Editorial
El PRD: Una Expresión Fiel de Canivalismo Político
El Partido Revolucionario Dominicana fue escenario de un verdadero canivalismo político, donde primó la violencia entre los grupos de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía.
El denominado partido del jacho prendió ya nos tiene acostumbrados a este tipo de espectáculo, el cual habla muy mal del país, porque no se trata de una organización cualquiera, sino del partido político más grande que tiene la República Dominicana, cuyo caudal de votos fue de más del 47 por ciento en las pasadas elecciones e incluso por encima del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los destrozos y los heridos dejados en su local nacional de la capital dominicana, donde los seguidores de Vargas Maldonado habían convocado una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y que la misma no pudo realizarse por los enfrentamientos con los que se identifican con el ex-presidente Hipólito Mejía, dan una idea del primitivismo político que caracteriza a esa entidad y por consiguiente a la República Dominicana.
El conflicto entre los bandos perredeístas, no tiene una solución en el marco estrictamente legal, sino a través de una salida política, pero parece que ésto tampoco es posible, porque por lo menos la facción de Vargas Maldonado no tiene interés en esa salida, dado que parece ser una vía que a él no le beneficia, aparentemente porque no cuenta con la mayoría.
A pesar de la irracionalidad que siempre ha caracterizado a Hipólito Mejía, éste parece tener una posición mucho más flexible que la de Vargas Maldonado, quien proyecta una imagen impenetrable y definitivamente muy poco política.
Este comportamiento de los perredeístas durante la celebracion del bicentenario del natalicio del padre de la patria es como la negacion de la acogencia a sus principios y nos dice a todos los dominicanos lo incierto que resulta que la República Dominicana pueda contar con un Estado más eficiente e institucional, porque por ahora estos partidos son los que tienen reales posibilidades de controlarlo y manejarlo a imagen y semejanza de su visión anárquica y anti-democrática.
El PRD con ese comportamiento nos envía el mensaje de que no está en capacidad de organizar nada en la República Dominicana y que su ascenso al poder es sólo una garantía de llevar más caos y desorden al Estado Dominicano.
Y no es un problema exclusivo de los grupos enfrentados actualmente, sino que el partido blanco desde su fundación ha sido un verdadero ejemplo de confrontación interna, la cual ha sido la principal causa de su fracaso cuando ha estado en el gobierno.
Es un espectáculo de tan mal gusto que avergüenza, que causa sonrojo en los sectores decentes y pensantes de la sociedad dominicana.
Lo más lamentable de todo es que no se trata de una confrontación ideológica, sino por apetencias personales y por intereses individuales, los cuales hoy se imponen en el principal partido de oposición del país.
Es una realidad preocupante, sobre todo si se toma en cuenta que aunque en los demás partidos tradicionales no hay enfrentamientos violentos como los que se producen en el PRD, lo cierto es que también están controlados y manejados por intereses grupales, personales e individuales, los cuales impactan negativamente al Estado, porque sus dirigentes son los que ocupan las posiciones importantes en los gobiernos y en consecuencia trazan las políticas públicas.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.