Editorial
La crueldad del Neoliberalismo
Para ser lo suficientemente gráfico debe decirse que el neolibaralismo es una corriente del pensamiento económico que afecta de una manera muy dañina el sentido humano de la vida.
Esta corriente del pensamiento se fundamenta en importantizar los mercados y quitarles valor a los conglomerados sociales, pese a que una cosa no podría existir sin la otra.
Sin no existieran los seres humanos no sería posible que exista el negocio, por lo que cualquier plan en el marco de los mercados debía partir de lo que perjudica o beneficia a la gente.
Pero en la realidad las cosas no son así, sino todo lo contrario, y al neoliberalismo primero le importa la rentabilidad y luego cualquier otra cosa.
Por ejemplo cuando una persona se enferma es importante que los centros privados se rijan por una política que busque, naturalmente, tener los ingresos e incluso ganar dinero con el servicio que se ofrecen, pero jamás a expensas de dejar morir al que no puede pagar.
Las propias universidades privadas cuando se crean se asume que es un negocio,naturalmente, no ocualquier negocio, pero jamás deben soslayar la importancia de la formación del futuro profesional para que sea capaz de dar un bien servicio a la sociedad.
Sin embargo, cuando una sociedad pierde la perspectiva de ser cuando menos una especie de híbrido, es decir, que gradúe profesionales académicos, pero no que le entregue un título sólo al que puede pagar o sencillamente egresar estudiantes porque pagan sin estár preparados para ser fructíferos al conglomerado social donde se desempeñan.
Todo viene al caso en virtud de que el terreno ganado por lo que se ha dado en llamar neoliberalismo salvaje en la República Dominicana, coloca al país en una situación de preocupación general, prácticamente de alarma nacional.
El neoliberalismo es tan cruel que los negocios muchas veces se convierten en centros de especulación y de precios abusivos en determinadas circunstancias.
Cuando se instala un negocio para vender pizza o pan, el día que se produce una escasez, que incluso podría ser artificial, ahí existe la posibilidad de conocer el alma del propietario del mismo, porque si tiene que comercializar cada pedazo a un precio abusivo, pues lo hace, porque su principal propósito es ganar dinero sin importar el daño que se pueda causar.
En ese momento si no entra el control que impone el Estado, entonces la sociedad termina como víctima del agiotismo y la especulación, constituyéndose en una forma de importantizar más el dinero que la posibilidad de que la gente pueda ingerir ese alimento para no sufrir hambre.
Por esta razón el principio que mueve al neoliberalismo salvaje es cruel, inhumano y mucho más cuando es promovido y protegido por el Estado, porque incluso en los países con baja institucionalidad y aún en aquellos que la tienen se trata de un problema muy grave para mantener la gobernabilidad y la estabilidad política, porque la peor de las cargas es contra de los más pobres, que son castigados con precios y otros fenómenos del mundo de los negocios que genera mucho sufrimento y dolor,
El neoliberalismo, sobre todo el llamado salvaje, le importa muy poco el aspecto humano de la vida, porque las cosas se miden en función del precio y de la capacidad de pago del consumidor, aunque la gente pase por la peor de las penurias.
Las consecuencias del neoliberalismo es, podria decirse, más que catastrófica para los asentamientos humanos, pero muy beneficiosa para el negocio y los mercados, aunque paradógicamente, una cosa no es posible sin la otra.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.