Editorial
Leonel Fernández y su futuro político.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es ya una expresión fiel de una sociedad donde hasta los amigos se buscan por conveniencia.
En el ámbito político partidista, las organizaciones con reales posibilidades de poder son vistas por la gente del pueblo e incluso por los profesionales académicas como grandes empresas, donde se puede ir a buscar y se va encontrar.
Los partidos políticos mayoritarios no sólo representan un negocio desde el punto de vista de la gran cantidad de dinero que colectan en las campañas electorales y que reciben de la Junta Central Electoral, sino también porque estar cerca del poder atrae a todo aquel que busca a través de la política escalar social y económicamente.
Ese es un comportamiento propio de la gente que configura la composición social dominicana, donde la pobreza produce un nivel de creatividad en la población que deja a cualquiera pasmado, dado que sólo lo mueve la búsqueda de lo suyo.
Y el PLD y el PRM no están al margen de esa realidad, porque ambos atraen a mucha gente, ya sea porque busquen una candidatura o sencillamente para lograr un cargo en la administración pública y de esa manera hacer lo indebido para resolver sus problemas personales, aunque su conducta vaya en detrimento de toda la sociedad.
En esa lógica, porque el ciudadano ve a los partidos, sobre todo a los grandes, como empresas en la industria de la política en el contexto de la macroeconomía, mientras que a los pequeños los perciben en el marco de la microeconomía, es como decir una zapatería y un banco de servicios múltiples, es que opera el sistema de partidos.
Al primero todo el mundo quiere llegar ya sea como empleado o por lo menos como amigo del dueño, pero al segundo la gente lo ve con desdén e indiferencia.
Así es como camina la política partidista y ahí está explicado el éxito de Danilo Medina e incluso la alta votación lograda por Leonel, porque son dos posibilidades que el dominicano tiene para encamararse en el vehículo que lo va a llevar hacia el poder, pero el primero en esta lucha está mucho mejor posicionado que el segundo por disponer del enorme poder que proporciona el Estado.
Sin embargo, Leonel en estos momentos es un sueño, una esperanza, pero Danilo representa una realidad, lo cual le permite golpear muy duro a su contrincante.
A partir de esa lógica resulta casi imposible que muchos peledeístas abandonen una realidad para inclinarse por un sueño, sobre todo porque cualquier leonelista sólo tiene que comunicarle a su compañero danilista su disposición de adherirse a su causa para pasar de perdedor a ganador.
Sobre la base de esta tesis resulta muy difícil que cualquier hipótesis que busca darle mucha razón de ser a una decisión de Leonel de llevar a los leonelistas a apoyar a un partido que no es el suyo, parece no tener mucha garantía de éxito político en un escenario en el que su contrincante pueda hacer uso de los amplios recursos que le proporciona el Estado para traer a su redil a los que están disgustados por no haber tenido ninguna oportunidad de tener una función pública, pero que dista mucho de una posición de principios.
Estar en el gobierno, cualquiera que sea, llena las expectativas de los que se nuclean alrededor de Leonel para ayudarlo a que llegue al control de las arcas nacionales, pero si no tiene que batallar mucho para lograrlo, entonces prefiere adherirse a los gobiernistas, porque, como dijimos, no se trata de una lucha ideológica o de principios, sino de intereses.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.