La República Dominicana y Haití son dos Estados con alguna similitud como consecuencia de la falta de institucionalidad que aqueja a ambos, lo cual genera que el abordaje de los problemas en lo referente a políticas públicas, sean tan parecido.

Sin embargo, hay que decir que para ser realista, el Estado dominicano, por lo menos de palabras, es de hecho y de derecho diferente, aunque con una alta contaminación.

Por su parte, el Estado haitiano sólo existe en el papel, es decir, que en la práctica es un fantasma, por lo que no se puede esperar ningún tipo de eficiencia y planificación de sus ilegitimas autoridades.

En estas cuestiones descansa la pobreza que afecta a ambas naciones, son países con una baja educación y con unos niveles muy altos de corrupción, por lo que la crisis dominico-haitiana está determinada por un problema que muy bien podría ser semántico, toma o desvío, cuyo último es el que constituye una real violación del Tratado de 1929.

En consecuencia, el diferendo entre ambos países, que ocupan la misma isla, no puede sorprender a nadie, cuya agravante está representado por la irresponsabilidad con que se manejan los asuntos de Estado, la poca seriedad y regurosidad con que se asumen los problemas de estas naciones.

De manera, que la crisis dominico-haitiana, derivada de la construcción del canal de riego que se construye en Juana Méndez, es algo carente de sentido, no porque no tenga importancia irrigar las tierras de la empobrecida nación y exigir el respeto de los acuerdos, sino porque hace años que los mecanismos de solución están plasmados en el Tratado firmado en el 1929, el cual delimita los derechos y deberes de ambos, por lo que si fuera sólo una toma no debe ser motivo de conflictos, pero si se trata de un desvío entonces se ha incurrido en una  falta grave que viola lo acordado.

Pero tanto uno como el otro parece que no manejaron con la suficiente seriedad el tema que ha degenerado en la crisis, aunque se sabe que en por lo menos en la República Dominicana hay una cultura de manejar los asuntos que comprometen su porvenir con superficialidad y un buen ejemplo sobre este particular fue el Tratado de Libre Comercio firmado entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, en el que el gobierno nacional no supo defender una cuestión tan delicada y con un profundo contenido social, político y económico para el país como es el arroz y permitió que el productor del cereal pueda ser liquidado de una forma impensada.

Es una pena que estas cosas ocurran, pero la cultura de la improvisación y la falta de un pensamiento profundo y estratégico para manejar los asuntos del Estado sólo deja como resultado este tipo de conflicto y situaciones desventajosas para la sociedad.

Tanto el conflicto con Haití como la firma del D.R. CAFTA por parte de la República Dominicana ha dejado una secuela de daños que parecen ser irreparables, porque en por lo menos el último ha habido un ultranacionalismo que daña, en ambas naciones, que tal vez sus relaciones jamás vuelvan a ser iguales, pese a las acusaciones raciales de siempre.

Sin embargo, puede afirmarse que lo racial no ha sido lo fundamental para que las cosas hayan llegado a estos niveles, pese que no se puede negar que es un componente importante en la relación entre ambas naciones, sino que la torpeza de las autoridades dominicanas es el elemento que más pesa para que las cosas estén en el nivel en que se encuentran en estos momentos.

La realidad es que el Gobierno pudo manejar mejor la situación creada con la toma o el desvío del rio Masacre, pero todo parece indicar que primó más la superficialidad que la profundad de pensamiento que requería el asunto.

Pero no queda de otra que la paciencia y que la solución al diferendo sea el resultado de los estudios técnico-científicos planteados por este periódico mediante un arbitraje internacional, a fin de que prime la justicia y el respeto a los acuerdos firmados entre ambas naciones en torno al rio Masacre

La figura de las candidaturas independientes hace muchos años que forma parte del derecho comparado y su propósito es darle la opción al ciudadano de que no tenga que unirse a un partido político con personalidad jurídica para participar de la democracia y para ejercer el derecho fundamental de elegir y ser elegible.

En esta materia es importante dejar claro que el derecho constitucional y convencional está cimentado sobre la base de la persona humana y que el derecho al voto se ejerce mediante el ejercicio de la ciudadanía.

Siendo así, entonces se puede colegir que la figura jurídica de las candidaturas independientes es una forma de reforzar un derecho tan sagrado de la democracia como es el de elegir y ser elegible, el cual es consustancial al ciudadano, a la persona humana.

Por lo que no se entiende que el legislador juegue semánticamente con una figura jurídica que permite que el votante que esté harto de los partidos políticos que sólo saben muy bien hacer corrupción, tenga la opción de participar de la democracia sin contaminarse con una serie de organizaciones que han depredado el patrimonio público.

Por esta razón, hay que dar la voz de alarma para que en el país se cree todo un debate nacional sobre la figura jurídica de las candidaturas independientes, en razón de que el legislador recurre a un juego semántico para distorsionar y evitar que la gente se acoja a tan importante derecho fundamental de elegir y ser elegible.

 El que estudia la ley queda con la sensación de que la figura jurídica de las candidaturas independientes ha sido creada para dar la idea de que el país está a tono con el derecho comparado en materia electoral, pese a que la realidad parece ser otra, lo que representa un serio cuestionamiento a la democracia y al estado de derecho.

No es descabellado pensar de esa forma si se parte de la realidad de que las leyes las aprueban y las promulgan los principales actores de la partidocracia y así como se comprometen con el bajo mundo y la depredación del patrimonio público, pueden muy bien armar una trampa para mantener secuestrada a la ciudadanía y que en consecuencia la democracia no se adecente y que no arribemos a una mejor sociedad.

Sólo ello puede explicar el manejo semántico del artículo 156 de la Ley 2023 en franca violación al espíritu de la constitución y del derecho internacional público a nivel electoral, lo cual representa una treta que el ciudadano debe desmontar.

La pelota en lo que respecta a las candidaturas independientes está en la cancha de la junta central electoral, el tribunal constitucional y de los abogados constitucionalistas que serán consultados al respecto.

La partidocracia, la cual está conformada por prácticamente todos los partidos que se mueven en el escenario nacional, grandes, pequeños y medianos, de derecha y de izquierda, se trata de un negocio de diferentes dimensiones, porque las organizaciones políticas  no son más que eso.

El fenómeno mantiene atrapado al país entre un problema que tiene implicaciones culturales, ya que se deriva de una herencia histórico-cultural que constituye la principal retranca para un país subdesarrollado.

Sin embargo, se debe decir que muchos otros países latinoamericanos también sufren de fenómenos parecidos al dominicano, como por ejemplo Guatemala, donde la pobreza y la desigualdad tienen niveles espantosos.

Pero lo cierto es que luce distante el despertar general del pueblo dominicano, donde los partidos tradicionales han socavado la poca institucionalidad de que goza el Estado y como consecuencia de ello lo que está mal parece normal y consustancial a un pueblo que no ha parado de sufrir.

La inversión de valores en República Dominicana es de tal nivel que parece llegar el momento de que la gente camine con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo y muchos dirán que así es que debe caminar el ser humano.

No obstante, hay que reconocer que son muchos los dominicanos que ya han llegado a un hartazgo con la partidocracia, pero que lamentablemente los sectores emergentes no han sido capaces de darse una propuesta que desplace de raíz a los llamados partidos tradicionales.

Es importante destacar que en Guatemala en las elecciones celebradas este domingo 20 de agosto del 2023, la candidata de la derecha tenia ventajas en algunos lugares donde ella como primera dama jugó mucho con clientelismo y asistencialismo a través del Gobierno de su fallecido esposo Alvaro Colón, pero no pudo con el hartazgo del ciudadano de ese país con la forma de hacer política de los viejos intereses.

La gente se volcó en favor del Movimiento Semilla y su candidato Bernardo Arébalo, que tiene una forma de hacer política muy diferente y a partir de una visión ética, cuya propuesta superó con casi un millón de votos a su contrincante Sandra Torres.

Este periódico trae esto a colación en virtud de que en el país no hay forma de que se logre erradicar la politiquería sustentada en la corrupción administrativa y todavía los partidos tradicionales siguen con su fiesta para empobrecer mucho más la nación, a pesar de las grandes potencialidades que tiene.

Ojalá que en el país surja, porque todavía hay tiempo, una propuesta que confronte a la partidocracia para garantizar una vida digna para nuestras niñas, niños y adolescentes, los ancianos, las madres solteras y toda la sociedad dominicana.

Es tiempo de que el país tome de ejemplo a una serie de países hermanos y que se dé la oportunidad de promover y empoderar nuevas propuestas políticas a través del voto antes de que todo esté perdido, es decir, que la República Dominicana se convierta en otro Haití, donde el Estado sólo existe de derecho, pero no de hecho.