Editorial
La Corrupción en las Cooperativas de Ahorros y Préstamos es una plaga no tan fácil de erradicar.
La sustracción de fondos en las cooperativas de ahorros y créditos es un problema endémico en la República Dominicana, porque no son pocas, sino prácticamente todas, las que han sido asaltados por una serie de personas inescrupulosas que hoy son multimillonarios sobre la base del fraude, la asociación de malhechores y otras vertientes de la corrupción generalizada que afecta al país.
Los directivos de las instituciones en referencia han hecho diabluras y nadie les ha puesto atención a las irregularidades promovidas a través de las cooperativas de ahorros y préstamos.
Hay cooperativas que tienen un capital muy grande, lo cual demuestra la viabilidad e importancia de este tipo de organizaciones sin fines de lucro.
El problema más delicado es que el IDECOOP, órgano del Estado que las rige, también se maneja con un criterio mafioso, exactamente como ocurre con todas las instituciones del sector público.
El escándalo que ha estallado en la COOP-HERRERA debe servir de punta de lanza para perseguir todas las irregularidades que se cometen en las cooperativas de ahorros y préstamos del país.
Las cooperativas se manejan como si fueran propiedad de una serie de delincuentes que las han penetrado y que las fortunas acumuladas son disfrutadas conjuntamente con sus hijos y otros familiares, porque el interés pecuniario está por encima de todo en la República Dominicana.
Una pregunta que cualquier ciudadana se haría y cómo es posible que los directivos de una cooperativa se roben dos mil quinientos millones de pesos y que el órgano regular no se dé cuenta hasta que las cosas se convierten en tan evidentes que es una vergüenza para todos.
El Instituto de Crédito Cooperativo (IDECOOP) debe iniciar desde ahora un plan para investigar hasta dónde otras instituciones de este tipo están afectadas del mismo problema, ya que estamos seguros de que son la mayoría.
Es más son prácticamente todas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, que están afectadas del mal y ante una realidad innegable deben ser investigadas absolutamente todas y si es necesario que se imponga el castigo más severo que manda la ley para, sino acabar el mal, por lo menos disminuirlo.
El fenómeno de la corrupción, que muchas veces se expresa claramente en una serie de instituciones, lo cual queda evidenciado por lo menos en este Gobierno de Luis Abinader a través de auditorías de la Contraloría General de la Nación, que parece que el propósito de la medida es consolidar una cultura de tolerancia con lo mal hecho, porque nunca hay consecuencias, ni siquiera la destitución de un funcionario que ha ejecutado mal el presupuesto que maneja, por lo que se impone que el asunto sea atacado por parte de las autoridades para adecentar la vida nacional.
Tal vez sea mucho pedir.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.