Editorial
Otra vez el Ministerio Público
No hay un día en que el Ministerio Público de la República Dominicana no sea cuestionado por su comportamiento frente a los crímenes y los delitos que son el pan de cada día en el país.
Hace algunos días que fue lo ocurrido en Villa Vásquez, luego vino las sospechas generadas en contra del Ministerio Público con la red de narcotráfico de «César el abusador» y todos los supuestos involucrados en el caso.
Pero antes de eso fue el caso de Odebrecht y en cada uno de estos hechos la deficiencia y a veces hasta la complicidad del Ministerio Público es el elemento a destacar.
Ahora está sobre el tapete el asesinato de la joven abogada Anibel González Ureña por parte del padre de sus hijos, Yasmil Oscar Fernández Estévez, quien estaba recién salido de la cárcel por haber apuñalado a la hoy víctima y que debió recibir una condena de 30 años como manda el Código Procesal Penal, porque el intento de homicidio es como el homicidio mismo y el asesino suicida había apuñalado a la hoy occisa aunque no logro quitarle la vida en esa primera ocasión.
De acuerdo a lo que se ha publicado, la procuradora fiscal que manejó ese caso en San Pedro de Macorís no calificó el hecho como un intento de homicidio, que es lo que manda el Código Procesal Penal y para colmo el asesino y suicida logró un acuerdo con el Ministerio Público para lograr su libertad mucho tiempo antes de cumplir la condena de cinco años que había recibido.
Lo grave del caso es que el criminal suicida amenazó su exmujer desde la cárcel y ella lo denunció ante el Ministerio Público y no se hizo nada para evitar un crimen que ha consternado a toda la sociedad dominicana.
Este periódico ha dicho en reiteradas ocasiones que el problema que padece el Ministerio Público no es exclusivo de Villa Vásquez ni de San Pedro de Macorís, sino que éste órgano del estado, que tiene como misión perseguir el crimen y el delito, tiene una ineptitud, negligencia o complicidad que es un fenómeno de alcance nacional.
Hoy la sociedad se ha levantado nuevamente frente a lo que podría parecer una deficiencia o ineptitud del Ministerio Público, pero por lo menos este medio de comunicación se inclina por pensar que la Procuraduría General de la República es en lo fundamental cómplice por comisión o omisión de estos hechos.
Hay cientos de casos que involucran al Ministerio Público que no han salido a la luz pública y que evidencia los niveles de complicidad de los fiscales con el delito y el crimen, como por ejemplo el Distrito Judicial de Santiago, donde este órgano del estado está abiertamente confabulado con bandas que se dedican a la ejecución de embargos mobiliarios e inmobiliarios ilegales.
Este problema que amenaza el derecho a la propiedad, el cual está consignado en la Constitución de la República como un derecho fundamental, pero que estos miembros del Ministerio Público no tienen miramiento cuando se trata de mandar a archivo definitivo cualquier querella presentada en contra de estos delincuentes, que incluye a notarios, abogados, alguaciles y hasta jueces.
Lo ocurrido en San Pedro de Macorís con el asesinato de una manera cruel de una joven profesional llena de vida y con grandes sueños de lograr metas para ella, sus hijos y toda su familia, proporciona una idea de la gravedad del problema
En este caso se impone que se siga el mismo procedimiento que se empleó en Villa Vásquez que terminó con la cancelación y traducción a la acción de la justicia ordinaria de la fiscal que actuó en un caso en el que se colocó drogas a unos jóvenes en una barbería, pero que parece que la acción de esa miembro del Ministerio Público era parte de su conducta cotidiana en contra de la sociedad.
EL caso de San Pedro de Macorís debe ser minuciosamente investigado para imponer el castigo que establecen las leyes en contra de un miembro del Ministerio Público, cuya vocación es promover la violencia y la delincuencia, más que enfrentar el crimen y el delito en su jurisdicción.
Ojalá que en este caso también se siente un precedente y que en consecuencia esta irresponsabilidad o complicidad sirva para iniciar un proceso de adecentamiento de un órgano del Estado que ha sido concebido para proteger a las víctimas y la sociedad de sus victimarios y resarcir los daños causados.
En toda sociedad existen sentimientos capaces de condicionar la conducta de las personas. En la República Dominicana, dos de ellos merecen especial atención: el miedo y la vergüenza.
El miedo paraliza. La vergüenza oculta.
Uno puede impedir que una persona denuncie una injusticia; la otra puede llevarla a esconder durante años una realidad dolorosa por temor al juicio de los demás.
Ambos sentimientos forman parte de la condición humana. El problema comienza cuando dejan de ser reacciones circunstanciales y se convierten en fuerzas capaces de determinar la vida de las personas, silenciar problemas sociales y debilitar la capacidad de reclamar derechos.
Durante generaciones, la cultura dominicana ha convivido con una frase que resume buena parte de esa presión social: “¿Qué va a decir la gente?”
Detrás de esas pocas palabras se encuentra, muchas veces, una enorme carga emocional.
Por temor al “qué dirán”, algunas personas intentan aparentar una estabilidad económica que no poseen. Otras permanecen en relaciones deterioradas. Algunas familias esconden situaciones de violencia, adicciones, conflictos internos o dificultades financieras porque consideran que reconocer esos problemas públicamente constituye una vergüenza.
Así se construyen apariencias de normalidad mientras los verdaderos problemas permanecen ocultos.
Pero el miedo también ejerce su propia presión.
Existe miedo a denunciar al poderoso, miedo a perder el empleo, miedo a enfrentar intereses económicos o políticos, miedo a convertirse en objeto de represalias y miedo, simplemente, a quedarse solo cuando llega el momento de defender una posición.
Por eso, no todo silencio significa indiferencia.
Muchas veces el silencio es una forma de supervivencia.
El verdadero problema aparece cuando miedo y vergüenza coinciden.
La víctima de violencia puede temer a su agresor y, al mismo tiempo, sentir vergüenza de admitir lo que vive.
Quien ha sido estafado puede callar no solo por temor a perder más, sino por la incomodidad de reconocer que fue engañado.
Una familia en dificultades puede necesitar ayuda y, aun así, negarse a solicitarla porque teme ser señalada.
En esos casos, miedo y vergüenza terminan convirtiéndose en aliados de un mismo enemigo: el silencio.
Las redes sociales han añadido una dimensión nueva a esta realidad.
Hoy se exhiben viajes, vehículos, celebraciones, éxitos profesionales, relaciones sentimentales y estilos de vida cuidadosamente seleccionados. La sociedad digital ha convertido la imagen personal en una vitrina permanente.
Sin embargo, detrás de una fotografía de felicidad puede existir dolor. Detrás de una aparente prosperidad puede haber endeudamiento. Detrás de una pareja sonriente puede esconderse una relación rota.
El problema no está en compartir momentos positivos, sino en creer que la vida debe ser permanentemente perfecta para ser aceptada por los demás.
Esa presión fortalece nuevamente la vieja pregunta: “¿Qué van a pensar de mí?”
Una sociedad madura debe aprender a sustituir esa pregunta por otras más importantes.
¿Estoy actuando correctamente?
¿Estoy protegiendo mis derechos?
¿Necesito ayuda?
¿Estoy guardando silencio frente a una injusticia?
¿Estoy viviendo para satisfacer las expectativas de los demás o para enfrentar responsablemente mi propia realidad?
No podemos construir una sociedad libre si las personas sienten que denunciar es peligroso, pedir ayuda es humillante o reconocer un fracaso constituye una vergüenza.
Tampoco basta con pedirle valentía al ciudadano.
Las instituciones tienen la obligación de generar confianza. Quien denuncia debe sentirse protegido. Quien busca justicia debe encontrar respuestas. Quien necesita ayuda debe poder solicitarla sin ser humillado.
La familia, la escuela, los medios de comunicación y las instituciones públicas también tienen responsabilidades en la construcción de una cultura menos inclinada al juicio y más comprometida con la solidaridad.
El miedo y la vergüenza nunca desaparecerán completamente. Son emociones humanas.
Pero no podemos permitir que se conviertan en cárceles invisibles.
Cuando una persona deja de hablar por miedo, una injusticia puede continuar.
Cuando alguien oculta un problema por vergüenza, ese problema puede crecer.
Y cuando toda una sociedad comienza a guardar silencio, las consecuencias dejan de ser individuales y pasan a convertirse en colectivas.
Por eso, el verdadero desafío no consiste en determinar cuál pesa más, si el miedo o la vergüenza.
El verdadero desafío es construir una sociedad en la que ninguno de los dos pese tanto como para impedir denunciar, pedir ayuda, defender derechos, reconocer errores y volver a comenzar.
Tal vez haya llegado el momento de dejar de vivir pendientes únicamente del “qué dirán”.
Porque, frente a los grandes problemas de una sociedad, existe una pregunta mucho más importante:
¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiar lo que debe cambiar?
El patrimonio público no pertenece al Gobierno de turno, al funcionario que administra una institución ni al partido político que circunstancialmente ejerce el poder.
Pertenece a la sociedad.
Esta afirmación, aparentemente elemental, constituye uno de los principios fundamentales sobre los cuales debe descansar una democracia auténticamente institucional.
Sin embargo, nuestra historia política obliga a reconocer que durante demasiado tiempo ha sobrevivido una concepción patrimonialista del Estado: la idea de que alcanzar una posición de poder puede proporcionar derecho a disponer de los recursos públicos como si fueran patrimonio particular.
Esa cultura debe terminar.
La corrupción no puede continuar analizándose exclusivamente por la cantidad de dinero presuntamente sustraído. Su verdadero costo alcanza dimensiones mucho mayores.
Cuando se desvían recursos públicos, pierde el hospital que necesita medicamentos, la escuela que requiere mejores condiciones, la comunidad que espera una carretera, el ciudadano que necesita seguridad y la familia que depende de servicios estatales eficientes.
Pero pierde también la democracia.
Cada escándalo de corrupción que queda sin esclarecer, cada irregularidad que no recibe respuesta institucional y cada manifestación de impunidad —real o percibida— erosiona la confianza de los ciudadanos.
Y ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente sin confianza.
La República Dominicana necesita consolidar una cultura en la cual administrar recursos públicos sea entendido como una responsabilidad temporal y rigurosamente fiscalizada, nunca como una oportunidad de enriquecimiento.
Eso requiere instituciones fuertes, transparencia, controles efectivos, rendición de cuentas y una justicia capaz de investigar y juzgar con independencia.
Pero también exige prudencia.
Combatir la corrupción no significa condenar anticipadamente a quien es investigado. El debido proceso y la presunción de inocencia deben respetarse siempre.
La democracia debe ser suficientemente fuerte para combatir simultáneamente la corrupción y la arbitrariedad.
No necesitamos persecuciones políticas disfrazadas de justicia, pero tampoco necesitamos impunidad disfrazada de garantías.
Necesitamos instituciones.
También corresponde a la sociedad abandonar aquella tolerancia cultural que relativiza la apropiación de recursos públicos dependiendo de quién la cometa.
La corrupción no puede parecernos grave cuando involucra al adversario y justificable cuando beneficia al aliado.
El patrimonio público no tiene colores partidarios.
Cada peso administrado por el Estado procede directa o indirectamente del esfuerzo colectivo y debe regresar a la sociedad convertido en servicios, infraestructura, seguridad, educación, salud y oportunidades.
Por eso, proteger el patrimonio público significa mucho más que proteger dinero.
Significa proteger la democracia.
La República Dominicana debe aspirar a una institucionalidad donde quien llegue al Estado comprenda desde el primer día una verdad que nunca debió ponerse en discusión:
el poder es temporal, pero el patrimonio público pertenece permanentemente al pueblo dominicano.
La reducción de determinados indicadores de criminalidad constituye una noticia alentadora para la República Dominicana. Cuando disminuyen los homicidios, los robos y otros hechos delictivos, el país tiene razones para reconocer los resultados de las políticas públicas que han contribuido a mejorar la seguridad ciudadana.
Pero sería un error confundir una mejoría estadística con la solución definitiva del problema.
La violencia continúa manifestándose de múltiples maneras en nuestra sociedad. Está presente en las calles, pero también detrás de las puertas de muchos hogares. Aparece en las riñas, en los conflictos vecinales, en la violencia intrafamiliar y de género, en las amenazas, en el maltrato psicológico, en el abuso sexual y en situaciones aparentemente cotidianas que pueden terminar convertidas en tragedias.
Por eso, hablar de violencia en la República Dominicana exige mirar más allá de las cifras.
Cada homicidio representa una vida perdida. Cada mujer agredida representa una persona cuya integridad y dignidad han sido vulneradas. Cada niño que crece presenciando violencia en su hogar corre el riesgo de asumir como normal una conducta que nunca debe serlo. Y detrás de cada familia afectada queda una huella que las estadísticas difícilmente pueden reflejar.
El país necesita continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las demás instituciones responsables de garantizar la seguridad y perseguir el delito. Sin embargo, la actuación represiva, aunque necesaria, llega generalmente después de que el conflicto se ha producido.
El verdadero desafío está también en prevenir.
Prevenir significa identificar oportunamente a una mujer amenazada antes de que se convierta en una víctima mortal. Significa intervenir en comunidades donde los conflictos de convivencia comienzan a escalar. Significa retirar armas ilegales de las calles, pero también enseñar a nuestros jóvenes que una diferencia no se resuelve mediante una agresión.
La prevención comienza en la familia y continúa en la escuela, la comunidad, los clubes deportivos, las iglesias, las organizaciones sociales y los medios de comunicación.
Necesitamos enseñar desde edades tempranas el respeto por la vida, la tolerancia, el manejo de las emociones y la resolución pacífica de los conflictos. Pero también debemos ofrecer oportunidades reales de educación, empleo, deporte, cultura y desarrollo a los jóvenes que viven en comunidades vulnerables.
No podemos reclamarles paz a nuestros barrios mientras abandonamos las condiciones sociales que contribuyen a generar desesperanza, exclusión y violencia.
Igualmente preocupante resulta la normalización de determinadas conductas. Los insultos, las amenazas, los celos extremos, el control económico y la agresión psicológica todavía son minimizados en algunos hogares hasta que la situación alcanza niveles irreversibles.
La violencia nunca debe considerarse una demostración de amor, autoridad, hombría o respeto.
Una sociedad que desea disminuir verdaderamente sus niveles de violencia necesita aprender a reconocer sus primeras señales.
También corresponde al Estado garantizar que una persona que decide denunciar encuentre instituciones capaces de escucharla, protegerla y responder oportunamente. La confianza ciudadana resulta indispensable: cuando una víctima siente que denunciar no producirá ninguna consecuencia, el silencio termina convirtiéndose en otro aliado del agresor.
República Dominicana ha conseguido avances importantes en materia de seguridad. Esos resultados deben preservarse y profundizarse. Pero nuestra aspiración nacional no puede limitarse a reducir una tasa de homicidios.
Debemos proponernos algo mucho más ambicioso: construir una cultura de convivencia y respeto por la vida.
Eso requiere una política de Estado sostenida en el tiempo, independientemente de los gobiernos de turno. Requiere instituciones eficientes, justicia oportuna, prevención comunitaria, educación, oportunidades y participación ciudadana.
La seguridad no es responsabilidad exclusiva de la Policía ni la violencia puede combatirse solamente desde los tribunales.
Es una responsabilidad compartida.
El Estado debe proteger. La justicia debe actuar. Las comunidades deben prevenir. Las familias deben educar. Los medios debemos contribuir a crear conciencia. Y cada ciudadano debe comprender que ninguna diferencia justifica poner en peligro la integridad o la vida de otra persona.
Las estadísticas pueden decirnos cuánto hemos avanzado.
La verdadera transformación llegará cuando una sociedad más segura pueda medirse no solamente por la cantidad de delitos que disminuyen, sino por la cantidad de conflictos que logramos evitar antes de que terminen en tragedia.
Ese debe ser el próximo gran objetivo de la República Dominicana.