Editorial
La Corrupción en las Cooperativas de Ahorros y Préstamos es una plaga no tan fácil de erradicar.
La sustracción de fondos en las cooperativas de ahorros y créditos es un problema endémico en la República Dominicana, porque no son pocas, sino prácticamente todas, las que han sido asaltados por una serie de personas inescrupulosas que hoy son multimillonarios sobre la base del fraude, la asociación de malhechores y otras vertientes de la corrupción generalizada que afecta al país.
Los directivos de las instituciones en referencia han hecho diabluras y nadie les ha puesto atención a las irregularidades promovidas a través de las cooperativas de ahorros y préstamos.
Hay cooperativas que tienen un capital muy grande, lo cual demuestra la viabilidad e importancia de este tipo de organizaciones sin fines de lucro.
El problema más delicado es que el IDECOOP, órgano del Estado que las rige, también se maneja con un criterio mafioso, exactamente como ocurre con todas las instituciones del sector público.
El escándalo que ha estallado en la COOP-HERRERA debe servir de punta de lanza para perseguir todas las irregularidades que se cometen en las cooperativas de ahorros y préstamos del país.
Las cooperativas se manejan como si fueran propiedad de una serie de delincuentes que las han penetrado y que las fortunas acumuladas son disfrutadas conjuntamente con sus hijos y otros familiares, porque el interés pecuniario está por encima de todo en la República Dominicana.
Una pregunta que cualquier ciudadana se haría y cómo es posible que los directivos de una cooperativa se roben dos mil quinientos millones de pesos y que el órgano regular no se dé cuenta hasta que las cosas se convierten en tan evidentes que es una vergüenza para todos.
El Instituto de Crédito Cooperativo (IDECOOP) debe iniciar desde ahora un plan para investigar hasta dónde otras instituciones de este tipo están afectadas del mismo problema, ya que estamos seguros de que son la mayoría.
Es más son prácticamente todas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, que están afectadas del mal y ante una realidad innegable deben ser investigadas absolutamente todas y si es necesario que se imponga el castigo más severo que manda la ley para, sino acabar el mal, por lo menos disminuirlo.
El fenómeno de la corrupción, que muchas veces se expresa claramente en una serie de instituciones, lo cual queda evidenciado por lo menos en este Gobierno de Luis Abinader a través de auditorías de la Contraloría General de la Nación, que parece que el propósito de la medida es consolidar una cultura de tolerancia con lo mal hecho, porque nunca hay consecuencias, ni siquiera la destitución de un funcionario que ha ejecutado mal el presupuesto que maneja, por lo que se impone que el asunto sea atacado por parte de las autoridades para adecentar la vida nacional.
Tal vez sea mucho pedir.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.
La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.
Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.
Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.
Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.
Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.
De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.
Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.
En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.
E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.
En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.
Pero no cualquier explicación.
En los diferentes momentos de la historia el país ha estado presente y multiplicándose por miles la figura del depredador, que es aquel que va al Estado con el propósito de llevarse todo lo que esté a su alcance, sin ningún tipo de miramiento.
En las últimas horas se ha producido un detonante importante de la corrupción que afecta el contrato firmado entre las compañías Transcore Latam y el Intrant, la primera presidida por el hijo del periodista Guillermo Gómez, Jochy Gómez, y la segunda por un sobrino de Freddy Beras Goico, un hombre de gran prestigio nacional.
Ya son varios los apresados por un fraude en contra del Estado que supera los mil 300 millones de pesos, el cual, de acuerdo a una auditoria de la Contraloría General de la República, está plagado de mentiras y de falsos informes.
En este caso se ha usado la modalidad más común para estafar al Estado y es través del llamado pliego de condiciones, cuyo mecanismo permite que el presupuesto de una obra pública pase de 100 millones a miles de millones de pesos.
El contrato del Intrant con la Transcore Latam para dotar de semáforos al Gran Santo Domingo no escapa a este tipo de manipulación y fraude.
Un aspecto que complica este caso es el hecho de que los que tenían la responsabilidad de ejecutar el referido contrato incurrieron en la comisión de un sabotaje con la sacada de operación de estos aparatos que están colocados en una buena parte de la capital dominicana.
Es en realidad un acto criminal que merece el más fuerte de los castigos, porque parece que se buscaba generar una desgracia de gran magnitud a través de un caos y los accidentes de tránsito que tal maniobra podían provocar.
En este caso como en otros tantos juega un papel de primer orden el partidarismo político, porque no hay que ser un genio para saber que José Angel Gómez Canaán (Jochy) ha conseguido ese contrato, incluido otro con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, por la influencia de su padre, el periodista Guillermo Gómez.
Ello así, porque Jochy Gómez es un personaje muy controversial, involucrado en una serie de acciones que a ningún gobierno lo quisiera tener cerca, pero evidentemente que la influencia de su padre rompe fronteras.
Ahora falta ver cuál será el manejo que se le dará al caso, ya que el padre del involucrado en el fraude ya anunció el inicio de su ofensiva a través del programa de televisión “Aeromundo”, el cual estuvo al servicio por años en favor del PRM