La Comisión Especial de la Cámara de Diputados acaba de tomar la decisión de declarar desplazado o desechado los proyectos de leyes que buscaban regular las candidaturas independientes, lo cual no reviste una gran importancia en razón de que la sentencia del Tribunal Constitucional se basta por sí sola.
Ello así, porque ya ha ese asunto ha sido explicado en el reportaje interpretativo que acompaña a este editorial en la sección De Portada.
Lo cierto es que los diputados con su actitud han creado en el país una crisis institucional, dado que los legisladores han querido quitarle una facultad que tiene el alto tribunal para emitir un tipo de sentencia exhortativa como la TC/0788-24 sobre la inconstitucionalidad de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral.
El asunto parece que generó una componenda entre la Junta Central Electoral (JCE), los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil que sirven a esos intereses.
El discurso de los que se aponen a la referida sentencia del órgano extra poder plantean que para que la decisión del TC sobre las candidaturas independientes tenga asidero se debe modificar la Constitución de la República, lo que es totalmente desacertado y descabellado.
El problema estriba en que los sostienen tal argumento están estacionarios en una lectura de las normas y las reglas de forma literal y tradicionalista, es decir, que se resisten a sentencias como la emitida por la alta corte como parte de la interpretación de valores y principios, cuya visión y guía es la que rige el neo-constitucionalismo en vigencia en la República Dominicana a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Lo grave del asunto es que algunos sectores que son críticos del monopolio que mantienen los partidos políticos de los sistemas legal, electoral e institucional de la Nación sobre la base de un criterio que consiste en la promoción de la poca transparencia y la corrupción generalizada, mantengan una posición de complacencia de una conducta que no implica una mejoría de la democracia dominicana.
Todo parece indicar que frente a la crisis institucional planteada por la Cámara de Diputados se impone que intervengan instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y solicitar la opinión la de los tribunales constitucionales latinoamericanos y de otros lugares del mundo.
Las candidaturas independientes son una parte importante del derecho comparado, pero además han sido ponderadas por instancias de la Organización de las Naciones Unidas y de otros instrumentos del derecho internacional al tomar como base lo que se conoce como el voto directo de los ciudadanos.
Que nadie tenga la duda de que las candidaturas independientes son una realidad que nadie, absolutamente nadie, puede interponerse en el camino para obstaculizarla y desnaturalizarla.