Editorial
Leonel Fernández y su futuro político.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es ya una expresión fiel de una sociedad donde hasta los amigos se buscan por conveniencia.
En el ámbito político partidista, las organizaciones con reales posibilidades de poder son vistas por la gente del pueblo e incluso por los profesionales académicas como grandes empresas, donde se puede ir a buscar y se va encontrar.
Los partidos políticos mayoritarios no sólo representan un negocio desde el punto de vista de la gran cantidad de dinero que colectan en las campañas electorales y que reciben de la Junta Central Electoral, sino también porque estar cerca del poder atrae a todo aquel que busca a través de la política escalar social y económicamente.
Ese es un comportamiento propio de la gente que configura la composición social dominicana, donde la pobreza produce un nivel de creatividad en la población que deja a cualquiera pasmado, dado que sólo lo mueve la búsqueda de lo suyo.
Y el PLD y el PRM no están al margen de esa realidad, porque ambos atraen a mucha gente, ya sea porque busquen una candidatura o sencillamente para lograr un cargo en la administración pública y de esa manera hacer lo indebido para resolver sus problemas personales, aunque su conducta vaya en detrimento de toda la sociedad.
En esa lógica, porque el ciudadano ve a los partidos, sobre todo a los grandes, como empresas en la industria de la política en el contexto de la macroeconomía, mientras que a los pequeños los perciben en el marco de la microeconomía, es como decir una zapatería y un banco de servicios múltiples, es que opera el sistema de partidos.
Al primero todo el mundo quiere llegar ya sea como empleado o por lo menos como amigo del dueño, pero al segundo la gente lo ve con desdén e indiferencia.
Así es como camina la política partidista y ahí está explicado el éxito de Danilo Medina e incluso la alta votación lograda por Leonel, porque son dos posibilidades que el dominicano tiene para encamararse en el vehículo que lo va a llevar hacia el poder, pero el primero en esta lucha está mucho mejor posicionado que el segundo por disponer del enorme poder que proporciona el Estado.
Sin embargo, Leonel en estos momentos es un sueño, una esperanza, pero Danilo representa una realidad, lo cual le permite golpear muy duro a su contrincante.
A partir de esa lógica resulta casi imposible que muchos peledeístas abandonen una realidad para inclinarse por un sueño, sobre todo porque cualquier leonelista sólo tiene que comunicarle a su compañero danilista su disposición de adherirse a su causa para pasar de perdedor a ganador.
Sobre la base de esta tesis resulta muy difícil que cualquier hipótesis que busca darle mucha razón de ser a una decisión de Leonel de llevar a los leonelistas a apoyar a un partido que no es el suyo, parece no tener mucha garantía de éxito político en un escenario en el que su contrincante pueda hacer uso de los amplios recursos que le proporciona el Estado para traer a su redil a los que están disgustados por no haber tenido ninguna oportunidad de tener una función pública, pero que dista mucho de una posición de principios.
Estar en el gobierno, cualquiera que sea, llena las expectativas de los que se nuclean alrededor de Leonel para ayudarlo a que llegue al control de las arcas nacionales, pero si no tiene que batallar mucho para lograrlo, entonces prefiere adherirse a los gobiernistas, porque, como dijimos, no se trata de una lucha ideológica o de principios, sino de intereses.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.