Editorial
Lo mismo del año pasado.
En este 2025 se repite lo mismo de los años pasados en lo que respecta a crear falsas expectativas en la gente pobre de la nación, cuyos anhelos y sueños están fundamentados, más que en cualquier otra cosa, en un poder proveniente del más allá que tiene su razón de ser en creencias mágico-religiosas.
La República Dominicana y el mundo occidental se apoyan para proyectar prosperidad y bonanza económica en un paradigma que consiste en una percepción que nunca tiene nada que ver con la realidad.
En este contexto hay que ver el crecimiento económico sostenido del país, el cual no tiene ningún impacto en los niveles de pobreza y de desigualdad social, porque los que se llevan los beneficios del mismo son unos grupos económicos enquistados en la macroeconomía.
En estos momentos ya prácticamente no queda ningún margen para que se pregone que la República Dominicana ocupa niveles importantes de crecimiento y desarrollo.
Por esta razón, el 2025 no pinta nada bueno debido a que los niveles de endeudamiento ya es un tema de gran preocupación nacional, porque por lo que se ve los gobiernos que ha tenido el país, incluido el actual, se han inclinado por la vía más fácil, que no es otra que coger dinero prestado con una calidad de gasto que deja mucho que desear.
Las autoridades nacionales no han priorizado el aumento de la producción nacional para satisfacer el mercado interno y al propio tiempo aumentar las exportaciones para generar las divisas que necesita el país para cumplir con su balanza de pagos.
Todo lo contrario, hay un empeño de coger prestado todo lo que aparezca, sin importar consecuencias, lo cual coloca la nación en tener que utilizar un 25 por ciento de su presupuesto para el pago de intereses de una deuda que ya alcanza más del 60 por ciento del producto interno bruto.
En esas condiciones, no se puede ser optimista en el año que acaba de hacer su entrada, el 2025, cuando el país se encamina hacia un cuadro parecido al sufrido por naciones hermanas como Puerto Rico, Grecia y Argentina.
Quién es tan osado en la República Dominicana para pensar que ante lo que ocurre puedan venir cosas buenas en el 2025, sobre todo porque esa política de endeudamiento no tiene la tendencia a bajar, sino a subir.
De modo, que el 2025 es un año que más que traer cosas buenas, podría representar una mayor profundización de la pobreza y de la delincuencia como consecuencia de la exclusión social y de la mala distribución de las riquezas nacionales.
Pero, además, habría que preguntarse si hay reales esperanzas de que en el país disminuya la corrupción administrativa cuando ese es un mal consustancial con la forma de involucrarse con el Estado, pese, además, que es un flagelo que trasciende del sector público al privado y penetra en todos y cada uno de los ámbitos de la vida nacional.
Es importante recordar que el Producto Interno Bruto del país descansa en dos renglones como son el turismo y las remesas, ambos resultados, primero de las riquezas naturales de que ha dado sido dotada la nación y el segundo, resultado de los dominicanos que han tenido que irse del país por no tener oportunidades para disfrutar de una vida más digna en las tierras que los vio nacer, lo cual indica que esos dos polos de la económica nacional no están asociados necesariamente a una buena gestión de gobierno, sino a razones muy diferentes, cuyas abusivas autoridades los que persiguen hasta en el exterior, donde están asentadas las comunidades de criollos fuera del país, es explotarlos inmisericordemente para llenarle el bolsillo a uno de sus protegidos y un buen ejemplo al respecto es el consulado dominicano en Nueva York, el cual es un botín de los dirigentes del partido en el poder, sin importar su color o cuál sea.
La muerte de un chofer de un camión recolector de basura ha dejado al descubierto una situación que debe llamar a la alarma a las autoridades nacionales, dado que más de un cincuenta por ciento de las muertes violentas en el país provienen de conflictos sociales.
La fuente principal de este problema son el tránsito vehicular y los condominios, tanto de viviendas como comerciales, entre otros hechos que se vuelven violento, cuya Ley 5038 parece no encajar con la gravedad de la cuestión de las diferencias entre los que viven y trabajan en este tipo de complejo.
Puede asegurarse que la detonante de los conflictos en los condominios podría ser mucho peor de lo que ocurre con hechos como el del chofer que murió atacado por motoristas en Santiago.
La advertencia tiene que ver con la negligencia y la incapacidad que se observa en la fiscalía, la Policía y la justicia para afrontar esta problemática, ya que hay un alto nivel de tolerancia por parte de las autoridades que deja estupefacto a cualquiera.
El problema reviste tal gravedad que los fiscales no logran ver los ilícitos penales que se cometen en los condominios y se focalizan principalmente en lo que llaman un conflicto social sin profundizar en el intríngulis o la esencia de la situación.
Este periódico advierte que lo que ocurre con los condominios podría explotar con resultados preocupantes para la sociedad, ya que hay una acumulación de tensiones, cuyos resultados podrían ser lamentables para todos.
Hay que decir que la tragedia que ahora ha ocurrido con el chofer que genera el presente editorial, representa un llamado de alarma de una sociedad donde la violencia toma rebetes muy preocupantes.
Tal vez lo más aconsejable es que la Procuraduría General de la República entrene mejor a los fiscales que bregan con este problema, porque definitivamente hay que estar a la expectativa de la detonación de un problema social de grandes magnitudes.
Otra cosa que debe ocurrir es reformar la Ley 5038 para atribuir mayor responsabilidad a los funcionarios públicos, principalmente a fiscales y policías, a los fines de evitar un gran dolor de cabeza para la sociedad dominicana.
El problema está planteado y ahora falta ver cómo se afronta lo que podría ser una gran causa de desasosiego nacional, máxime cuando el país tiene un aumento impresionante de esta forma de vivienda en todo el territorio nacional.
La muerte del chofer lleva a poner el tema de la violencia social, la vía de hecho, hacer justicia con sus propias, sobre la mesa, a los fines, sino de lograr eliminar el mal o por lo menos disminuirlo a su más mínima expresion.
La muerte del chofer del camión recolector de basura en Santiago es un llamado para encender las alarmas, ya que la agresion en su contra se produjo en el mismo entorno donde los responsables de lo que ocurre operan, como lo es el Palacio de Justicia de Santiago, donde están localizados los fiscales, una dotacion politicial y donde se conocen las audiencias civiles y penales del distrito judicial de Santiago.
En este caso se impone recurrir a la expresion que dice: «No hay bien que por mal no venga», ya que tuvo que producirse una muerte cruel en el mismo entorno de la justicia para llamar a la atencion a la sociedad sobre el grave problema de la violencia social.
Los colegios profesionales, corporaciones de derecho público de carácter autónomos, con personalidad jurídica propia, sirven de ejemplo, de que no es suficiente la creación de leyes que no funcionan o que se crean con el propósito de organizar la sociedad.
La razón de ser de este tipo de modelo institucional es mejorar sectoriamente los niveles de institucionalidad de que adolecen los países del llamado tercer mundo, aunque la figura ya es encontrada también en los países desarrollados como los Estados Unidos de América e Inglaterra.
Ello deja claro que pese a que se creen los mecanismos idóneos para combatir el mal comportamiento, porque si el país como tal no anda bien, resulta difícil, por no decir imposible, disciplinarlo y llevarlo a un estándar de vida que se corresponda con una sociedad civilizada y respetuosa de las reglas establecidas.
Es ahí donde descansa el fracaso de los colegios profesionales en el país, ya que no importa que buena y perfecta sea la ley que les da soporte, si el Estado no tiene capacidad fiscalizadora y reguladora, lo cual implica que tenga un cierto nivel de institucionalidad.
Este periódico siempre ha sostenido que el Estado impone valores o antivalores, porque tiene la fuerza para ello, pero si quienes lo manejan se inclinan por violar la ley y hacer lo mal hecho es una forma de imponer falsos valores y todo lo que se derive de él difícilmente pueda caminar derecho.
Es el caso de los colegios profesionales y ahí está la explicación de que sean una réplica de una sociedad en la que ya no existen valores, sino antivalores, por lo que todo el que los controla procura que su gestión responde más que a otra cosa a sus intereses personales.
Este cuadro y los resultados dejados hasta ahora por la figura de los colegios profesionales, permite llegar a la conclusión que el país está ante otro gran fiasco nacional, así como lo han sido los partidos políticos y las cooperativas de ahorros y préstamos, pero podrían agregarse también el Congreso Nacional y el sistema de justicia.
Pero igual afirmación se puede hacer del Ministerio Público y de todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo por cuyo despecho de su principal titular, el presidente de la República, es por donde entra la corrupción, la cual se expande a un amplio sector del empresario e impacta a los medios de comunicación social y luego se convierte en un cometa, porque que no se sabe dónde termina.
Esa cadena de complicidad para incurrir en lo mal hecho es lo que explica que instituciones como los colegios profesionales también estén contaminados y que sean un fiasco nacional.
Editorial
Abinader se expone a destitución con promulgacion de ley sobre candidaturas independientes.
La promulgación del presidente de la Ley 13-26 que busca eliminar las candidaturas independientes pone en cuestionamiento hasta la propia legalidad del jefe de Estado en razón de que la misma implica una grave violación de la Constitución de la República.
Ello así, porque si no se respeta una parte de la carta magna tampoco puede tener validez el resto de ella y como la elección de la presidencia de la República se sustenta en el artículo 124 de ley sustantiva de la nación, igual ocurre con los demás articulados de la misma, como por ejemplo los 184 y 185 que dota de facultad al Tribunal Constitucional para someter al mandato de la carta magna todas aquellas normas que la violentan.
Y sobre esa base y por la autoridad otorgada por el constituyente es que el TC tiene la facultad de examinar todas las leyes y cualquier otra norma para que se ajuste al espíritu de la ley de leyes e incluso todas aquellas que provienen del derecho externo y que son de obligatorio cumplimiento a nivel interno.
De manera, que si cualquier funcionario público, incluido el presidente de la República, se atribuye la calidad de anular una parte de ella, ello implica que todo el ordenamiento jurídico, además del constitucional, quedaría invalidado, porque una parte del texto no puede ser válido cuando se intenta anular aquella que le afecta a quien toma una medida que se puede calificar de ilegal.
Y exactamente esto ha ocurrido con el presidente Luís Abinader que mediante la promulgación de la Ley 13-26 busca anular las candidaturas independientes sobre la base de una medida ilegal y violatoria de la Constitución y de todo el sistema jurídico e institucional de la nación.
En esa lógica si una cosa no es legal a pesar de que así lo dispone el texto constitucional, pues igual ocurre con aquella disposición que permite que la autoridad que así actúa tampoco la tenga y entonces se entraría en un nivel de cuestionamiento general que arruina la credibilidad de todo el sistema.
Y efectivamente en ese plano se ha colocado Abinader, porque no es verdad de que porque sea el jefe del Estado dominicano tiene la calidad para sólo cumplir con aquellas partes del texto constitucional que le convengan y que beneficie sus intereses políticos.
Luce que Abinader no entiende en el embrollo legal en que ha metido el país, cuya palabra en lo inmediato la tiene el TC, pero en cualquier caso también otorga un nivel de participación y decisión importante al derecho convencional e internacional.
Las consecuencias de la torpeza de Luis Abinader con la promulgación de una norma que despoja de la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de interpretar de las leyes a través del artículo 47 de la Ley 137-11 para sumarse a las travesuras de los senadores y diputados, que están llenos de miedo más que de vergüenza, coloca a la democracia dominicana en una posición de total falta de credibilidad y que confirma que la Constitución sólo es válida y cumplible cuando así lo entiende el funcionario público, que en este caso no es nada menos que el presidente de la República, quien se ha atrincherado en la ilegalidad para defender lo indefendible.
Abinader podrá tener algún nivel de ingenuidad, pero parece que en su persona pesa más la ignorancia que cualquier otra virtud, lo que pone en peligro la seguridad jurídica e institucional de la sociedad dominicana.