Editorial
No se trata de un problema de forma, sino de fondo.
Prácticamente todo el mundo está consciente de la perdida de la cultura del trabajo, de la ética profesional y de la degradación del sentido humano de la vida en todo el territorio dominicano.
Es un fenómeno que merece un estudio profundo por parte de la ciencia de la sociología para que en el país se inicie un proceso de recuperación de la condición humana que históricamente ha caracterizado al pueblo dominicano.
Un amigo comentó en algún momento que en la República Dominicana sólo quedan con un considerable nivel de sinceridad y de sensibilidad, los locos y los niños, lo cual no está lejos de la verdad.
El primero, porque realmente no sabe lo que hace y el segundo porque no tiene conciencia y mucho menos raciocinio para tergiversar las cosas y actual contrario a su sentimiento.
Pero, para comprobar si esto es mentira o verdad, sólo habría que irse a Emergencia de los centros privados de salud para darse cuenta que el médico de turno observa muy bien cuando llega un paciente para decirle la medida a tomar e incluso para decidir si se trata de alguien que reúne las condiciones para ser internable.
Este periódico conoce un caso de un médico que tenia un rostro muy triste porque uno de sus colegas presionaba para intervenir mediante una cirugía estética a una paciente procedente de los Estados Unidos, a pesar de que tenía la plaqueta muy baja.
A ese profesional de la Medicina sólo le importaba el dinero e insistía en que la operaría y que para ese propósito le pondría sangre en vez de esperar a que la mujer mejorara su situación de salud.
Pero ello no es todo, porque es normal y corriente que mientras un paciente está al borde la muerte, los médicos y el personal de salud hagan cuentos sin importar lo que pueda ocurrir con éste, cuyo escenario es muy común, sobre todo, en los centros de asistencia pública.
De manera, que la mayoría de las muertes de neonatales ocurridas en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, es parte de la dejadez, la falta de ética profesional del personal del centro asistencial y de la pérdida de la cultura del trabajo y del sentido humano de la vida.
Todo el mundo puede estar seguro que esa realidad sólo cambiará cuando en el país exista un Estado que promueva valores en vez de anti-valores, lo cual resulta casi quimérico, porque mientras los partidos políticos vean la actividad como una vía sólo para enriquecerse a través del matrimonio publico y no para implementar políticas públicas para resolver los grandes problemas que nos aquejan, las esperanzas en este sentido son prácticamente nulas.
Aunque parezca un círculo vicioso, esa es la triste y dura realidad que vive el pueblo dominicano, por lo que sólo falta esperar que en vez de una solución de forma al problema, como ha ocurrido, lo cual es suficiente para que hayan muchos más escándalos del mismo tipo por la negligencia y el poco respeto a la vida humana que prevalece en la mayoría, por no decir todos, los hospitales públicos del país, el sistema imponga una salida de fondo al asunto.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.