El patrimonio público no pertenece al Gobierno de turno, al funcionario que administra una institución ni al partido político que circunstancialmente ejerce el poder.

Pertenece a la sociedad.

Esta afirmación, aparentemente elemental, constituye uno de los principios fundamentales sobre los cuales debe descansar una democracia auténticamente institucional.

Sin embargo, nuestra historia política obliga a reconocer que durante demasiado tiempo ha sobrevivido una concepción patrimonialista del Estado: la idea de que alcanzar una posición de poder puede proporcionar derecho a disponer de los recursos públicos como si fueran patrimonio particular.

Esa cultura debe terminar.

La corrupción no puede continuar analizándose exclusivamente por la cantidad de dinero presuntamente sustraído. Su verdadero costo alcanza dimensiones mucho mayores.

Cuando se desvían recursos públicos, pierde el hospital que necesita medicamentos, la escuela que requiere mejores condiciones, la comunidad que espera una carretera, el ciudadano que necesita seguridad y la familia que depende de servicios estatales eficientes.

Pero pierde también la democracia.

Cada escándalo de corrupción que queda sin esclarecer, cada irregularidad que no recibe respuesta institucional y cada manifestación de impunidad —real o percibida— erosiona la confianza de los ciudadanos.

Y ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente sin confianza.

La República Dominicana necesita consolidar una cultura en la cual administrar recursos públicos sea entendido como una responsabilidad temporal y rigurosamente fiscalizada, nunca como una oportunidad de enriquecimiento.

Eso requiere instituciones fuertes, transparencia, controles efectivos, rendición de cuentas y una justicia capaz de investigar y juzgar con independencia.

Pero también exige prudencia.

Combatir la corrupción no significa condenar anticipadamente a quien es investigado. El debido proceso y la presunción de inocencia deben respetarse siempre.

La democracia debe ser suficientemente fuerte para combatir simultáneamente la corrupción y la arbitrariedad.

No necesitamos persecuciones políticas disfrazadas de justicia, pero tampoco necesitamos impunidad disfrazada de garantías.

Necesitamos instituciones.

También corresponde a la sociedad abandonar aquella tolerancia cultural que relativiza la apropiación de recursos públicos dependiendo de quién la cometa.

La corrupción no puede parecernos grave cuando involucra al adversario y justificable cuando beneficia al aliado.

El patrimonio público no tiene colores partidarios.

Cada peso administrado por el Estado procede directa o indirectamente del esfuerzo colectivo y debe regresar a la sociedad convertido en servicios, infraestructura, seguridad, educación, salud y oportunidades.

Por eso, proteger el patrimonio público significa mucho más que proteger dinero.

Significa proteger la democracia.

La República Dominicana debe aspirar a una institucionalidad donde quien llegue al Estado comprenda desde el primer día una verdad que nunca debió ponerse en discusión:

el poder es temporal, pero el patrimonio público pertenece permanentemente al pueblo dominicano.

La reducción de determinados indicadores de criminalidad constituye una noticia alentadora para la República Dominicana. Cuando disminuyen los homicidios, los robos y otros hechos delictivos, el país tiene razones para reconocer los resultados de las políticas públicas que han contribuido a mejorar la seguridad ciudadana.

Pero sería un error confundir una mejoría estadística con la solución definitiva del problema.

La violencia continúa manifestándose de múltiples maneras en nuestra sociedad. Está presente en las calles, pero también detrás de las puertas de muchos hogares. Aparece en las riñas, en los conflictos vecinales, en la violencia intrafamiliar y de género, en las amenazas, en el maltrato psicológico, en el abuso sexual y en situaciones aparentemente cotidianas que pueden terminar convertidas en tragedias.

Por eso, hablar de violencia en la República Dominicana exige mirar más allá de las cifras.

Cada homicidio representa una vida perdida. Cada mujer agredida representa una persona cuya integridad y dignidad han sido vulneradas. Cada niño que crece presenciando violencia en su hogar corre el riesgo de asumir como normal una conducta que nunca debe serlo. Y detrás de cada familia afectada queda una huella que las estadísticas difícilmente pueden reflejar.

El país necesita continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las demás instituciones responsables de garantizar la seguridad y perseguir el delito. Sin embargo, la actuación represiva, aunque necesaria, llega generalmente después de que el conflicto se ha producido.

El verdadero desafío está también en prevenir.

Prevenir significa identificar oportunamente a una mujer amenazada antes de que se convierta en una víctima mortal. Significa intervenir en comunidades donde los conflictos de convivencia comienzan a escalar. Significa retirar armas ilegales de las calles, pero también enseñar a nuestros jóvenes que una diferencia no se resuelve mediante una agresión.

La prevención comienza en la familia y continúa en la escuela, la comunidad, los clubes deportivos, las iglesias, las organizaciones sociales y los medios de comunicación.

Necesitamos enseñar desde edades tempranas el respeto por la vida, la tolerancia, el manejo de las emociones y la resolución pacífica de los conflictos. Pero también debemos ofrecer oportunidades reales de educación, empleo, deporte, cultura y desarrollo a los jóvenes que viven en comunidades vulnerables.

No podemos reclamarles paz a nuestros barrios mientras abandonamos las condiciones sociales que contribuyen a generar desesperanza, exclusión y violencia.

Igualmente preocupante resulta la normalización de determinadas conductas. Los insultos, las amenazas, los celos extremos, el control económico y la agresión psicológica todavía son minimizados en algunos hogares hasta que la situación alcanza niveles irreversibles.

La violencia nunca debe considerarse una demostración de amor, autoridad, hombría o respeto.

Una sociedad que desea disminuir verdaderamente sus niveles de violencia necesita aprender a reconocer sus primeras señales.

También corresponde al Estado garantizar que una persona que decide denunciar encuentre instituciones capaces de escucharla, protegerla y responder oportunamente. La confianza ciudadana resulta indispensable: cuando una víctima siente que denunciar no producirá ninguna consecuencia, el silencio termina convirtiéndose en otro aliado del agresor.

República Dominicana ha conseguido avances importantes en materia de seguridad. Esos resultados deben preservarse y profundizarse. Pero nuestra aspiración nacional no puede limitarse a reducir una tasa de homicidios.

Debemos proponernos algo mucho más ambicioso: construir una cultura de convivencia y respeto por la vida.

Eso requiere una política de Estado sostenida en el tiempo, independientemente de los gobiernos de turno. Requiere instituciones eficientes, justicia oportuna, prevención comunitaria, educación, oportunidades y participación ciudadana.

La seguridad no es responsabilidad exclusiva de la Policía ni la violencia puede combatirse solamente desde los tribunales.

Es una responsabilidad compartida.

El Estado debe proteger. La justicia debe actuar. Las comunidades deben prevenir. Las familias deben educar. Los medios debemos contribuir a crear conciencia. Y cada ciudadano debe comprender que ninguna diferencia justifica poner en peligro la integridad o la vida de otra persona.

Las estadísticas pueden decirnos cuánto hemos avanzado.

La verdadera transformación llegará cuando una sociedad más segura pueda medirse no solamente por la cantidad de delitos que disminuyen, sino por la cantidad de conflictos que logramos evitar antes de que terminen en tragedia.

Ese debe ser el próximo gran objetivo de la República Dominicana.

Las asociaciones sin fines de lucro cumplen una función que muchas veces pasa inadvertida hasta que una comunidad necesita asistencia, un joven requiere una oportunidad, una familia necesita apoyo o un proyecto social busca recursos para convertirse en realidad.

En la República Dominicana, estas organizaciones están sometidas a normas que regulan su constitución, funcionamiento, obligaciones fiscales y transparencia. Por tanto, resulta razonable que las entidades bancarias verifiquen quiénes las dirigen, de dónde proceden sus recursos y cuál será el destino del dinero que manejarán.

Lo que no resulta razonable es que la necesaria debida diligencia se transforme en una carrera interminable de requisitos, documentos adicionales, verificaciones sucesivas y prolongados períodos de espera que dificulten a una entidad legítimamente constituida acceder a una cuenta bancaria.

La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo constituye una responsabilidad ineludible del sistema financiero. Los bancos no solamente tienen derecho a conocer a sus clientes: tienen la obligación de hacerlo.

Pero esa responsabilidad tampoco debería convertirse en una justificación automática para tratar a todas las asociaciones sin fines de lucro como si representaran, por su propia naturaleza, una amenaza para el sistema financiero.

Controlar no significa excluir.

Ahí radica precisamente el equilibrio que debe procurar el sistema bancario dominicano.

Una asociación que presenta su documentación constitutiva, Registro Nacional de Contribuyentes, estatutos, nómina de miembros, autoridades vigentes, identificación de sus representantes, autorización para abrir la cuenta y documentación razonable sobre el origen y destino de sus fondos debe ser evaluada conforme a criterios objetivos y proporcionales a su verdadero nivel de riesgo.

No debería resultar normal que, después de entregar un expediente, aparezca un nuevo requisito; y después de cumplir ese requisito, otro más, sin que la organización tenga certeza sobre cuándo concluirá el proceso.

Tampoco parece coherente exigir formalización y transparencia a las organizaciones sociales mientras simultáneamente se dificulta su incorporación al principal mecanismo existente para garantizar precisamente esa transparencia: el sistema bancario.

Una cuenta institucional permite identificar ingresos y egresos, establecer quién realizó una transferencia, conocer quién recibió determinados recursos y mantener registros financieros susceptibles de fiscalización.

En otras palabras, bancarizar una asociación legítima también contribuye a combatir la informalidad y el lavado de activos.

Obligarla indirectamente a manejar determinadas operaciones fuera del sistema financiero produciría exactamente el efecto contrario.

Existe, además, una cuestión de proporcionalidad.

No puede evaluarse de la misma manera una pequeña asociación comunitaria que recibe aportes modestos para actividades sociales que una organización que administra grandes cantidades de recursos procedentes de diferentes jurisdicciones internacionales.

El riesgo debe evaluarse.

No presumirse.

Las entidades bancarias necesitan protegerse y proteger al país frente a operaciones ilícitas. Eso es indiscutible. Pero las organizaciones legalmente constituidas también necesitan seguridad jurídica, procedimientos previsibles y respuestas dentro de períodos razonables.

Cuando una cuenta bancaria se retrasa injustificadamente, detrás del expediente puede quedar detenido un programa educativo, una ayuda médica, una donación internacional, un proyecto deportivo, una iniciativa cultural o una asistencia destinada a ciudadanos vulnerables.

Por eso este problema trasciende la relación privada entre una ONG y una entidad financiera.

Tiene una dimensión social.

La Superintendencia de Bancos y las instituciones correspondientes deberían continuar procurando que los mecanismos de debida diligencia sean rigurosos, pero también suficientemente claros y proporcionales para evitar que el cumplimiento regulatorio termine produciendo exclusión financiera.

Sería conveniente avanzar hacia procedimientos en los que las asociaciones conozcan desde el principio cuáles son los documentos fundamentales que deberán presentar, qué información adicional puede requerirse dependiendo de su perfil de riesgo y cuáles son los mecanismos disponibles cuando el proceso se prolonga excesivamente.

También las asociaciones deben asumir su responsabilidad.

Ser una entidad sin fines de lucro no significa estar exenta de controles. Deben mantener actualizados sus registros, identificar correctamente a sus directivos y beneficiarios finales cuando corresponda, documentar sus fuentes de financiamiento, conservar comprobantes y garantizar que cada peso recibido pueda ser explicado.

La transparencia debe exigirse en ambas direcciones.

Las organizaciones deben transparentar sus recursos y los bancos deben procurar que sus procedimientos sean claros, objetivos y proporcionales.

La República Dominicana necesita un sistema financiero fuerte frente al lavado de activos, pero también necesita una sociedad civil fuerte.

Una cosa no debe construirse sacrificando la otra.

La debida diligencia debe identificar riesgos reales, no levantar barreras generales.

Porque cuando una organización cumple con la ley, demuestra quiénes son sus responsables, acredita la procedencia legítima de sus recursos y explica el propósito de sus operaciones, el sistema debería facilitar su incorporación formal, sometiéndola a la vigilancia que corresponda, en lugar de empujarla hacia la exclusión.

La lucha contra el dinero ilícito requiere controles.

La democracia y el desarrollo social requieren organizaciones capaces de funcionar.

El verdadero desafío consiste en garantizar ambas cosas.

Control sí. Transparencia, toda la necesaria. Pero exclusión financiera injustificada, no