Editorial
El PRD Deja Un Legado de Violencia y Mala Conducta a Los Dominicanos.
El Partido Revolucionario Dominicano fue el mecanismo de lucha política más importante en contra de la dictadura que encabezó Rafael Leonidas Trujillo Molina.
Hasta el año 1978, el PRD hizo grandes aportes al proceso de democratización de la República Dominicana, pero a partir de ahí hemos tenido un partido del jacho prendío que sólo ha servido para ser un ejemplo de lo peor, de lo que nunca debe existir para adecentar la vida nacional.
A partir del 1978, cuando la gente tenía grandes expectativas en el partido blanco, se inicia un arreciamiento de los enfrentamientos entre los grupos que incidían a lo interno de esta organización política, en ese momento una lucha interna protagonizada por Don Antonio Guzmán Fernández y Jacobo Majluja, por un lado, y Salvador Jorge Blanco, por el otro.
Esos enfrentamientos, los cuales no tenían nada de ideológico, sino de apetencias personales, provocó, según muchos, el suicidio de Guzmán Fernández y el retorno al poder del doctor Joaquín Balaguer, que había encabezada un gobierno neo-dictatorial que no permitió la democracia política en la República Dominicana, quien luego encarcela a Jorge Blanco por acusaciones de irregularidades durante su administración, a pesar de que fue éste la llave para su regreso al poder.
Luego fue la confrontación entre Jacobo Majluta y el líder del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, quienes, incluso, escenificaron enfrentamientos armados entre sus seguidores en un hotel de la capital y posteriormente fue entre Hipólito Mejía y Hatuay Decamps, cuya influencia del ex-presidente en ese partido le permitió expulsar al hoy fundador del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).
Ahora la violencia, no la lucha política ni ideológica, proviene de la gente de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, este último un personaje de los más oscuros que ha parido la historia política de la República Dominicana.
Ninguno de los dos grupos enfrentados merecen respeto de la sociedad dominicana, porque en el caso de Hipólito Mejía es un ejemplo de como no debía comportarse una figura política en cualquier nación del mundo, no importa que se trate de un país primitivo, justamente como se comportan los perredeístas.
El enfrentamiento entre Miguel e Hipólito es exactamente como aquel que se produce entre dos socios de una organización del bajo mundo, una estructura mafiosa, en la que los rivales terminan yéndose a los tiros por el control del botín que en este caso se trata de un partido político con una visión mafiosa de este quehacer.
Esa visión mafiosa del PRD ha quedado demostrada desde el Gobierno y desde la oposición, porque el mismo se ha convertido en un instrumento de negociación hasta con los peores narcotraficantes que se han creado y que han llegado al país, como José Figueroa Agosto, cuyo vínculo con Miguel Vargas Maldonado todavía debe ser explicado a los dominicanos
El PRD se ha convertido en un promotor de violencia, de deshonestidad política, de la anti-ética, de la incapacidad para manejar el Estado y de una verdadera desvergüenza nacional que hoy constituye una basura partidista que no puede tener otro destino que el basurero nacional.
Cualquiera de los dos grupos que termine con el control del PRD sería más de lo mismo y la solución del conflicto sólo constituye otro mecanismo de continuar con la trampa y el engaño que significa para la sociedad dominicana el Partido Revolucionario Dominicano.
El que tenga deseo o necesidad de vomitar para expulsar de su cuerpo cualquier partícula extraña y dañina sólo tiene que seguir la conducta de los supuestos líderes del, no de la esperanza nacional, como ellos se auto-proclaman, sino de la desesperanza y la peor vergüenza del pueblo dominicano, como lo es el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el cual forma parte de una trilogía que conforman además el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), los cuales no son más que un partido único que sustrae los sueños de una vida mejor del pueblo dominicano.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.