Editorial
Profunda crisis de credibilidad impacta a democracia dominicana.
La democracia representativa, que ha fracasado en prácticamente todo el mundo, deja sus secuelas en la República Dominicana, donde el ciudadano ha elegido durante décadas a quienes deben velar por sus intereses en el Estado, pero que las cosas no ha sido como deben ser.
Históricamente ha quedado demostrado que esta fórmula y modelo de democracia no constituye la más idónea para tener el control total del Estado, porque los llamados representantes no necesariamente defienden los intereses de quienes los han llevado a las posiciones que ocupan en la administración pública.
Lo que se estila regularmente es que diputados, senadores, síndicos, presidentes y las demás autoridades se inclinen por defender los intereses de aquellos que no tienen nada que ver con los del pueblo dominicano, como los que provienen del bajo mundo.
La cuestión es que desde que los funcionarios electos se juramentan en el cargo ya no les importa para nada el destino que tome el país por sus malas acciones, como ocurre en la actualidad con el PRM y Luis Abinader.
El problema es tan grave que el propio partido de gobierno promovió el ascenso a la administración pública de capos de las drogas y riferos, lo cual no es exclusivo del presente Gobierno, sino de todos los anteriores, encabezados por el PLD y la Fuerza del Pueblo.
Este problema tiene una trascendencia que deja claro que la conducta de todos los actores del sistema de partidos obedece al mismo criterio, convirtiéndolos en uno único, cuya diferencia sólo consiste en el color de la organización y el nombre de los protagonistas, pero con igual visión frente al patrimonio público.
Un buen ejemplo se puede encontrar en cómo el PRM y Luis Abinader embaucó a los dominicanos con la promesa de un cambio, que si ciertamente ha ocurrido ha sido para peor y para más sufrimiento de la población.
La deficiencia es tanta que en el presente gobierno de Luis Abinader puede considerarse uno de los peores ensayos en esta materia de la democracia dominicana, cuyo fiasco incluye una gran cantidad de “folklóricos” que creen tener las condiciones para dirigir un país que se dirige hacia la debacle.
En pleno siglo 21 el dominicano se levanta de su cama sin agua potable para higienizarse, sin energía eléctrica y cuando la hora del almuerzo llega no son muchos los que tienen la comida segura por las alzas constantes de los precios de la canasta familiar, mientras el presidente se mueve como zombi por todo el territorio nacional prometiendo lo que no puede cumplir.
El cuadro sólo pinta la posibilidad de que un “auside” aparezca en el escenario nacional, ya sea para bien o para mal, pero al votante no le queda otra opción que jugársela para tratar de buscar una solución de una democracia representativa que sólo sirve para la corrupción y la depredación de todo el patrimonio público.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.