Editorial
El presidente Abinader en la hoguera del descrédito.
Es consistente el presidente Luis Abinader en esgrimir la expresión de que tiene amigos, pero no cómplices, aunque el problema se complica cuando quiere dejar la impresión de que al momento de nombrar a Santiago Hazím como jefe supremo del Seguro Nacional de Salud (SENASA) no conocía sobre sus andanzas, pese a que éste representaba un conflicto de intereses porque es inversionista de una ARS privada.
Además, el monto envuelto en el desfalco es demasiado grande para que pasara desapercibido, sobre todo frente al presidente de la República, quien en algún momento salió en defensa del funcionario.
La cuestión es que no sólo se trata de este caso, sino que hay otros que arrojan dudas a las supuestas buenas intenciones del jefe de Estado.
La realidad es que la falta de credibilidad se observa en todo el accionar del Gobierno con obras muy mal terminadas a pesar de que hay envueltas altas sumas de millones de dólares, miles de millones de dólares, y que todos los servicios del país están colapsados.
De manera, que podrían existir dudas sobre lo dicho por el presidente de que tiene amigos, pero no cómplices, pero lo que no deja ninguna ni margen para evaluar a las autoridades nacionales, es que sus niveles de improvisación son los causantes del fracaso de la presente gestión.
Sin discutir si el presidente es cómplice o no de todo lo que ocurre con el manejo de fondos públicos, lo cierto es que su falta de planificación estratégica lleva al país a una verdadera debacle, pero si a eso se le agrega el nombramiento de personajes de poca reputación o comprometidos con intereses que chocan con los del Estado, entonces ahí hay otro elemento importante a tomar en cuenta.
Como bien se señala en el reportaje interpretativo publicado en la página principal de este diario, son numerosos los personajes que han sido nombrados en cargos para los que no están preparados ni formados y en consecuencia los resultados tienen que ser desastrosos, como lo que ocurre en SENASA.
El problema de la falta de credibilidad de las autoridades nacionales toma cuerpo en razón de que ya nadie cree los cuentos del presidente, quien incluso para esgrimir una frase para explicar lo que es su conducta frente a los escándalos de corrupción parte de una imitación o plagio, lo cual no es del todo malo si fuera un fenómeno aislado, pero lamentablemente se trata de una conducta general en el entorno del actual gobierno.
La realidad es que el país está lleno de pesimismo de que las cosas puedan cambiar el rumbo, porque la causa del problema no es de forma, sino de fondo, que incluso están asociados a un asunto profundamente cultural, con el agravante de que los que hacen turno para sustituir a las actuales autoridades se rigen por el mismo patrón para implementar políticas públicas y manejar el patrimonio del Estado.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.