Editorial
El presidente Abinader en la hoguera del descrédito.
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1 año agoon
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LA REDACCIÓN
Es consistente el presidente Luis Abinader en esgrimir la expresión de que tiene amigos, pero no cómplices, aunque el problema se complica cuando quiere dejar la impresión de que al momento de nombrar a Santiago Hazím como jefe supremo del Seguro Nacional de Salud (SENASA) no conocía sobre sus andanzas, pese a que éste representaba un conflicto de intereses porque es inversionista de una ARS privada.
Además, el monto envuelto en el desfalco es demasiado grande para que pasara desapercibido, sobre todo frente al presidente de la República, quien en algún momento salió en defensa del funcionario.
La cuestión es que no sólo se trata de este caso, sino que hay otros que arrojan dudas a las supuestas buenas intenciones del jefe de Estado.
La realidad es que la falta de credibilidad se observa en todo el accionar del Gobierno con obras muy mal terminadas a pesar de que hay envueltas altas sumas de millones de dólares, miles de millones de dólares, y que todos los servicios del país están colapsados.
De manera, que podrían existir dudas sobre lo dicho por el presidente de que tiene amigos, pero no cómplices, pero lo que no deja ninguna ni margen para evaluar a las autoridades nacionales, es que sus niveles de improvisación son los causantes del fracaso de la presente gestión.
Sin discutir si el presidente es cómplice o no de todo lo que ocurre con el manejo de fondos públicos, lo cierto es que su falta de planificación estratégica lleva al país a una verdadera debacle, pero si a eso se le agrega el nombramiento de personajes de poca reputación o comprometidos con intereses que chocan con los del Estado, entonces ahí hay otro elemento importante a tomar en cuenta.
Como bien se señala en el reportaje interpretativo publicado en la página principal de este diario, son numerosos los personajes que han sido nombrados en cargos para los que no están preparados ni formados y en consecuencia los resultados tienen que ser desastrosos, como lo que ocurre en SENASA.
El problema de la falta de credibilidad de las autoridades nacionales toma cuerpo en razón de que ya nadie cree los cuentos del presidente, quien incluso para esgrimir una frase para explicar lo que es su conducta frente a los escándalos de corrupción parte de una imitación o plagio, lo cual no es del todo malo si fuera un fenómeno aislado, pero lamentablemente se trata de una conducta general en el entorno del actual gobierno.
La realidad es que el país está lleno de pesimismo de que las cosas puedan cambiar el rumbo, porque la causa del problema no es de forma, sino de fondo, que incluso están asociados a un asunto profundamente cultural, con el agravante de que los que hacen turno para sustituir a las actuales autoridades se rigen por el mismo patrón para implementar políticas públicas y manejar el patrimonio del Estado.
Editorial
El fraude de las recargas telefónicas sin respuesta del Estado.
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6 horas agoon
noviembre 17, 2026Millones de dominicanos dependen de las recargas telefónicas para comunicarse, pero las denuncias sobre la desaparición inexplicable del saldo ponen sobre la mesa un problema que no puede continuar sin una respuesta contundente de las autoridades.
En la República Dominicana existe una situación que merece ser investigada con urgencia, la cual consiste en las reiteradas quejas de consumidores que adquieren recargas telefónicas y observan cómo su dinero desaparece después de realizar apenas una o dos llamadas, sin recibir una explicación clara sobre el costo real del servicio utilizado.
Se trata de una problemática particularmente preocupante porque afecta a quienes utilizan teléfonos móviles bajo la modalidad de prepago, sin tarifas mensuales fijas, entre los cuales se encuentran trabajadores informales, estudiantes, amas de casa, pequeños comerciantes y ciudadanos de escasos recursos que necesitan administrar cuidadosamente cada peso de sus ingresos.
Resulta difícil justificar que una persona compre una recarga de cien pesos y que, después de realizar una primera llamada, descubra que ha perdido una proporción considerable de su balance, mientras que una segunda comunicación podría dejarla prácticamente sin crédito.
Aunque situaciones como estas requieren investigaciones técnicas para determinar si obedecen a tarifas aplicadas, consumo de datos móviles, servicios adicionales o cobros indebidos, lo verdaderamente inaceptable es que el usuario no tenga una explicación sencilla, inmediata y verificable sobre el destino de su dinero.
Ninguna empresa debe beneficiarse de la falta de información del consumidor, ya que la prestación de un servicio de telecomunicaciones tiene que sustentarse en reglas transparentes, tarifas comprensibles y mecanismos que permitan comprobar cada descuento realizado.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera la enorme cantidad de líneas móviles existentes en el país, porque si bien debe verificarse cuántos usuarios se encuentran específicamente bajo la modalidad de prepago y cuántos experimentan descuentos injustificados, estamos ante un mercado de gran alcance social, donde incluso pequeñas cantidades cobradas indebidamente podrían representar sumas importantes.
La cuestión fundamental no consiste únicamente en determinar cuánto dinero pierde un ciudadano en una recarga, sino en establecer qué sucede cuando una práctica cuestionable se repite sistemáticamente y afecta a una población que muchas veces desconoce los mecanismos legales para reclamar.
La Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98 y las disposiciones regulatorias del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) establecen un marco de protección de los usuarios y asimismo, la Resolución 062-17 contempla derechos relacionados con los balances pagados y no consumidos, mientras que la Resolución 091-2020 regula los procedimientos para resolver controversias entre usuarios y prestadoras.
Por consiguiente, no estamos frente a un escenario carente de normas jurídicas, sino que lo que corresponde determinar es si estas disposiciones se cumplen efectivamente y si los mecanismos de supervisión resultan suficientes para proteger al consumidor más vulnerable.
El INDOTEL tiene la responsabilidad de ejercer sus facultades regulatorias y de fiscalización., dado que ante las denuncias, corresponde promover auditorías técnicas independientes que permitan establecer cómo se descuentan los balances, qué tarifas se aplican, cuáles servicios generan cargos automáticos y si existen prácticas contrarias a los derechos de los usuarios.
También resulta indispensable que las empresas telefónicas suministren informaciones detalladas sobre los consumos, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer cuánto pagó por una llamada, por el uso de internet o por cualquier servicio adicional.
No basta con comunicarle al cliente que su balance se agotó, sino que es necesario demostrarle en qué fue consumido cada peso.
El Estado dominicano tampoco puede permanecer indiferente frente a una situación que, de comprobarse como una práctica generalizada de cobros indebidos, podría constituir una grave afectación económica y social.
La protección del consumidor no debe limitarse a declaraciones institucionales ni a campañas publicitarias, sino que tiene que traducirse en supervisión permanente, investigaciones oportunas, sanciones cuando legalmente correspondan y mecanismos efectivos de devolución de los valores cobrados irregularmente.
Las empresas prestadoras, por su parte, tienen derecho a recibir el pago correspondiente a los servicios efectivamente suministrados, pero el mismo lleva aparejada una obligación igualmente importante, que es respetar las condiciones contratadas, informar las tarifas y garantizar que los descuentos realizados puedan ser comprobados.
En una sociedad cada vez más dependiente de las comunicaciones digitales, el teléfono móvil dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta indispensable de trabajo, educación, seguridad y contacto familiar.
Una persona que pierde inesperadamente su balance no solamente pierde dinero, sino que puede quedar imposibilitada de comunicarse ante una emergencia, realizar una gestión laboral o contactar a un familiar que necesita asistencia.
Por eso, las denuncias sobre el agotamiento injustificado de las recargas no deben minimizarse como simples inconvenientes comerciales.
Desde este editorial reclamamos que el INDOTEL, en coordinación con las instituciones competentes de protección al consumidor, disponga las verificaciones necesarias, publique sus resultados y establezca medidas correctivas cuando se identifiquen irregularidades.
Asimismo, consideramos pertinente que se habiliten mecanismos de reclamación accesibles, gratuitos y comprensibles, especialmente para aquellos ciudadanos que carecen de conocimientos técnicos o recursos económicos para enfrentar procedimientos prolongados.
La modernización de las telecomunicaciones dominicanas no puede medirse exclusivamente por la expansión de la cobertura, la velocidad de internet o las ganancias empresariales, sino también que debe medirse por la transparencia y el respeto con que se trata al usuario.
Un país que aspira al desarrollo tecnológico tiene que garantizar que sus ciudadanos puedan comunicarse sin temor a perder inexplicablemente el dinero que depositan en una recarga.
No corresponde condenar anticipadamente a ninguna empresa sin pruebas técnicas suficientes, pero tampoco corresponde desestimar las denuncias de los consumidores ni permitir que la ausencia de información convierta los descuentos en operaciones imposibles de fiscalizar.
La transparencia no es una concesión voluntaria de las compañías telefónicas, sino una condición indispensable para una relación comercial justa.
La República Dominicana necesita respuestas, no explicaciones evasivas. Necesita controles efectivos, no simples promesas. Y, sobre todo, necesita que cada peso pagado por un usuario de telefonía móvil tenga un destino claro, legal y comprobable.
Porque cuando un ciudadano paga por comunicarse, tiene derecho a recibir exactamente el servicio contratado.
Y si su dinero desaparece sin una justificación verificable, el Estado tiene el deber de investigar y actuar.
Editorial
Los partidos políticos y su gran deuda con la democracia dominicana
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1 día agoon
noviembre 16, 2026
La proliferación de partidos políticos en la República Dominicana constituye una realidad que merece una profunda reflexión nacional, que lejos de representar necesariamente un fortalecimiento de la democracia, la multiplicación de organizaciones políticas plantea serias interrogantes sobre los verdaderos intereses que motivan su creación y permanencia dentro del sistema electoral.
Los partidos políticos nacieron para representar las aspiraciones de la ciudadanía, promover ideas, defender principios y construir proyectos de nación, pero resulta preocupante observar cómo algunas organizaciones parecen haber sustituido esas responsabilidades por una práctica orientada fundamentalmente a negociar alianzas, obtener posiciones en la administración pública y garantizar beneficios particulares.
La democracia no se fortalece simplemente porque aumente el número de partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, sino que la misma depende de la calidad de la representación, la transparencia de sus instituciones y la capacidad de las organizaciones políticas para responder a las necesidades de la población.
Mientras el país enfrenta graves problemas relacionados con la educación, la seguridad ciudadana, el costo de la vida, el desempleo, la corrupción administrativa y las deficiencias de los servicios públicos, numerosas estructuras partidarias parecen concentrar sus mayores esfuerzos en asegurar su supervivencia electoral.
Esta contradicción resulta todavía más preocupante cuando se considera que los partidos reciben importantes recursos provenientes del presupuesto nacional, cuyos fondos son aportados por una sociedad que tiene pleno derecho a exigir resultados, transparencia y una rendición de cuentas rigurosa.
El financiamiento público de la actividad política debe contribuir al fortalecimiento institucional, la educación democrática y la participación ciudadana, nunca convertirse en un mecanismo de enriquecimiento personal ni en una fuente de privilegios familiares.
De igual manera, las alianzas electorales, legítimas dentro del sistema democrático, deberían sustentarse en coincidencias ideológicas y compromisos programáticos, en lugar de limitarse a negociaciones destinadas a distribuir candidaturas, cargos públicos y cuotas de influencia.
No se trata de cuestionar el derecho constitucional de los ciudadanos a organizarse políticamente, el cual constituye una conquista fundamental que debe preservarse, sino que corresponde examinar es si todas las organizaciones existentes cumplen una función real en beneficio de la sociedad o si algunas han convertido la política en una actividad económica particular.
La República Dominicana necesita partidos con identidad, principios, democracia interna y propuestas concretas, ademas de dirigentes que comprendan que el ejercicio político constituye una responsabilidad pública y no una oportunidad para disponer del patrimonio estatal como si fuera una propiedad privada.
Corresponde a los organismos electorales fortalecer los mecanismos de fiscalización y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el financiamiento, la transparencia y el funcionamiento institucional de las organizaciones políticas.
Pero también corresponde a la ciudadanía asumir una actitud más crítica frente a las ofertas electorales, rechazando aquellas estructuras cuya principal fortaleza parece descansar en el oportunismo y la negociación de beneficios.
La democracia dominicana no necesita más partidos para repartir el poder; sino para servir al pueblo, porque mientras la actividad política continúe siendo percibida como un negocio rentable para determinados grupos, seguirá profundizándose la desconfianza ciudadana hacia las instituciones representativas, por lo que el gran desafío consiste en rescatar la política como instrumento de transformación social, devolverle su dimensión ética y garantizar que los recursos públicos destinados a sostener el sistema partidario contribuyan efectivamente al desarrollo democrático.
Es de primer orden entender que una nación no construye una democracia sólida multiplicando organizaciones sin proyectos, sino fortaleciendo instituciones capaces de representar con dignidad los intereses colectivos y en esa virtud la politica debe volver a ser una vocacion de servicio y dejar de ser un negocio de supervivencia y de enriquecimiento personal.
Editorial
La pérdida de credibilidad de los partidos amenaza la democracia
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1 semana agoon
noviembre 9, 2026
La democracia representativa en América Latina enfrenta uno de sus mayores desafíos: la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos y las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio legítimo del poder.
La corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia, el incumplimiento de las promesas electorales y la utilización de los recursos públicos para favorecer intereses particulares han contribuido al deterioro de la credibilidad de las organizaciones partidarias.
La República Dominicana no escapa a esta realidad, ya que la desconfianza ciudadana y el abstencionismo electoral constituyen señales que deben preocupar a quienes tienen la responsabilidad de preservar la institucionalidad democrática.
No basta con celebrar elecciones cada cuatro años, si no se exige respeto a la Constitución, independencia de los poderes públicos, justicia imparcial, transparencia administrativa y una auténtica vocación de servicio por parte de quienes gobiernan.
Los partidos políticos deben comprender que no son propietarios del Estado ni de la voluntad popular y que su función consiste en representar los intereses colectivos, promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
Resulta indispensable democratizar las organizaciones políticas, transparentar su financiamiento, combatir la corrupción y la impunidad, garantizar investigaciones independientes y formar dirigentes comprometidos con los principios éticos y constitucionales.
La recuperación de la confianza ciudadana requiere hechos concretos, no discursos ni promesas que desaparecen después de las elecciones.
El mayor peligro para la democracia no es solamente que los ciudadanos pierdan la confianza en los partidos políticos, sino que terminen perdiendo la fe en el propio sistema democrático.
Preservar la democracia exige que gobernantes, partidos y ciudadanos comprendan que el poder es una responsabilidad temporal al servicio de la nación, jamás un patrimonio particular.
