El Ministerio Público a nivel de sus más bajas instancias ha pasado a ser una vergüenza nacional, ya que con su deficiencia no sólo afecta a las víctimas, sino que se coloca en una posición de total irrespeto ciudadano.

No hay una sola denuncia o querella que camine en las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del país.

Es como si se tratara de un plan para que ese órgano colapse definitivamente y que se elimine la posibilidad de castigar como manda la norma a los que incurren en acciones antijuridicas.

No hay queja que valga ante una realidad que da miedo, ya que en el Ministerio Público hay mujeres y hombres que no están empeñados en hacer su trabajo para que la sociedad dominicana dé un giro positivo y saludable.

La pregunta del millón es cuál será el escollo para que la Inspectoría del Ministerio Público no tome medidas ante la incapacidad que exhiben los miembros de este órgano de persecución del crimen y el delito.

Es como si su misión fuera estimular a las victimas para que desistan de sus querellas o como si su única función sea defender y proteger al victimario o imputado.

Es urgente que se haga algo, ya que las cosas han llegado a niveles que la gente se resiste a ir y presentar una querella para que el victimario pague por el delito o crimen cometido.

La realidad es que el Ministerio Público es el espejo de que el país cada vez se acerca más a un Estado no viable, colapsado, donde se impone la ley del más fuerte.

Que podría ocurrir con la República Dominicana con la debilidad y falta de eficiencia de un órgano tan vital para detener un fenómeno como la delincuencia que cada día toma fuerza en el país.

Parece que el destino de la República Dominicana es convertirse en tierra de nadie, donde imperaría la ley de la selva, cuyo principal promotor de esa peligrosa situación es precisamente el Ministerio Público.

En el curso del proceso que se sigue a una serie de funcionarios del gobierno de Danilo Medina, ha salido a relucir cómo se mueve en la fiesta de la corrupción el famoso empresario Juan Ramon Gómez Díaz, lo cual no es nuevo ni exclusivo de él.

Sin embargo, es muy poco lo que se dice al respecto, no sólo por sus propios medios, cuyos periodistas pretenden criticar las cosas malas que ocurren en el país, pero que no se atreven a hablar de cómo su jefe participa de la fiesta de la corrupción que se traga la nación.

Gómez Díaz en poco tiempo logró contratas del Gobierno por más de 21 mil millones de pesos, lo cual explica que regale millones de pesos y carros a sus empleados en tiempos navideños.

Lo peor de todo esto es que en la República Dominicana un tribunal Constitucional, tan vital para la salud moral de la sociedad, transmita su programa a través de Telemicro, propiedad de un empresario cuyas andanzas son definitivamente pecaminosas.

Pero nadie habla del asunto y todo sigue su agitado curso, mientras el sector privado y los funcionarios públicos se hartan del dinero del patrimonio nacional sin que haya un régimen de consecuencia.

Ante denuncias tan graves como la hecha por el ingeniero Pagán, lo menos que pudiera ocurrir es que todos los medios expresen su preocupación al respecto.

Además, el Tribunal Constitucional debía paralizar inmediatamente la transmisión de su programa de televisión a través de Telemicro hasta tanto ese asunto quede lo suficientemente aclarado, porque cualquiera está en el derecho de preguntarse cuál sería la actitud de esta alta corte ante un caso que llegue a sus manos y que involucre al grupo Telemicro o a su propietario Juan Ramón Gómez Diaz. Naturalmente, que la respuesta no resulta tan sencilla

Se trata de una imputación muy grave para que todo siga como si nada hubiera ocurrido, sobre todo porque no es la primera vez que este empresario se ve envuelto en semejante desvergüenza.

Se es responsable de la corrupción por comisión o por omisión y la actitud de los medios frente a tan grave denuncia es más que preocupante, ya que los involucra de forma vergonzosa con una práctica que no proyecta muy bien a la República Dominicana.

La tolerancia con Gómez Diaz le quita legitimidad a cualquier crítica en contra de ese cáncer que corroe todo el tejido social dominicano.

El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional varió la prisión preventiva que pesaba sobre el ex-procurador general de la República, Jain Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa.

La decisión no deja de provocar una serie de reflexiones que no dejan dudas de que en el país existe toda una tradición de que estos casos se diluyen en el proceso como consecuencia de que aparte de los argumentos de ley que se puedan esgrimir, la dominicana es una sociedad de la componenda y de la corrupción generalizada.

Ahí es que estriban las dudas al respecto de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, cuyo ejemplo más reciente tiene que ver con el caso Odebrecht y en el que los imputados se salieron con las suyas, pese a que en la mayoría de los países del hemisferio las consecuencias fueron otras.

Pero otro ejemplo por el que se ha promovido la justicia dominicana, tiene que ver con el caso de los Super Tucanos, entre otros, por lo que la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario lleva al ciudadano dominicano a temer de que el final de este caso será parecido o igual al de Odebrecht.

Nadie puede negar que uno de los alegatos en los casos de corrupción que se han conocido en el país, es la supuesta deficiencia del Ministerio Publico, ya que tal vez no ahora, pero este órgano siempre se ha visto como un instrumento de promover la politiquería que arropa a la República Dominicana.

Todo el que vive en el país sabe que independientemente de que la variación de la medida de coerción pueda ser procedente vista desde el mandato de la ley, lo cierto es que esto aumenta la posibilidad de maniobra de los imputados por tratarse, si asumimos al pie de la letra lo dicho por el Ministerio Público, de una red mafiosa que se apropió de cantidades muy grandes de dinero del patrimonio público.

Y ciertamente hay que colegir que si ha habido intento de soborno de algunos testigos e incluso amenazas en contra de otros, entonces hay que suponer que estos excesos de los imputados ahora serán peores y probablemente algunos de ellos puedan ejecutarse.

Entonces, en el proceso debe quedar claro que los esfuerzos del Ministerio Público se han desvanecido como resultado de su incapacidad para evitar la variación de la prisión preventiva mediante la aportación de las pruebas que convencieran al juez de prologar esa medida de coerción.

El que tiene los pies en la tierra sabe muy bien que independientemente de lo dicho por el juez que varió la medida de coerción a Jain Alain, ahora él tiene la posibilidad para maniobrar en favor de su causa, porque tiene la oportunidad, al tener una menor supervisión, de recurrir a sus agallas para cometer cualquier acción, por ilegal que sea, sin importar las consecuencias, para hacer desaparecer cualquier prueba que pueda haber en su contra.

Los temores sobre el curso que podría tomar este caso son lo suficientemente legítimos, pese a que la decisión del juez de Atención Permanente del Distrito Nacional está fundamentada en el mandato de la ley, pero también en la deficiencia del Ministerio Público para impedir la variación de la medida de coerción, la cual se constituye  en una ganancia de causa para el imputado.