Editorial
Otra vez el Ministerio Público
No hay un día en que el Ministerio Público de la República Dominicana no sea cuestionado por su comportamiento frente a los crímenes y los delitos que son el pan de cada día en el país.
Hace algunos días que fue lo ocurrido en Villa Vásquez, luego vino las sospechas generadas en contra del Ministerio Público con la red de narcotráfico de «César el abusador» y todos los supuestos involucrados en el caso.
Pero antes de eso fue el caso de Odebrecht y en cada uno de estos hechos la deficiencia y a veces hasta la complicidad del Ministerio Público es el elemento a destacar.
Ahora está sobre el tapete el asesinato de la joven abogada Anibel González Ureña por parte del padre de sus hijos, Yasmil Oscar Fernández Estévez, quien estaba recién salido de la cárcel por haber apuñalado a la hoy víctima y que debió recibir una condena de 30 años como manda el Código Procesal Penal, porque el intento de homicidio es como el homicidio mismo y el asesino suicida había apuñalado a la hoy occisa aunque no logro quitarle la vida en esa primera ocasión.
De acuerdo a lo que se ha publicado, la procuradora fiscal que manejó ese caso en San Pedro de Macorís no calificó el hecho como un intento de homicidio, que es lo que manda el Código Procesal Penal y para colmo el asesino y suicida logró un acuerdo con el Ministerio Público para lograr su libertad mucho tiempo antes de cumplir la condena de cinco años que había recibido.
Lo grave del caso es que el criminal suicida amenazó su exmujer desde la cárcel y ella lo denunció ante el Ministerio Público y no se hizo nada para evitar un crimen que ha consternado a toda la sociedad dominicana.
Este periódico ha dicho en reiteradas ocasiones que el problema que padece el Ministerio Público no es exclusivo de Villa Vásquez ni de San Pedro de Macorís, sino que éste órgano del estado, que tiene como misión perseguir el crimen y el delito, tiene una ineptitud, negligencia o complicidad que es un fenómeno de alcance nacional.
Hoy la sociedad se ha levantado nuevamente frente a lo que podría parecer una deficiencia o ineptitud del Ministerio Público, pero por lo menos este medio de comunicación se inclina por pensar que la Procuraduría General de la República es en lo fundamental cómplice por comisión o omisión de estos hechos.
Hay cientos de casos que involucran al Ministerio Público que no han salido a la luz pública y que evidencia los niveles de complicidad de los fiscales con el delito y el crimen, como por ejemplo el Distrito Judicial de Santiago, donde este órgano del estado está abiertamente confabulado con bandas que se dedican a la ejecución de embargos mobiliarios e inmobiliarios ilegales.
Este problema que amenaza el derecho a la propiedad, el cual está consignado en la Constitución de la República como un derecho fundamental, pero que estos miembros del Ministerio Público no tienen miramiento cuando se trata de mandar a archivo definitivo cualquier querella presentada en contra de estos delincuentes, que incluye a notarios, abogados, alguaciles y hasta jueces.
Lo ocurrido en San Pedro de Macorís con el asesinato de una manera cruel de una joven profesional llena de vida y con grandes sueños de lograr metas para ella, sus hijos y toda su familia, proporciona una idea de la gravedad del problema
En este caso se impone que se siga el mismo procedimiento que se empleó en Villa Vásquez que terminó con la cancelación y traducción a la acción de la justicia ordinaria de la fiscal que actuó en un caso en el que se colocó drogas a unos jóvenes en una barbería, pero que parece que la acción de esa miembro del Ministerio Público era parte de su conducta cotidiana en contra de la sociedad.
EL caso de San Pedro de Macorís debe ser minuciosamente investigado para imponer el castigo que establecen las leyes en contra de un miembro del Ministerio Público, cuya vocación es promover la violencia y la delincuencia, más que enfrentar el crimen y el delito en su jurisdicción.
Ojalá que en este caso también se siente un precedente y que en consecuencia esta irresponsabilidad o complicidad sirva para iniciar un proceso de adecentamiento de un órgano del Estado que ha sido concebido para proteger a las víctimas y la sociedad de sus victimarios y resarcir los daños causados.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.