Editorial
No Sólo Basta Ser Joven
Con motivo de la celebración del “Día Mundial de la Juventud” altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluido el propio presidente de la República, han proclamado la necesidad que tiene la sociedad dominicana de renovarse y llenarse de nuevas energías.
El planteamiento luce muy interesante, sobre todo si partimos de una expresión muy popular que dice: Juventud Divino Tesoro, sin la cual muy difícilmente una sociedad puede lograr niveles de renovación y de energía, porque, sin lugar a dudas, este sector de la población es la dueña del futuro, del porvenir.
Sin embargo, debe puntualizarse que no sólo basta con ser joven para jugar ese papel, nisiquiera tener una preparación técnica, sino una buena formación ética y profundos sentimientos sociales, amar los valores democráticos y velar por los intereses de los que menos tienen.
Algunos funcionarios del Gobierno de Danilo Medina hablan, casi imploran, por lo menos en sus mensajes por los medios de comunicación social, sobre la necesidad de que las candidaturas en las elecciones del 2020 sean ocupadas por nuevas caras, por jóvenes, para que continúen el ejemplo y la obra iniciada por el actual mandatario.
Entonces de inmediato habría que preguntarse y cuál es ese ejemplo de que se habla, el de la poca transparencia, el del grupismo, el de la corrupción generalizada en el Gobierno o sencillamente el de un liderazgo lleno de odio y muy poco inclusivo?
Jóvenes viciados con estas conductas no ayudan para nada, sería entrar en un pantano más lleno de lodo y generador de enfermedades, sobre todo de aquellas que contaminan el alma, la vida de cualquiera con apenas pocos años de venir a este mundo.
Debe insistirse en que se necesitan nuevas caras, jóvenes que busquen transformar la sociedad para bien de todos los que habitan la nación, pero no aquellos que son viejos de espíritu, comprometidos con el pasado, con exactamente esos rostros que ya cansan en el escenario político nacional y que dejan una estela de malos ejemplos.
Necesitamos jóvenes dispuestos a enfrentar las componendas en el Estado, que no vayan a seguir los ejemplos de los viejos que se han llevado entre sus garras una buena parte del patrimonio nacional.
Son esos no apegados a la cultura de la yipeta y el dinero mal habido, sino a los que aman y creen firmemente en el legado de Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, Gregorio Luperón y Francisco Alberto Caamaño Deñó, entre otros prohombres, que lo dieron todo a cambio de nada material, sino de sus ideales y sueños.
No queremos jóvenes que sólo persigan riquezas materiales, monetarias, sino aquellos ricos en sensibilidad social, en amor patrio, en visiones tan amplias y profundas que en varias décadas, cuando ya sean viejas sus caras y que también se agoten, que sean referentes para los nuevos jóvenes que se asume seguirán sus legados.
No podemos pedir nuevas caras, jóvenes para repetir lo que han hecho Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, por sólo mencionar estos tres, de confabularse con la tromposería, la poca transparencia y una conducta que sólo es avalada por sus allegados políticos, familiares y compañeros de tropelías.
La República Dominicana necesita jóvenes, nuevas caras, para ciertamente renovar el espíritu de la política nacional y de la administración pública, pero no para que esas condiciones sean usadas para robarse lo que le pertenece al pueblo dominicano
No se necesitan jóvenes para que se roben medio país y luego sean abanderados de la ética y de la cosa bien hecha, pero con los bolsillos llenos de dinero del patrimonio nacional como pasa en la actualidad con los que tienen esta condición y hoy juegan un papel importante en el Gobierno central y en las alcaldías del país.
Se necesitan caras nuevas y jóvenes con un corazón grande, lo suficientemente grande, para frenar la descomposición social y moral que han sido promovidas a través de gobiernos paridos, paradójicamente, por un partido creado y concebido para cambiar la República Dominicana sobre la base de los ideales de uno de los hombres con indiscutibles referencias de entrega y amor por el prójimo como el profesor Juan Bosch.
No parece existir la posibilidad de que a través de los partidos políticos que hoy controlan el escenario nacional pueda producirse la transformación que necesita el país, en virtud de que los ejemplos y la cultura que prevalece en los mismos consiste en hacerse ricos como primer propósito y luego sumarse a la simulación y la apariencia que arropa el país por los cuatro puntos cardinales.
El país necesita nuevas caras y jóvenes de espíritu, sin que necesariamente los sean biológicamente, porque encontraremos hombres viejos con rostros que no cansan, que son auténticos jóvenes de pensamiento y de acción, cuyo principal compromiso es con su patria y no con los mezquinos intereses que hoy se tragan a nuestra querida República Dominicana.
Sí, es verdad, que el país necesita jóvenes, pero no jóvenes tan viejos que no tengan la fuerza ni la convicción para cambiar nada, tal vez por falta de visión o sencillamente porque están comprometidos con el mal legado de los viejos.
La juventud biológica no basta, se necesita mucho más que eso, lo cual no parece tan fácil en una sociedad intoxicada de malos ejemplos, donde la principal presión que se tiene proviene de la propia familia, en la que importa más que nada los bienes materiales, que es por los que se mide el éxito de los hijos, de los amigos y de todos los allegados.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.