Editorial
Otra vez el Ministerio Público
No hay un día en que el Ministerio Público de la República Dominicana no sea cuestionado por su comportamiento frente a los crímenes y los delitos que son el pan de cada día en el país.
Hace algunos días que fue lo ocurrido en Villa Vásquez, luego vino las sospechas generadas en contra del Ministerio Público con la red de narcotráfico de «César el abusador» y todos los supuestos involucrados en el caso.
Pero antes de eso fue el caso de Odebrecht y en cada uno de estos hechos la deficiencia y a veces hasta la complicidad del Ministerio Público es el elemento a destacar.
Ahora está sobre el tapete el asesinato de la joven abogada Anibel González Ureña por parte del padre de sus hijos, Yasmil Oscar Fernández Estévez, quien estaba recién salido de la cárcel por haber apuñalado a la hoy víctima y que debió recibir una condena de 30 años como manda el Código Procesal Penal, porque el intento de homicidio es como el homicidio mismo y el asesino suicida había apuñalado a la hoy occisa aunque no logro quitarle la vida en esa primera ocasión.
De acuerdo a lo que se ha publicado, la procuradora fiscal que manejó ese caso en San Pedro de Macorís no calificó el hecho como un intento de homicidio, que es lo que manda el Código Procesal Penal y para colmo el asesino y suicida logró un acuerdo con el Ministerio Público para lograr su libertad mucho tiempo antes de cumplir la condena de cinco años que había recibido.
Lo grave del caso es que el criminal suicida amenazó su exmujer desde la cárcel y ella lo denunció ante el Ministerio Público y no se hizo nada para evitar un crimen que ha consternado a toda la sociedad dominicana.
Este periódico ha dicho en reiteradas ocasiones que el problema que padece el Ministerio Público no es exclusivo de Villa Vásquez ni de San Pedro de Macorís, sino que éste órgano del estado, que tiene como misión perseguir el crimen y el delito, tiene una ineptitud, negligencia o complicidad que es un fenómeno de alcance nacional.
Hoy la sociedad se ha levantado nuevamente frente a lo que podría parecer una deficiencia o ineptitud del Ministerio Público, pero por lo menos este medio de comunicación se inclina por pensar que la Procuraduría General de la República es en lo fundamental cómplice por comisión o omisión de estos hechos.
Hay cientos de casos que involucran al Ministerio Público que no han salido a la luz pública y que evidencia los niveles de complicidad de los fiscales con el delito y el crimen, como por ejemplo el Distrito Judicial de Santiago, donde este órgano del estado está abiertamente confabulado con bandas que se dedican a la ejecución de embargos mobiliarios e inmobiliarios ilegales.
Este problema que amenaza el derecho a la propiedad, el cual está consignado en la Constitución de la República como un derecho fundamental, pero que estos miembros del Ministerio Público no tienen miramiento cuando se trata de mandar a archivo definitivo cualquier querella presentada en contra de estos delincuentes, que incluye a notarios, abogados, alguaciles y hasta jueces.
Lo ocurrido en San Pedro de Macorís con el asesinato de una manera cruel de una joven profesional llena de vida y con grandes sueños de lograr metas para ella, sus hijos y toda su familia, proporciona una idea de la gravedad del problema
En este caso se impone que se siga el mismo procedimiento que se empleó en Villa Vásquez que terminó con la cancelación y traducción a la acción de la justicia ordinaria de la fiscal que actuó en un caso en el que se colocó drogas a unos jóvenes en una barbería, pero que parece que la acción de esa miembro del Ministerio Público era parte de su conducta cotidiana en contra de la sociedad.
EL caso de San Pedro de Macorís debe ser minuciosamente investigado para imponer el castigo que establecen las leyes en contra de un miembro del Ministerio Público, cuya vocación es promover la violencia y la delincuencia, más que enfrentar el crimen y el delito en su jurisdicción.
Ojalá que en este caso también se siente un precedente y que en consecuencia esta irresponsabilidad o complicidad sirva para iniciar un proceso de adecentamiento de un órgano del Estado que ha sido concebido para proteger a las víctimas y la sociedad de sus victimarios y resarcir los daños causados.
En todo el mundo la televisión digital y los medios de comunicación en general han pasado a jugar, aun con sus falencias, un rol protagónico en los procesos democráticos que viven los pueblos, porque de alguna manera las redes sociales están abiertas a todas las corrientes del pensamiento político, social y económico.
Ha sido una forma de cumplir con el sueño de que los receptores de los mensajes puedan reaccionar en contra o en favor de aquellas cosas que rechazan o comparten, es decir, que se produzca el famoso feedback.
Los medios digitales son una herramienta que rompe con la comunicación vertical para convertirla en horizontal, lo que en pocas palabras no es otra cosa que democratizar el mensaje que llega a los lectores o televidentes.
Por esta y muchas más razones tiene que ser motivo de satisfacción que muchos medios surjan para fortalecer la corriente de la democratización de la información y la comunicación, sobre todo si ello implica una mejoría de su calidad.
Todo el mundo sabe que antes del surgimiento o empoderamiento de las redes sociales los medios de comunicación tradicionales a través de las empresas periodísticas que son controladas por grupos económicos que manejan la información en función de los intereses que representan y por esa razón no se puede tener la certeza de que lo que dicen o dejan de decir obedezca a una verdad indiscutible.
La manipulación de la información no sólo tiene que ver con lo semiótico y semántico, sino también con la colocación o no de lo que ocurre, lo que ha provocado que los medios digitales hayan cambiado esa regla del juego.
De manera, que independientemente de la post verdad los medios digitales han traído más cosas buenas que malas, pero además en la medida en que lleguen propuestas en este campo que mejoren lo que no está bien, el papel de éstos será de mucho mayor importancia en favor de la sociedad.
Entonces, la llegada de los medios pertenecientes al Grupo Nacional Azul responde al propósito de sacarle el mayor provecho a la era digital y para que los medios de comunicación sean un instrumento para la mejoría de la democracia, ya que la República Dominicana atraviesa por un momento de una profunda crisis de credibilidad, lo cual ha dejado como consecuencia una falta de legitimidad, lo que desde cualquier perspectiva que se vea es una especie de bomba de tiempo.
Los dominicanos de aquí y los de allá, es decir, los que viven en el territorio nacional y los que están fuera del país pueden tener la seguridad de que seguiremos haciendo un periodismo que promueva el Estado Social Democrático de Derecho, exactamente como está consignado en el artículo 7 de la Constitución de la República.
Somos enemigos de la manipulación periodística para defender y proteger los intereses de grupos económicos que no ven más allá de la ganancia que obtienen y que representan, sin que les importe el dolor que causan a la sociedad dominicana, una retranca para el logro de una verdadera democracia.
En el país hay que revertir todo aquello que vende la idea de que las cosas tienen que verse desde una visión monetaria o material, sino que los medios como los de la Fundación Grupo Nacional Azul deben velar porque no prevalezca en la información un interés personal y grupal, porque al final los más indefensos son los que pierden, como las mujeres, los niños y los envejecientes.
Los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción pública dejan huellas inborrables en la sociedad dominicana.
La consternación que ha traído consigo el asesinato de la joven modelo y locutora Shantal Jiménez es una expresión fiel del impacto de un fenómeno que deja heridas insanables en la sociedad dominicana.
Son heridas lacerantes que nadie podrá borrar del escenario nacional, porque la irracionalidad se ha apropiado de una buena parte de los hombres que se niegan a dejar volar libremente a la mujer que busca mejores horizontes.
Estos feminicidios se producen y dejan una estela de dolor, no sólo en el seno de los seres queridos de las mujeres asesinadas, sino también de las madres de los hombres que incurren en el error de eliminar físicamente a aquellas que también muchas de ellas son las progenitoras de sus hijos.
Es un drama que parece insuperable, que deja una secuela de heridas emocionales que difícilmente puedan superar los afectados en el curso de sus vidas.
Todo ello requiere que el Estado tome las medidas pertinentes para enfrentar el mal, pese a que se entiende que el esfuerzo demanda de la inversión de muchos sacrificios para contrarrestar un flagelo que daña a toda la sociedad.
El problema se expresa cuando ocurre con niñas que se embarazan sin todavía estar preparadas para tener hijos, cuyo futuro se vuelve incierto, amén de que el fenómeno causa daños terribles, porque hay expertos que consideran que los embarazos en adolescentes es una fuente generadora de delincuencia y de otros problemas sociales.
Pero podría asumirse que todo ello, es decir los tres flagelos de que se habla en este editorial, tienen su razón de ser, máxime su aumento, en la irresponsabilidad con que los partidos políticos manejan el presupuesto general de la nación, cuyo punto 1-a es la corrupción administrativa, la cual también alimenta el mal a nivel privado, ya que arruina oportunidades de crecimiento a las niñas que pasan por el drama de engendrar un hijo a temprana edad.
No no se puede ser muy optimista con las medidas que puedan surgir desde el sector público para enfrentar estos flagelos, porque una de las cosas que alimentan estas distorsiones es precisamente la falta de planificación y la poca formación de los que tienen el control del Estado.
Nadie puede negar que como se ven las cosas, el país podría entrar en una verdadera crisis de violencia con el camino que llevan los tres flagelos escogidos por la República para intentar hacer sentir su voz de alarma al respecto.
La verdad es que la gente de buena voluntad y que realmente quiere lo mejor para el país no puede dormir tranquila con los efectos que producen los tres flagelos que se abordan en el presente editorial, los cuales tienen como agravantes la falta de planificación y el desorden que caracteriza al Estado dominicano.
Cualquiera podría preguntarse si realmente el país está preparado para elaborar una receta que vaya más allá del diagnóstico para, sino solucionar, por lo menos disminuir, el impacto destructor de los flagelos de los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción administrativa.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.