Editorial
Un Discurso de Barricada que Dejó muchas Preguntas sin Respuestas.
Dice una famosa expresión popular dominicana que el papel lo coge todo, desde lo inverosímil hasta lo utópico.
El discurso del presidente Abinader de anoche desde las escalinatas del Palacio Nacional fue de entrada un gasto innecesario en medio de un gran endeudamiento público y de serias dificultades económicas del país.
Lo otro es que estos gastos del Gobierno y de sus funcionarios a través de campañas mediáticas muy costosas a propósito de su primer año en el poder, desmiente una de las medidas más importantes del jefe de Estado y se trata del llamado plan de austeridad.
Ese plan de austeridad del Gobierno recibió muchas críticas porque históricamente en el país se habla del tema como parte de los engaños de los que tienen el control de las finanzas públicas.
Pero en realidad la alocución presidencial lució como un exceso del montaje de un acto prácticamente proselitista, porque si bien nadie puede quitarle la decisión del mandatario de hablarles a los dominicanos cuando quiera y desde donde quiera, también lo cierto es que son gastos innecesarios en medio de la crisis.
El discurso de Abinader fue muy abarcador, pero de todos los temas hay uno muy realizable porque prácticamente no tiene costo y es el referente a la reforma institucional, es decir, la modificación constitucional para cambiar la forma de escoger la procuradora general de la Republica, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y los miembros de la Junta Central Electoral, entre otros órganos públicos.
Esa sola medida llenaría las expectativas de los dominicanos en lo que respecta a evitar que los partidos políticos sigan con su fiesta de promover impunidad, la cual se expresa principalmente mediante la sustracción de los dineros del erario nacional.
Las demás reformas anunciadas por el presidente se pueden quedar como parte de un plan de buenas intenciones, porque todo el mundo sabe que la ejecución de esas obras sólo es posible mediante una reforma fiscal indeseable y de la continuación de un endeudamiento público muy peligroso para la estabilidad de la nación.
Pero ahora mismo el país necesita urgentemente una reforma constitucional para, incluso, eliminar la reelección presidencial que tanto daño ha causado a la sociedad dominicana, porque los funcionarios desde que llegan al manejo de los fondos públicos se creen que esa es una herencia que les han dejado sus abuelas y peor aun cuando sus funciones se extienden por ocho o más años, cuyos ejemplos sobran al respecto y para muestra vale un botón como el de Danilo Medina y Leonel Fernández.
De manera, que de todas las reformas la más posible y prioritaria es la reforma institucional, sin que se les quite méritos a las demás, como la del agua, la energética, la del transporte y finalmente la fiscal, la cual es la que más temores crea en el seno de la población, porque la tendencia y la práctica ha sido de gravar los alimentos y todos los productos de consumo masivo, lo cual representa una forma de liberar a los que más tienen de cualquier carga impositiva.
Este periódico sólo pide menos campañas mediáticas y más inversión social para que los dominicanos puedan sobrellevar sus grandes precariedades económicas y sociales.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.