Editorial
El PRD Deja Un Legado de Violencia y Mala Conducta a Los Dominicanos.
El Partido Revolucionario Dominicano fue el mecanismo de lucha política más importante en contra de la dictadura que encabezó Rafael Leonidas Trujillo Molina.
Hasta el año 1978, el PRD hizo grandes aportes al proceso de democratización de la República Dominicana, pero a partir de ahí hemos tenido un partido del jacho prendío que sólo ha servido para ser un ejemplo de lo peor, de lo que nunca debe existir para adecentar la vida nacional.
A partir del 1978, cuando la gente tenía grandes expectativas en el partido blanco, se inicia un arreciamiento de los enfrentamientos entre los grupos que incidían a lo interno de esta organización política, en ese momento una lucha interna protagonizada por Don Antonio Guzmán Fernández y Jacobo Majluja, por un lado, y Salvador Jorge Blanco, por el otro.
Esos enfrentamientos, los cuales no tenían nada de ideológico, sino de apetencias personales, provocó, según muchos, el suicidio de Guzmán Fernández y el retorno al poder del doctor Joaquín Balaguer, que había encabezada un gobierno neo-dictatorial que no permitió la democracia política en la República Dominicana, quien luego encarcela a Jorge Blanco por acusaciones de irregularidades durante su administración, a pesar de que fue éste la llave para su regreso al poder.
Luego fue la confrontación entre Jacobo Majluta y el líder del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, quienes, incluso, escenificaron enfrentamientos armados entre sus seguidores en un hotel de la capital y posteriormente fue entre Hipólito Mejía y Hatuay Decamps, cuya influencia del ex-presidente en ese partido le permitió expulsar al hoy fundador del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).
Ahora la violencia, no la lucha política ni ideológica, proviene de la gente de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, este último un personaje de los más oscuros que ha parido la historia política de la República Dominicana.
Ninguno de los dos grupos enfrentados merecen respeto de la sociedad dominicana, porque en el caso de Hipólito Mejía es un ejemplo de como no debía comportarse una figura política en cualquier nación del mundo, no importa que se trate de un país primitivo, justamente como se comportan los perredeístas.
El enfrentamiento entre Miguel e Hipólito es exactamente como aquel que se produce entre dos socios de una organización del bajo mundo, una estructura mafiosa, en la que los rivales terminan yéndose a los tiros por el control del botín que en este caso se trata de un partido político con una visión mafiosa de este quehacer.
Esa visión mafiosa del PRD ha quedado demostrada desde el Gobierno y desde la oposición, porque el mismo se ha convertido en un instrumento de negociación hasta con los peores narcotraficantes que se han creado y que han llegado al país, como José Figueroa Agosto, cuyo vínculo con Miguel Vargas Maldonado todavía debe ser explicado a los dominicanos
El PRD se ha convertido en un promotor de violencia, de deshonestidad política, de la anti-ética, de la incapacidad para manejar el Estado y de una verdadera desvergüenza nacional que hoy constituye una basura partidista que no puede tener otro destino que el basurero nacional.
Cualquiera de los dos grupos que termine con el control del PRD sería más de lo mismo y la solución del conflicto sólo constituye otro mecanismo de continuar con la trampa y el engaño que significa para la sociedad dominicana el Partido Revolucionario Dominicano.
El que tenga deseo o necesidad de vomitar para expulsar de su cuerpo cualquier partícula extraña y dañina sólo tiene que seguir la conducta de los supuestos líderes del, no de la esperanza nacional, como ellos se auto-proclaman, sino de la desesperanza y la peor vergüenza del pueblo dominicano, como lo es el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el cual forma parte de una trilogía que conforman además el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), los cuales no son más que un partido único que sustrae los sueños de una vida mejor del pueblo dominicano.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.