Editorial
Otra vez el Ministerio Público
No hay un día en que el Ministerio Público de la República Dominicana no sea cuestionado por su comportamiento frente a los crímenes y los delitos que son el pan de cada día en el país.
Hace algunos días que fue lo ocurrido en Villa Vásquez, luego vino las sospechas generadas en contra del Ministerio Público con la red de narcotráfico de «César el abusador» y todos los supuestos involucrados en el caso.
Pero antes de eso fue el caso de Odebrecht y en cada uno de estos hechos la deficiencia y a veces hasta la complicidad del Ministerio Público es el elemento a destacar.
Ahora está sobre el tapete el asesinato de la joven abogada Anibel González Ureña por parte del padre de sus hijos, Yasmil Oscar Fernández Estévez, quien estaba recién salido de la cárcel por haber apuñalado a la hoy víctima y que debió recibir una condena de 30 años como manda el Código Procesal Penal, porque el intento de homicidio es como el homicidio mismo y el asesino suicida había apuñalado a la hoy occisa aunque no logro quitarle la vida en esa primera ocasión.
De acuerdo a lo que se ha publicado, la procuradora fiscal que manejó ese caso en San Pedro de Macorís no calificó el hecho como un intento de homicidio, que es lo que manda el Código Procesal Penal y para colmo el asesino y suicida logró un acuerdo con el Ministerio Público para lograr su libertad mucho tiempo antes de cumplir la condena de cinco años que había recibido.
Lo grave del caso es que el criminal suicida amenazó su exmujer desde la cárcel y ella lo denunció ante el Ministerio Público y no se hizo nada para evitar un crimen que ha consternado a toda la sociedad dominicana.
Este periódico ha dicho en reiteradas ocasiones que el problema que padece el Ministerio Público no es exclusivo de Villa Vásquez ni de San Pedro de Macorís, sino que éste órgano del estado, que tiene como misión perseguir el crimen y el delito, tiene una ineptitud, negligencia o complicidad que es un fenómeno de alcance nacional.
Hoy la sociedad se ha levantado nuevamente frente a lo que podría parecer una deficiencia o ineptitud del Ministerio Público, pero por lo menos este medio de comunicación se inclina por pensar que la Procuraduría General de la República es en lo fundamental cómplice por comisión o omisión de estos hechos.
Hay cientos de casos que involucran al Ministerio Público que no han salido a la luz pública y que evidencia los niveles de complicidad de los fiscales con el delito y el crimen, como por ejemplo el Distrito Judicial de Santiago, donde este órgano del estado está abiertamente confabulado con bandas que se dedican a la ejecución de embargos mobiliarios e inmobiliarios ilegales.
Este problema que amenaza el derecho a la propiedad, el cual está consignado en la Constitución de la República como un derecho fundamental, pero que estos miembros del Ministerio Público no tienen miramiento cuando se trata de mandar a archivo definitivo cualquier querella presentada en contra de estos delincuentes, que incluye a notarios, abogados, alguaciles y hasta jueces.
Lo ocurrido en San Pedro de Macorís con el asesinato de una manera cruel de una joven profesional llena de vida y con grandes sueños de lograr metas para ella, sus hijos y toda su familia, proporciona una idea de la gravedad del problema
En este caso se impone que se siga el mismo procedimiento que se empleó en Villa Vásquez que terminó con la cancelación y traducción a la acción de la justicia ordinaria de la fiscal que actuó en un caso en el que se colocó drogas a unos jóvenes en una barbería, pero que parece que la acción de esa miembro del Ministerio Público era parte de su conducta cotidiana en contra de la sociedad.
EL caso de San Pedro de Macorís debe ser minuciosamente investigado para imponer el castigo que establecen las leyes en contra de un miembro del Ministerio Público, cuya vocación es promover la violencia y la delincuencia, más que enfrentar el crimen y el delito en su jurisdicción.
Ojalá que en este caso también se siente un precedente y que en consecuencia esta irresponsabilidad o complicidad sirva para iniciar un proceso de adecentamiento de un órgano del Estado que ha sido concebido para proteger a las víctimas y la sociedad de sus victimarios y resarcir los daños causados.
Desde los tiempos de Hans Kelsen y Carl Schmitt el debate se concentra en la necesidad de que el control de constitucionalidad esté en manos del Tribunal Constitucional, no del presidente de la República, para dar mayor garantía de imparcialidad en las decisiones que se toman en el sistema de justicia nacional.
Sin embargo, el presidencialismo se ha desbordado en los últimos años y en esa virtud muchos de los candidatos de derecha que han triunfado en las elecciones que se han producido en el planeta tienen la tendencia de irrespetar todos los controles impuestos por el derecho interno y externo.
Este problema tiene como cabeza de la violación del derecho internacional a los Estados Unidos de América, donde se han producido hermosos ejemplos del respeto a los derechos de las personas a través de la Constitución de la República, como el “checks and balances” y en lo que tiene que ver con el derecho constitucional difuso.
Sin embargo, siglos después de haberse tenido estos logros y que han impactado todo el derecho comparado internacional, llega al control del Estado en la potencia del norte una persona que ha echado por la borda todos los avances que ha habido en el marco del estado social democrático de derecho.
Y no es para menos, ya que ello ha conllevado que muchos de los gobernantes de países latinoamericanos, con altos niveles de atrasos, imiten lo que hace su amo que en este caso se trata del presidente Donald Trump, quien se ha puesto por encima de la Constitución de los Estados Unidos, ya que todas sus órdenes ejecutivas violan la carta magna, sin que nadie se dé por agraviado, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de allí.
El fenómeno ya ha hecho su impacto en la República Dominicana, donde el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, no tiene la menor idea de lo que es un Estado y mucho menos del fenómeno de la constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del año 2010.
De manera, que Abinader, quien no ha parado de meter “las patas” desde su llegado al poder, ha incurrido en un tipo de violación que no sólo impactó el derecho interno, sino también el externo, ya que sus decisiones se llevan de paro la Constitución de la República y los convenios y tratados internacionales.
Los errores en esta materia son muchos y muy variados, pero el peor de todos es el que tiene que ver con la promulgación de la Ley 13-26 en violación de la sentencia que sienta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, la cual es el resultado de una acción del Congreso Nacional y del presidente Abinader, que sin tener la facultad para interpretar la carta magna, se atribuyen tal competencia y deciden aprobar primero y promulgar después una norma que choca de frente con la ley suprema de la nación.
Lo más grave de todo es que los tribunales también incurren en la misma ilegalidad para dejar en cuestionamiento la seguridad jurídica y todo el orden institucional de la nación, lo que, sin dudas, representa una amenaza para el sistema democrático.
El problema descansa en el país en que todo el sistema público, desde los órganos del Estado responsables de combatir la violación de la ley y la Constitución y los propios jueces y juezas, no tienen la independencia para tomar decisiones que enrumben el país por el camino del fortalecimiento institucional, porque responden, principalmente, a los intereses de los partidos políticos, que son los que al final de la jornada valoran y deciden a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) si los juzgadores en la justicia deben permanecer en sus puestos, lo cual está determinado por cómo se hayan manejado frente a ellos.
Esta distorsión, que ya compromete al presidente Abinader, es fruto de la nueva cultura en esta materia que pretende instaurar Donald Trump en el mundo con el socavamiento de todo el derecho internacional sobre la base de que predomine su interés personal y grupal.
Sólo las naciones que se respetan, donde está consolidado el derecho, valor y principio de la dignidad humana, tolerarán semejante comportamiento que coloca a las naciones en los tiempos de las cavernas en vez de la civilización y el progreso social, lo cual indica que en lo que respecta a la República Dominicana Luis Abinader ha marcado su conducta para toda su existencia como un irresponsable más que buscó el poder sin tener claro para qué, cuyo comportamiento daña más que lo que beneficia a la sociedad.
En el sistema de justicia nacional con las acciones de la partidocracia, que tira por la borda la carrera de cualquier juez, no importan que tan de carrera sea, predomina más el miedo a ser desplazado de su puesto que la vergüenza que se supone que debe ser lo que caracterice a los que tienen la sagrada misión de juzgar la conducta de los demás.
Con lo ocurrido ha salido a la superficie la convicción de los propios actores del sistema de que en la República Dominicana se cuenta con una Constitución de fachada, en la que predomina una percepción que no tiene nada que ver con la realidad y que la constitucionalización del derecho no es más que un mito, pero que del ciudadano depende que esta realidad pueda sufrir un cambio sustancial.
Aunque el deseo es un componente importante en cualquier esfuerzo para que las cosas sean mejores, pero la realidad no se cambia sólo con eso.
Sino que los grandes cambios tienen que conllevar un alto nivel de planificación y de trabajo consistente para poder alcanzar las metas trazadas.
En la República Dominicana todos los esfuerzos de algunos para alcanzar, por ejemplo, el manejo de la administración pública es muy marcado, pero desde que los actores de la vida política nacional se sienten con algún poder estatal, entonces desvían su atención y la solución de los problemas de la población pasan a un segundo plano.
Por esta razón los discursos de la oposición son muy atractivos y convincentes, pero cuando se llega al poder el mismo da un giro que lleva a la gente a perder la confianza en quien se apoyó en esa narrativa para dirigir el Estado.
Esa debilidad de los partidos políticos ha querido cubrirse con el fenómeno del clientelismo, pero la verdad que es prácticamente imposible darle de forma personal alguna dádiva del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, pese a que ello sí es posible mediante la satisfacción de necesidades sociales, es decir, de la solución colectiva de los problemas.
Si el Estado a través de la gestión de los partidos logra una buena educación o buen sistema de salud, la gente lo aprecia y respeta al que lo hace, pero además crea una buena imagen de la administración pública.
En el país el problema estriba en que los partidos no ven las cosas de esa manera, ya que a los principales actores de la actividad política sólo les interesa resolver los problemas individuales o personales, sobre todo a nivel monetario, pero no promover una inversión estatal que fortalezca el sistema.
Por esta razón, ha tomado tanto poder la corrupción administrativa, cuyos responsables gozan además de impunidad, la cual no tiene límites y que se puede decir que sale del Palacio Nacional, entra a un sector importante del empresariado, penetra en los principales medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Este problema, conjuntamente con otros tan o más graves, no es tan fácil de erradicar porque se trata de un mal que tiene un profundo componente cultural, que viene desde de los tiempos de la colonia, cuyas consecuencias han lacerado toda la vida nacional.
El asunto ha derivado en que todo se ve desde la perspectiva de los negocios y en realidad no debe ser así, porque hay renglones que su manejo tiene que ver principalmente con la preservación de una serie de valores sociales y morales que no respetarlos hace que la sociedad pase de los tiempos de la civilización a la época de las cavernas.
En este contexto está, por ejemplo, la educación, la cual es el alma de un verdadero desarrollo humano, pero que cuando la misma es contaminada con la corrupción y con otros hechos que le quitan sentido, la sociedad entra en un nivel de estancamiento y retroceso de la que nadie la puede salvar.
El problema es que ya esta crisis ha tocado fondo y que la solución de la misma no puede estar en manos de los que la provocaron, ya que ellos no abandonan la idea de que el Estado es para usarlo en beneficio individual y de los grupos que están anidados en el seno de los partidos políticos del país.
¡Es así de sencillo!
Editorial
Los intereses y la conveniencia es lo que determina el respeto a la Constitución y la jurisprudencia del TC en el país.
Con toda razón diversos sectores de la sociedad dominicana han salido al frente de una de las tantas violaciones constitucionales en que incurre la Junta Central Electoral (JCE).
El debate ahora tiene que ver con el reglamento dictado por el órgano comicial que dispone la prohibición de encuestas antes del inicio de la precampaña y la campaña electoral.
La preocupación es legítima, sobre todo por la acción ilegal provenir de un órgano que es el que tiene que ver con el montaje y fiscalización de las elecciones para escoger las autoridades nacionales.
Sin embargo, llama a la atención de que en algunos casos se quiera hacer valer las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y en otros se haya querido justificar la violación que proviene de la JCE.
Son innumerables los errores de la JCE, cuyos peores son aquellos que consistieron en el sometimiento de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que violaba una serie de derechos fundamentales y los que llevaron al organo comicial a acogerse a la promulgacion ilegal del presidente Luis Abinader de una pretendida ley, la 13-26, que viola la sentencia TC/0788/24 que sentó jurispredencia en el pais en esta materia.
Es como una especie de ver sólo lo que conviene en violación de la regla general que establece la Constitución como ley suprema de la nación.
Naturalmente, no es de ninguna manera, que el reclamo no tenga asidero en lo que se refiere a la prohibición de encuestas, sino que de igual modo que se ha rechazado el reglamento de la JCE sobre la prohibición de encuestas, igual debió ocurrir cuando el presidente Luis Abinader viola la Constitución con la promulgación de una supuesta ley que debió ser observada.
De cualquier manera, los fiascos cometidos por la Junta Central Electoral ponen en tela de juicio la eficiencia de este órgano para controlar unas elecciones donde se supone que debe primar el principio de legalidad y de juridicidad y los cuales viola cotidianamente.
Este periódico pese a que entiende que las encuestas son un instrumento, muchas veces, para desinformar y manipular al votantes por empresas que su regla del juego es buscar dinero por esta vía, pero no hay otra opción que acogerse a los principios de legalidad y de juridicidad y al mandato de la Constitución de la República.