Editorial
La Polarización ya es una Realidad.
A ocho meses de las elecciones generales de la República Dominicana para escoger al presidente y al vicepresidente de la nación, ya se observa una repetición de lo que ocurre en cada evento de esta naturaleza cada cuatro años.
Los partidos que constituyen una verdadera desgracia nacional logran focalizar la atención solo en ellos como resultado de la falta de capacidad política de la oposición decente del país.
En estos momentos todo gira alrededor de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Moderno, naturalmente con una protagonización del primero, como resultado de la confrontación entre leonelistas y danilistas y además porque, por lo menos uno de esos grupos, tiene el control de las arcas nacionales.
La gente no tiene espacio para otras propuestas, porque los llamados partidos alternativos están nati-muertos por diversas razones, pero principalmente porque no saben apelar a altas políticas para colocarse entre las opciones con verdadera vocación de poder frente al votante.
Por esa razón es que no superan una votación de un uno o algo más de un uno por ciento en las elecciones, pero además porque también están impactados por los valores anti-democráticos que tanto daño le han hecho al país.
En estas organizaciones todo el mundo quiere ser jefe, lo cual también explica que carecen de un liderazgo legitimado por su base de sustentación, sino por escogencias caprichosas que no ayudan a su crecimiento y a convertirse en verdaderas opciones de poder.
La polarización también tiene su explicación en que los dominicanos ven la política partidista como aquella que les puede proporcionar beneficio individual, es como se tratara de ir a buscar un empleo, naturalmente guardando las diferencias, dado que prácticamente nadie acude un micro negocio para trabajar, sino a las grandes empresas, las que están colocadas en la macroeconomía, porque persiguen un trabajo de cierta calidad.
Los partidos políticos son vistos como instrumentos para procurar la solución de problemas individuales, como la consecución de un apartamento de los que distribuye el Estado, un empleo o cualquier otra vía de garantizar la comida y las demás necesidades elementales de la familia o sencillamente reclamar un cargo público, que es para los que están en la cúspide de estas organizaciones, para enriquecerse mediante sueldos muy altos o a través de la corrupción administrativa.
Por estas causas es muy difícil que una persona del pueblo, con una muy escasa formación política y de principios éticos y morales, pueda fijarse en un partido alternativo, porque sólo eso pasa con aquellos ciudadanos que creen en los valores democráticos y en la lucha por las transformaciones colectivas en la sociedad.
El crecimiento cuantitativo, en términos de grandes votaciones, está determinado por concebir propuestas encantadoras que sirvan para crear vocación de poder y enamorar a la gente de su proyecto, pero esto solo no basta, sino con la escogencia de candidatos que sean atractivos, con un discurso penetrante, que solo puede lograrse cuando se conjugan una serie de condiciones en el político, algunas de las cuales son hasta innatas, como el ángel y el aura, cuyos atributos deben ir acompañados de un discurso rítmico y coherente.
Pero lamentablemente hasta el momento eso no ha sido posible, por lo que la polarización en favor de los partidos tradicionales, a pesar de sus desastrosas obras de gobierno, seguirá siendo una realidad dolorosa y terrible para el futuro, la prosperidad y la bonanza de la sociedad dominicana.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.