La legalización del fraude cometido en contra del Estado en Bahía de las Águilas confirma una vez más que los que ocupan posiciones públicas son los primeros en promover y propiciar el engaño en contra de la República Dominicana.
La decisión del Gobierno del presidente Danilo Medina indica con los hechos el caminar a seguir, la forma equivocada de manejar el Estado, disponer del patrimonio público insensatamente, imprudentemente y sin ningún tipo de escrúpulo, sin el más mínimo apego a la ética.
La forma abusiva de buscarle solución al margen de los procedimientos de ley, con la legalización del fraude, envía un mensaje muy equivocado de lo que debía ser el manejo de los recursos públicos.
La decisión del presidente Medina ha sido un total desacierto, un verdadero fiasco, el cual retrata de cuerpo entero al mandatario y sus funcionarios.
Hay una distancia abismal entre el discurso de Medina en la campaña electoral y sus acciones desde el Gobierno.
No ha tocado ni con el pétalo de una rosa a los funcionarios públicos seriamente comprometidos con la corrupción desde el gobierno leonelista.
Con la salida al caso de Bahía de las Águilas se confirma el camino escogido, hacia donde se dirige el Gobierno de Danilo Medina.
A partir de la legalización de este colosal fraude mediante un acuerdo firmado por el propio presidente Medina, queda claro el camino a recorrer, el futuro incierto que nos espera a los dominicanos.
Bahía de las Águilas es una buena carta de presentación del Gobierno danilista.
Es una patente de curso para que siga la fiesta del fraude que se encuentra por doquier en el país, mucho más allá del sector público, que involucra a gobernantes y gobernados.
La regla del juego está claramente definida, porque así lo han determinado los que tienen el control del Estado.
El fraude es, sin lugar a dudas, el instrumento ideal para hacer negocios y conseguir riquezas en un país llamado la República Dominicana.