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Trasfondo político en elección de María Corina Machado como premio Nobel de la Paz para reforzar posible intervención armada en Venezuela.
Por Elba García
La selección de María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, como Premio Nobel de la Paz, deja un sabor agri- dulce en lo que respecta al prestigio alcanzado por este reconocimiento mundial, pero que esa decisión como que no luce muy acertada y justificada.
Esta mujer venezolana, que tiene méritos indiscutibles frente a muchas otras, pero no para ser escogida como Nobel de la Paz, dado que es poco lo que se entiende de la razón de su selección, ya que, si bien ha mantenido una lucha política en contra del gobierno de su país, pero que ello no implica ningún logro concreto en términos de paz en esa nación.
Entender el reconocimiento como que resulta complicado, porque en términos concretos no hay nada para justificar tan alto mérito, sin dejar de reconocer que ella es una batalladora, podría decirse, por la democracia en la nación sudamericana.
Sin embargo, su escogencia sólo tiene explicación desde una perspectiva política, tal vez como una forma de empoderarla y apadrinarla para sacar del poder a un hombre que ciertamente se ha vuelto odioso en el control del Estado, Nicolás Maduro, pero que no hay forma de justificar una intervención armada.
Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque en este caso habría que preguntarse, pero cuál ha sido la obra de esta mujer en términos de paz en Venezuela, la cual no se observa a simple vista, a menos que no sea por la razón indicada más arriba.
Empero, todo indica que la escogencia de la política venezolana fue mucho mejor opción que Donald Trump, quien ha hecho trizas los logros de los Estados Unidos en términos de derechos fundamentales.
Trump, que aspiraba a ser escogido como Nobel de la Paz, hubiera resultado tan contraproducente que, si hubiera sido elegido, entonces habría que hablar de un nuevo código comunicacional, ya que este mandatario de la nación más poderosa del mundo lo único que ha hecho es crear una tensión mundial con su política de aranceles y la persecución en violación de su propia constitución con la vulneración de los derechos de los inmigrantes, lo cual es contrario a la paz.
De manera, que la escogencia de María Corina Machado, es un mal menor para el descrédito que le podría o que ya afecta al Premio Nobel de la Paz con la desacertada decisión adoptada, ya que acumula en el otorgamiento del premio otros desaciertos tal vez peores que el de ahora.
Si se midieran objetivamente los aportes a la paz de María Corina Machado, la verdad que no se ve ninguno, aunque podría ser que el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, por lo menos en este caso, luce no estar asociado semánticamente con el término que le da su razón de ser.
No hay un vínculo que justifique la decisión, porque el jurado que ha hecho la selección le ha hecho aparentemente un flaco servicio al Premio Nobel de la Paz, que todavía goza de cierto prestigio y credibilidad mundial.
La escogencia de Machado como Premio Nobel de la Paz fue supuestamente por mantener «viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad», lo cual no sé si se ajusta a los objetivos a partir del título del mismo
La excandidata presidencial fue elogiada por ser una «figura clave y unificadora» en una oposición que antes estaba profundamente dividida frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, pero ello no es suficiente para conceder semejante reconocimiento.
Chairman of the Nobel Committee, Jorgen Watne Frydnes, announces that Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is the laureate of the Nobel Peace Prize for 2025, at the Nobel Institute in Oslo, Norway October 10, 2025. REUTERS/Tom Little
«En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad», apuntó Watne Frydnes. «A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten».
En declaraciones a The Associated Press, indicó que el comité pudo comunicarse con Machado justo antes del anuncio y que «fue una sorpresa».
Como se ve, la selección de Machado como Premio Nobel de la Paz, si bien ciertamente estimula a combatir regímenes de fuerza, pero que evidentemente no hay un logro concreto en términos de paz, sobre todo por los intereses envueltos en la batalla por el poder que se produce en Venezuela, independientemente de que ya Nicolás Maduro harte y canse a todo el mundo.
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia
Edmundo González, un aliado de Machado que fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones y ahora vive exiliado en España, publicó en las redes sociales un breve video en el que aparece hablando por teléfono con la opositora.
«Estoy en shock«, afirmó Machazo. «No puedo creerlo».
En un mensaje en X, González celebró la victoria de Machado calificándola como un «merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia».
El gobierno de Maduro ha perseguido de forma rutinaria a sus opositores, reales o percibidos.
Machado, que cumplió 58 años esta semana, iba a medirse a Maduro en las urnas, pero el gobierno la descalificó. González, que nunca antes se había presentado a unas elecciones, ocupó su lugar. En el período previo a los comicios hubo una represión generalizada que incluyó descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos.
La represión de la disidencia sólo aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, afín a Maduro, lo declaró vencedor a pesar de pruebas creíbles que apuntaban lo contrario.
Los resultados electorales anunciados por el Consejo Electoral provocaron protestas en todo el país a las que el gobierno respondió con fuerza y terminaron con más de 20 fallecidos. También supusieron el fin de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y varios países extranjeros, incluida Argentina y República Dominicana.
Machado pasó a la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero. Un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra González por la publicación de los resultados electorales. Él se exilió a España, donde recibió asilo.
Antes del amanecer en Caracas, con pocos vehículos aún en las habitualmente concurridas calles de la capital venezolana, algunas personas que se dirigían al trabajo expresaron incredulidad ante la noticia del premio a Machado.
«No sé qué puede hacerse con eso para mejor la situación, pero se lo merece», afirmó Sandra Martínez, de 32 años, mientras esperaba en una parada de autobús. «Es una gran mujer».
El apoyo a Machado y a la oposición en general ha disminuido desde las elecciones de julio de 2024, especialmente desde que en enero Maduro inició su tercer mandato de seis años dando paso a la decepción.
El año pasado, Machado y González fueron galardonados con el máximo galardón de la Unión Europea en materia de derechos humanos, el Premio Sájarov. Machado se convierte en la 20ma mujer en ganar el Nobel de la Paz, de las 112 personas que han sido reconocidas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de subir al Marine One al salir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington DC, el 5 de octubre de 2025ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Antes del anuncio se había especulado de forma insistente sobre la posibilidad de que el premio fuese concedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alimentada en parte por el propio mandatario y amplificada por la aprobación esta semana de su plan para un alto el fuego en la Franja de Gaza.
Preguntado por la campaña de cabildeo en torno a Trump, Frydnes respondió: «Creo que este comité ha visto todo tipo de campañas y atención mediática. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren decirnos qué es lo que, para ellos, conduce a la paz».
«Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los laureados, y esa sala está llena tanto de coraje como de integridad. Así que basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel«, agregó.
Steven Cheung, vocero de la Casa Blanca, dijo en una publicación en X el viernes por la mañana que «el presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz en todo el mundo, poniendo fin a guerras y salvando vidas (…) El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz».
El año pasado, el galardón recayó en Nihon Hidankyo, un movimiento de base de sobrevivientes japoneses de bombardeos atómicos que llevan décadas trabajando para mantener el tabú en torno al uso de armas nucleares.
El de la paz es el único de los Nobel que se otorga en Steven Cheung, vocero de la Casa Blanca,
Cuatro de los otros premios ya han sido anunciados en la capital sueca, Estocolmo, esta semana: el de medicina, física, química y literatura, mientras una buena parte de la gente se pregunta y cuál el mérito real de Machado para merecer el Nobel de la Paz.
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Doble discurso de la Junta Central Electoral (JCE) la convierte en una institución de las menos creíbles de la democracia dominicana.
Por José Cabral
No han transcurrido muchos días para que la Junta Central Electoral (JCE) adopte una posición ambigua y que genera un gran descredito en el sistema electoral dominicano y en el todo el sistema democrático, porque el órgano responsable de montar y fiscalizar las elecciones para escoger las autoridades nacionales dice una cosa hoy y otra mañana, pero siempre al margen de los principios de legalidad y de juridicidad.
Esta contradicción del órgano comicial quedó claramente concretada con su reciente declaración sobre la intención del Gobierno de reducir en un 50 por ciento de los fondos que deben ir a los partidos políticos, consignados en la ley del régimen electoral, cuya posición de la JCE la deja muy mal parada ante la sociedad.
Se reproduce textualmente parte del argumento esgrimido por la JCE ante las intenciones del Gobierno de reducir los fondos a los partidos políticos: “La Junta Central Electoral hace un llamado a las autoridades competentes y confía en que actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la sana y justa competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a dichas organizaciones políticas por el artículo 216 de la Constitución de la República Dominicana”, finaliza.
Sin embargo, en la cita textual se debe observar que su discurso se apoya en el marco constitucional y legal, pero resulta que unos días antes había contestado una intimación vía alguacil para que dijera cuál era su actitud frente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes, cuya respuesta también reproducimos para dejar sentada su contradicción cuando del manejo legal se trata de diferentes situaciones:
“ Que, en ese sentido la Junta Central Electoral es respetuosa del estado de derecho, de las decisiones que emanan de los poderes del Estado en ejercicio de sus atribuciones y, igual modo de su conocimiento , que , el accionar de la de la Junta Central Electoral se enmarca dentro del principio de legalidad, previsto de manera expresa en el artículo 4.1 de la Ley 20-23, Orgánica del régimen electoral, el cual establece lo siguiente:
1-Legalidad:”Las actuaciones realizadas por los miembros de la Junta Central Electoral, juntas electorales, colegios electorales, oficinas de gobernación de Logística Electoral en el Exterior, así como también, las realizadas en la realización de las elecciones, deberán estar sujetas a lo previsto en la Constitución de la República y la ley”.
Y agrega a seguidas la JCE, es por tales razones y en virtud de la Ley Orgánica No. 13-26, promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 26 de marzo de 2026 que derogó los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del régimen electoral, relativos a las candidaturas independientes, que no existe un fundamento legal para que este órgano se pueda pronunciar en torno al fondo de la solicitud que ha sido planteada a través de la comunicación de fecha 15 de julio de 2025 y requerida nuevamente a través del acto de alguacil No. 322/26 de fecha 17 de abril del 2026.
Como se ve, la JCE al propio tiempo que acoge implícitamente una acción del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo en franca violación de la constitución de la República con la anulación de las candidaturas independientes, desconoce la existencia de una jurisprudencia que dice totalmente lo contrario, pero que demuestra que el órgano comicial se adhiere a aquellas decisiones que vulneran la carta magna, pero la invoca para otros asuntos que tal vez no tienen la misma trascendencia para el sistema democrático.
Por lo planteado por el presidente de la JCE, Román Jáques Lirenzo, quien fue juez presidente del Tribunal Superior Electoral, parece no tener clara la fuerza de una jurisprudencia en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que vive la República Dominicana y en consecuencia se va por la parte más fácil y cómoda para él como funcionario público, escogido por el Senado, el cual es controlado por los partidos políticos, los cuales se oponen a la referida figura.
La Junta Central Electoral le da valor a lo decidido por dos órganos del Estado, como el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, que se han inclinado por desacatar la jurisprudencia sentada por la sentencia TC/0788/24, la cual consigna que pueden coexistir las candidaturas provenientes directamente de los ciudadanos y aquellas propuestas por los partidos políticos, es decir, la directa y la indirecta en virtud del mandato de los artículos 22 y 216 de la ley sustantiva de la nación.
De manera, que la JCE se ha inclinado por romper con el principio de legalidad y de juridicidad para sumarse a las actitudes de fuerza del presidente Luis Abinader y de los diputados y senadores del Partido Revolucionario Moderno y de las demás organizaciones políticas que están totalmente desacreditadas precisamente por su forma de actuar.
Del argumento de Jaques Liranzo se puede deducir que él valora mucho más las acciones ilegales del presidente Abinader y de los diputados y senadores, los cuales no tienen la facultad de interpretar la constitución de la República de forma definitiva y vinculante, cuya función sólo corresponde al Tribunal Constitucional por lo dispuesto en los artículos 184 y 185 de la carta magna y el 47 de la Ley 137-11.
Lo extraño y preocupante del doble discurso de la JCE es que hace algunos meses que intentó la aprobación de una ley para regular las candidaturas independientes sobre la base de la jurisprudencia sentado al respecto, pero que en el proyecto depositado en la Cámara de Diputados vulneraba una serie de derechos, valores y principios constitucionales, como el tridimensional de igualdad, lo que provocó una respuesta de total rechazo a las pretensiones del órgano que dice defender la democracia y trabajar para montar unas elecciones sobre la base de la equidad.
Con el proceder de la JCE y los demás actores del sistema, como son los partidos políticos y el Congreso Nacional, parece que la apuesta es por arruinar de manera definitiva el sistema democrático representativo que atraviesa por su peor crisis de legitimidad.
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Junta Central Electoral se suma a desacato de jurisprudencia del T.C. sobre candidaturas independientes.
Por José Cabral
La República Dominicana entra en el campo de la incertidumbre o el limbo legal con el desconocimiento del mandato de la carta magna que otorga la facultad al Tribunal Constitucional para interpretar las normas a los fines de someterlas al control de constitucionalidad.
Una comunicación del Pleno de la JCE pone en cuestionamiento la seguridad jurídica nacional con su respuesta a la intimación vía alguacil del Frente Cívico y Social, en la que dice que se suma a la violación mediante de la ley promulgada por el Poder Ejecutivo, la 13-26, que busca la nulidad de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
La Junta Central Electoral (JCE) ante la intimación hecha por el FCS para que el órgano del Estado que tiene la facultad de dirigir y fiscalizar el proceso electoral, mediante el cual se eligen las autoridades nacionales, anunció que se acoge al desacato de la jurisprudencia establecida por el TC a través de la cual dispone que las aspiraciones para ocupar una posición electiva en el sector público tiene las vías directa e indirecta, tal y como lo consignan los articulos 216 y 22 de la Constitución de la República.
La sentencia del TC sobre las candidaturas independientes se fundamenta en los articulos 184 y 185 de la Constitución de la República, así como en el 47 de la Ley 137-11, Orgánica del órgano extra poder, los cuales le otorgan poder para interpretar las normas que se contraponen con la carta magna, como los articulos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral, cuyo desconocimiento del rol de la alta corte deja en un limbo el regimen legal del país.
El desacato de la jurisprudencia sobre la jurisprudencia sentada por la alta corte en torno a las candidaturas independientes ha dejado claro que la democracia dominicana sólo existe en el papel, pero no en la realidad, ya que la Ley 13-26, la cual provino del Congreso Nacional y que ahora recibe el apoyo de la Junta Central Electoral, constituye un desconocimiento de la funcion que juega en materia de interpretacion el Tribunal Constitucional.
Es la segunda que vez que el el Pleno de la JCE se pone al margen del derecho constituicional, ya que la primera ocasion fue con el sometimiento al Congreso Nacional de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que violaba todos los derechos, valores y principios fundamentales que ha hecha valer el Tribunal Constitucional, incluido el de elegir y ser elegido.
La controversia generada en el país tras la emisión de la sentencia TC/0788/24, que se deriva de la interpretación del TC, facultad consignada en el artículo 47 de su ley orgánica, la 137-11, así como del 184 y 185 de la Constitución de la República, cuyo resultado fue la modificación de los textos de los artículos 156 y 157 de la carta magna, que ha dejado muy mal parada la justicia constitucional en el país.
La cuestión confirma que la Constitución dominicana no es más que un pedazo de papel que no respeta nadie y que sólo se invoca para la conveniencia de aquel que entiende que ha sido utilizada para violarle sus derechos fundamentales, cuya confrontación envuelve una serie de valores y principios, como el de elegir y ser elegido, el de legalidad, proporcionalidad, dignidad humana y pro-participación.
La decisión de la Junta Central Electoral crea un problema legal de fondo en el país en razón de que el Tribunal Constitucional en la práctica ha sido sustituido por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, lo que en consecuencia invalida todas las decisiones que provienen de este alto tribunal, porque si uno de sus fallos no tiene legalidad ni fuerza de aplicación, igualmente ocurre con los demás, lo cual equivale a su extirpación del sistema jurídico nacional.
En los actuales momentos el TC ha quedado sin legitimidad para operar en el país y en esas condiciones debe ser eliminado de la vida nacional, a los fines de que la nación sea dirigida y controlada por un régimen de fuerza como en los tiempos de la dictadura trujillista, ya que no es la primera sentencia desacatada de las emitidas en virtud de su facultad interpretativa otorgada por el artículo 47 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional.
La aprobación en el Congreso Nacional de la Ley 13-26, la cual implica una interpretación para la que no tienen la facultad los diputados y senadores, y su posterior promulgación por parte del presidente Abinader, indica que estos órganos han dictado la muerte de la democracia nacional y han promovido la imposición de un régimen de fuerza.
Las decisiones del Senado y la Cámara de Diputados, así como del Poder Ejecutivo, conllevan que no puedan hablar de golpe de Estado si algún sector se revela y depone por la fuerza a las autoridades nacionales, ya que la Constitución en la práctica no existe, porque ha sido eliminada por los que deben velar por su cumplimiento
La irregular situación impone que el TC sea disuelto y que las sentencias emitidas sobre el principio de igualdad y de otros valores y principios fundamentales deben ser anuladas para que el país regrese a las violaciones que contenían las mismas y que se creen las vías que se entiendan más atinadas para la defensa de sus intereses y para que se elimine en el país el llamado Estado Social Democrático y de Derecho, establecido en el artículo 7 de la carta magna y que se establezca por ley que en el país se impone el más fuerte en desconocimiento de los avances logrados tanto en el derecho interno como en el externo.
No es la primera vez que la Junta Central Electoral incurre en una acción inconstitucional e ilegal en lo que respecta a la violación de derechos, valores y principios fundamentales, ya que en una ocasión anterior sometió un proyecto de ley al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados que no respetó su propia legalidad y que también vulneró la facultad del TC de emitir sentencias interpretativas.
El órgano comicial ha dejado demostrado que no responde a los intereses del ciudadano dominicano y mucho menos de la democracia, sino de los partidos políticos, por lo que nunca ha hecho el menor esfuerzo para establecer un control para que prevalezca la transparencia de estas organizaciones en el manejo de fondos públicos como lo manda el artículo 216 de la carta magna y la Ley 33-18.
Si el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la Republica, y la Junta Central Electoral se han puesto de acuerdo para quitarle la facultad que tiene el TC de interpretar las normas que violan la Constitución como la que se refiere a las candidaturas independientes, entonces se puede decir que todas las decisiones del órgano extra poder tampoco tienen validez y que debían ser eliminadas del ordenamiento jurídico nacional.
Pero además con las acciones ilegales de los órganos anteriormente citados, que le quitan validez a una parte de la ley sustantiva de la nación, igual se supone que debe ocurrir con los artículos, como el 124, que se refiere a la elección presidencial, porque si una cosa es ilegal la otra también.
Se asume que, si una parte de la Constitución no tiene validez por la actitud de fuerza de algunos actores del sistema, incluido el presidente de la República, lo mismo debe ocurrir con el texto íntegro de la carta magna, ya que no puede haber una lectura parcial de lo que dispone la misma, lo que acerca mucho más a los Estados dominicano y haitiano en lo que respecta a su existencia de derecho, pero no de hecho, es decir, que sólo existen en el papel, pero no en la práctica, lo que los convierte en no viables o fallidos.
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Desdemocratización del mundo impacta a R.D. en era Trump que cuestiona orden multilateral y derecho jurídico interno y externo .
Por José Cabral
La democracia global ha tenido un impacto muy severo de movimientos populistas de derecha que cuestionan el orden multilateral con postura de poder directo en el hemisferio occidental, cuya caracterización es por la polarización y por un fuerte desafío a la separación de poderes.
Los temores por el deterioro democrático en América Latina y en la protección de derechos aumentan permanentemente, ya que se busca reconfigurar en la región una imagen de derecha sobre la base de la política del garrote, lo cual crea preocupación sobre la estabilidad democrática de la zona.
El fenómeno ya ha hecho su impacto en la República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader ha exhibido una fuerte tendencia a apoyarse en violaciones a la Constitución para incluso descartar que en el país pueda surgir una sorpresa en el terreno electoral, es decir, que usa su poder público para favorecer la ilegalidad de los partidos políticos, incluido el suyo, el Revolucionario Moderno.
Las medidas a imagen y semejanza de la filosofía trumpista ya comienza a dejar la sensación de que el Gobierno de turno en la República Dominicana no tiene ningún temor a tomar el camino de la ilegalidad en razón de lo que ocurre en la comunidad internacional con la forma de hacer política del mandatario estadounidense.
En realidad, se trata de una lucha cultural por parte de Trump para cambiar la regla del juego a nivel internacional, cuyo principal propósito es el debilitamiento de la democracia y el orden mundial con el resquebrajamiento de los contrapesos internos y con el ataque bestial a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde la instauración de la ley mordaza a través de la colocación de publicidad a los medios de publicidad oficial hasta el desacato de las sentencias que sientan jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre las que se pueden mencionar las que tienen que ver con las candidaturas independientes, así como las referentes al servicio de agua potable y muchas otras que son violadas consuetudinariamente por los funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), las cuales sirven de ejemplos para valorar la tendencia por la ilegalidad.
El comportamiento ilegal de las autoridades nacionales tiene como motivación la filosofía trumpista, ya que las órdenes ejecutivas del jefe de Estado de la potencia del norte casi siempre implican una violación constitucional y parece no haber un mecanismo para detener el deterioro institucional que afecta a los Estados Unidos de América.
Evidentemente que Luis Abinader se ha sumado a la filosofía de gobernar de Trump, cuyo deterioro de la democracia dominicana se profundiza porque las debilidades institucionales del país siempre han representado una amenaza para el avance y el fortalecimiento del modelo de representación, pero ahora toma ribetes de alta preocupación para el dominicano consciente.
La tendencia por violar el régimen legal ahora constituye una causa para no detener un fenómeno que podría retrotraer a la sociedad dominicana a tiempos que por lo menos de percepción parecían superados.
El problema dominicano es que en el país no hay forma de someter a un juicio político a Abinader a través del mandato del artículo 83 de la Constitución, porque la iniciativa al respecto tiene que venir de la Cámara de Diputados hacia el Senado de la República, pero es que ambas son una especie de sello gomígrafo del Poder Ejecutivo.
Pero además el Congreso Nacional tiene las mismas andanzas del presidente Abinader en lo que parece ser un plan estratégico del partido oficial como una forma de obstaculizar cualquier posible cambio en el escenario electoral nacional por el descredito de la partidocracia.
En consecuencia, la era trumpista dejará huellas muy profundas en la democracia del hemisferio y el mundo, ya que las posibilidades de que esa realidad cambie lucen muy remotas por lo menos en el resto de tiempo que le queda a la administración estadounidense.
En el país todo el mundo sabe que no se respeta el precario orden institucional, cuya suma del presidente de la República, es decir, del jefe del Estado, crea un deterioro que podría hacer colapsar los pocos logros que en materia de seguridad jurídica y en lo que se refiere al Estado Social y Democrático de Derecho, que coloque la nación en un retroceso de los tiempos de las peores dictaduras que han existido históricamente.