Opinión
Las preguntas en La Semanal Presidencial
Oscar López Reyes
Una cifra apreciada de pobladores cree, sostenidamente, que los periodistas que cada lunes acuden a La Semanal con el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional, van a acomodarle la silla y formularle preguntas generosas, cruzando arroyos sin nadar, como ositos mansos y tolerantes, para que toque la Quinta Sinfonía de Beethoveen. En las transmisiones (video y audio en vivo por internet o streaming), a los receptores se le presenta el chance de verificar si ciertamente ellos portan audífonos con baterías potentes o sulfatadas.
Como prueba al canto, el conversacional público del jefe de Estado con periodistas no se encuadra en un guion, con interrogantes elaboradas por los estamentos de relacionamiento oficial, como para que el mandatario pueda levantar un elefante con una sola mano. No. Son libres, como el vientecillo que arrulla los frontispicios del edificio neoclásico -inaugurado el 16 de agosto de 1947- escenario del acercamiento septenario.
Antes de las 5 de la tarde, el primer ejecutivo de la Nación sube a la ancha y larga tarima y se sitúa frente a un pódium en el Gran Salón de las Cariátides que, en sus 600 metros cuadrados, embelesa con sus 24 esculturas femeninas de mármol (cariátides) y 26 espejos en molduras de caoba y cornisas de oro.
En dos micrófonos chiquitos, la autoridad superior del país informa el tema a tratar, que ya ha sido documentado por la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), que también lo ilustra sobre las potenciales interpelaciones en función de los tópicos que están en el tapete.
El presidente de la República empieza leyendo un texto, apoyado por imágenes desde una pantalla, con dos cámaras televisivas emplazadas a sus diestras. A su frente se ubican unos 40 periodistas, que cubren la fuente del Palacio Nacional; productores de TV, radio, digitales y articulistas. En el fondo (zona Oeste) se estacionan unos 20 camarógrafos de medios, que rara vez se sirven el café y el agua dispuestos a la entrada del salón.
A su izquierda (franco Sur) se sientan altos funcionarios invitados que se pronuncian con retóricas en su buen desempeño, pero la mayoría de esos burócratas parece como si quiméricamente han ido a agarrar caracoles, porque se tragan las palabras con sus cerebros fijados con prudencia hacia los balcones, pisos pulidos de caoba y lámparas de cristal. También se posicionan invitados especiales, como estudiantes, deportistas y socorristas.
Los periodistas no usan camuflajes y, para despejar su condición de vampiros, cuando les toca el turno dialogante se identifican con sus nombres y los medios que los acreditan y, sin gritar como el pasajero de un autobús, interaccionan improvisadamente, lejos de pautas estatales. Como termómetro de lo antes dicho, chequee usted que, corrientemente, el presidente de la República bromea y enmienda la plana a periodistas ante malentendidos o si se tornan imprecisos o -muy contadas veces-, insolentes.
Con el buen temperamento de un galán que se recrea en el parque, el piloto-protagonista trasbordo no pierde el hilo en su plática, en la cual, por lo general, no muestra adversidad. Excepcionalmente, su lenguaje corporal destella cierta sorpresa oculta, y contesta con precisión y seguridad. Con frecuencia solicita a funcionarios acompañantes con expertis en el tema focalizado para que amplíen los cuestionamientos, y cuando está distante la respuesta, promete investigar el presumido contratiempo señalado.
Un estorbo de La Semanal son los señalamientos precedidos por discursos cansones, que se apartan de las reglas académicas periodísticas, porque dislocan en la insustancialidad y consumen minutos. También han sido vedadas -condicionadamente- la referencia de asuntos de naturaleza político-electoral, que son inconvenientes en este conglomerado politizado.
Por igual, dificulta que un periodista suelte dos y tres indagaciones, que pudieran enredar al entrevistado -que hace anotaciones muy breves y refleja buena retentiva- y quitan la oportunidad a otros colegas para intervenir, particularmente para los que cubren la fuente palaciega, que son los más dinámicos e interesantes de La Semanal.
Cuando el presidente Abinader Corona termina la exposición de la cuestión central, se abre el turno de las consultas, con una duración de más o menos 30 minutos, y que versa sobre el leitmotiv enfocado y otros de relevancia nacional. Los periodistas elevan entre 10 y 12 averiguaciones, que son de curiosidad colectiva o del órgano de prensa que representan.
La Semanal, que ha pasado a ser el pilar troncal de la política de comunicación del Gobierno, ha tenido un impacto significativo y son muchos los dominicanos que esperan las 4:30 de la tarde de cada lunes para conectarse con el canal de YouTube y las cuentas de Facebook, X e Instagram de la Presidencia, así como otras plataformas digitales, Radio Televisión Dominicana y uno que otro canal privado.
Cuatro jefes de Estado de América Latina banderean como novedosa estrategia de gobernanza conversatorios mediáticos, para ilustrar a la comunidad con transparencia informativa sobre sus ejecutorias. El primero fue “Las Mañaneras” (todos los días a las 7 de la mañana, desde el Palacio Nacional) de José Manuel López Obrador, presidente de México, desde el tres de diciembre de 2018, continuado ahora por su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.
El segundo proyecto fue iniciado por Abinader el 28 de agosto del 2023-; el tercero- desde el 18 de julio de 2024- está a cargo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien cada jueves efectúa una rueda de prensa, a partir de las 8:30 de la mañana, en el auditorio del presidencial Palacio de las Garzas. El cuarto ha sido la Conferencia Semanal de Prensa del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, los miércoles a las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno.
El presidente Abinader ha asumido con tanto compromiso su Semanal con la Prensa que evade otras actividades oficiales para no interrumpirla. La de mayor suspenso se puso sobre el carril el 22 de septiembre de 2025, con una duración de siete minutos y 48 segundos, porque tenía que viajar a Nueva York para participar en una cena oficial en el ámbito del programa de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El apresuramiento no permitió ni una sola interrogante, ni que se tomaba su acostumbrada botellita de agua.
¿Es susceptible que La Semanal sea mejorada y relanzarla?
Lógicamente que sí. Por ese discernimiento, he aquí 8 recomendaciones:
1.- Que la última pregunta sea hecha al jefe de Estado, de manera remota, por un ciudadano humilde, que se identifique y diga en cuál pueblo o sector de la capital se encuentra.
2.- Que en la Semanal sean invitados periodistas especializados en economía, educación, salud, agropecuario, ecología, deporte, sociales y espectáculos, cuando sean tratadas temáticas concernientes a esos campos.
3.- Que en el interior/exterior sean los periodistas residentes los únicos que planteen incógnitas, como ocurrió en La Semanal de Santiago del 29 de septiembre de 2025. Estos reporteros y analistas, que representan a medios locales y nacionales, son los que conocen a fondo los rompecabezas de sus comunidades.
4.- Que los periodistas hagan preguntas directas y breves, sin recuentos redundantes, que son un menoscabo de tiempo.
5.- Que antes de formular preguntas, algunos se edifiquen bien y se aseguren lo que van a preguntar, para no ponerlos en la sustantividad.
6.- Que el presidente de la República cite por sus nombres, apellidos y cargos a los funcionarios que le acompañan, y no informalmente, para que los que presencian por distintas plataformas sepan de quién se trata.
7.- Que el gobernante responda una sola pregunta por cada expositor, para evitar que se explayen hasta con tres interpelaciones, y que no se entrecruce la estructura lineal del mensaje de contestación.
8.- Que en cada Semanal sean invitados articulistas y delegaciones de periodistas de provincias.
La Semanal dejó de ser bisoño, y ha navegado impactando en un mar de leva, con soplos huracanados por los cuatro costados. No entraña una sobreexposición del presidente de la República, y se tiende como un momento para hacer aclaraciones y prevenir rumores y malas interpretaciones.
Al árbol que da frutos se le tira piedras, y a los adversarios el triunfo incomoda y empuja hacia el ataque. En el camino, los huecos se van rellenando, hasta que la paloma abra el pico y coma con más facilidad.
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El autor: Presidente Asoc. Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep)
y expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y Asoc. Escuelas
de Comunicación Social (AdecomRD).
Por Oscar López Reyes
Los cuerpos, objetos y dispositivos muy óptimos y virtuosos cobijan en sus entrañas, como ley del pensamiento lógico, sus bemoles. En ese prisma se entroniza, con su dualidad, la Inteligencia Artificial (IA), que parangona la filosófica tradición china del Yin (oscuridad/pasividad) y el Yang (luz/dinamismo).
Tocante a la IA, los planificadores del actual y el próximo gobierno jamás deben dejarse atrapar por el pregonado absolutismo y la saturación de un bombo que agobia. El poderío de las tecnológicas transnacionales apabulla en perspectiva del déficit de equilibrio y la subjetividad valorativa de los técnicos gubernamentales de naciones de las periferias, en la marginalidad filosófica.
El exceso de positividad y la aireada bondad coloca a la IA, inadvertidamente, en una pendiente enjabonada. Para robustecer este criterio, imperioso es estudiar la historia de la ética, fundado en las apreciaciones de filósofos de la estatura de Aristóteles (384-322 a.C), Sócrates (469-399 a.C.) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), quienes advirtieron que la superabundancia perjudica y despoja valor, son insostenibles y procrean dependencia emocional.
Concerniente a los gobiernos y la IA, focalicemos apenas tres componentes, que voy a denominar las tres D: Deshumanización, desprotección y desplazamiento. Divisemos:
1.- Deshumanización de la administración pública.
La automatización de los servicios gubernamentales, la gestión de expedientes y la toma de decisiones administrativas mediante algoritmos inteligentes entraña riesgos para la transparencia, la equidad y la responsabilidad institucional. Derrumbaría tanto empeño y valentía por la penalidad de la conducción estatal 2020-2028.
En la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada el 12 de octubre de 2023, procura modernizar los servicios ciudadanos y transformar los modelos de trabajos productivos. Empero, delegar decisiones sensibles a sistemas automatizados, sin suficiente vigilancia humana, podría reproducir sesgos, vulnerar derechos y dificultar la identificación de los responsables de actuaciones perjudiciales.
¿Quién respondería ante una determinación o disposición algorítmica que niegue injustamente un servicio público o comprometa informaciones confidenciales?, y ¿cómo el Estado garantizaría derechos constitucionales y administrativos si estas son transferidas a la IA?
¿Debe aceptarse la sentencia de un software por encima del juicio humano? ¿Existe la presunción de la inocencia tecnológica, más cuando puede tomar decisiones devastadoras en microsegundos? En la primacía de las “cajas negras” (nadie sabe de dónde salen las informaciones de la IA), ¿quién explica y dónde se apelan los dictámenes?
El progreso tecnológico exige, terminantemente, controles éticos, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas que impidan sustituir el juicio humano por la opacidad de las máquinas.
2.- Desprotección ante el cibercrimen
El acelerado perfeccionamiento de la inteligencia artificial multiplica las posibilidades de sofisticación del fraude electrónico, la suplantación de identidades, la falsificación de voces y los ataques contra sistemas informáticos. Bancos, hospitales, instituciones públicas y empresas privadas quedan expuestos a modalidades delictivas capaces de comprometer informaciones confidenciales y perturbar servicios esenciales.
En la República Dominicana, el Decreto núm. 313-22 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, orientada a fortalecer la protección del ciberespacio y la resiliencia de los sistemas digitales. La amenaza se torna más inquietante ante algoritmos que pueden facilitar engaños personalizados y acelerar determinadas operaciones maliciosas.
¿Están las instituciones y los ciudadanos suficientemente preparados para reconocer y enfrentar ataques cada vez más difíciles de detectar? La seguridad tecnológica deja de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en una exigencia de protección económica, institucional y nacional.
3.- Desplazamiento educativo y laboral
La irrupción de la IA en las aulas escolares y universitarias, dependencias gubernamentales y centros productivos amenaza con profundizar las desigualdades entre quienes dominan las nuevas herramientas tecnológicas y aquellos que permanecen rezagados. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, publicado en julio de 2024, estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos de América Latina y el Caribe podrían verse expuestos a la inteligencia artificial generativa, mientras que entre el 2 % y el 5 % enfrentarían riesgos de automatización completa.
Estas proyecciones regionales plantean interrogantes para la República Dominicana, donde la formación docente, la actualización curricular y la capacitación de los trabajadores adquieren creciente relevancia.
El peligro no reside únicamente en la sustitución de determinadas tareas, sino también en la ampliación de la brecha entre los ciudadanos preparados para aprovechar la revolución tecnológica y quienes carecen de competencias y recursos digitales. ¿Podrán los sistemas educativos formar profesionales para ocupaciones que se transforman a una velocidad superior a la actualización de sus conocimientos?
Además de la ampliación de estas brechas, en la esfera profesional (periodistas, abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc.) estos riesgos laborales y profesionales son conocidos como “opacidad laboral” y “atrofia cognitiva”. Dejan de pensar y actúan como robot humano. Sin trabajo, porque fueron desplazados por la IA, ¿habrá menos empleo remunerativo? ¿se reducirá el poder adquisitivo de obreros y profesionales? ¿bajará el cobro de impuestos?
A fin de cuentas y como la IA aporta y añade valor y, sin capacidad aún para testificar ante un juez, bajo la sutil persuasión está siendo impuesta por los poderes hegemónicos, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la reconversión laboral se encadenan como desafíos impostergables para evitar nuevas modalidades de exclusión económica y social.
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Fuentes utilizadas:
1. Deshumanización de la administración pública
Fuente 1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)
Institución: Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). 2023.
Documento: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Dominicana.
Utilidad: Sustenta los esfuerzos nacionales de incorporación de la IA, modernización del Estado y transformación digital de los servicios públicos.
Fuente 2. Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales
Institución: Congreso Nacional de la República Dominicana. 2013.
Documento: Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales.
Utilidad: Fundamenta la necesidad de proteger la información ciudadana frente al procesamiento automatizado de datos.
2. Desprotección ante el cibercrimen
Fuente 3. Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Institución: Presidencia de la República Dominicana. 2022.
Documento: Decreto núm. 313-22, que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Utilidad: Respalda el análisis sobre protección de infraestructuras críticas, prevención de ataques informáticos y fortalecimiento de la seguridad digital del país.
3. Desplazamiento educativo y laboral.
Fuente 4. La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe
Instituciones: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Banco Mundial. 2024.
Documento: La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe: ¿La brecha digital es un amortiguador o un cuello de botella?
Utilidad: Fundamenta las estimaciones regionales sobre exposición laboral a la IA generativa, transformación de tareas y riesgos de automatización.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
Por Isaias Ramos
El ministro de Turismo afirmó, según las crónicas publicadas el 24 de octubre de 2026, que el turismo vive su mejor momento y sostiene cerca del 50 % del crecimiento económico nacional. También sostuvo que la riqueza debe llegar a las comunidades. Esa promesa merece una evaluación concreta: ¿cuánto bienestar recibe la población por el patrimonio que compromete el Estado?
El Gobierno debe demostrar cuánto llega a los trabajadores, cuánto recupera el Estado y qué derechos conserva la población. Cabo Rojo permite examinar esas preguntas con cifras y documentos. Sus cuentas no representan todo el turismo dominicano, pero sí permiten evaluar las condiciones de este proyecto y el beneficio público que se promete.
Los estados financieros no auditados de Pro-Pedernales al cierre de 2025 registran RD$40,167.5 millones en aportes acumulados: RD$35,900.9 millones en terrenos, RD$3,806.6 millones en efectivo y aproximadamente RD$460 millones en mejoras, informes, tasaciones y diseño. La construcción en proceso alcanza RD$19,869.8 millones, incluidos intereses capitalizados. Son categorías contables que no deben sumarse como inversiones independientes.
El fideicomiso adeudaba RD$14,000 millones de principal al Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I y RD$1,808.9 millones de intereses. El préstamo contempla una tasa variable con mínimo anualizado del 16 % y pago al vencimiento, originalmente fijado para enero de 2027. La deuda corresponde al fideicomiso; su repercusión sobre el Gobierno central depende de las garantías y compromisos aplicables.
Aplicado a ese principal, el mínimo equivale a RD$2,240 millones anuales: RD$186.7 millones mensuales. No son pagos mensuales acreditados, sino una equivalencia que permite dimensionar la carga financiera.
Para visualizar la magnitud, planteemos un escenario: distribuir esa equivalencia mensual entre 6,750 puestos, cifra de referencia del anuncio de más de 6,750 empleos directos estimados. El resultado sería RD$27,654 por puesto, un 27 % más que el mínimo de RD$21,840 vigente desde junio de 2026 para la categoría superior de hoteles y casinos. Es una comparación ilustrativa, no el costo observado por empleo: deuda y meta laboral pueden abarcar actividades y plazos distintos. La conveniencia del proyecto requiere evaluar todos sus costos y beneficios.
La evaluación debe acreditar cuántos empleos permanentes se crean, con qué salarios y protección social, y qué ingresos generan para las familias. La falta de alternativas no justifica cualquier condición. Pedernales merece oportunidades para superar la pobreza.
En enero de 2026 se anunció que el consorcio liderado por Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular asumiría la gestión del destino. El comunicado de Grupo Puntacana menciona una inversión privada futura de una “suma significativa”, sin desglosar capital pagado ni remuneraciones por administrar. Las fuentes aquí citadas no incluyen el contrato completo con sus anexos. Eso no prueba que no exista o no se haya divulgado por otra vía; obliga a exigir acceso sencillo y verificable.
Tampoco basta con exhibir marcas financieras. SIPEN registró en junio de 2025 RD$16,049.2 millones invertidos en Desarrollo Reservas I desde fondos previsionales. No todo ese monto financia Pro-Pedernales. Sí corresponde explicar la exposición de los beneficiarios: administrar dinero ajeno no convierte ese patrimonio en capital propio.
La participación estatal mínima del 51 % prevista en la Ley 36-24 es una salvaguarda cuyo resultado depende de los contratos y derechos efectivos del Estado. Deben conocerse los votos, vetos, honorarios, operaciones con vinculados y condiciones de salida. También debe verificarse la fiscalización aplicable. El fideicomiso y la corporación son entidades distintas: sus cuentas y transferencias requieren identificación precisa.
Hay además una prueba que ningún récord turístico sustituye: el acceso a nuestras playas. El artículo 15 constitucional reconoce su dominio público y libre acceso, respetando la propiedad privada en los términos legales. Ninguna promesa de empleo justifica desconocer ese derecho. Las comunidades deben participar del desarrollo sin convertirse en extrañas en su propio territorio.
Nuestra propuesta parte de los artículos 7 y 8 constitucionales: dignidad humana, trabajo y bienestar general. Queremos turistas en nuestras calles, campos, pueblos y ciudades, generando oportunidades para comerciantes, productores y comunidades. Un turismo democrático debe pagar salarios dignos, contribuir mediante tributos y respetar el patrimonio público. Proponemos metas verificables de compras locales, formación laboral y empleo permanente; evaluar los incentivos fiscales según sus resultados, y exigir una contraprestación justa por el aprovechamiento privado de bienes públicos. El crecimiento debe ampliar oportunidades y fortalecer el patrimonio colectivo.
Ningún cargo coloca a sus titulares por encima del juicio ciudadano. Construir una imagen de éxito no responde a las preguntas sobre quién aporta el patrimonio, quién asume la deuda y quién recoge los beneficios. Proponemos un informe trimestral público con contratos, aportes efectivos, garantías, remuneraciones, auditorías y resultados sociales y fiscales, acompañado de seguimiento con participación comunitaria. La propaganda no sustituye la rendición de cuentas; la prosperidad debe poder comprobarse.
La patria no se administra como una campaña publicitaria. Se gobierna con principios, cuentas claras y respeto a quienes sostienen el país con su trabajo. La ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y decidir un rumbo distinto. Servir al pueblo es un deber; tratar el patrimonio colectivo como propiedad personal jamás será un derecho.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que una vez el Estado designado acepta ejecutar la condena de la Corte Penal Internacional, esta pena será inalterable. Salvo algunas condiciones previamente detalladas por el Estatuto, el Estado no puede modificar la condena ex oficio.
Sin embargo, en el caso de que surjan nuevas circunstancias que no existieren en el momento de aceptar la ejecución y que afectan sustancialmente los términos o duración de la pena, el Estado deberá notificar a la Corte para que esta revise la situación y, de ser necesario, transferir a la persona condenada a otro Estado.
También permite que la Corte Penal Internacional transfiera a la persona condenada a otro Estado en cualquier momento que lo considere necesario.
En resumen, se podría determinar que la ejecución de la pena de prisión es inalterable para el Estado Parte que acepta la persona condenada y esta sujeta a ser modificada solo por la Corte Penal Internacional, o consultando con la Corte de conformidad con el Estatuto de Roma.
Con relación a la fiscalización de la ejecución de las condenas y las condiciones de detención el Estatuto de Roma claramente establece que la CPI tiene primacía y es el ente con la autoridad para tomar decisiones significativas relacionadas con la ejecución de una condena.
El Estatuto también dispone que las condiciones de detención deberán regirse por el derecho interno del Estado que ejecute la condena y ¨deberá ser conforme con los estándares de los tratados internacionales sobre el tratamiento de los privados de liberta¨¨.Adicionalmente, las condiciones no podrán ni mas ni menos favorables que aquellas de los condenados nacionales.
El Estatuto de Roma confirma que la Corte Penal Internacional esta a cargo de supervisar los términos de detención, declarando inequívocamente que ¨las comunicaciones entre la persona condenada y la CPI deberán ser procuradas y confidenciales¨. El Estado deberá permitir la comunicación entre el condenado y la Corte con el fin de asegurar la implementación de esta obligación.