Un detalle que llama mucho a la atención del decreto emitido por el presidente Luis Abinader para reducir o eliminar el gasto público innecesario, es el que se refiere la colocación de cientos de policías al servicio de particulares.
Esos agentes reciben el sueldo del empresario al que les sirven, pero el que les paga la institución a la que pertenece se queda en los bolsillos de sus superiores que se dedican a esta antiética práctica.
Hasta fuera del país hay guardias y políticas al servicio de empresarios que tienen villas en la Romana, como por ejemplo los dueños de la Goya, que producen productos comestibles en una serie de países de Latinoamérica y el mundo.
Son docenas los guardias y policías que sirven de guardianes en empresas privadas y parece que el presidente no fue asesorado para que tomara medidas al respecto.
Otra pregunta que también viene al caso es por qué en ese decreto se autoriza el uso de franqueadores a funcionarios que no necesitan ese servicio, porque el mismo tiene sentido en el presidente de la República por la rapidez que muchas veces tiene que trasladarse de un lugar a otro y por su alta investidura, pero ello no se justifica, por ejemplo, en el ministro de Interior y Policía, entre otros, que son mencionados en el mismo.
De todos modos, las medidas dispuestas son positivas, aunque no se apliquen, porque de alguna manera proyectan una buena intención del presidente Abinader.
Son numerosas las medidas que se pueden tomar para que no se repita lo ocurrido durante la administración peledeísta cuando hicieron una verdadera fiesta con los recursos del erario nacional y todo parece indicar que no será tan fácil recuperar todo el dinero desaparecido mediante unos actos de corrupción bochornosos.
Las medidas de austeridad siempre deben ser aplaudidas, aunque da deseo de llorar cuando las cosas terminan como en el Gobierno de Danilo Medina, cuyos niveles de la corrupción llegaron a un punto que llena de vergüenza a cualquier dominicano.
Las cosas en el país no han seguido por el mismo derrotero porque el Ministerio Público ha puesto un dique de contención a unos funcionarios oficiales que han sido formados para llevarse hasta el papel de baño de las instituciones del Estado.
Ojalá que este decreto del presidente no sea más de lo mismo como ya tienen acostumbrado al país, donde todo se vale y hay mil justificaciones para lo mal hecho.
Hay que esperar que el decreto no sea parte de un plan de propaganda para vender lo que nunca se pretende dar, como ha ocurrido durante décadas en el país, cuyos planes de austeridad han sido otro engaño más a la población.