Editorial
Un delincuente muy peligroso
Nunca hemos actuado con prejuicio en contra de nadie, pero hay personas que proyectan a leguas lo que son.
Un día, hará algunos meses, tocó en la puerta del periódico larepublicaonline.com y del canal de televisión Teleazul, un sujeto que nunca habíamos visto, pero que por su apariencia mandaba un mensaje que no parecía equivocado.
Ese individuo, con unos ojos saltones y con una personalidad que se correspondía con su apariencia, decía que llegó allí porque caminaba por la calle Restauración donde está localizada la empresa y que vio unas parábolas, banda C, que estaban colocadas allí y que él quería saber si estaban de venta.
El nombre del sujeto lo conocimos en el proceso, pero hubo un detalle que retrata a este joven como alguien que buscaba y escondía algo.
Nos referimos a que él mismo escribió su nombre en la computadora de la recepción de la empresa sin que nadie lo autorizara de la siguiente manera: Lisvaldo Santos henríquez.
El detalle resultó más interesante de lo que nos imaginábamos, porque luego se descubrió cuando tuvo que entregar su cédula de identidad y electoral que su verdadero nombre es Libardo Santos Henríquez.
Evidentemente que este sujeto escondía algo que generaba mucha suspicacia, pero no le dimos la mayor importancia.
Sin embargo, cuando ocurre en la oficina algo sospechoso y es que un papel que la licenciada había firmado con él por concepto de la entrega de un dinero que reclamó de mala manera por la venta de las parábolas y que tal cosa ocurrió por la intervención del licenciado Serulle
Lo cierto es que este delincuente planificó muy bien sus acciones, porque luego de haber sido echado de la oficina, se dirige donde el amigo Julián Serulle para que le sirva de aval para que se le permitiera regresar al centro de operación de los referidos medios.
Entonces inicia de nuevo una serie de acciones que dejaban sospechas, pero no pruebas de lo que hacía, ya que cada día llegaba con una bolsa que parece que la buscó en una boutique y entonces comienza a sustraer equipos pequeños, porque ya la tecnología ha disminuido la dimensión de los mismos.
Hasta que el viernes día 6 de septiembre se presenta un incidente que consistió en lo siguiente, el sujeto se acerca al propietario de la empresa y le dice que los discos duros de una computadora que envía una señal hacia un streement se habían dañado y es cuando esa persona se preocupa por conocer los detalles de lo ocurrido.
Cuando entra a la cabina master hace que el delincuente abra la computadora y observa algunas cosas extrañas y procede a tomar la bolsita de boutique que el usaba para robar en la empresa que la tenía encima del mueble donde están colocados los equipos y encuentra en su interior los transmisores y receptores de fibras ópticas que los había arrancado de donde estaban conectados.
Como una respuesta normal se le pregunta al delincuente que dónde había buscado esas piezas y entonces él responde que las había comprado en Santo Domingo, pero existía la coincidencia que los que estaban colocados en la empresa no estaban ahí.
Esto generó una confrontación cuerpo a cuerpo con el delincuente Libardo Santos Henríquez, quien logró sacar una arma blanca y escapar con los equipos robados.
Luego de un levantamiento en la empresa hemos descubierto que fueron muchos los equipos robados, incluido un suicher panasoni de cierto tamaño, que aparentemente lo sacó en un descuido de las personas que siempre están ahí.
Este joven, un delincuente peligroso y que roba con violencia, es hermano de otro que mató al padre de ambos por cuestiones de dinero.
En la actualidad la Policía Nacional desarrolla una investigación al respecto que ya va por más de quince días, pero todavía no hay una respuesta que satisfaga lo que siempre espera cualquiera que sea víctima de un robo con violencia.
Este delincuente, que amenazó de muerte a la persona que lo confrontaron, constituye un verdadero peligro para cualquier empresa donde llegue, porque hay informes de que estuvo preso por alguna falsificación de documentos de una casa y también existe la certeza de que sustrajo de otra empresa por lo menos una cámara de video.
Es importante que todo el que se mueve en este negocio tenga cuidado con un delincuente peligroso y que roba con simulación, pero que también lo hace con violencia cuando es descubierto.
Durante décadas, República Dominicana ha hablado con orgullo de sus ciudadanos residentes en el exterior.
Los llamamos diáspora. Reconocemos sus sacrificios. Celebramos sus éxitos.
Y cada mes observamos atentamente cuánto dinero enviaron al país.
Pero ha llegado el momento de preguntarnos si el reconocimiento que República Dominicana ofrece a sus dominicanos en el exterior está realmente a la altura de lo que ellos representan para la nación.
Los números hablan con claridad.
En 2025 ingresaron al país US$11,866.3 millones en remesas, mientras que entre enero y julio de 2026 ya se habían recibido US$7,316.4 millones. Estados Unidos continúa siendo, con enorme diferencia, el principal origen de esos recursos.
Pero La República entiende que medir a nuestros emigrantes exclusivamente por las remesas constituye una visión incompleta de la diáspora.
Detrás de esas cifras existen ciudadanos.
Existen familias.
Existen décadas de trabajo y sacrificio.
Muchos dominicanos tuvieron que construir su futuro lejos de su tierra sin abandonar nunca completamente el país que dejaron.
Han sostenido padres, hijos y hermanos. Han financiado viviendas, educación, alimentación y pequeños negocios. Han invertido sus ahorros en República Dominicana y han promovido nuestra cultura fuera de nuestras fronteras.
Nueva York constituye probablemente la expresión histórica más poderosa de ese fenómeno.
Allí los dominicanos han pasado de trabajadores inmigrantes a comerciantes, profesionales, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes políticos.
Ahora esa comunidad está cambiando.
Investigaciones recientes muestran una reducción de la población dominicana residente dentro de la ciudad de Nueva York y sugieren un desplazamiento hacia otras zonas de Estados Unidos.
Eso significa que República Dominicana también deberá cambiar la manera en que piensa su diáspora.
No podemos continuar diseñando nuestra relación con el dominicano del exterior como si todos permanecieran concentrados en los mismos barrios de Nueva York.
El Estado dominicano necesita conocer dónde están sus ciudadanos, qué necesitan, cómo están evolucionando sus nuevas generaciones y de qué manera pueden participar más activamente en el desarrollo nacional.
También necesitamos construir una relación que vaya más allá de pedir inversión, promover turismo o celebrar el volumen de las remesas.
La segunda y tercera generación dominicana en Estados Unidos representa un patrimonio extraordinario.
Son jóvenes que pueden dominar dos idiomas, comprender dos culturas y desenvolverse profesionalmente dentro de una de las economías más importantes del mundo.
Mantenerlos vinculados a República Dominicana debe convertirse en una política de Estado.
Eso requiere programas educativos y culturales, oportunidades de inversión transparentes, fortalecimiento de los servicios consulares y mecanismos efectivos para incorporar conocimientos, emprendimientos y capacidades profesionales de la diáspora.
El dominicano residente en Nueva York no debe sentirse importante para su país únicamente cuando envía dinero.
Debe sentirse parte de él.
La República considera que nuestra diáspora constituye una extensión humana de la nación dominicana.
Reconocerla verdaderamente significa escucharla, proteger sus vínculos con el país y crear condiciones para que sus nuevas generaciones puedan seguir sintiendo que República Dominicana también les pertenece.
Porque los dominicanos que un día salieron buscando oportunidades no abandonaron necesariamente la patria.
En muchos casos, simplemente ampliaron sus fronteras.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.