Editorial
Otra vez el Ministerio Público
No hay un día en que el Ministerio Público de la República Dominicana no sea cuestionado por su comportamiento frente a los crímenes y los delitos que son el pan de cada día en el país.
Hace algunos días que fue lo ocurrido en Villa Vásquez, luego vino las sospechas generadas en contra del Ministerio Público con la red de narcotráfico de «César el abusador» y todos los supuestos involucrados en el caso.
Pero antes de eso fue el caso de Odebrecht y en cada uno de estos hechos la deficiencia y a veces hasta la complicidad del Ministerio Público es el elemento a destacar.
Ahora está sobre el tapete el asesinato de la joven abogada Anibel González Ureña por parte del padre de sus hijos, Yasmil Oscar Fernández Estévez, quien estaba recién salido de la cárcel por haber apuñalado a la hoy víctima y que debió recibir una condena de 30 años como manda el Código Procesal Penal, porque el intento de homicidio es como el homicidio mismo y el asesino suicida había apuñalado a la hoy occisa aunque no logro quitarle la vida en esa primera ocasión.
De acuerdo a lo que se ha publicado, la procuradora fiscal que manejó ese caso en San Pedro de Macorís no calificó el hecho como un intento de homicidio, que es lo que manda el Código Procesal Penal y para colmo el asesino y suicida logró un acuerdo con el Ministerio Público para lograr su libertad mucho tiempo antes de cumplir la condena de cinco años que había recibido.
Lo grave del caso es que el criminal suicida amenazó su exmujer desde la cárcel y ella lo denunció ante el Ministerio Público y no se hizo nada para evitar un crimen que ha consternado a toda la sociedad dominicana.
Este periódico ha dicho en reiteradas ocasiones que el problema que padece el Ministerio Público no es exclusivo de Villa Vásquez ni de San Pedro de Macorís, sino que éste órgano del estado, que tiene como misión perseguir el crimen y el delito, tiene una ineptitud, negligencia o complicidad que es un fenómeno de alcance nacional.
Hoy la sociedad se ha levantado nuevamente frente a lo que podría parecer una deficiencia o ineptitud del Ministerio Público, pero por lo menos este medio de comunicación se inclina por pensar que la Procuraduría General de la República es en lo fundamental cómplice por comisión o omisión de estos hechos.
Hay cientos de casos que involucran al Ministerio Público que no han salido a la luz pública y que evidencia los niveles de complicidad de los fiscales con el delito y el crimen, como por ejemplo el Distrito Judicial de Santiago, donde este órgano del estado está abiertamente confabulado con bandas que se dedican a la ejecución de embargos mobiliarios e inmobiliarios ilegales.
Este problema que amenaza el derecho a la propiedad, el cual está consignado en la Constitución de la República como un derecho fundamental, pero que estos miembros del Ministerio Público no tienen miramiento cuando se trata de mandar a archivo definitivo cualquier querella presentada en contra de estos delincuentes, que incluye a notarios, abogados, alguaciles y hasta jueces.
Lo ocurrido en San Pedro de Macorís con el asesinato de una manera cruel de una joven profesional llena de vida y con grandes sueños de lograr metas para ella, sus hijos y toda su familia, proporciona una idea de la gravedad del problema
En este caso se impone que se siga el mismo procedimiento que se empleó en Villa Vásquez que terminó con la cancelación y traducción a la acción de la justicia ordinaria de la fiscal que actuó en un caso en el que se colocó drogas a unos jóvenes en una barbería, pero que parece que la acción de esa miembro del Ministerio Público era parte de su conducta cotidiana en contra de la sociedad.
EL caso de San Pedro de Macorís debe ser minuciosamente investigado para imponer el castigo que establecen las leyes en contra de un miembro del Ministerio Público, cuya vocación es promover la violencia y la delincuencia, más que enfrentar el crimen y el delito en su jurisdicción.
Ojalá que en este caso también se siente un precedente y que en consecuencia esta irresponsabilidad o complicidad sirva para iniciar un proceso de adecentamiento de un órgano del Estado que ha sido concebido para proteger a las víctimas y la sociedad de sus victimarios y resarcir los daños causados.
Sin que tenga la necesidad, aunque la justificación podría estar explicada en un problema de ignorancia, intereses o de miedo, el gobierno de Luis Abinader, tal vez el peor en lo que respecta a irrespetar el orden constitucional establecido, no se detiene en su imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos.
Este periódico ha dicho y ahora por igual lo repite que la constitucionalización del derecho conlleva una gran confrontación con una partidocracia que ha demostrado históricamente que no cree en la ley ordinaria y orgánica, pero mucho menos en la carta magna.
El respeto de la Constitución es parte de una retórica que forma parte de una formalidad que en la realidad no tiene ningún valor, lo cual implica un alto riesgo para la democracia nacional.
El comportamiento del gobierno del PRM y Luis Abinader no difiere en prácticamente nada con los demás que conforman la llamada partidocracia, pero éste por la poca formación que lo caracteriza para conducir el Estado incurre en peores errores que los que le precedieron.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional e internacional el actual gobierno ha llegado a extremos que pueden crear serios escollos jurídicos, políticos y sociales al país, porque ponen en cuestionamiento todo el sistema legal, la seguridad jurídica y la justicia constitucional y convencional, la cual se fundamenta en los derechos fundamentales.
La audacia parece ser cada día más peligrosa, porque Abinader y su gente lucen no tener presente que la República Dominicana es el único país del mundo donde se produjo una revuelta armada para exigir el respeto a la constitucionalidad con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.
Sin embargo, Abinader no para de cometer torpezas que violentan de forma vulgar la Constitución y todo el derecho internacional, en algunos casos por razones de geopolítica y otras veces por responder a los intereses de la desgraciada partidocracia.
El presidente actúa sobre la base de los parámetros que impone la administración de Donald Trump, que es experto en violar la Constitución de los Estados Unidos y todo el derecho internacional.
Y definitivamente Abinader ha decidido acompañar a Trump en sus andanzas en contra del orden legal internacional y de lo que dispone el derecho interno, cuyos mejores ejemplos, entre muchos otros, está el decreto que promulga la Ley 13-26 que persigue eliminar las candidaturas independientes, pese a que las mismas ya son el resultado de una interpretación del órgano facultado para ello como lo es el Tribunal Constitucional, cuya corte sentó una jurisprudencia al respecto que debe ser respetada por todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, que preside el presidente de la República.
Pero el jefe de Estado dominicano no tiene la menor idea de nada y en consecuencia ahora incurre, tal vez por miedo a las travesuras de Trump, a firmar un memorando de entendimiento para recibir indocumentados deportados a terceros países por disposición de los Estados Unidos, el cual debió conocerse en el Congreso Nacional.
La vocación anti-constitucional de Abinader es de tal magnitud que aun con el control del Congreso Nacional, cuyos diputados y senadores aprobarían el referido acuerdo, aunque vulnera la Constitución, él no ve necesario acudir a ellos por lo ocurrido anteriormente con la carta magna y que esa conducta no ha recibido la respuesta que se produciría en cualquier pueblo con un menor nivel de contaminación y enfermedad que el dominicano.
Sólo falta esperar cuál será el próximo paso en términos de violación constitucional de un gobierno que no siente ningún respeto por el orden legal, la justicia constitucional y el derecho internacional, lo que podría implicar una grave amenaza para la democracia nacional.
La democracia dominicana tras la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina ha sido una falsa, una mentira que se apoya en unos supuestos avances del Estado Social Democrático de Derecho.
Precisamente en esa falsa descansa la verdad sobre el derrocamiento del gobierno que presidió el profesor Juan Bosch en el 1963, cuya revuelta armada derivada de la acción ilegal tuvo como razón de ser el retorno a la constitucionalidad.
Pero la experiencia sirvió de poco, porque la violación de lo consignado en la ley de leyes sigue siendo el pan de cada día, lo que provoca que los derechos fundamentales no sean más que una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
Lo que ocurre en el país desde hace décadas era para que ya hubiera habido varias revoluciones armadas por irrespetar la ley sustantiva de la nación, pero todo parece indicar que la sensibilidad del ciudadano con estos temas ha sido doblegada para siempre.
La reciente promulgación de la Ley 13-26 debió ser un motivo más que suficiente para que el ciudadano se lanzara a las calles pacíficamente para exigir el respeto a la constitución de la República, violada descaradamente por el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos diputados y senadores se han ganado la calificación de ser los más conservadores de la historia política del país.
Lo peor de todo lo que ocurre es que cada día los funcionarios públicos y los propios actores de la partidocracia hablan de la constitución como si fuera un documento respetable y sagrado.
La cuestión es que los que mantienen esa actitud no se dan cuenta que provocan lo peor, porque su miopía política indica que les conviene más continuar con la simulación de que la dominicana es una sociedad democrática, porque lo que podría venir puede ser mucho peor.
Ya este periódico lo había advertido que la torpeza de Abinader no llega más allá de una imitación vulgar de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde Donald Trump no emite una orden ejecutiva que no choque con la carta magna.
Pero la mejor resignación no puede ser otra que decir que no se le puede pedir peras al olmo, ya que la incapacidad de las actuales autoridades no deja otra opción que tolerar su torpeza y su falta de formación para dirigir el Estado dominicano.
Pero a los dominicanos tener mucho cuidado con esa tolerancia con el que no tiene la capacidad para dirigir el Estado, porque el país podría entrar en una crisis que lo coloque en el mismo sitial de una nación como la vecina Haití, donde nada es creíble y donde el Estado colapsó para siempre, sin posibilidades reales de recuperación.
Ojo pelao.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como en los mejores tiempos del que es su base de sustentación, el PRD, no tiene ningún reparo en violar, no sólo la ley ordinaria y orgánica, sino la Constitución de la República.
El PRM es tal vez el mejor ejemplo de la doble moral que enarbolan los partidos políticos, con el agravante de que también es ignorante de lo que implica la conducción del Estado, cuya incapacidad ha sumergido a la sociedad dominicana en los tiempos de la caverna.
En la práctica esta organización política es la negación de la eficiencia, la planificación estratégica y otras virtudes que deben adornar a cualquier político que busque dirigir la nación desde una perspectiva de progreso, crecimiento y desarrollo humano.
El PRM es una muestra muy elocuente de esa cultura de improvisación que arrastra el dominicano desde los tiempos de la colonia, todo como resultado de la herencia dejada por la religión católica apostólica y romana, a diferencia de las naciones que se inclinaron por el protestantismo de Martin Lutero de 1517 como una forma de darle una connotación politica a una confrontación contra España, cuya razón de ser era económica y social, ya que en ese momento era la dueña de las riquezas en América.
La administración del PRM, que cumplirá ocho años, se suma a la gran desgracia nacional que tiene su explicación en acontecimiento tan nobles como la guerra restauradora, cuyos buenos resultados en vez de aprovecharse en favor de una nación pobre y golpeado por los imperios, fue utilizada para apartar, perseguir y matar a sus héroes.
Esa conducta que distorsiona los mejores intereses nacionales ahora es replicada por el PRM, cuyos dirigentes son una especie de fiel representación del tigueraje nacional, que se caracteriza por no tener escrúpulo para actuar en una u otra dirección.
Pero el problema es mucho más complejo que el que proyecta y simboliza el PRM, porque el escenario está lleno de estos antivalores de la política, tanto es así que hay otros del mismo carácter tan o más dañino que éste, lo que ha generalizado el criterio de que se trata de un sistema que representa un partido único, cuya sola diferencia es el color que usan y los nombres de sus principales actores, aunque proceden de la misma manera cuanto se trata de la implementación de políticas públicas, las cuales tienen como sustento la corrupción administrativa y la incapacidad para manejar el patrimonio nacional.
El desastre que representa el PRM por mucho que se quiera pregonar algún progreso en términos gubernamentales, no pasa de una mentira que nadie cree después de los ocho años de Abinader, cuya deuda social acumulada, asi como el endeudamiento externa e interna y el aumento desproporcionado del gasto público y una política exterior más conservadora y negadora del derecho internacional.
Por lo que se ve, el retroceso generado por el PRM en el país podría implicar que para superar su pésima gestión la nación tendrá que pasarse décadas, si es que en el camino surge una propuesta que realmente ame a la República Dominicana y piense en la dignidad del pueblo.
De lo que sí se puede estar seguro es que el PRM parece que dejará la sociedad dominicana en una situación que para superarla son muchos los sacrificios que habrá que hacer, sobre todo porque sus acciones en violación del derecho constitucional tienen una grave repercusión en la seguridad jurídica, lo que incluso podría reducir una de las fuentes de alimentación de la economía nacional como es la inversión extranjera directa, así como el turismo y la remesa nacional.
Ya es poco lo que se puede esperar de un país en el que el presidente de la República encabeza las ilegalidades cometidas en contra de jurisprudencias del Tribunal Constitucional (TC), cuyas acciones antijurídicas colocan al Estado a la zaga de las demás naciones de la comunidad internacional, donde el derecho comparado es un referente importante para medir la calidad de sus democracias.