Son muchas y diversas las propuestas que buscan darle solución al problema que padece la hermana república de Haití.

Lo planteado va desde convocar elecciones para la escogencia de nuevas autoridades nacionales, hasta una intervención armada para someter al orden que se supone debe primar en cualquier nación del mundo.

Pero la gente no se da cuenta que esas no son la solución a un asunto que para salir de él se necesita que la iniciativa  provenga de los propios haitianos.

Sólo ellos podrán resolver sus problemas, aunque para ello necesiten el concurso de la comunidad internacional.

La cuestión es que mientras Haití no trate el problema con la seriedad que demanda el caso, muy difícilmente se puedan controlar los males que lo afectan y en consecuencia un fenómeno como el de la migración ocurrirá sin que nadie esté en capacidad de pararla.

Es importante que antes que nada se reconozca que la principal causa de la migración de haitianos hacia otros lugares del mundo, principalmente hacia República Dominicana, es socio-económica y que el fenómeno no será detenido mientras haya hambre y miseria en la hermana nación.

No importa que tan alto sea el muro que se construye en la frontera, los haitianos seguirán llegando a la República Dominicana, porque mientras ellos encuentren en el país lo que no tienen en el suyo, procurarán llegar al territorio dominicano.

La migración haitiana tiene connotaciones definitivamente económicas y sociales, lo cual indica que no tiene asidero el planteamiento de muchos ultraconservadores de que ellos, los haitianos, podrían en algún momento intentar asumir el control del país.

Obsérvese que el haitiano e igual que cualquier inmigrante no importa de qué lugar del mundo provenga, lo primero que procura es tener trabajo, a menos de que se trate de un delincuente que no respete la ley, para tener para comer y enviar a sus familiares dejados en su lugar de origen.

Es una historia que se repite en todo el planeta,  que el que tiene mayores carencias corre para donde aquel que tienen un nivel de vida de más dignidad, lo cual quiere decir que los haitianos no son la excepción.

Lo propio ocurre con la mayoría de los dominicanos que si no tuvieran fronteras marítimas se fueran a en masas hacia cualquier lugar del mundo, exactamente como ocurre con los haitianos.

Pero de manera concreta y especifica, los dominicanos se sienten amenazados por los haitianos  por no entender el fenómeno migratorio y porque la República Dominicana  está  atrapada en el complejo dilema de la migración de ellos hacia el territorio nacional, la pérdida de la cultura del trabajo entre su gente y la campaña ultraconservadora de algunos  sectores nacionales que su motivación es más racial que por cualquier otra cosa, carente de toda lógica humana.

Se trata de un problema complejo y de no tan fácil solución en razón de que todo se resume en que Haití tiene un Estado de derecho, pero no de hecho, y que en tal virtud no puede garantizar nada, absolutamente nada, a su gente, ni siquiera seguridad ciudadana, la cual también es otra de la causa de la migración de ellos hacia cualquier otro lugar del mundo.

La sociedad dominicana sufre una amenaza muy preocupante y tiene que ver con el hecho de que el Ministerio Público, responsable de perseguir el crimen y el delito, no cumple con su rol.

No decimos esto por lo que ocurre con los megas expedientes de corrupción, porque se sabe de más que a ese nivel se hacen grandes esfuerzos para castigar  esa conducta que tanto daño le ha hecho al país.

Hablamos de las denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas, las cuales no tienen ningún seguimiento y mucho menos resultados.

Son miles de personas que acuden a denunciar casos de raterismo y de violencia callejera en los centros de denuncias del Ministerio Público que luego de muchas horas para presentarlas y de meses o tal vez años de espera no se recibe ningún resultado, ninguna respuesta.

Se puede asegurar que el Ministerio Público a este nivel es la expresión más contundente de lo mal que anda la sociedad y el Estado dominicanos.

Ahí está la explicación de por qué en el país hay tanta impunidad, porque generalmente la de cuello blanco no tiene un régimen de consecuencia, pero igual ocurre con aquellos crímenes y delitos que se quedan al nivel del raterismo, del de baja monta.

Este cuadro de ineficiencia, complicidad y de dejar hacer, dejar pasar constituye un tema de gran preocupación, porque es una forma de mandar a la gente a que haga justicia con sus propias manos.

En este contexto se inscribe lo ocurrido en un sector de La Romana, porque resulta que el protagonista de los hechos, conocido como El Ebanista, había sido víctima de una serie de robos y a pesar de que presentaba sus denuncias o querellas nunca recibía una respuesta.

Entonces llegó un momento que se llenó de impotencia, odio y de dolor y acabó con la vida incluso de algunos amigos que intentaron intervenir para evitar que la tragedia ocurrida.

El meta mensaje de esta tragedia radica en que ese caso es un espejo de lo que pasa con la gran mayoría de los que presentan denuncias y querellas en contra de delincuentes que los mantienen en zozobra con robos permanentes y a plena luz del día.

El Estado dominicano debe comenzar en lo inmediato la corrección del gran problema que se presenta en el Ministerio Público, que aunque se busca que funcione arriba, abajo está afectado de unas distorsiones que podrían provocar tragedias peores.

Este periódico espera que esta denuncia no sea un motivo para que la Procuraduría General de la República la atribuya a una campaña de difamación en contra del Ministerio Público y que la misma sirva para que la Inspectoría de este importante órgano recurra a una minuciosa investigación sobre lo aquí dicho para determinar las razones de ser de la tragedia de La Romana.

La judicatura nacional, se supone, es uno de los brazos más activo del sistema de justicia para combatir el crimen organizado en el país, pero sus acciones indican que parece ser todo lo contrario y que su misión es proteger al que se inclina por violentar la ley.

En el país ha habido un debate largo y tendido sobre el papel del Ministerio Público en lo referente a un tema que está sobre la mesa en el día a día, que es su supuesta independencia y su función se ha circunscripto, según mucha gente,  a ser cómplice de lo mal hecho, lo cual no luce estar lejos de la verdad.

Sin embargo, si bien es cierto que el Ministerio Publico ha sido un gran dolor de cabeza para la sociedad dominicana, la verdad  es que el problema más grave del sistema de justicia nacional es el hecho de la actitud de una gran mayoría de los jueces de suplantar al legislador mediante la violación de las normativas jurídicas vigentes en el país.

Es algo tan común y corriente que lo anormal es que la mayoría de los jueces se acojan el mandato de la ley para emitir su sentencia.

Este asunto,  que tiene mucho de ignorancia y negligencia, también de complicidad, implica que no es  tan fácil de resolver.

No hay uno solo de los megas procesos penales que se conocen en el país que deje un resultado que pueda ayudar a renovar la esperanza de la sociedad en una justicia que con sus fallos saque de su contexto las dudas que arrastran los jueces y fiscales del territorio nacional.

Cada día las dudas aumentan, porque no se ha producido un solo caso que reviva la esperanza nacional de que el depredador y la corrupción de cuello blanco va a recibir un castigo ejemplarizador.

Todo lo contrario, los fallos de los tribunales estimulan a la gente a inclinarse por lo mal hecho porque en el país no existe un régimen de consecuencia.

Lo ocurrido con el caso Juniol-Ramírez-OMSA es solo un capítulo más de una novela diabólica que parece que no hay forma de que pueda terminar.

Cada hecho mientras más bochornoso es para los dominicanos, peor son los fallos de los tribunales, lo cual es una forma de enviar el mensaje de que todo está perdido, pese a que en realidad esas decisiones  deben servir para aumentar los esfuerzos para acabar con la distorsión que se produce en la judicatura nacional y en el propio Ministerio Público.