Editorial
Entre los Sueños y la Decepción.
El presidente Danilo Medina se afianza en hacer política sobre la base de vender sueños que caen en el campo de la utopía, de lo que es prácticamente irrealizable.
El mandatario en su discurso de anoche esgrimió nueva vez una herramienta que así como crea muchos sueños engendra mucha decepción.
Medina si en verdad quiere una República Dominicana diferente debe comenzar con poner un basta ya a la impunidad, cuya decisión debía iniciarse con el sometimiento a la justicia de los responsables del déficit fiscal y de todos los funcionarios comprometidos con la corrupción.
Este es el flagelo que más daños le ha causado a la sociedad , aumentando los niveles de pobreza y miseria del pueblo dominicano e inhabilitando al Estado para cumplir con su responsabilidad social.
La credibilidad del presidente está ahora mismo en tela de juicio porque no se observa una voluntad de procesar a los culpables de la tragedia de la pobreza y la miseria, tal y como lo han confirmado organismos autorizados internacionalmente.
Este fenómeno no es más que una consecuencia directa de la forma en que los partidos tradicionales manejan el Estado, constituyéndose en el principal obstáculo para propiciar un verdadero estado de derecho en el que sobresalgan el fortalecimiento institucional y el sistema de justicia.
Visto desde la óptica de la responsabilidad de los compañeros de Danilo con la gran tragedia nacional de la corrupción y su nueva política de borrón y cuenta nueva, de acuerdo a lo dicho anoche en su discurso, cualquier expectativa creada en este contexto no pasa de una utopía, de un sueño irrealizable.
Las posibilidades de cambios en cualquier nación siempre deben partir de los intereses que representan los que tienen el privilegio de controlar el Estado, a partir de cuya premisa no es mucho lo que se puede esperar de personas que han ido al sector público a enriquecerse sobre la base de una política de promoción abierta de la corrupción.
Frente a esa realidad cualquier discurso de Medina debe comenzar por la implementación de inmediato de medidas que busquen restablecer la confianza de la gente en sus autoridades, quienes hasta el día de hoy no han sido más que promotores y sustentadores de la cosa mal hecha, propiciando situaciones muy bochornosas para la sociedad.
La conceptualización de Danilo para lograr una auténtica y profunda transformación nacional lucen muy interesantes, pero habría que preguntarse si es posible hacer ese tipo de gobierno con los mismos individuos que han desarrollado muchas habilidades para llevarse a sus bolsillos el patrimonio público.
Podría hablarse en la República Dominicana de transformación social, que implica el restablecimiento de la ética y la moral, con funcionarios públicos seriamente comprometidos, no sólo con la corrupción, sino también con su participación directa en flagelos tan destructivos como el narcotráfico?
Podría hablarse de transformación nacional cuando muchos de los que ocupan la dirección de instituciones centralizadas y descentralizadas del Gobierno son vividores y traficantes de la política, cuyos únicos méritos para estar en el Estado es haber construido entelequias partidistas que sólo cuentan para satisfacer las apetencias de sus creadores que no perciben otra cosa que no sea robarse el Estado.
De manera, que no se puede hablar de cambios sin antes iniciar un proceso adecentador en las propias entrañas del Estado, lo que parece improbable que sea motorizado por los mismos que han promovido los males a corregir.
En tal virtud, se trata de sueños creados que tendrán como resultado la decepción general o peor aun la frustración de los amplios sectores de la vida nacional.
No se puede ser ladrón y honesto al mismo tiempo.
Por esta y muchas otras razones, Danilo no puede dar lo que ofrece.
Así de simple y de compleja es la cuestión.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.