La reducción de determinados indicadores de criminalidad constituye una noticia alentadora para la República Dominicana. Cuando disminuyen los homicidios, los robos y otros hechos delictivos, el país tiene razones para reconocer los resultados de las políticas públicas que han contribuido a mejorar la seguridad ciudadana.

Pero sería un error confundir una mejoría estadística con la solución definitiva del problema.

La violencia continúa manifestándose de múltiples maneras en nuestra sociedad. Está presente en las calles, pero también detrás de las puertas de muchos hogares. Aparece en las riñas, en los conflictos vecinales, en la violencia intrafamiliar y de género, en las amenazas, en el maltrato psicológico, en el abuso sexual y en situaciones aparentemente cotidianas que pueden terminar convertidas en tragedias.

Por eso, hablar de violencia en la República Dominicana exige mirar más allá de las cifras.

Cada homicidio representa una vida perdida. Cada mujer agredida representa una persona cuya integridad y dignidad han sido vulneradas. Cada niño que crece presenciando violencia en su hogar corre el riesgo de asumir como normal una conducta que nunca debe serlo. Y detrás de cada familia afectada queda una huella que las estadísticas difícilmente pueden reflejar.

El país necesita continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las demás instituciones responsables de garantizar la seguridad y perseguir el delito. Sin embargo, la actuación represiva, aunque necesaria, llega generalmente después de que el conflicto se ha producido.

El verdadero desafío está también en prevenir.

Prevenir significa identificar oportunamente a una mujer amenazada antes de que se convierta en una víctima mortal. Significa intervenir en comunidades donde los conflictos de convivencia comienzan a escalar. Significa retirar armas ilegales de las calles, pero también enseñar a nuestros jóvenes que una diferencia no se resuelve mediante una agresión.

La prevención comienza en la familia y continúa en la escuela, la comunidad, los clubes deportivos, las iglesias, las organizaciones sociales y los medios de comunicación.

Necesitamos enseñar desde edades tempranas el respeto por la vida, la tolerancia, el manejo de las emociones y la resolución pacífica de los conflictos. Pero también debemos ofrecer oportunidades reales de educación, empleo, deporte, cultura y desarrollo a los jóvenes que viven en comunidades vulnerables.

No podemos reclamarles paz a nuestros barrios mientras abandonamos las condiciones sociales que contribuyen a generar desesperanza, exclusión y violencia.

Igualmente preocupante resulta la normalización de determinadas conductas. Los insultos, las amenazas, los celos extremos, el control económico y la agresión psicológica todavía son minimizados en algunos hogares hasta que la situación alcanza niveles irreversibles.

La violencia nunca debe considerarse una demostración de amor, autoridad, hombría o respeto.

Una sociedad que desea disminuir verdaderamente sus niveles de violencia necesita aprender a reconocer sus primeras señales.

También corresponde al Estado garantizar que una persona que decide denunciar encuentre instituciones capaces de escucharla, protegerla y responder oportunamente. La confianza ciudadana resulta indispensable: cuando una víctima siente que denunciar no producirá ninguna consecuencia, el silencio termina convirtiéndose en otro aliado del agresor.

República Dominicana ha conseguido avances importantes en materia de seguridad. Esos resultados deben preservarse y profundizarse. Pero nuestra aspiración nacional no puede limitarse a reducir una tasa de homicidios.

Debemos proponernos algo mucho más ambicioso: construir una cultura de convivencia y respeto por la vida.

Eso requiere una política de Estado sostenida en el tiempo, independientemente de los gobiernos de turno. Requiere instituciones eficientes, justicia oportuna, prevención comunitaria, educación, oportunidades y participación ciudadana.

La seguridad no es responsabilidad exclusiva de la Policía ni la violencia puede combatirse solamente desde los tribunales.

Es una responsabilidad compartida.

El Estado debe proteger. La justicia debe actuar. Las comunidades deben prevenir. Las familias deben educar. Los medios debemos contribuir a crear conciencia. Y cada ciudadano debe comprender que ninguna diferencia justifica poner en peligro la integridad o la vida de otra persona.

Las estadísticas pueden decirnos cuánto hemos avanzado.

La verdadera transformación llegará cuando una sociedad más segura pueda medirse no solamente por la cantidad de delitos que disminuyen, sino por la cantidad de conflictos que logramos evitar antes de que terminen en tragedia.

Ese debe ser el próximo gran objetivo de la República Dominicana.

Las asociaciones sin fines de lucro cumplen una función que muchas veces pasa inadvertida hasta que una comunidad necesita asistencia, un joven requiere una oportunidad, una familia necesita apoyo o un proyecto social busca recursos para convertirse en realidad.

En la República Dominicana, estas organizaciones están sometidas a normas que regulan su constitución, funcionamiento, obligaciones fiscales y transparencia. Por tanto, resulta razonable que las entidades bancarias verifiquen quiénes las dirigen, de dónde proceden sus recursos y cuál será el destino del dinero que manejarán.

Lo que no resulta razonable es que la necesaria debida diligencia se transforme en una carrera interminable de requisitos, documentos adicionales, verificaciones sucesivas y prolongados períodos de espera que dificulten a una entidad legítimamente constituida acceder a una cuenta bancaria.

La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo constituye una responsabilidad ineludible del sistema financiero. Los bancos no solamente tienen derecho a conocer a sus clientes: tienen la obligación de hacerlo.

Pero esa responsabilidad tampoco debería convertirse en una justificación automática para tratar a todas las asociaciones sin fines de lucro como si representaran, por su propia naturaleza, una amenaza para el sistema financiero.

Controlar no significa excluir.

Ahí radica precisamente el equilibrio que debe procurar el sistema bancario dominicano.

Una asociación que presenta su documentación constitutiva, Registro Nacional de Contribuyentes, estatutos, nómina de miembros, autoridades vigentes, identificación de sus representantes, autorización para abrir la cuenta y documentación razonable sobre el origen y destino de sus fondos debe ser evaluada conforme a criterios objetivos y proporcionales a su verdadero nivel de riesgo.

No debería resultar normal que, después de entregar un expediente, aparezca un nuevo requisito; y después de cumplir ese requisito, otro más, sin que la organización tenga certeza sobre cuándo concluirá el proceso.

Tampoco parece coherente exigir formalización y transparencia a las organizaciones sociales mientras simultáneamente se dificulta su incorporación al principal mecanismo existente para garantizar precisamente esa transparencia: el sistema bancario.

Una cuenta institucional permite identificar ingresos y egresos, establecer quién realizó una transferencia, conocer quién recibió determinados recursos y mantener registros financieros susceptibles de fiscalización.

En otras palabras, bancarizar una asociación legítima también contribuye a combatir la informalidad y el lavado de activos.

Obligarla indirectamente a manejar determinadas operaciones fuera del sistema financiero produciría exactamente el efecto contrario.

Existe, además, una cuestión de proporcionalidad.

No puede evaluarse de la misma manera una pequeña asociación comunitaria que recibe aportes modestos para actividades sociales que una organización que administra grandes cantidades de recursos procedentes de diferentes jurisdicciones internacionales.

El riesgo debe evaluarse.

No presumirse.

Las entidades bancarias necesitan protegerse y proteger al país frente a operaciones ilícitas. Eso es indiscutible. Pero las organizaciones legalmente constituidas también necesitan seguridad jurídica, procedimientos previsibles y respuestas dentro de períodos razonables.

Cuando una cuenta bancaria se retrasa injustificadamente, detrás del expediente puede quedar detenido un programa educativo, una ayuda médica, una donación internacional, un proyecto deportivo, una iniciativa cultural o una asistencia destinada a ciudadanos vulnerables.

Por eso este problema trasciende la relación privada entre una ONG y una entidad financiera.

Tiene una dimensión social.

La Superintendencia de Bancos y las instituciones correspondientes deberían continuar procurando que los mecanismos de debida diligencia sean rigurosos, pero también suficientemente claros y proporcionales para evitar que el cumplimiento regulatorio termine produciendo exclusión financiera.

Sería conveniente avanzar hacia procedimientos en los que las asociaciones conozcan desde el principio cuáles son los documentos fundamentales que deberán presentar, qué información adicional puede requerirse dependiendo de su perfil de riesgo y cuáles son los mecanismos disponibles cuando el proceso se prolonga excesivamente.

También las asociaciones deben asumir su responsabilidad.

Ser una entidad sin fines de lucro no significa estar exenta de controles. Deben mantener actualizados sus registros, identificar correctamente a sus directivos y beneficiarios finales cuando corresponda, documentar sus fuentes de financiamiento, conservar comprobantes y garantizar que cada peso recibido pueda ser explicado.

La transparencia debe exigirse en ambas direcciones.

Las organizaciones deben transparentar sus recursos y los bancos deben procurar que sus procedimientos sean claros, objetivos y proporcionales.

La República Dominicana necesita un sistema financiero fuerte frente al lavado de activos, pero también necesita una sociedad civil fuerte.

Una cosa no debe construirse sacrificando la otra.

La debida diligencia debe identificar riesgos reales, no levantar barreras generales.

Porque cuando una organización cumple con la ley, demuestra quiénes son sus responsables, acredita la procedencia legítima de sus recursos y explica el propósito de sus operaciones, el sistema debería facilitar su incorporación formal, sometiéndola a la vigilancia que corresponda, en lugar de empujarla hacia la exclusión.

La lucha contra el dinero ilícito requiere controles.

La democracia y el desarrollo social requieren organizaciones capaces de funcionar.

El verdadero desafío consiste en garantizar ambas cosas.

Control sí. Transparencia, toda la necesaria. Pero exclusión financiera injustificada, no

La política exterior de una potencia no se mide únicamente por los acuerdos que consigue, sino también por la coherencia entre los principios que proclama y las decisiones que adopta.

Estados Unidos ha construido durante décadas una parte importante de su influencia internacional alrededor de la defensa del Estado de derecho, la persecución del narcotráfico, el combate contra el lavado de activos y la lucha contra la corrupción. Precisamente por eso, determinadas decisiones recientes del presidente Donald Trump merecen un examen crítico.

El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández constituye un ejemplo difícil de ignorar. Hernández había sido condenado por un tribunal federal estadounidense a 45 años de prisión por delitos relacionados con la importación de cocaína a Estados Unidos y armas utilizadas para promover aquella conspiración. Trump lo indultó el 1 de diciembre de 2025. No se trata, por tanto, de una simple acusación pendiente, sino de una condena seguida del ejercicio constitucional de la facultad presidencial de clemencia.

El presidente de Estados Unidos tiene constitucionalmente un amplio poder para conceder indultos por delitos federales. Pero que una actuación sea constitucionalmente posible no significa que esté exenta de consecuencias políticas, institucionales o morales.

Cuando el beneficiario de la clemencia fue condenado por delitos directamente relacionados con el narcotráfico internacional, la decisión inevitablemente plantea interrogantes acerca del mensaje transmitido a fiscales, investigadores y agentes que durante años trabajan para desmontar organizaciones criminales.

La discusión adquiere ahora una dimensión adicional.

Estados Unidos y Venezuela acaban de estructurar un ambicioso acuerdo petrolero mediante el cual una empresa denominada North American Blue Energy Partners (NABEP) asumiría proyectos en numerosos campos venezolanos. Reuters informa que la compañía está actualmente dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt y que el Gobierno estadounidense tendría una participación del 35 %, además de acceso preferente a parte de la producción petrolera.

Aquí resulta indispensable la precisión.

Betancourt ha sido objeto de investigaciones y señalamientos relacionados con presunto lavado de dinero, pero ello no equivale a una condena penal. Informaciones recientes señalan que ha sido investigado en distintas jurisdicciones y que no ha sido formalmente condenado por esas alegaciones. Esa diferencia debe respetarse en cualquier valoración responsable.

Sin embargo, precisamente por la magnitud del negocio, esos antecedentes hacen todavía más necesaria la transparencia.

La lucha contra el crimen también depende de la credibilidad

Una democracia puede tener excelentes leyes contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción. Puede disponer de fiscales especializados, organismos de inteligencia y mecanismos de cooperación internacional.

Pero la eficacia de esas instituciones depende igualmente de algo intangible: credibilidad.

Si ciudadanos y gobiernos extranjeros perciben que determinadas personas pueden recibir tratamientos extraordinariamente favorables cuando existen intereses políticos, económicos o estratégicos de por medio, el problema deja de limitarse a un expediente judicial.

Se convierte en una cuestión institucional.

Los agentes que investigan organizaciones narcotraficantes necesitan saber que años de investigación no serán percibidos como irrelevantes. Los fiscales necesitan confianza en el sistema que representan. Los ciudadanos necesitan creer que el poder político no establece categorías diferentes de justicia según la conveniencia del momento.

El petróleo no puede justificarlo todo

Estados Unidos tiene intereses legítimos en materia energética.

Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta, y Washington tiene razones económicas y geopolíticas para procurar fuentes estables de suministro y limitar la influencia de competidores estratégicos.

El nuevo acuerdo contempla derechos sobre 17 campos y una estructura que podría otorgar a Estados Unidos acceso a una enorme cantidad de petróleo venezolano. Pero persisten interrogantes sobre su estructura jurídica, selección de participantes, supervisión y viabilidad.

La seguridad energética es importante.

Pero también lo es la seguridad jurídica.

Y ninguna democracia debería sentirse cómoda cuando los intereses económicos comienzan a generar dudas sobre la consistencia de los principios que dice defender.

Una pregunta que trasciende a Trump

El problema tampoco debería reducirse a estar a favor o en contra de Donald Trump.

La cuestión es institucional.

¿Hasta dónde puede llegar un presidente utilizando poderes constitucionales y decisiones de política exterior cuando esas actuaciones pueden entrar en tensión con la política criminal que su propio Estado proclama?

La facultad de indultar existe.

La capacidad de negociar internacionalmente también.

Pero el ejercicio del poder en una democracia requiere algo más que legalidad formal. Requiere prudencia, transparencia, rendición de cuentas y coherencia.

El costo puede pagarlo la confianza

Durante décadas, Estados Unidos ha exigido a numerosos países latinoamericanos fortalecer sus instituciones, perseguir el narcotráfico, combatir el lavado de activos y reducir la corrupción.

Ese discurso pierde autoridad cuando sus propias decisiones generan la percepción de que esos principios pueden flexibilizarse cuando aparecen intereses estratégicos suficientemente importantes.

No se trata de afirmar culpabilidades donde no existen sentencias.

Tampoco de desconocer las prerrogativas constitucionales de un presidente.

Se trata de reclamar algo elemental en cualquier Estado democrático: que el poder explique sus decisiones y que los mismos principios invocados frente a los demás puedan sostenerse cuando resultan políticamente incómodos.

La República considera que los acuerdos estratégicos de esta magnitud requieren máxima transparencia, controles institucionales efectivos y explicación pública sobre los criterios utilizados para seleccionar a quienes participan en ellos.

Estados Unidos tiene derecho a defender sus intereses energéticos.

Donald Trump tiene facultades constitucionales para ejercer la clemencia presidencial.

Pero ninguna facultad presidencial debería impedir que la sociedad formule la pregunta fundamental:

¿qué mensaje recibe el ciudadano cuando la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción parece rigurosa para unos, pero negociable cuando intervienen el poder y los grandes intereses económicos?

La respuesta a esa pregunta no afecta únicamente a un presidente.

Afecta la confianza en la justicia, la autoridad moral de las instituciones y la credibilidad internacional de Estados Unidos.

Y cuando una democracia comienza a perder esas tres cosas, el costo puede terminar siendo mucho mayor que cualquier beneficio obtenido de un barril de petróleo.