Editorial
No Sólo Basta Ser Joven
Con motivo de la celebración del “Día Mundial de la Juventud” altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluido el propio presidente de la República, han proclamado la necesidad que tiene la sociedad dominicana de renovarse y llenarse de nuevas energías.
El planteamiento luce muy interesante, sobre todo si partimos de una expresión muy popular que dice: Juventud Divino Tesoro, sin la cual muy difícilmente una sociedad puede lograr niveles de renovación y de energía, porque, sin lugar a dudas, este sector de la población es la dueña del futuro, del porvenir.
Sin embargo, debe puntualizarse que no sólo basta con ser joven para jugar ese papel, nisiquiera tener una preparación técnica, sino una buena formación ética y profundos sentimientos sociales, amar los valores democráticos y velar por los intereses de los que menos tienen.
Algunos funcionarios del Gobierno de Danilo Medina hablan, casi imploran, por lo menos en sus mensajes por los medios de comunicación social, sobre la necesidad de que las candidaturas en las elecciones del 2020 sean ocupadas por nuevas caras, por jóvenes, para que continúen el ejemplo y la obra iniciada por el actual mandatario.
Entonces de inmediato habría que preguntarse y cuál es ese ejemplo de que se habla, el de la poca transparencia, el del grupismo, el de la corrupción generalizada en el Gobierno o sencillamente el de un liderazgo lleno de odio y muy poco inclusivo?
Jóvenes viciados con estas conductas no ayudan para nada, sería entrar en un pantano más lleno de lodo y generador de enfermedades, sobre todo de aquellas que contaminan el alma, la vida de cualquiera con apenas pocos años de venir a este mundo.
Debe insistirse en que se necesitan nuevas caras, jóvenes que busquen transformar la sociedad para bien de todos los que habitan la nación, pero no aquellos que son viejos de espíritu, comprometidos con el pasado, con exactamente esos rostros que ya cansan en el escenario político nacional y que dejan una estela de malos ejemplos.
Necesitamos jóvenes dispuestos a enfrentar las componendas en el Estado, que no vayan a seguir los ejemplos de los viejos que se han llevado entre sus garras una buena parte del patrimonio nacional.
Son esos no apegados a la cultura de la yipeta y el dinero mal habido, sino a los que aman y creen firmemente en el legado de Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, Gregorio Luperón y Francisco Alberto Caamaño Deñó, entre otros prohombres, que lo dieron todo a cambio de nada material, sino de sus ideales y sueños.
No queremos jóvenes que sólo persigan riquezas materiales, monetarias, sino aquellos ricos en sensibilidad social, en amor patrio, en visiones tan amplias y profundas que en varias décadas, cuando ya sean viejas sus caras y que también se agoten, que sean referentes para los nuevos jóvenes que se asume seguirán sus legados.
No podemos pedir nuevas caras, jóvenes para repetir lo que han hecho Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, por sólo mencionar estos tres, de confabularse con la tromposería, la poca transparencia y una conducta que sólo es avalada por sus allegados políticos, familiares y compañeros de tropelías.
La República Dominicana necesita jóvenes, nuevas caras, para ciertamente renovar el espíritu de la política nacional y de la administración pública, pero no para que esas condiciones sean usadas para robarse lo que le pertenece al pueblo dominicano
No se necesitan jóvenes para que se roben medio país y luego sean abanderados de la ética y de la cosa bien hecha, pero con los bolsillos llenos de dinero del patrimonio nacional como pasa en la actualidad con los que tienen esta condición y hoy juegan un papel importante en el Gobierno central y en las alcaldías del país.
Se necesitan caras nuevas y jóvenes con un corazón grande, lo suficientemente grande, para frenar la descomposición social y moral que han sido promovidas a través de gobiernos paridos, paradójicamente, por un partido creado y concebido para cambiar la República Dominicana sobre la base de los ideales de uno de los hombres con indiscutibles referencias de entrega y amor por el prójimo como el profesor Juan Bosch.
No parece existir la posibilidad de que a través de los partidos políticos que hoy controlan el escenario nacional pueda producirse la transformación que necesita el país, en virtud de que los ejemplos y la cultura que prevalece en los mismos consiste en hacerse ricos como primer propósito y luego sumarse a la simulación y la apariencia que arropa el país por los cuatro puntos cardinales.
El país necesita nuevas caras y jóvenes de espíritu, sin que necesariamente los sean biológicamente, porque encontraremos hombres viejos con rostros que no cansan, que son auténticos jóvenes de pensamiento y de acción, cuyo principal compromiso es con su patria y no con los mezquinos intereses que hoy se tragan a nuestra querida República Dominicana.
Sí, es verdad, que el país necesita jóvenes, pero no jóvenes tan viejos que no tengan la fuerza ni la convicción para cambiar nada, tal vez por falta de visión o sencillamente porque están comprometidos con el mal legado de los viejos.
La juventud biológica no basta, se necesita mucho más que eso, lo cual no parece tan fácil en una sociedad intoxicada de malos ejemplos, donde la principal presión que se tiene proviene de la propia familia, en la que importa más que nada los bienes materiales, que es por los que se mide el éxito de los hijos, de los amigos y de todos los allegados.
Se ha convertido en un gran dolor de cabeza la cantidad, sobre todo de funcionarios electos, que pasan a un partido diferente al que permitió su escogencia, sin que exista una razón evidente o convincente que lo justifique.
El fenómeno, visto desde la perspectiva de la conducta de la partidocracia, la cual es la principal causa del descredito y la desvergüenza que afecta al sistema político dominicano, toma cuerpo en la sociedad dominicana.
El mismo hecho de que los partidos tradicionales tengan las puertas abiertas para que personajes seriamente comprometidos con la corrupción entren a su seno, nos dice que el país no camina por un sendero que permita el adecentamiento de la vida nacional.
Ahora el transfuguismo ha estado más presente en aquellos ciudadanos que fueron escogidos para dirigir los municipios, muchos de los cuales se pasan de un partido a otro, principalmente para el que tiene el control del Estado, cuya conducta deja una estela de dudas que daña la democracia nacional.
El último en anunciar su pase del PLD al PRM es el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, primo hermano del actual administrador general del Banco de Reservas.
Cualquiera se resiste a pensar que ese paso obedezca a cuestiones de principios o porque este exsenador quiera adecentar la administración pública y el comportamiento de los partidos políticos del país, sino que en su caso se ajusta mucho la expresión de que por la plata vale el mono.
Evidentemente que la razón de ese cambio depende de algún interés especial y personal y se podría asegurar que su primo tiene algo que ver con el asunto, ya que ambos formaron parte del escandaloso caso de los Super Tucanos.
Luis René Canaán Rojas es un peledeísta que se ha visto envuelto en una serie de escándalos y que en esa virtud no parece que sea mucho lo que le sume al PRM.
Pero, esas tachas de este hombre, no implica nada para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos dirigentes y su ¨¨pragmatismo¨¨ son comunes a las organizaciones que sólo han dejado un gran rastro de dolor y sufrimiento al pueblo dominicano.
Los Asuntos con raíces culturales no son tan fáciles de borrar de la conducta de quienes son impactados por ellos, porque el inconsciente de su gente está programado para actuar de esa manera.
La informalidad es una parte fundamental de la vida de los países pobres y subdesarrollados, porque amplios sectores de la sociedad tienen que reinventarse cada día para poder sobrevivir.
Este fenómeno, no exclusivo de los que están en la parte más baja de la pirámide social, sino que también impacta a los que están en la parte más alta de la misma, es decir, que ambos son víctimas de una cuestión con implicaciones profundamente culturales.
Tanto es así que el Estado no hace nada para ayudar a combatir el problema y en cambio promueve este fenómeno social, cultural y económico.
Nadie puede poner en duda que los logros del país en algunos renglones de la economía, como el turismo, las zonas francas y las remesas, no obedece a una política pública bien planificada y formal, sino que tiene mucho de informalidad y de improvisación, pero cuestiones que proporciona la naturaleza ha ayudado bastante
Sin embargo, es muy válido el esfuerzo que se hace internacionalmente en esta materia, pero en opinión de La República debe hacerse sobre la base de un plan que involucre a los Estados.
Para sólo mencionar un aspecto, se debe decir que se pasa de la informalidad a la formalidad en términos de inversión extranjera con una suficiente seguridad jurídica y con la existencia de mano de obra, acompañada del restablecimiento de la cultura del trabajo y de exportación, para que el capital invertido regrese con facilidad al que lo ha puesto confiado en reproducirlo.
De esa manera, los resultados podrían caminar a una mayor velocidad, aunque de cualquier modo se necesita de un plan muy bien concebido para que a largo plazo haya resultados de grandes avances, sobre todo en materia de educación.
La informalidad está asociada a la pobreza y al subdesarrollo, pero debe existir la seguridad de que si se combate con las herramientas que recomiendan las ciencias sociales muy probablemente serán muchas las naciones que transitarán del tercer al segundo o al primer mundo.
La informalidad obstaculiza el acceso al crédito en el sector comercial y empresarial y es motivo de grandes enemistades, rupturas económicas y de otras índoles.
Hay ejemplos en el mundo de que esos paradigmas pueden ser cambiados con esfuerzos privados y públicos, así que manos a la obra, porque mucho que lo necesita la República Dominicana.
El Gobierno del presidente Luis Abinader cae en el campo de la ilegalidad cuando no respeta ni promueve la aplicación de las leyes que constituyen un soporte vital de la democracia.
Los funcionarios perremeístas se han especializado en promover el irrespeto de la ley e incluso de las sentencias que sientan jurisprudencias del Tribunal Constitucional.
Esa alta corte acaba de emitir una sentencia en la que obliga a pagar al Ministerio de Hacienda por concepto de astreinte un millón doscientos veinte mil pesos en favor de una viuda cuya pensión se ha negado a acoger la institución competente en esta materia del Gobierno.
Pero al propio tiempo ayer se publicó una información en la que se denuncia que son muy pocas las instituciones publicas que cumplen con el mandato de la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública.
El llamado Gobierno del Cambio parece no darse cuenta, aunque naturalmente es mucho pedir, que con esa conducta daña el estado de derecho y la democracia.
De la irregularidad ni el jefe del Estado se da cuenta, porque está tan ocupado de inaugurar hasta la limpieza de una cuneta que no le da el tiempo para ocuparse de cosas más de fondo y compleja porque sus daños son cuantiosos para la democracia nacional.
Prácticamente todos los órganos y entes del Estado cuentan con oficinas de libre acceso a la información pública, pero ninguna cumple con el mandato del derecho positivo dominicano e internacional.
Se sabe de más que no se le puede pedir peras al olmo, dado que hace algunos días que el ignorante que dirige la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) se atrevió a decir al principal periódico del país que el presidente Abinader había autorizado que le cortaran el agua a todo aquel que no la pague, cuyo funcionario se olvidó que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que lo impide por tratarse de un asunto de derechos humanos.
Pero de ser cierto lo que puso en la boca del presidente el director de Coraazan, entonces no hay otra cosa que se pueda esperar de los funcionarios y de un mandatario que da órdenes a sus subalternos para que violen las sentencias del Tribunal Constitucional y el mandato de la Ley 200-04, sobre libre acceso a la información publica.
Siendo así, no hay nada que se le pueda pedir a los perremeístas para que abandonen la practica de acabar con la poca institucionalidad de que goza el país.