lo necesario para subsistir en un día”, señala.
En Zamzam muchas personas desplazadas no tienen la capacidad para comprar lo necesario para subsistir en un díaSaddam Abkar Safi, miembro de un grupo de voluntarios local
A esta multiplicidad de crisis le está teniendo que hacer frente un sistema nacional de salud superado. En las zonas del país más afectadas por los combates, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que entre el 70% y 80% de centros sanitarios están cerrados o funcionan parcialmente, mientras que en otras partes del país son alrededor de la mitad. Desde el inicio de la guerra, la OMS ha podido documentar más de 120 ataques contra instalaciones, servicios y personal médico, aunque la cifra real se considera que es mucho mayor.
Esta descomposición del sistema de salud nacional, sumado a graves afectaciones en otros servicios básicos como el agua potable y la electricidad, abre la puerta a la proliferación de crisis sanitarias que en condiciones normales serían fácilmente prevenibles. Desde el verano, Sudán enfrenta un alarmante brote de casos de cólera desatado por una intensa temporada de lluvias y grandes inundaciones, que en gran medida golpearon regiones poco afectadas por los combates, como el este del país, pero con una alta densidad de población y desplazados.
Respuesta limitada
A pesar de la magnitud de la crisis, las organizaciones humanitarias han tenido que afrontar multitud de reveses y de obstáculos desde el estallido de la guerra, incluidos una inseguridad generalizada e intentos de las partes en conflicto de instrumentalizar la ayuda. También lidian con constantes trabas burocráticas y logísticas, sobre todo de las autoridades militares, que han demostrado ser especialmente rígidas cuando se han hallado a la defensiva en el frente.
Ahora, la llegada de la época seca ha vuelto a facilitar el transporte por carretera, la principal vía para mover suministros, lo que ha permitido que agencias humanitarias aumenten desde octubre el envío de ayuda a distintas zonas del país a través de rutas transfronterizas y, en menor medida, a través de las que cruzan territorios controlados por diferentes partes del conflicto, según muestran datos de la oficina de la ONU para asuntos humanitarios (OCHA).
En los cuatro meses entre agosto y noviembre, el número de camiones que entregaron ayuda transfronteriza y a través de líneas de frente en Sudán no llegó ni a 1.000
Buena parte de este aumento ha ido a cargo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que a finales de noviembre anunció que había recibido autorización del Gobierno castrense para enviar más de 700 camiones a zonas que padecen o están en riesgo de sufrir hambruna. Leni Kinzli, responsable de comunicación del PMA, señala que se trata de “un plan más amplio” para acceder a zonas aisladas del país y seguir aumentando el flujo regular de ayuda mensual.
Kinzli afirma que el fin de la época de lluvias ha facilitado un mayor movimiento de suministros por carretera, pero asegura que también han empezado a recibir más autorizaciones por parte de las autoridades sudanesas para desplazar y entregar ayuda, coincidiendo con el cambio en la dinámica del conflicto desde septiembre y los primeros avances significativos del ejército. “Este aumento [permitirá] que lleguemos a más gente, especialmente a personas en riesgo de hambruna a las que ha sido tan difícil llegar, [incluido] en Darfur, Jartum y Gezira”, explica.
En los cuatro meses entre agosto y noviembre, el número de camiones que entregaron ayuda transfronteriza y a través de líneas de frente en Sudán no llegó ni a 1.000. En comparación, solo en octubre, el mes en el que menos ayuda entró en Gaza, llegaron 1.166 camiones humanitarios, según datos de la ONU.
Los convoyes transfronterizos a Sudán se realizan a través de dos cruces entre Chad y Darfur: Adré, que es el principal, y Tine. Su futuro, sin embargo, pende constantemente de un hilo, dado que, hasta la fecha, y en una decisión muy cuestionada, la ONU solo ha realizado envíos desde Chad con la aprobación del Gobierno castrense para respetar la soberanía del país. Pero las autoridades militares son reacias a enviar ayuda a zonas que escapan a su control, como la mayoría de Darfur, y niegan la existencia y el riesgo de hambruna pese a toda la evidencia.
“En Sudán nos hemos encontrado con una situación en la que la supervivencia de la población se ha visto sacrificada bajo pretextos de soberanía”, considera Lockyear, de MSF, una de las organizaciones más activas en Sudán y de las únicas que sigue operando en zonas asediadas. “Para desafiar estas restricciones práctica y políticamente, se podría haber hecho mucho más, y se puede hacer mucho más, y se debería hacer mucho más a partir de ahora”, desliza.
En un reconocimiento implícito de la magnitud de la crisis, y probablemente influido por el temor a medidas más drásticas de la comunidad internacional, la agencia del Gobierno militar que controla todo lo relativo a operaciones humanitarias, la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC, por las siglas en inglés) anunció el 24 de diciembre la distribución de cientos toneladas de ayuda humanitaria por el país. Estos suministros, sin embargo, se dirigirán a priori a localidades que controla el ejército. La HAC no ha respondido a preguntas de EL PAÍS.
Incluso con el repunte actual de entregas, lo que llega a muchas de las zonas más necesitadas siguen siendo solo suministros suficientes para lograr objetivos como no morirse de hambre, y no siempre se consigue. En este sentido, el PMA estima que con los más de 700 camiones anunciados en noviembre podrían alimentar en torno a 1,5 millones de personas por un mes. Pero solo en Zamzam, MSF ya calcula que, para suplir un mes de raciones alimentarias de emergencia, de apenas unas 500 calorías al día, se necesitarían unos 100 camiones cada mes.
La respuesta humanitaria es algo más que contar camiones y aviones. Necesitamos personal humanitario en el terrenoChristopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras
Las dificultades para operar de actores humanitarios han elevado la importancia de iniciativas locales de ayuda mutua, que dependen sobre todo de la diáspora sudanesa y han demostrado ser muy efectivos en zonas aisladas por la guerra. “Mientras hablo contigo, tengo una entrega del PMA que espero que salga mañana del almacén. Intentamos distribuir ayuda, aunque se interrumpa, no sea continuada y no abunde”, expresa Abdallah, de la unidad de respuesta de emergencia del cinturón sur de Jartum, que también asisten en un centro médico gratuito.
Estos grupos, sin embargo, también son los más expuestos a la violencia, han sido objetivo de ataques y el futuro de sus actividades nunca está garantizado. “Nos enfrentamos a grandes retos y dificultades por los bombardeos indiscriminados que se producen ahora y la dificultad para prestar asistencia”, apunta Safi, de la unidad de respuesta de emergencia de Zamzam. “Pedimos que se preste ayuda humanitaria en todas las circunstancias posibles”, agrega.
Para muchos, lo que falta es un compromiso político mucho mayor. “Estamos asistiendo a un fracaso humanitario global en términos de respuesta colectiva”, considera Lockyear, de MSF. “La presencia de la ONU y de ONG internacionales es muy escasa, incluso en zonas de acceso relativamente fácil”, lamenta.
En esta línea, Lockyear señala que se debe “aumentar el suministro de ayuda humanitaria por todos los medios posibles”, pero recuerda que “la respuesta humanitaria es algo más que contar camiones y aviones”. “Necesitamos personal humanitario en el terreno; me sorprendió la falta de presencia de agentes humanitarios en los lugares por los que viajé en Darfur”, indica.
Kinzli, del PMA, coincide con ello. “Seguimos buscando diferentes maneras de hacer llegar ayuda o asistencia a la gente, incluso si no podemos hacer llegar camiones [en determinadas zonas del país]”, señala. “[Porque] las necesidades en Sudán son tan inmensas, que una de cada dos personas se enfrenta a niveles de hambre aguda”, enfatiza, “y esto significa que, básicamente, todo el mundo necesita algún tipo de ayuda”.
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Análisis Noticiosos
El reciclaje en Nueva York, un trabajo mal pagado a cargo de los inmigrantes indocumentados
El sector lleva 15 años sin recibir un aumento por sus servicios, lo que ha llevado a muchos centros de reciclaje a cerrar. Una propuesta de ley busca duplicar el pago que se les da
New York.-Todos los días, a las 7 de la mañana, Graciela Cieza y Robert Romero, un matrimonio de inmigrantes peruanos, abre las puertas de la bodega donde tienen su centro de reciclaje en Queens, Nueva York. Es un pequeño negocio por el que recolectan latas y botellas para canjearlas por dinero. Allí guardan cientos de bolsas con miles de botellas y latas de agua, soda y cerveza clasificadas por marca, producto y tamaño. Llevan ocho años trabajando en este centro de redención —como también se les llama— y hace cinco meses se convirtieron en dueños del negocio. “El señor que tenía la bodega antes cerró porque se declaró en bancarrota”, cuenta Cieza, de 65 años, quien llegó a Estados Unidos hace 12 con sus dos hijos y su esposo.
El frágil ecosistema de reciclaje de botellas y otros materiales en el Estado de Nueva York es manejado mayormente por trabajadores inmigrantes y adultos mayores, que ganan aproximadamente 30 dólares al día si son recicladores independientes y 40 si son centros de redención, y que no han visto un aumento en el valor de los artículos que recolectan en 15 años.
El reciclaje en el Estado de Nueva York es un proceso en cadena. Primero, el consumidor deja su botella o lata en el bote de basura azul para materiales reciclables. Luego, los recicladores independientes, recolectan el material y lo llevan a un centro de redención, como el de Cieza y Romero, en donde les pagan 5 centavos por unidad. Allí categorizan los materiales recibidos por marca, tipo de contenedor y tamaño para venderlos a los distribuidores, que pueden ser las empresas que fabrican el contenedor de la bebida, las que las venden, o las embotelladoras, que les pagan 8,5 centavos por contenedor y lo mandan a fábricas que los transforman.
En los dos últimos años, 150 de los alrededor de 700 centros de redención del Estado han cerrado sus puertas porque no les sale rentable, de acuerdo con el New York Public Interest Research Group. Y quienes los dirigen han alertado que, sin un aumento en el valor de las latas y plásticos establecido por la ley, habrá más cierres. Mientras tanto, algunos esfuerzos de legisladores estatales para rescatar la industria se topan con las campañas de opositores políticos y grandes embotelladoras, que alegan que aumentar el pago de las tarifas de reciclaje impactaría a los consumidores.
Sure We Can es uno de los centros de reciclaje y espacios comunitarios para recicladores más importantes de la ciudad, ubicado en Brooklyn, Nueva York.CORTESÍA
El debate del proyecto de ley de la Bigger Better Bottle Bill (mejor y más grande, en español, o ley de la botella), que fue propuesto el año pasado por la senadora estatal demócrata Rachel May, quedó aplazado hasta el 28 de enero de 2025. Mientras esperan un pago que consideran más justo, los centros de redención se están quebrando, aseguran las organizaciones que firmaron la solicitud de ayuda inmediata a la gobernadora Kathy Hochul.
Centros de redención obligados a cerrar
La nueva Ley de la Botella propone que la tarifa de depósito suba de 5 a 10 centavos por unidad recolectada y de 3,5 a 6 centavos por unidad por el manejo, lo que hacen Graciela Cieza y Robert Romero. Esto duplicaría los ingresos actuales de los centros de redención y los recicladores independientes. Adicionalmente, se espera que aumenten las tasas de reciclaje de un Estado, que actualmente solo recicla el 17,2% de sus residuos, de acuerdo a cifras del Departamento de Sanidad. Esto está por debajo del promedio nacional, que es 35% y de Estados como Oregón, que ha implementado una ley similar a la que se debate en Nueva York y donde la tasa de reciclaje es de 85,5%.
Jade Eddy, dueña del centro de redención MT Retornables en Queensbury y miembro de la asociación de centros de redención Empire State Redemption Association, está pensando en cerrar su bodega porque no tiene dinero para mantenerse a flote. Eddy ha perdido la esperanza de que esta ley se apruebe antes de que pierda el negocio que le dio de comer a su familia por 20 años. “Actualmente, estoy recibiendo un auxilio por pobreza, gasté todos mis ahorros para la jubilación y perdí mi casa para intentar mantener mi negocio”, dice la mujer de 40 años, en una videollamada. “La posición en la que nos han puesto es criminal porque veo a los legisladores de Albany más preocupados por grandes compañías como Pepsi, que se oponen a la Ley de la Botella, que por los pequeños negocios que sirven a sus comunidades”, asegura.
En Nueva York los materiales cubiertos por la ley de la botella actual son latas y botellas de bebidas carbonatadas, cerveza, bebidas de malta, agua con gas y sin gas.CORTESÍA
Si la nueva ley se aprueba, las embotelladoras tendrán que invertir más en reciclar los contenedores de los productos que comercializan, pues pasarían de pagar 8,5 centavos a 16 a los centros de redención. De acuerdo al Container Recycling Institute, una organización no gubernamental dedicada a investigar el reciclaje y recolección en Estados Unidos, los principales opositores de la Ley de la Botella son embotelladoras como PepsiCo, Coca Cola y Anheuser Busch. Sin embargo, la vocera de PepsiCo, Andrea Foote, le dijo a Político que “PepsiCo está abogando por la Ley de la Botella de Nueva York y proyectos de ley que amplíen la responsabilidad del productor”.
“Si cierran, nos vamos a quedar sin nada”
La amenaza contra los centros de redención impacta a los recicladores independientes, que son en su mayoría inmigrantes, casi la mitad de ellos latinos, con un nivel de ingresos menor a 400 dólares mensuales, según un informe de Sure We Can, un centro de redención y espacio comunitario para recicladores independientes en Bushwick, Brooklyn.
“Antes íbamos a un centro que nos quedaba más cerca a la casa, pero lo cerraron por problemas económicos. Entonces ahora venimos acá, pero nos toca caminar mucho y ya estamos cansados”, cuentan Pedro Romero y Josefa Marín, una pareja de inmigrantes indocumentados mexicanos de 68 años, que llevan el material reciclable que recogen al centro de Sure We Can. Ambos comenzaron a trabajar como recicladores independientes debido a que no tienen una pensión que cubra todos sus gastos. “Nos afectaría mucho que este centro cerrara. Si cierran, creo que es mejor devolvernos a México de una vez”, asegura Marín.
Ángela, una recicladora independiente de 50 años originaria de República Dominicana, se dedica a recoger material reciclable desde hace dos años, cuando perdió su trabajo como cocinera en un restaurante en Manhattan. Trabaja todos los días y lleva el material al centro de redención de Graciela Cieza y Robert Romero en Queens. “Esta labor es la que me está dando dinero para mantener a mis tres hijos y pagar la renta. Si estos centros los cierran, nos vamos a quedar sin nada”, dijo la dominicana, quien prefirió no dar su nombre completo debido a su estatus migratorio irregular.
La Ley de la Botella actual —vigente desde 1982— determina una tarifa de depósito de 5 centavos que los consumidores pagan al comprar bebidas embotelladas o enlatadas, reembolsables si el consumidor devuelve el envase para su reciclaje; y una tarifa de manejo de 1,5 centavos que comprende un pago adicional que los distribuidores y embotelladores deben hacer a los centros de redención.
De acuerdo al reporte de Sure We Can, 45.5% de los recicladores independientes son latinos y el 69% del dinero obtenido por esta labor es utilizado para comprar comida.CORTESÍA
En el 2009, la Asamblea de Nueva York aumentó la tarifa de manejo a 3,5 centavos y redistribuyó los fondos no reclamados. Antes de eso, los 5 centavos de la tarifa de depósito quedaban en manos de las embotelladoras. A partir de la reforma, el 80% de los depósitos no reclamados se comenzaron a destinar al Fondo de Protección Ambiental de Nueva York, y el resto permanece con las embotelladoras.
El dinero recaudado por el fondo público se usa para financiar programas de medio ambiente, educación, infraestructura y servicios comunitarios, de acuerdo a la página web del mismo. El más reciente informe de los proyectos beneficiarios por el Fondo de Protección Ambiental data del 2013.
Sure We Can argumenta que el fondo no está ayudando en la crisis de desfinanciación del sector. “El programa de subvenciones no ha entregado fondos a los centros de redención afectados. Nosotros enviamos una solicitud y nunca recibimos un centavo”, dice su director, Ryan Castalia.
En los últimos 15 años, los precios en Estados Unidos han incrementado un 36,4% y la capacidad adquisitiva de las personas ha disminuido constantemente. En el mismo periodo, el valor del trabajo de los centros de redención y recicladores no ha recibido un solo aumento. “Tengo esperanza de que Nueva York defienda el medio ambiente a partir de proteger a sus trabajadores y el desarrollo de infraestructura verde dentro del estado”, añade Castalia, quien se muestra esperanzado con que el congreso del Estado apruebe la ley.
Pese a haber sido una de las promotoras de la nueva norma, la recicladora Josefa Marín teme que, de aprobarse, su trabajo se vea afectado. “Antes recogíamos muchas más botellas que ahora y eso que solo pagaban 5 centavos por botella. Si la ley se llega a aprobar, los consumidores de bebidas van a comenzar a llevar las botellas ellos mismos porque se van a dar cuenta que pueden obtener una buena cantidad de dinero al devolverlas”, dice.
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Análisis Noticiosos
Diez valores para exprimir el maná de la IA más allá de las grandes tecnológicas en 2025
Citi destaca a la inteligencia artificial, el ocio digital, las ‘fintech’, los videojuegos y los ‘wearables’ como las principales temáticas de inversión
Madrid.-¿Hay vida en la apuesta de los inversores por la inteligencia artificial más allá de Nvidia? Los analistas de Citi tienen claro que sí. El banco de inversión estadounidense cree que el maná de la IA seguirá siendo una de las principales tendencias de inversión para 2025 y aunque sus expertos reconocen que los gigantes del sector son firmas como Apple, Nvidia, Amazon o Alphabet, apuntan a una decena de valores que pueden despuntar el año que viene por rentabilidad esperada. Entre los más conocidos hay empresas como Uber Technologies y Micron Technology, pero hay otras menos conocidas como Schrodinger o Marqeta.
Schrodinger es un desarrollador de software científico que recientemente ha firmado una alianza con Novartis. El acuerdo implica el pago de 150 millones de dólares a Schrodinger y la opción de otros 2.300 millones en función de los hitos obtenidos. El valor, que capitaliza unos 1.500 millones de dólares, se deja un 40% en Bolsa en el año. Los analistas de Citi esperan un retorno total del valor del 87%.
Ligeramente por debajo se sitúa Marqeta, cuyo retorno esperado es del 74%. El valor, que también cede un 44% en el año y cuenta con un valor de mercado de 2.000 millones de dólares, está especializada en la emisión de tarjetas y soluciones de pago. Por su parte, AppLovin está centrada en aportar herramientas de software e IA que ofrecen soluciones a los desarrolladores para monetizar aplicaciones y videojuegos. El valor capitaliza 120.000 millones de dólares y se ha disparado en el año un 748%.
El fabricante de microprocesadores AMD (Advanced Micro Devices) es otra de las apuestas, aunque no ha terminado de sumarse al frenesí de la inteligencia artificial. En lo que va de año, sus títulos se dejan un 9% en Bolsa, frente al 180% que se dispara Nvidia o el 450% de MicroStrategy. Junto a ellos también está el fabricante de chips Micron Technology, que se anota un 35% en el año, la empresa de software Appian —que está a punto de finalizar 2024 en tablas—, la red social Pinterest (-15%), Microchip Technology (-32%), KLA Corporation, con un 18%, y Uber.
Los analistas de Citi tienen claro que apostar por temáticas de inversión puede dar buenos rendimientos. Se trata de identificar grandes tendencias en todo el mundo que se van a ver beneficiadas por una fuerte demanda o una oferta limitada que puede ofrecer elevadas rentabilidades. Eso sí, no todo vale. De cara a 2025 se han centrado en cinco aspectos para identificar cuáles serán las temáticas más atractivas: valoración, crecimiento, calidad, revisiones y conexiones macroeconómicas y apuntan que sus predilecciones reflejan una preferencia por un enfoque de crecimiento y cíclico en la construcción de las carteras de inversión. Con estas cartas sobre la mesa se han decantado por valores ligados al auge de la inteligencia artificial, ocio digital, las fintech, los videojuegos y los dispositivos wearables, siendo estos dos últimos las principales novedades. Pero más allá, tampoco desdeñan lo que definen como demanda agrícola, los combustibles fósiles, el turismo global y las soluciones contra la contaminación.
Entre los valores ligados a la agricultura, sus recomendaciones son Darling Ingredients y Hormel Foods, que según sus analistas registrarán un fuerte incremento de sus beneficios. La primera se deja un 30% en el año y la segunda, un 2%. También apuntan a First Solar, como uno de los más beneficiados dentro de los valores que ofrecen soluciones contra la contaminación, pese a la fuerte corrección que acumula en Bolsa en los últimos seis meses (-28%) por las dificultades que atraviesa el sector de las energías limpias. En Citi creen que será una de las empresas beneficiadas por la Inflaction Reduction Act (IRA) estadounidense, también conocida como Ley para la Reducción de la Inflación.
Con todo ello, Citi prepara una lista de 30 valores a los que otorga el mismo peso, un 3,3%. En ella, hay gigantes como Amazon, Alphabet o Meta —y no está incluido Nvidia—, junto a otras empresas como Paypal, la petrolera Baker Hughes, la naviera Carnival o la biotecnológica Gilead Sciences. De todos ellos, entre los que han logrado una mayor revalorización desde su inclusión en la cesta, destaca AppLovin, con un 802%; seguida por la aerolínea United Airlines, con un 128%, y GoDaddy (108%), firma especializada en el registro de dominios de internet.
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El fallo de la Corte Constitucional declaró que Furukawa perpetró esclavitud moderna por el “origen afrodescendiente” de sus trabajadores. Tres activistas y académicos analizan las deudas pendientes del Estado con esta población
El pueblo negro lleva en Ecuador más de cinco siglos. La mayoría llegaron esclavizados desde Senegal, Gambia, Congo y Angola y fueron obligados a trabajar la tierra de otros; a pertenecer a otros. Estas comunidades, asentadas principalmente en el corredor del Pacífico, llevan resistiendo en los palenques desde entonces. En estos espacios cercados, los esclavos huidos y los que compraban su propia libertad se organizaban en comunidad, atesoraban sus costumbres y su cultura y fueron cocinando la abolición, proclamada tres siglos más tarde, en 1852. Hoy, 172 años después, el Estado ha admitido que estas prácticas similares a la esclavitud continuaron vigentes en pleno siglo XXI.
Para David Quiñonez, médico y secretario general de la Unión del Pueblo Afroecuatoriano, este puede ser un momento clave de reparación real: “Sentimos que al fin encontramos una voz activa que escucha nuestras demandas históricas. El Estado tiene ahora una oportunidad de oro para reparar no sólo a las víctimas de Furukawa. Los indicadores sociales de estas comunidades muestran unas brechas abismales. Este es el racismo estructural del que habla la Corte y que el Estado no ha reparado nunca”.
El 7,2% de la población ecuatoriana es afrodescendiente. Sin embargo, representan el 40% de las personas empobrecidas del país; y el 15% de la pobreza extrema, frente al 4% de la media nacional. Además, uno de cada diez afroecuatorianos no cuenta con saneamiento adecuado. Esta sobrerepresentación recogida en el Informe de Visita del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Afrodescendientes también está presente en las cárceles. En términos educativos, el fenómeno se invierte, y esta comunidad está infrarrepresentada. En Ecuador, un 84% de los estudiantes negros no pueden acceder a estudios superiores; un 10% más que la tasa nacional. “Somos todavía una comunidad excluída y vulnerada”, cuenta el experto, quien presentó un amicus curiae en el juicio tras haber atendido como doctor a las víctimas de esclavitud en las haciendas.
Génesis Anangonó, del Centro de investigación de Estudios de África y Afroamérica, tilda de “agridulce” este fallo. Para ella, el tiempo que se han tomado los tribunales en fallar un caso tan importante para el país “es un espejo de cómo la sociedad no prioriza” las luchas de los afrodescendientes, cuenta por teléfono. Aunque asegura que el discurso negacionista de la colonización o la esclavitud no es tan fuerte en su país, siente que se repite el mismo problema: “Todos creen que el racista es el otro”. Así, explica, se percibe que la reflexión -de haberse hecho- es aún muy superficial. Es por ello que las escasas políticas de acciones afirmativas para achicar más la brecha son completamente desprestigiadas por la sociedad. “Nos siguen diciendo: ‘Es que a ustedes les regalan las cosas”, lamenta.
Jaqueline Gallegos, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatoriano coincide y lamenta que este tema no haya sido politizado ni en Ecuador ni en la región. “Nuestros Estados han nacido de prácticas coloniales, se fundaron en la discriminación y en la esclavitud. Y se ha hecho muy poco por resarcirlo”, asegura.
Para ella, estas vulneraciones actuales tienen muchas similitudes con la “trata transatlántica”. “Entonces se deshumanizaron a las personas y se las vendían, casi como si fueran animales. Esa discriminación, la de no reconocer los derechos del otro, sigue vigentes en nuestros Estados y, sinceramente, no creo que ni el Ecuador ni la sociedad estén preparados para la reparación que necesitamos”. Aunque los tres expertos inciden en que la reparación económica que pide la Corte a Furukawa -y que la empresa ya ha tildado de “imposible” de pagar- no será nunca suficiente para resarcir “los cuerpos atravesados por el racismo”, consideran que es un buen punto de partida. Es la punta del hilo de un ovillo que va a requerir muchas manos para desenredar.
Aunque Gallegos celebra la contundencia de la Corte, habla de “utopía” en su implementación, ya que, dice, “Ecuador es el país de las normas” que luego no salen del papel. “No creo que se priorice este tema, en el momento de crisis de seguridad actual en el que una persona negra sigue siendo sospechosa de cualquier delito por el mero hecho de ser afrodescendiente”, explica Gallegos, quien también anima a los tribunales a empezar a preguntar al pueblo negro de qué forma quiere ser reparado.
“La reparación no puede venir solo desde fuera”, dice. “Es una construcción con los sujetos de derechos. Pasa igual con la lucha antirracista: no puede ser una responsabilidad de las víctimas. Tiene que ser toda una sociedad buscando la igualdad social”.
Para los tres académicos, esta es una gran oportunidad para sentar bases en el mundo de la agroindustria, un sector en el que los trabajadores son la mayoría afrodescendientes e indígenas. “La relación entre los dueños de las tierras y los trabajadores tiene que cambiar ahora”, dice Anangonó. “La Corte sentó un antecedente”.
Gallegos señala a la justicia y a las demás instituciones del Estado como parte también de esa herencia colonial y racista intrínseca al país. “Es difícil ser crítico ante ciertas realidades si no entiende que es necesario trabajar el modelo de justicia desde las interseccionalidades”, narra. Este concepto académico que subraya la superposición de las capas de exclusión, como el género, la raza y el estrato es también recogido pioneramente por la Corte: “Estas personas [las víctimas de Furukawa] se encuentran en condición de vulnerabilidad interseccional, pues existen múltiples factores de vulnerabilidad que confluyen en todos los abacaleros y arrendatarios y que configuran una situación de riesgo en el ejercicio de sus derechos”.
Precisamente porque la Corte reconoce que existen estas capas de discriminación. Las mujeres que han vivido en las haciendas y que se han sumado a la denuncia de Furukawa recibirán un monto adicional, por el hecho de ser mujeres. Nombrarlo, dicen, es un paso gigante. Pero no suficiente. “Es un punto de partida que celebramos”, explica Quiñonez. “Pero sabemos que nos toca seguir vigilantes para que no quede en papel mojado”.
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