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Editorial

La candidatura vicepresidencial y la  composición social dominicana

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Nadie puede negar que la República Dominicana tiene una composición social fundamentalmente pequeña burguesa.

Este fenómeno, que está asociado al poco desarrollo de la fuerzas productivas que tuvo el país, lo cual está ampliamente explicado por el profesor Juan Bosch en su obra la Composición Social Dominicana, ha condenado a la República Dominicana a una serie de antivalores  que se convierten en una retranca para el desarrollo nacional.

La pequeña burguesía es despiadada en su comportamiento y no tiene miramientos cuando de buscar lo que le interesa se trata sin importar a quien dañe.

Pero en la realidad, los problemas actuales de la sociedad dominicana no parten necesariamente de un análisis de este fenómeno, sino que en esta circunstancia el país debe procurar resolver el grave problema ético-moral que se lo come vivo.

En tal virtud, se debe procurar juntar a todo el que quiera adecentar la vida nacional, cuya lucha al respecto no es exclusiva ni de la izquierda ni de la derecha.

Por eso, sin lugar a dudas, las elecciones nacionales del próximo 17 de mayo tienen que convertirse en un mecanismo para que ocupe un espacio de poder todo el que tiene una indudable vocación de servicio.

Raquel Peña, por su trayectoria y entrega, encaja perfectamente en la lucha del momento  que demanda que tanto los pobres como los ricos se unan para antes que nada sacar el país del lodazal moral en que se encuentra.

Sin importar su  sitial en la pirámide social se debe procurar que la República Dominicana sea una nación más decente y habitable, donde predomine un verdadero estado de derecho, el cual prácticamente ha desaparecido del escenario nacional.

Además, los dominicanos, los de abajo y los de arriba, deben convertir a la República Dominicana en una sociedad donde predomine la igualdad de oportunidades y el bien común y en ese contexto es que luce muy atinada la decisión de Luis Abinader con la escogencia como compañera de boleta de Raquel Peña, porque será un puente para conciliar intereses y para procurar el apoyo que se necesita para que el Gobierno dominicano haga una mayor inversión social para la satisfacción de necesidades sociales.

En estos momentos el país no tiene otra posibilidad que darse un gobierno que saque del atolladero en que se encuentra el país con una administración de la cosa pública que podría llevar a la República Dominicana al avismo.

Saludamos la escogencia de Raquel Peña como candidata a la vicepresidencia de la República en la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), porque ella crea un puente que no existía con sectores muy importantes de la vida nacional.

 

 

 

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Editorial

La reforma fiscal los ha delatado a todos

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Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.

Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.

En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.

En realidad,  no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.

Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.

El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.

Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.

Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad

La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.

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Editorial

Reforma fiscal o improvisación del Gobierno.

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El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.

Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.

El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.

Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.

Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.

Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.

A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra  cosa que la carencia de planificación estratégica.

Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.

Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.

La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal  ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.

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Editorial

No es un juego, es una verdad peligrosa

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La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.

Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual  obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.

Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.

Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.

Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.

De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.

Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.

En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.

E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.

En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.

Pero no cualquier explicación.

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