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Editorial

Lo mismo del año pasado.

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En este 2025 se repite lo mismo de los años pasados en lo que respecta a crear falsas expectativas en la gente pobre de la nación, cuyos anhelos y sueños están fundamentados, más que en cualquier otra cosa, en un poder proveniente del más allá que tiene su razón de ser en creencias mágico-religiosas.

La República Dominicana y el mundo occidental se apoyan para proyectar prosperidad y bonanza económica en un paradigma que consiste en una percepción que nunca tiene nada que ver con la realidad.

En este contexto hay que ver el crecimiento económico sostenido del país, el cual no tiene ningún impacto en los niveles de pobreza y de desigualdad social, porque los que se llevan los beneficios del mismo son unos grupos económicos enquistados en la macroeconomía.

En estos momentos ya prácticamente no queda ningún margen para que se pregone que la República Dominicana ocupa niveles importantes de crecimiento y desarrollo.

Por esta razón, el 2025 no pinta nada bueno debido a que los niveles de endeudamiento ya es un tema de gran preocupación nacional, porque por lo que se ve los gobiernos que ha tenido el país, incluido el actual, se han inclinado por la vía más fácil, que no es otra que coger dinero prestado con una calidad de gasto que deja mucho que desear.

Las autoridades nacionales no han priorizado el aumento de la producción nacional para satisfacer el mercado interno y al propio tiempo aumentar las exportaciones para generar las divisas que necesita el país para cumplir con su balanza de pagos.

Todo lo contrario, hay un empeño de coger prestado todo lo que aparezca, sin importar consecuencias, lo cual coloca la nación en tener que utilizar un 25 por ciento de su presupuesto para el pago de intereses de una deuda que ya alcanza más del 60 por ciento del producto interno bruto.

En esas condiciones, no se puede ser optimista en el año que acaba de hacer su entrada, el 2025, cuando el país se encamina hacia un cuadro parecido al sufrido por naciones hermanas como Puerto Rico, Grecia y Argentina.

Quién es tan osado en la República Dominicana para pensar que ante lo que ocurre puedan venir cosas buenas en el 2025, sobre todo porque esa política de endeudamiento no tiene la tendencia a bajar, sino a subir.

De modo, que el 2025 es un año que más que traer cosas buenas, podría representar una mayor profundización de la pobreza y de la delincuencia como consecuencia de la exclusión social y de la mala distribución de las riquezas nacionales.

Pero, además, habría que preguntarse si hay reales esperanzas de que en el país disminuya la corrupción administrativa cuando ese es un mal consustancial con la forma de involucrarse con el Estado, pese, además, que es un flagelo que trasciende del sector público al  privado y penetra en todos y cada uno de los ámbitos de la vida nacional.

Es importante recordar que el Producto Interno Bruto del país descansa en dos renglones como son el turismo y las remesas, ambos resultados, primero de las riquezas naturales de que  ha dado sido dotada  la nación  y el segundo, resultado de los dominicanos que han tenido que irse del país por no tener oportunidades para disfrutar de una vida más digna en las tierras que los vio nacer, lo cual indica que esos dos polos de la económica nacional no están asociados necesariamente a una buena gestión de gobierno, sino a razones muy diferentes, cuyas abusivas autoridades los que persiguen hasta en el exterior, donde están asentadas las comunidades de criollos fuera del país, es explotarlos inmisericordemente para llenarle el bolsillo a uno de sus  protegidos y un buen ejemplo al respecto  es el consulado dominicano en Nueva York, el cual es un botín de los dirigentes del partido en el poder, sin importar su color o cuál sea.

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Editorial

La Justicia y la Partidocracia.

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 Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.

Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en  el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en  su camino.

Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.

Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.

Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.

Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.

De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.

Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.

De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.

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Editorial

El informe de Transparencia Internacional no ayuda a la democracia nacional.

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Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.

Decir que el país tiene una buena imagen en el  combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.

El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.

Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.

Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.

Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.

Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.

Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.

Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.

La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.

 Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.

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Editorial

Un problema que habla muy mal del país.

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La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.

Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.

El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.

La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.

Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.

De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.

El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.

Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.

En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.

Es un caso tras otro.

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