Es ampliamente conocido que las campañas electorales se desarrollan sin ningún control en el país y que esa realidad hace que muchos con sólo ser candidatos presidenciales de los partidos más grandes tienen garantizada la entrada de grandes fortunas.

La economía subterránea que hay en el país permite que cualquier persona con real vocación de poder sea beneficiada con grandes donaciones económicas provenientes de diferentes sectores que buscan cobijarse con la sombrilla del Estado.

Grupos económicos y delincuentes de todas las procedencias se acercan al que ven como posible triunfador en las elecciones para buscar protección y otras veces para aumentar sus fortunas con favores oficiales.

Por esta razón, hay tantas fortunas económicas que nadie puede justificar, sobre todo porque en el país pesa más la apariencia que la realidad.

Sin embargo, cuando las cosas ocurren como ahora que un imputado en un escándalo de corrupción dice haber donado 400 millones de pesos al entonces candidato y ahora presidente de la República, debe producirse alguna aclaración al respecto.

Sobre todo, porque quien hizo la supuesta donación es un hombre que no es un empresario de grandes éxitos, sino un sujeto que ha estado involucrado en una serie de actos de corrupción y que sencillamente se trata de un abogado que sabe de muchas maniobras para defraudar al Estado, pero no tiene las condiciones para hacer buenos negocios.

Su revelación, de que donó ese dinero a Abinader quiere decir que una asociación de malhechores le roba al Estado más de 19 mil millones de pesos y que pudo haber calculado el seguro triunfo del actual presidente y que en esa virtud la aportación de  esa alta suma de dinero, le permitió salirse con la suya.

Sería de un gran valor para la sociedad dominicana que estas cosas se aclaren, porque resulta irresistible que haya un presidente que promueva un supuesto adecentamiento nacional y al propio tiempo esté involucrado en el recibimiento de una donación de campaña de una persona que todo el mundo sabe que no posee una gran fortuna económica, por lo menos bien habida.

Estas son de las cosas que le quitan credibilidad a los procesos que se llevan a cabo en contra de un lastre tan pesado y dañino para el patrimonio nacional como la corrupción administrativa.

El presidente Luis Abinader está compelido a dar una explicación al respecto e incluso el propio Ministerio Público debe comprobar si ciertamente esa donación existió, porque de no hacerlo entonces sí que podría estarse ante  la promoción de una falsa percepción de que el órgano persecutor del crimen y el delito actúa con total independencia.

Nadie puede quitar legitimidad a los procesos iniciados en contra de la corrupción por el Ministerio Público, sobre todo el que involucra a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramon Peralta, entre otros.

Desde hace varios años que la gente clamaba porque se investigara a estos personajes que fueron fichas muy claves en el gobierno de Danilo Medina.

Fue un robo sin control el que se produjo durante los gobiernos peledeístas, incluido el que encabezó el hoy aspirante presidencial Leonel Fernández.

Sin embargo, ello no quita fuerza al reclamo de sus compañeros de partido de que se respete el debido proceso, el cual no debe ser una excusa para dejar por su fuero el lastre de la corrupción administrativa.

Pero es importante que el Ministerio Público para que preserve su credibilidad que la persecución de la corrupción administrativa extienda sus acciones hacia todos los sectores que se entiende que recurren a esta mala maña para la acumulación originaria o para aumentar fortunas que no hay forma como justificarlas.

Esas gestiones del Ministerio Público deben llegar hasta las diferentes instancias del presente Gobierno, el cual, en algunos casos, se ha hecho de la vista gorda.

Tanto es así, que a propósito de la reelección presidencial, el PRM recoge todo lo que encuentra en su camino y la última crápula adquirida es el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, quien tiene mucho que ver con el caso de los Supertucanos.

Pero no sólo él es responsable de ese robo en contra del Estado, sino también su primo hermano que administra en la actualidad el Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, cuyas pruebas en contra de ambos están muy bien avaladas.

De manera, que si seriamente se quiere combatir el grave mal de la corrupción, hay que incluir a personajes muy bien colocados en el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

De otra manera, los resultados pudieran parecer buenos, pero al final cualquier tolerancia con el referido lastre hará fracasar los planes para erradicar del escenario nacional el fenómeno de la corrupción administrativa, la cual ya ha afectado otras áreas de la vida nacional al convertirse en una cultura.

Se ha convertido en un gran dolor de cabeza la cantidad, sobre todo de funcionarios electos, que pasan a un partido diferente al que permitió su escogencia, sin que exista una razón evidente o convincente que lo justifique.

El fenómeno, visto desde la perspectiva de la conducta de la partidocracia, la cual es la principal causa del descredito y la desvergüenza que afecta al sistema político dominicano, toma cuerpo en la sociedad dominicana.

El mismo hecho de que los partidos tradicionales tengan las puertas abiertas para que personajes seriamente comprometidos con la corrupción entren a su seno, nos dice que el país no camina por un sendero que permita el adecentamiento de la vida nacional.

Ahora el transfuguismo ha estado más presente en aquellos ciudadanos que fueron escogidos para dirigir los municipios, muchos de los cuales se pasan de un partido a otro, principalmente para el que tiene el control del Estado, cuya conducta deja una estela de dudas que daña la democracia nacional.

El último en anunciar su pase del PLD al PRM es el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, primo hermano del actual administrador general del Banco de Reservas.

Cualquiera se resiste a pensar que ese paso obedezca a cuestiones de principios o porque este exsenador quiera adecentar la administración pública y el comportamiento de los partidos políticos del país, sino que en su caso se ajusta mucho la expresión de que por la plata vale el mono.

Evidentemente que la razón de ese cambio depende de algún interés especial y personal y se podría asegurar que su primo tiene algo que ver con el asunto, ya que ambos formaron parte del escandaloso caso de los Super Tucanos.

Luis René Canaán Rojas es un peledeísta que se ha visto envuelto en una serie de escándalos y que en esa virtud no parece que sea mucho lo que le sume al PRM.

Pero, esas tachas de este hombre, no implica nada para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos dirigentes y su ¨¨pragmatismo¨¨ son comunes a las organizaciones que sólo han dejado un gran rastro de dolor y sufrimiento al pueblo dominicano.